“Ahí se nos volvió peor la vida, porque cada dos o tres horas eran las plomaceras más horribles; la policía venía, disparaba hasta que se cansaba, y se iba”.

CINEP & JUSTICIA Y PAZ
NOCHE Y NIEBLA Comuna 13, la otra versión-Medellín: cronología de la agresión 1998-2002
http://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/Comuna13/03Capitulos.pdf

LOS HECHOS DE LA OPERACIÓN “MARISCAL”

A las 3 de la madrugada del 21 de Mayo de 2002, tanques blindados del Ejército colombiano destruyeron un transformador de energía para cortar el suministro en la parte alta de los barrios 20 de Julio, El Salado, Las Independencias y Nuevos Conquistadores, en la Comuna 13 de Medellín. Se iniciaba así un operativo militar denominado Operación Mariscal, que duró hasta las 3 y media de la tarde del mismo día, y en el cual participaron por lo menos 1000 efectivos de la Policía, el Ejército, el DAS, el CTI, la FAC, la Fiscalía y la Procuraduría.

Según miembros de la Policía y el Ejército Nacional, el operativo fue dirigido contra integrantes de las FARC–EP, ELN y los Comandos Armados del Pueblo, CAP. Sin embargo, en curso del mismo, la Fuerza Pública atacó indiscriminadamente a la población civil utilizando ametralladoras M60, fusiles, helicópteros artillados. Francotiradores que habían ingresado en los tanques blindados fueron apostados en la parte alta. Nueve civiles, entre ellos varios menores de edad fueron muertos; por lo menos 37 más fueron heridos y fueron detenidos arbitrariamente 55 pobladores.

En desarrollo de la Operación Mariscal, la Fuerza Pública combatió con miembros de las FARC–EP, ELN y Comandos Armados del Pueblo, CAP. Un helicóptero de la FAC fue impactado, seis policías y dos soldados resultaron heridos. Según algunas fuentes, también murieron cuatro policías y dos soldados; pero no fue posible verificar esta información.

Durante las doce horas y media que duró la Operación Mariscal, los integrantes de la Fuerza Pública dispararon a cualquier persona que transitara por la calle o se asomara a la puerta de su casa. Así fueron heridas varias personas dentro de sus propias viviendas. Al amanecer del día 21 de Mayo de 2002, habitantes de los barrios se atrevieron a salir ondeando telas blancas como símbolo de protección, para pedir alto al fuego, de modo que fuera posible auxiliar a los heridos. Algunas personas se lanzaron espontáneamente a la calle portando los símbolos de protección. Los uniformados respondieron con ráfagas al aire y disparos en su contra. Algunos habitantes fueron alcanzados por disparos oficiales mientras auxiliaban a los heridos, y otros fueron heridos cuando ondeaban la bandera blanca, tal como sucedió en los alrededores de la escuela El Refugio, donde un grupo de pobladores se instaló para agitar banderas blancas y el joven Alirio Lerma Gómez, de 17 años, fue alcanzado por un proyectil que disparó la Policía.

El comando de la Operación Mariscal fue establecido por la Fuerza Pública en la unidad hospitalaria del sector, donde aguardaban los miembros de la Fiscalía y la Procuraduría. Desde allí, los miembros de la Fuerza Pública disparaban indiscriminadamente. Una denuncia del hecho anota que, pasadas varias horas de confrontación con los uniformados, algunas mujeres de la comunidad los desafiaron y lograron sacar a varios de los heridos y conducirlos por sus propios medios hasta el puesto de salud, donde varios heridos y sus acompañantes fueron ultrajados y retenidos, bajo la acusación de ser milicianos.

Agentes de la Policía le rompieron la cabeza y le hirieron la espalda con golpes de culata a John Fredy Arango, de 23 años, a quien retuvieron en el barrio Nuevos Conquistadores, cuando se dirigía a su trabajo, a las 8:00 a.m., aproximadamente. Así como John Wilmar Ayala, de 16 años de edad, estudiante del Liceo La Independencia, recibió un impacto de bala cuando auxiliaba a otro joven que había sido herido. “Testigos aseguran que el disparo se hizo desde el sector de ‘Los Ranchos’, donde estaba la Policía y que desde allí mismo se le disparaba a cualquiera que tratara de auxiliarlo. Otro joven, Felipe Tangarife, resultó herido por esquirlas cuando trató de ayudarlo. Luego de dos horas, algunas mujeres lograron acercarse al joven John Wilmar y lo llevaron hasta la unidad de salud; pero, al llegar, la policía insultó y maltrató a su madre”, anota la denuncia citada.

