PROYECTO COLOMBIA NUNCA MÁS
ZONA 5ª – QUINTO MODELO DE REPRESIÓN
CONSOLIDACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PARAMILITARISMO, 1995-1998
“Nuestra tierra del sur de Bolívar es una tierra encantadora, muy bonita, de la cual cualquiera se puede enamorar, porque es una tierra bendita donde se produce de todo, hay los diferentes climas, tenemos ganadería, pesca, agricultura, minería, se puede decir que casi toda su extensión, porque tenemos esmeraldas, tenemos oro, baldío, en fin, es una tierra donde me atrevería a decir que no le hace falta nada, de una gran riqueza hídrica, en fauna, entonces, es una tierra para vivirla, para disfrutarla.
En algunas partes viven gentes que son nativos, en otras partes hay gente que ha venido de otras regiones del país, desde cuando la famosa violencia política, ha llegado gente de los llanos, de Boyacá, del Tolima, del Meta, de todas partes encuentra usted gente en el sur de Bolívar, no solamente nativos.
Bueno en el sur la gente comenzó a colonizar ahí, subiéndose a las partes altas de la serranía. En la Serranía San Lucas, allí la gente comenzó a abrir sus primeras fincas, eran baldías, todavía hay terrenos en cierta forma baldíos y comenzaron sus cultivos, allí se produce de todo, yuca, plátano, maíz, tomates, fríjol, verduras, porque como hay variedad de climas, entonces es una tierra muy fértil, muy bonita para todo.
En Colombia el caso del sur de Bolívar se puede decir que era un caso único donde se inician ese tipo de marchas con tanta contundencia y el Estado comienza a mirar que allí se está gestando un movimiento bastante serio de parte de las comunidades, ese es el objetivo por lo cual el Estado comienza a golpear a las comunidades. Por las amenazas constantes y los asesinatos se fueron diezmando las organizaciones, fueron desapareciendo poco a poco, en el sur de Bolívar es un pecado ser presidente de Acción Comunal, es un pecado una mujer ser líder de mujeres, es un pecado incluso que sea una madre comunitaria, porque son objetivo, un inspector de policía o corregidor tampoco pueden existir en la zona porque son objetivo militar”.
CNM. Base de Datos, Testimonio
El sur de Bolívar se ha caracterizado por ser una de esas zonas que se ha construido tramo a tramo gracias a sus habitantes, pues el abandono del Estado es total, es una y por esto su dinámica ha estado fuertemente marcado por una lógica de región, pues “es una de las pocas zonas en el país donde han trabajado de manera conjunta organizaciones que en sus planteamientos políticos poseen diferencias marcadas y pese a esto fue posible hablar de una verdadera coordinación y distribución del trabajo”.
El departamento de Bolívar está localizado al norte del país, limita por el norte con el mar Caribe y el Atlántico, por el sur con Antioquia, por el oriente con los departamentos de: Atlántico, Magdalena, Cesar y Santander y por el occidente con los de Córdoba, Sucre y Antioquia.
El departamento de Bolívar está conformado por 38 municipios, incluida Cartagena, capital departamental.
El sur de Bolívar está ubicado en la región Caribe colombiana, entre las márgenes izquierdas del río Magdalena y la margen derecha del río Cauca al Noreste y del río Tigüi al Suroeste y un sinnúmero de ciénagas al norte en cercanías a Mompós. Esta región comprende 18 municipios, dentro de los cuales se encuentran: Altos del Rosario, Achí, Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, El Peñón, Hatillo de Loba, Montecristi, Morales, Pinillos Regidor, Río Viejo, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití y Tiquisio. En el marco de la presente investigación, los municipios que comprenden la subregión denominada Sur de Bolívar y que hacen parte de la zona V, son: Regidor, Río Viejo, Montecristo, Tiquisio, Arenal, Morales, Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo y Cantagallo, ubicados en su mayoría en el Valle del río Magdalena, con aproximadamente 198.000 habitantes.
La economía de la región se ha distinguido por ser de carácter extractivo. Una de las principales actividades desde tiempos de la colonia ha sido la explotación aurífera, además de la extracción de maderas con doble finalidad, inicialmente se utilizaba como combustible para los buques a vapor y con el paso del tiempo para el comercio de maderas finas. A comienzos del siglo XX el comercio de pieles era una actividad importante, así mismo la explotación de petróleo. Otras actividades importantes son la agricultura, la ganadería y la pesca.
En esta región de colonización reciente y predominantemente campesina, se identifican dos actores importantes en la producción. Por un lado, la economía campesina; y por otro los grandes propietarios. Las principales actividades de la economía campesina son la agricultura, la minería, la pesca y en menor medida la ganadería. Los habitantes derivan su sobrevivencia de la agricultura de subsistencia que se basa en la producción de materias primas, la pequeña minería, el cultivo de fríjol, maíz, yuca, plátano, caña de azúcar y arroz, en pequeñas extensiones de tierra, con métodos de siembra rudimentarios, y pocas posibilidades de comercialización debido a los altos costos del transporte, la falta de centros de acopio, el mal estado de las vías y la falta de créditos, asistencia técnica y subsidios por parte del Estado.
