Por: Víctor Hugo Vargas Rodríguez
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El viejo observó el carro con detenimiento. Pasó tan despacio entre las sombras de la noche, que él pudo siluetear las figuras en su interior. Eran cinco hombres. En el barrio Las Esmeraldas, en la comuna nororiental de Medellín, eran frecuentes los carros llenos de hombres, mafiosos y bandidos que por ese entonces, año 1990, estaban en pleno auge de dinero, violencia y desenfreno. Sin embargo, estos eran diferentes. El carro, su aspecto y su actitud le hicieron aguzar los sentidos. Fue cuando escuchó ese sonido particular de los radios de comunicación. “Les dan en la cabeza”, alcanzó a escuchar con claridad antes de que el vehículo doblara la esquina y él, sentado en su banca, en la acera de su casa, sintiera una ráfaga de miedo. Guerra es guerra En la primera semana de abril de 1990 se había agudizado la guerra del Estado contra “Los extraditables”, sindicato narcoterrorista encabezado por Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y otros grandes capos del narcotráfico que decidieron que acabarían con el tratado de extradición con Estados Unidos al costo que fuera. “Preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos”, sentenciaban.

Era la época de los carros bomba; de los ajusticiamientos; del secuestro y asesinato de grandes personajes de la vida pública del país; de muertos en la orilla de las carreteras y en los baúles de los carros; de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia; de la voladura, en pleno vuelo, del avión de Avianca; del asesinato de Luis Carlos Galán, esperanza política de la Nación; de la gigantesca bomba del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) para atentar contra Miguel Alfredo Maza Márquez, su director, y enemigo personal de Pablo Escobar; y también, fue el tiempo de una guerra sucia donde muchas veces el ejercicio legítimo de la fuerza se excedió, especialmente contra los antioqueños, los paisas, que eran vistos en Colombia y en el mundo como sicarios, mafiosos o mínimo, como cómplices silenciosos del narcoterrorismo que acababa con el país. Y Medellín era el principal campo de batalla de esa confrontación entre el Estado y la mafia: la “narcoguerra”. Durante 1990 murieron violentamente en la ciudad 5.411 personas. Un promedio macabro de quince muertos por día. De hecho, el martes tres de abril de ese año, una nueva orden de guerra fue impartida por Pablo Escobar y “Los extraditables”: asesinar policías. La terrible iniciativa era la resultante de los reveses en la negociación subterránea entre “Los extraditables” y el Gobierno de Virgilio Barco Vargas para tumbar la extradición y establecer unas condiciones favorables para que los narcoterroristas se entregaran a la justicia. Era también la respuesta al accionar del Estado que había decidido atacar con todo su poder y cuyas medidas incluían, entre otras, el nombramiento de alcaldes militares en Envigado y La Estrella.

Se produjeron entonces gigantescas redadas y operativos para detectar a miembros de la mafia, a delincuentes y sicarios que tanto daño habían hecho. Pero tal vez la operación más amenazante para el colectivo mafioso fue la llegada a Medellín, entre agosto de 1989 y el transcurso de 1990, de cerca de cinco mil policías, entre ellos cinco compañías del Grupo Élite: seiscientos hombres con el objetivo de acabar con ese mal que consumía al país. Llegaron a la ciudad bajo el mando directo de los oficiales en Bogotá y de la Presidencia de la República; es decir, no estaban bajo la autoridad del Alcalde de la ciudad, Juan Gómez Martínez. Fueron aislados del resto de la policía para evitar filtraciones y sobornos, y en la ciudad empezaron a comentarse, a vivirse sus rudos y en ocasiones crueles métodos para conseguir sus fines.

La orden de asesinar policías es acogida por los sicarios con prontitud. El pago es atractivo: por cada policía asesinado, un millón de pesos; por un sub oficial, dos millones; por un oficial, hasta cinco millones. La matanza se desata el lunes 2 de abril; para el martes se cumplen veinticuatro horas en las que ocho uniformados escapan a los atentados, resultando heridos, y once uniformados han caído asesinados en diferentes puntos de la ciudad; uno de ellos, el agente José Aníbal Alzate Gómez, natural de Apartadó, en el Urabá antioqueño, es asesinado por sicarios motorizados en el parque del barrio Manrique, a pocas cuadras de Las Esmeraldas. Desde Bogotá, el director general de la Policía Nacional, General Miguel Antonio Gómez Padilla, dice a la prensa que el narcotráfico no conseguirá doblegar al Estado. Dolido por el asesinato de sus hombres, declara: “Eso hace parte del sacrificio y compromiso que tenemos con Colombia. Los criminales buscan con sus acciones disminuir la acción del Estado y la fuerza pública, pero no lo van a lograr”. Colombia y la ciudad están impresionados por la masacre de uniformados. La mayoría son asesinados cuando están de civil y en los mismos barrios donde viven sus verdugos, donde ellos viven. En la ciudad empieza a correr un rumor de venganza: “Por cada policía asesinado caerán diez civiles”.