Miembros de la Fuerza Pública ingresaron en varias viviendas y las registraron sin orden judicial, en algunas de ellas tomaron alimentos de sus cocinas y hurtaron algunas pertenencias. Algunas casas fueron tomadas como trincheras por los policías. La señora Marleny Suárez llegó hasta la unidad de salud acompañando a un herido y reclamó a los agentes por el irrespeto a la bandera blanca y pidió la presencia de organismos de derechos humanos. De inmediato fue golpeada e introducida en una tanqueta, en donde se le insultó, se le escupió y se le amenazó con entregarla a los paramilitares. Jesús Adolfo Martínez Moreno, Daniel Alejandro Ardila y Juan Esteban Ardila fueron sacados de sus propias casas y detenidos.

Cuando habían transcurrido más de ocho horas de la Operación Mariscal, grupos de pobladores de los barrios, portando banderas blancas, se movilizaron hasta los alrededores de la iglesia del barrio 20 de Julio, en donde un miembro de la Policía Nacional los convenció de que se reunieran para conversar sobre la salida de los heridos. En cuanto se agruparon, la Fuerza Pública lanzó una bomba lacrimógena al grupo e inició una serie de disparos, con los que resultó herido un niño de 12 años.

En un local comercial que funciona cerca de la escuela El Refugio, los policías derribaron la puerta, maltrataron a dos mujeres que se encontraban en el lugar y hurtaron algunas cosas. También se llevaron los documentos de identidad del propietario.

Un joven de 17 años fue detenido por la Policía en el sector de La Gallera. Sus captores lo hicieron arrodillar y lo vendaron con un trapo negro. El joven emprendió la huida cuando escuchó que habían tomado la decisión de ejecutarlo y preparaban el arma cambiando su munición.

Miembros de la Corporación Jurídica Libertad, una de las organizaciones defensoras de derechos humanos que se hizo presente atendiendo el llamado urgente de los habitantes desde tempranas horas de la mañana, fueron agredidos por integrantes del CTI cuando llegaron hasta el sitio.

Concluye la denuncia: “Gran parte de estos hechos han sido denunciados formalmente ante Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo y algunas personas han logrado relatarlos ante la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Una investigación rápida y exhaustiva se hace urgente, pero ésta debe ser realizada por entes independientes. Las oficinas de Procuraduría y Fiscalía en esta ciudad deben estar la margen de la averiguación por cuanto han hecho parte integral de los operativos… sería preciso contar con una comisión de Naciones Unidas, como en el caso de Bojayá, así como con la presencia de instancias internacionales como el Relator Especial sobre Ejecuciones Sumarias, el Relator Especial para la Independencia Judicial y organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional».

Como lo relata un testigo ocular de los hechos ocurridos durante la Operación Mariscal, ésta tuvo que ser suspendida por las presiones de la prensa local, regional y nacional; y de defensores de derechos humanos nacionales e internacionales que concurrieron a la comuna: “Cuando explota todo ese cuento de la Operación Mariscal, la zona se llena de periodistas y de organismos de derechos humanos y de una cantidad de gente llamando de muchos teléfonos a muchas oficinas denunciando la cosa y pidiendo una intervención. Total: a las tres de la tarde tuvieron que suspender el operativo, que había durado doce horas, de tres de la mañana a tres de la tarde; en la suspensión de esos operativos tuvo que intervenir directamente una autoridad nacional, fue una orden de Bogotá … Se retiró el operativo con todos los resultados que conocemos” .

A ello se suma el hecho de que la Fuerza Pública que conjuntamente adelantó la Operación Mariscal no calculó en su totalidad las dimensiones reales de la respuesta militar de la guerrilla: “La guerrilla tenía más fuerza de la que ellos presupuestaban, la guerrilla les peleó duro desde las tres de la mañana”, cuentan pobladores de la Comuna 13. Así como tampoco la Fuerza Pública contó con el hecho de que la población de la Comuna se volcaría masivamente a la calle, aún a riesgo de su vida, enarbolando símbolos de protección y exigiendo ser excluida de la confrontación: “Ellos no contaron con la reacción de la población, que se tiró a las calles con banderas blancas y, a pesar de que mataron e hirieron mucha gente, no lograron hacer encerrar la población”, afirman varios pobladores de la Comuna 13.

