CINEP & JUSTICIA Y PAZ
Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política
Noche y Niebla Casos Octubre 2002

El 16 de octubre de 2002 en Medellín, más de mil uniformados pertenecientes al Ejército, la Policía, el DAS e integrantes del CTI, así como hombres y mujeres informantes vestidos de camuflado y encapuchados acompañados por miembros de la Fiscalía, Personería y Procuraduría General de la Nación arribaron a la Comuna 13 de Medellín, a bordo de camiones y tanques blindados, en desarrollo de la “Operación Orión”, ordenada directamente por el presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, la cual se centró en los barrios Belencito, El Corazón, 20 de Julio, El Salado, Las Independencias y Nuevos Conquistadores, y comenzó con el descargue de la tropa y el acordonamiento de la zona hacia la medianoche del 16 de Octubre de 2002. Durante la operación, desarrollada en la zona centrooccidental de Medellín, atacaron indiscriminadamente a la población civil, utilizando ametralladoras, fusiles y helicópteros artillados desde los cuales causaron averías en múltiples viviendas y decenas de víctimas civiles.

Los miembros de la Fuerza Pública sostuvieron enfrentamientos con guerrilleros de las FARC-EP y ELN, al igual que con los Comandos Armados del Pueblo, CAP, durante los cuales murió un civil y 38 más resultaron heridos, entre ellos varios menores de edad; fueron desaparecidos por miembros del Ejército Nacional, paramilitares de las AUC e integrantes del CTI de la Fiscalía otros ocho civiles y detenidos más de 300 pobladores de la Comuna 13. Igualmente, murieron ocho guerrilleros, así como un subteniente de la Policía, un teniente y dos soldados del Ejército; también resultaron heridos cinco miembros de la Policía y nueve del Ejército Nacional. Tropas del Ejército y la Policía Nacional, así como miembros del DAS y CTI de la Fiscalía General de la Nación en desarrollo de la Operación detuvieron arbitrariamente a más de 300 pobladores de la Comuna 13, a quienes presentaron ante los Medios de Comunicación como ‘terroristas’ y los condujeron a los patios de los organismos de seguridad: la Sijín, la Cuarta Brigada, estaciones de policía, el DAS y el CTI.

La Fuerza Pública, el DAS y la Fiscalía reconocieron la detención de 355 personas, de las cuales judicializaron 170, quiere decir que hubo 185 que fueron detenidas arbitrariamente. Los detenidos debieron permanecer en los calabozos antes de ser judicializados, entre uno y dos días. Y fueron acusados de terrorismo, concierto para delinquir, secuestro, extorsión, homicidio. Según la denuncia: “Allí, los sometieron a tratos crueles, inhumanos y degradantes, a todo tipo de reseñas, a filmaciones y reconocimiento de los informantes La Fiscalía resolvió la situación del grupo y dejó en libertad a 82 de estas 170 personas, al no encontrar ninguna razón para que la Fuerza Pública las hubiese detenido. Por lo tanto, quedaron 88 personas detenidas. Se tiene conocimiento que otras más han sido dejadas en libertad poco a poco y en el momento se presume que deben permanecer detenidas y judicializadas unas 82 personas, recluidas en las cárceles de Bellavista y El Buen Pastor”.

Agrega la denuncia que: “Entre el 16 y 22 de Octubre, han sido detenidos más de 300 habitantes de la Comuna 13, algunos de ellos en virtud de señalamientos que realizan encapuchados pagados por el Ejército y la Policía, muchos otros bajo simple sospecha. Unos y otros han sido puestos a ordenes de la Fiscalía Especializada para que en su contra se inicie proceso penal como presuntos responsables del delito de concierto para delinquir con fines terroristas. Han sido objeto de malos tratos, golpizas y exposición permanente al sol y al agua en las instalaciones policiales hacia donde han sido conducidos. El 21 de Octubre, fueron indagados los señores EDILSON DE JESUS DURANGO MURILLO, PEDRO LUIS VARGAS DAVID, JOHN JAIRO CASTAÑEDA, ALBERTO CASTAÑEDA CASTAÑO y sus hijos JOHN FREDY y JORGE ELIECER CASTAÑEDA ZAPATA. Los abogados que asistieron a la indagatoria denunciaron que el proceso iniciado en contra de estas personas se ha dado con violación de las garantías fundamentales que regulan lo atinente a los requisitos que se deben observar para vincular formalmente al ciudadano a un proceso penal. Simples y lacónicos informes suscritos por integrantes de la Policía Nacional dan cuenta que ciudadanos indeterminados los han señalado como integrantes de organizaciones insurgentes, sin que se aporten las declaraciones de los presuntos informantes y sin que se allegue algún tipo de elemento de juicio que permita fundamentar la veracidad de las imputaciones lanzadas por los agentes oficiales. En tales condiciones el inicio del procedimiento penal viola las garantías constitucionales, pero ello no es obstáculo para que la Fiscalía Especializada proceda de una manera considerada como irregular”.

