OPORTO, UNA MASACRE SIN RESPONSABLES

Después de casi 25 años, los familiares de las víctimas de 25 jóvenes asesinados en el bar Oporto, el 23 de junio de 1990, siguen esperando justicia.

delaurbe.udea.edu.co
10 marzo 2015
Por Mariana White* (mariana.whitelo@gmail.com)
http://delaurbe.udea.edu.co/2015/03/10/oporto-una-masacre-sin-responsables/

En junio de 1990 la guerra entre el Cartel de Medellín y el Estado alcanzó grandes dimensiones: noticias de homicidios, carrosbomba y masacres eran comunes en la prensa del momento. La orden que dio Pablo Escobar a sicarios, de matar a cuanto policía encontraran, no fue el único motivo de tal violencia. Se presentaron, así como la de Oporto, varias masacres a mano de encapuchados. Asesinos que hasta hoy siguen sin ser identificados.

Dentro de todo lo que vivía el país en esa época, apareció una chispa de luz rápidamente apagada: el Mundial de Fútbol de Italia. El 23 de junio de 1990, en octavos de final, Camerún venció a Colombia (2-1) y lo eliminó. Era sábado y en Medellín muchos se quedaron en sus casas. Tal vez por la tristeza que dejaba la eliminación del Mundial, tal vez por el miedo a salir en una ciudad tan peligrosa.

Juan Pablo Salazar, de 20 años, sí salió ese día con su novia a tomar algo al bar Oporto en Envigado, cercano a la loma de Los Benedictinos, y conocido por ser un lugar de moda entre los jóvenes pudientes del Valle de Aburrá. La pareja decidió irse temprano, pero cuando iba de salida, alrededor de las 10:45 de la noche, según la Fiscalía, aunque hay testigos que hablan de las 9:30, irrumpió en el lugar un grupo de encapuchados —armados con ametralladoras, según el expediente que reposa en la Fiscalía con el Radicado 8530—, quienes hicieron a un lado a las mujeres y dispararon a todos los hombres después de acostarlos bocabajo.

El saldo del crimen fue de 16 muertos en el lugar. Otros muchachos murieron en días posteriores y Juan Pablo, quien quedó en coma durante 20 días, luchando por su vida en la Clínica Soma de Medellín. Su familia tuvo que hacer una rifa para saldar la costosa cuenta.

Los periódicos reportaron esa y otras masacres ocurridas desde abril de ese año en Aranjuez, Prado, Castilla y Villatina. El 25 de junio de 1990, el diario El Mundo tituló “Arrecia la violencia”, “19 masacrados en Envigado” y “Masacres y masacres”. Miguel Antonio Gómez Padilla, director General de la Policía Nacional, al igual que otras autoridades sindicaban como sospechoso a Pablo Escobar Gaviria. El capo parecía el culpable de casi todo crimen que ocurría por esos días.

El dolor de los familiares

Santiago Salazar, hermano de Juan Pablo, recuerda cómo él se salvó. Esa vez lo invitaron al bar, pero no quiso ir y se quedó con un amigo en una urbanización cercana a Oporto. Santiago vive hoy en Europa, exiliado por denunciar la masacre y la muerte de su hermano luego de que “tuvieran que desconectarlo de las máquinas”. Según él, los muertos fueron 25 en total y es un hecho que tendría “autoridades detrás”.

Lo que ocurrió ese día, y por qué, todavía es confuso. Cuando la novia de Juan Pablo llamó a su suegra, Lucila Restrepo, para que acudiera en ayuda, la señora salió de inmediato hacia Oporto con su hermana y su cuñado. “Entre la avenida El Poblado y la taberna son aproximadamente cuatro kilómetros. En ese trayecto nos encontramos dos retenes de la Policía, que exigían papeles y revisaban carros”, declaró Lucila en el documental Las víctimas de Pablo Escobar, transmitido por el Canal Capital. “Después mi nuera me contó que cuando ellos subían para la taberna, como a las 8:00 de la noche, también estaban esos retenes de la Policía”, agregó.

Por eso hay a quienes les parece extraño que en un municipio como Envigado, vigilado por destacamentos de policías y militares, que estaban detrás de Pablo Escobar y sus lugartenientes, pasara algo así.

Juan Pablo Escobar menciona en su libro Pablo Escobar, mi padre, que tiempo después habló con él sobre esa masacre en específico y le dijo que no la había ordenado; que muy cerca de allí “estaba instalado un retén de la Policía Élite y los sicarios pasaron sin problema”.

Según el fiscal encargado, hay múltiples rumores, pero sin mayor fundamento, que “aseveran que por la dirección en que iban los sicarios, debieron pasar por un CAI de la Policía. Argumentos que no pueden servir de parámetro para declarar resolución de apertura de la investigación judicial”.

Ciertos o no esos rumores, lo que piden las víctimas es que se haga justicia. Hoy, casi 25 años después, no hay ningún sindicado por el hecho. El proceso, en estado de “investigación previa”, está en una Fiscalía Especializada que tiene a su cargo aproximadamente 1.300 casos y el mismo fiscal asegura que urgen más los procesos en los que hay detenidos.

Los supuestos responsables

En su sitio web, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hace referencia a un informe que le proporcionó el desaparecido DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), en mayo de 1992, con motivo de una visita de la CIDH a Colombia y que se refiere a algunos de los hechos más violentos del país. En este informe se le atribuye la masacre de Oporto a Seguridad y Control, un escuadrón de seguridad, conformado por civiles, que comenzó adscrito a la Alcaldía de Envigado y creado por el Concejo del mismo municipio, pero convertido en una banda de sicarios que hacían ‘limpieza’ y tenían la financiación del Cartel de Medellín.

El Departamento de Seguridad y Control se creyó desintegrado en marzo de 1990 cuando se detuvo a varios miembros, pero esta masacre ocurrió en junio del mismo año. Así, según el informe del DAS, Seguridad y Control siguió delinquiendo tiempo después.

Al día de hoy “no se ha logrado establecer una hipótesis probable sobre los motivos que llevaron al homicidio”, asegura el fiscal. Pero algunos informes de inteligencia de autoridades dan cuenta de la posible autoría de Pablo Emilio Escobar Gaviria y sus sicarios. Además, declara que versiones de periodistas dicen que pudo ser perpetrado por miembros de la Fuerza Pública, en retaliación por la muerte de algunos uniformados que perdieron la vida en la guerra contra el capo. Nada está claro.

Santiago pide a la Unidad de Reparación de Víctimas que incluya la masacre del bar Oporto en su Registro Único, pues así se investigaría hasta el fondo. Aun así, toda respuesta es negativa, pues, según él, la Unidad argumenta que el crimen fue ejecutado por un grupo delincuencial que no hacía parte del conflicto armado colombiano, sino por un grupo de delincuencia común. Para Santiago sí hace parte y seguirá denunciando lo que ocurrió a su hermano y varios jóvenes culpables de nada.

Un funcionario, de los muchos que han tenido a cargo el caso, dispuso la suspensión de la investigación previa, pero se activó por petición de un abogado de algunas víctimas. Sin embargo, para la Fiscalía no hay pruebas que permitan la vinculación de alguien a la masacre. Así que después de todo este tiempo, los familiares de esos jóvenes no ven cerca la justicia.

*Alumna de Periodismo III (Judicial).