Con posterioridad a la Operación Mariscal, se supo que ese día había paramilitares concentrados en el corregimiento de Aguas Frías, en una zona semi–rural cercana a la Comuna 13, esperando la orden para entrar a tomar posesión de la misma, repitiendo una estrategia que se había utilizado ya en otras zonas de la ciudad.

OPERACIÓN MARISCAL: LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD

Ante las denuncias por los excesos de la Fuerza Pública, los responsables han adoptado una posición unánime: El Brigadier General Mario Montoya Uribe, Comandante de la Cuarta Brigada, con sede en Medellín, afirmó que “ningún miembro del Ejército ni de la policía dispara contra niños o personas desarmadas”. Esta opinión, defensiva, pretende negar la ocurrencia de los hechos y la defensa de la institución militar. Por su parte, el Comandante de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá, Brigadier General Leonardo Gallego aseguró que los operativos en seis barrios de esa zona de la ciudad se ajustaron a la ley.

El Comandante de la Cuarta Brigada, asegura que intervinieron mil hombres del Ejército y que la operación había sido planeada con tres meses de antelación. Complementariamente, el General Luis Ernesto Gilibert, Ex–Director de la Policía Nacional, aclara que el operativo fue coordinado por la Fiscalía General de la Nación. La fuente agrega que el operativo se planeó tras ser detectado un plan de agrupaciones que operan en el sector para boicotear el transporte y cometer actos terroristas, antes y durante las elecciones del domingo 26 de mayo.

Del carácter indiscriminado con que fueron empleadas las armas y medios de combate por parte de la Fuerza Pública, dan cuenta los propios informes oficiales. El Capitán Julián Cadena Castillo, oficial del S–2 del Batallón Pedro Justo Berrío, evalúa como aspecto negativo de la Operación Mariscal: “La falta de coordinación por parte de la Policía Nacional al enviar una patrulla por la parte de atrás de terrígenos, atentando contra todas las medidas de seguridad de la misión táctica y la falta de disciplina de fuego por parte del operador de la ametralladora M60 de la patrulla de la Policía Nacional”. A su vez, el Capitán Mauricio Rojas Martínez, Jefe de la Unidad de Inteligencia del Gaula Antioquia señaló como aspecto negativo: “La falta de control de la munición por parte de la Policía”.

Son las propias comunicaciones radiales las que dan cuenta de dicha situación. Por parte del Mayor Luis Sánchez Martínez, Comandante del Gaula, quien se identificó dentro de los operativos como “Paris”, se expresó: “Espere, espere, 5–4, espere que yo coordine con la Sargento Ana, para que ellos me muevan el Ejercol, que nos están atacando, espere haber que yo, o sea espere”. A pesar de haber estado en comunicación radial durante el desarrollo de dicha operación, donde las mismas voces del personal de la Fuerza Pública indicaban el carácter indiscriminado con que se hacían los ametrallamientos, por parte de los comandantes de la Brigada 4 y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, no se adoptó medida alguna para impedir que esto continuara.

Estas informaciones de las propias autoridades, hacen evidente la falta de previsión y cuidado para no afectar la población civil. Si bien es cierto que el operativo contó con planeación y coordinación de la Fuerza Pública, no fue una preocupación la vida de las personas, como tampoco fue claro el objetivo atacado en relación con la ventaja militar buscada. Pese a que la Fiscalía participó directamente en este operativo, no adoptó medida alguna tendiente a controlar la actuación de la Fuerza Pública, permitiendo la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad de centena res de pobladores, así como la destrucción de bienes civiles.

El Brigadier General, José Leonardo Gallego, explicó a varios medios de información que: “esos decesos se produjeron después de que las unidades de la fuerza pública y los organismos de investigación fueron atacadas por milicianos con armas largas, cortas y explosivos”, refiriéndose a las nueve personas que murieron durante la operación (según el mismo General, había entre dos y cuatro menores). Esta afirmación es presentada a manera de “justificación” de la victimización de civiles, y si bien es cierto que los actores armados responden ante la justicia ordinaria por sus hechos al margen de la ley nacional, así como por las infracciones al derecho internacional humanitario, esto no releva a los servidores públicos, encargados de la preservación del orden, del respeto a los derechos humanos, ni los autoriza a utilizar métodos como la realización de ataques indiscriminados donde mueren incluso menores de edad. Falta por establecer el carácter de las demás víctimas, que de ser población civil se les debió garantizar la vida y de ser milicianos, miembros de un grupo armado, si se encontrasen desarmados, se les debió respetar.