NOCHES DE LUNA ROJA

El martes 3 de abril, cerca de las 8:30 de la noche en el barrio Las Esmeraldas, en el granero mixto Conradt y a una cuadra donde el viejo vio pasar el vehículo con los cinco hombres, Richard Estrada (diecisiete años), Luis Carlos Meneses (veinticinco años), Diego León Castañeda (veintidós años), William Luján, los hermanos Over (veintiún años) y Glamer Moreno Tuberquia (diecisiete años) y su tío Conrado Tuberquia (cuarenta y tres años), propietario de la tienda, comparten el frío de la noche, algún refresco y muchas palabras.

La tienda es el espacio para quemar las horas después del trabajo o del colegio. El barrio no está muy “caliente” en ese momento, pero allí conviven algunos conocidos dedicados a la delincuencia y al sicariato. Los muchachos comentan un mensaje que les llegó por cuenta de un policía conocido: “No se hagan en la esquina que esta noche van a salir a darle bala a todo el mundo”, advirtió. Sin embargo, ellos no se preocupan, no son delincuentes, el asunto no es con ellos. El carro pasa por allí despacio y aunque causa curiosidad, solamente Richard Estrada lo graba en su mente. El vehículo continúa su camino, pero un par de minutos después vuelve a aparecer en la esquina de la tienda. Esta vez se detiene y los hombres se bajan blandiendo armas de fuego. Richard piensa que es una requisa de las que se han hecho rutinarias en toda la ciudad y más en los barrios populares. Pero no es un cateo. Los hombres descargan una lluvia de balas sobre el grupo de muchachos y de Conrado. Luis Carlos, recostado en el teléfono y de espaldas a sus verdugos, no tiene tiempo de mirar; Diego, sentado en una banca y también de espaldas, tampoco; Glamer, sentado entre una ventana y la puerta y cubierto por los dos amigos, solo recibe un impacto, pero mortal: no cae de la silla, queda sentado. Diego y Carlos quedan destrozados, aunque Diego no moriría sino horas después, en la madrugada del miércoles. Over corrió, pero el conductor del vehículo le disparó y el joven cayó: un impacto en la cabeza se le lleva la vida.

Sentado al lado de William Luján, Richard se sumerge en un silencio absoluto que sólo es alterado por el instinto: “me mataron”, piensa. Mientras su mente lo ubica en la otra vida, su cuerpo corre hacia la derecha, arrastrando consigo a William, quien ha recibido impactos en un costado. Luego de correr por varias cuadras, saben que están vivos y buscan ayuda. Tras una cortina de humo con olor a muerte, las armas se apagan, el silencio cae sobre la esquina y el vehículo parte con los asesinos. Allí quedan los cuerpos de Luis Carlos, Diego León y los hermanos Moreno Tuberquia. Conrado, el tío dueño de la tienda se salva detrás del mostrador. A Luis Carlos casi no lo pueden levantar los forenses: quedó tan destrozado, que su cuerpo perdió cualquier solidez. A unos metros, en un balcón, la madre de Over y Glamer no cree que allí, en la tienda, estén muertos sus dos hijos. No sabe por qué. No sabe quién. Es la primera de cincuenta y cuatro masacres del mismo tipo que van a ocurrir durante ese año. Más de doscientas personas caen en las esquinas, tiendas, aceras y bares de la ciudad. La hipótesis de las autoridades es que las masacres son guerras entre bandas por cuentas de bandidos. Sin embargo, la prensa nunca registró una sola arma en poder de los masacrados. Ocurren en Manrique, en Castilla, en Prado, en Guayabal, en todo Medellín. Siete, cinco, ocho, doce y más personas caen en cada una.

En aquel frenesí de muerte, mueren policías, caen ciudadanos. Pobres, ricos, jóvenes y adultos. No hay diferencia. El 23 de junio las masacres llegan a los estratos altos y lo hacen con mayor sevicia. En el bar Oporto, en la frontera entre Medellín y Envigado, los carros con asesinos satisfacen su deseo de muerte con veintidós sacrificados, la más grande masacre registrada en Medellín.

Han pasado veintiún años. Nunca hubo culpables, nunca detenidos, ni siquiera una persecución. En medio de tanta guerra, el objetivo era terminar con Pablo Escobar y “Los extraditables”; decían que si los acababan llegaría la paz a Colombia. Años después, alias Popeye, lugarteniente de Escobar, diría que las masacres las cometió como venganza por la muerte de sus compañeros uniformados, un grupo de la SIJIN, de la policía, llamado “Los rojos”. Nadie confirma o desmiente la versión. Lo cierto es que para las familias de al menos cuatro de estas masacres, nunca llegó la justicia, ni un quién ni por qué. Mientras el país discute leyes para reparar a las víctimas del conflicto, los muertos de 1990 yacen en el olvido. Y usted, posiblemente, ni siquiera sepa que esto ocurrió en su ciudad, en Medellín.

Víctor Hugo Vargas Rodríguez. Fragmento extractado del trabajo de grado Noches de luna roja, presentado para optar al título de Periodista en la Universidad de Antioquia, por el cual obtuvo mención especial. Contó con la asesoría del periodista y profesor Heiner Castañeda.