El 25 de noviembre, tropas del Ejército y la Policía Nacional detuvieron arbitrariamente en el barrio Las Independencias 3, a tres líderes comunitarias a quienes mantuvieron cautivas durante varios días en las instalaciones de la Sijín. Pese a que se produjo su liberación por falta de fundamentación jurídica para su detención, siguieron siendo víctimas de amenazas, allanamientos y señalamientos, hasta conseguir la salida definitiva de dos de ellas, quienes hoy se encuentran desplazadas de la zona.

Continúa la denuncia: “Lo anterior, permite a los organismos defensores de derechos humanos concluir que con la masiva detención de ciudadanos pertenecientes a la Comuna 13 se pretende mostrar ante la opinión pública resultados eficientes de la Operación, sin importar que se afecten los derechos fundamentales de inocentes personas que no pertenecen a las organizaciones insurgentes combatidas por los organismos del Estado. Así mismo se ha recibido denuncia, la cual será formalizada ante los organismos de control, que en algunos casos la Fiscalía ha nombrado defensores de oficio para que atiendan a las personas indagadas, sin que el abogado se encuentre presente durante el interrogatorio, con lo cual se confirma que la garantía del debido proceso y del derecho de defensa no se otorga a los habitantes de la Comuna 13”.

Voceros de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, denunciaron que: “En por lo menos 54 diligencias de indagatoria y de reconocimiento en fila de personas fueron clonados los abogados e incluso los mismos fiscales, con lo que flagrantemente se constituye una transgresión al debido proceso y al derecho de defensa violatoria del artículo 29 de la Constitución Política, de la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo cual a nuestro juicio tiene mérito suficiente para iniciar investigación penal y disciplinaria en contra de los fiscales responsables de tales atropellos, y para que los organismos de control, mediante los procedimientos formales, soliciten ante la Fiscalía General de la Nación la revisión de la legalidad del procedimiento penal llevado a cabo con motivo de la Operación Orión”.

La Operación Orión, que empezó en la madrugada del 16 de Octubre se extendió a lo largo del mes de noviembre y principios de diciembre, y aunque según el general Mario Montoya Uribe fue dirigida contra “la guerrilla, las autodefensas ilegales y la delincuencia común”, no arrojó ninguna víctima entre los paramilitares y sí por el contrario múltiples víctimas entre la población civil, cuyas residencias fueron allanadas o destruidas, a quienes se les amenazó de muerte causando el desplazamiento intraurbano y hacia otras zonas del país; se les estigmatizó y les cobraron nuevamente el delito de ser pobres.

La Fiscalía, el DAS y la Fuerza Pública, informando sobre la Operación Especial Conjunta Orión, en su boletín No. 9 emitido el 29 de Octubre de 2002, presentaron como guerrilleros muertos en combate a Elkin de Jesús Ramírez (civil ejecutado por tropas del Ejército Nacional en el barrio El Salado) y a Diego Alexander Salazar (civil muerto durante los combates en el barrio La Independencia 1). En el citado boletín, también presentan a Diego Alexander como civil herido.

Con la Operación Orión, atacaron los procesos organizativos comunitarios mostrando claramente que ante las demandas por inversión social se responde con represión y fortaleciendo el aparato paramilitar, o como dicen algunos, develando el verdadero rostro del Estado colombiano.

Desde 1998, se vienen realizando operativos similares en las zonas centro y nororiental de Medellín, por parte de miembros del Ejército y la Policía Nacional, el DAS, la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, el CTI, la Sijín y el Gaula. En ocasiones acompañadas de hombres vestidos de civil que se movilizan en vehículos o motocicletas, encapuchados y fuertemente armados. Dicho accionar ha sido perpetrado en los barrios Ocho de Marzo, Caicedo, Santo Domingo Savio 2, El Salado, La Divisa, La Quiebra, El Corazón, Las Independencias 3, Olaya Herrera, Belencito, Vallejuelos, Las Independencias 2 y Nuevos Conquistadores, La Cruz, La Honda, Altos de Oriente, El Pinal y Bello Oriente, entre otros. Durante los operativos han detenido, amenazado, torturado, ejecutado a decenas de civiles y realizado allanamientos, así como acciones de pillaje; han asesinado a los pobladores y presentando posteriormente como guerrilleros caídos en combate, vistiéndolos de camuflado y colocándoles armas.