De las 55 personas detenidas durante la Operación Mariscal, 25 presentaban heridas y 30 más fueron recluidas en las instalaciones de la Sijín. Aproximadamente 24 horas después, la Defensoría del Pueblo entrevistó a 20 personas detenidas y constató que: “Entre estas personas había menores de edad y no habían sido puestas a disposición de autoridad judicial alguna, por lo cual ni conocían los cargos en su contra”. Según un parte oficial, fueron decomisadas cinco armas de fuego, siete bombas caseras, dos radios de comunicaciones, dos teléfonos celulares, un escáner, y fue inmovilizado un vehículo. Los resultados de la operación contrastan evidentemente con el despliegue de fuerza; pues, como ya se anotó, participaron en la misma por lo menos mil hombres, apoyados por tanquetas y helicópteros.

El Secretario de Gobierno de Medellín, Jorge Enrique Vélez, calificó en los siguientes términos la labor de denuncia y protección adelantada por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos: ”…es extraña e incomprensible la actitud que han asumido algunas ONG de la ciudad al señalar y acusar a las fuerzas del orden de violar los Derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en los operativos cumplidos ayer en la zona centro occidental de Medellín, donde murieron 9 personas, entre ellos dos niños”.

No se explica qué es lo que resulta extraño e incomprensible, cuando el mismo funcionario reconoce la muerte de nueve personas. Con lo cual, lo que sí resulta claro es la proclividad hacia la indiferencia ante la situación y la total aprobación de antemano de eventuales desafueros de la Fuerza Pública. Pareciera que la vida no es el bien supremo a proteger y que su negación es dable en aras de “combatir los violentos y a quienes están al margen de la ley”.

El encargado por la Procuraduría General de la Nación para instruir estos hechos, fue relevado de la investigación el 20 de Junio de 2002, después de que en un oficio y en un informe parcial acerca de los hechos manifestara la necesidad de: ”…vincular a la investigación a dos (2) Generales de la República (uno de la Policía Nacional y otro del Ejército de Colombia), dos (2) Directores de Organismos de Policía Judicial y un (1) Procurador Judicial en lo penal y, eventualmente, otros muchos servidores públicos y en consecuencia darles los avisos de rigor y las notificaciones a que hubiere lugar”. El investigador advirtió, igualmente: “Como quiera que considero que esta decisión es el preludio de la impunidad total para los actos contrarios al DIH y como ser humano que no permite actuaciones torticeras es que dejo esta constancia para la historia, ya que debe quedar delimitada claramente de quién podría ser la responsabilidad penal o disciplinaria que se deduzca de estos actos graves de ocultamiento frente a la humanidad y a las víctimas.”

El Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, CODEHSEL, recogió la denuncia del investigador de la Procuraduría relevado del caso y solicitó, entre otras cosas, que:

* Se adopten las medidas necesarias para proteger la investigación y garantizar su culminación con absoluta imparcialidad, independencia y transparencia.

* Se construya efectivamente una comisión internacional independiente que investigue los hechos y ejerza veeduría sobre la averiguación que deben realizar los órganos del Estado.

* Se vincule efectivamente a los funcionarios públicos que han resultado identificados como posibles responsables de los graves hechos, independientemente de su rango, cargo o filiación política.

A pesar de que la Mesa por la Vida de Medellín se pronunció en favor de sacar a los civiles del conflicto y propuso la aplicación de las normas humanitarias en el conflicto que ha alcanzado como escenario las ciudades: “Insistimos en acuerdos humanitarios urbanos que saquen de la confrontación armada a los ciudadanos desarmados y en el fortalecimiento de la organización comunitaria para la defensa de la vida”, dado el manejo del ente investigador, era de prever la falta de voluntad política para esclarecer la verdad en los hechos investigados y abrirle así la puerta a la impunidad de las violaciones contra los derechos humanos cometidas en el desarrollo de esta operación.