Ante la falta de garantías, los cultivos de uso ilícito se convirtieron en el soporte de la economía de la región, siendo esta una de las pocas posibilidades para sobrevivir, este negocio permaneció en la región sin ningún tipo de restricción por parte de las fuerzas públicas ni del Estado. Varios años después el Estado respondió con la implementación de una política de fumigaciones, que lejos de erradicar la coca arrasó con los cultivos de pancoger de los habitantes de la zona. Esto tuvo como consecuencia el aumento del empobrecimiento de las comunidades y la disminución de las posibilidades de subsistencia. A esto se suma el hecho de que los campesinos y mineros no poseen los títulos de propiedad y explotación de las tierras donde habitan y de las cuales derivan su sustento. Por otro lado, la ganadería no ha sido una actividad muy implementada, puesto que son muy pocas las familias que tienen ganado vacuno en sus tierras y por lo general es para el consumo familiar.
Los grandes propietarios son principalmente familias adineradas de la región que tienen un amplio poder y dominio económico y político en la zona. Este control se ve representado ya sea por los grandes terrenos que poseen dedicados a la cría de ganado bovino (vacas y búfalos) de manera extensiva y a los monocultivos de palma, maíz, sorgo y millo; o jugando el papel de compradores de la producción de los pequeños sembradores para luego comercializarla. Con respecto a este último punto, es importante decir que desde el Estado se les ofrece a los campesinos la implementación de monocultivo de palma de aceite, maíz tecnificado, yuca tecnificada, millo y sorgo y la cría de búfalos, como una aparente alternativa de solución, que lejos de mejorar las condiciones de vida han aumentado la dependencia y van en detrimento de las condiciones de vida digna de la población.
Los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos a lo largo de la historia en el sur del departamento de Bolívar, han obedecido a una política claramente demarcada en donde los intereses económicos han jugado un papel importante. En ese sentido las multinacionales han acechado los recursos naturales que posee la región, en un afán de apoderarse de los grandes yacimientos auríferos de la zona. La Serranía de San Lucas se constituye en un eje económico estratégico por poseer recursos auríferos de gran magnitud. La producción de oro en esta región representa el 42% del total nacional, y es vista como la mayor reserva de oro en Latinoamérica, siendo los principales productores los municipios de Río Viejo, Santa Rosa del Sur, San Martín de Loba y San Pablo, en menor medida se explota oro en Achí, Montecristo, Pinillos y Tiquisio (Puerto Rico). Esta gran concentración mineral despertó el interés de empresas multinacionales como La Corona Golfields de origen canadiense y subsidiaria de la norteamericana Conquistador Mines, la Sur American Gold Corporation, inscritas en la Bolsa de Canadá, la Normandy Mining y la Archangel; estuvieron seriamente interesadas en lograr la exploración y explotación de las minas del Sur de Bolívar.
El Estado colombiano durante los últimos 15 años, ha favorecido los intereses de las multinacionales desconociendo los derechos que les deben ser reconocidos a quienes históricamente han trabajado de manera artesanal las minas y han construido sus proyectos de vida en esta región. Esta disputa por los títulos de propiedad minera empezó luego de que el Ministerio de Minas delimitara, legalizara y concediera licencias a muchos de los asentamientos mineros, otorgando a sus propietarios estatus de descubridores. La familia Illera Palacio, alegando que fue despojada de esas tierras por razones de orden público, reclamó la propiedad de las minas de San Pedro Frío y Paraíso, ubicadas en el municipio de Santa Rosa del Sur. Para este tipo de actuaciones la familia Illera Palacios contrató a la abogada Luisa Fernanda Aramburu, quien también representaba a Corona Goldfields S.A. subsidiaria de Conquistador Mines Ltda. Sin embargo, los proyectos de explotación minera que había trazado para estos dos grandes capitales se veían entorpecidos por la presencia de mineros artesanales reconocidos por la Ley como los titulares de éstas.
No obstante, durante la administración del Presidente Pastrana se expidió un nuevo Código de Minas redactado por el grupo de abogados Martínez y Córdoba que representaba a empresas mineras incluyendo a la Ladrillera Santa Fe S.A. de propiedad del Presidente Pastrana. Por medio de este código se cambió el status legal de los pequeños mineros, pues se abolió este concepto a la vez que se les obligaba a registrar y legalizar las minas, de lo contrario perderían sus derechos sobre las mismas. Cuando los mineros se desplazaron a las cabeceras municipales a realizar este tipo de diligencias, muchos fueron detenidos y asesinados. Este hecho, ligado al bloqueo de la zona por parte de los paramilitares, dio lugar a la situación actual donde son pocos los mineros que han legalizado sus minas y por tanto el Estado otorga contratos de concesión a empresas como la Kedahda S.A. filial de Anglo Gold.
En el nuevo Código de Minas es tipificada la explotación ilícita como un delito que ocasiona la privación de la libertad, en concordancia con el artículo 244 del Código Penal. Tal conducta es penalizada y el que haya sido condenado por aprovechamiento ilícito “quedará inhabilitado para obtener concesiones mineras por un término de cinco años”. Todo esto teniendo en cuenta que se trata de una infracción muy común entre los pequeños mineros y no de las grandes empresas.
Durante años, la extracción del oro en la zona ha sido labor de 35 mil mineros afiliados a la Federación Agrominera del sur de Bolívar, FEDEAGROMISBOL, luego llamada ASOAGROMISBOL. En la actualidad existen aproximadamente 45 comités propietarios de licencias colectivas, por medio de las cuales se reconoce la exploración y explotación de las minas de San Pedro Frío, Mina Nueva, Mina Quemada, Mina Grillo, Mina Central, Mina Porrón, Mina Brecha, San Luquitas, y otros asentamientos que se encuentran en proceso de legalización. La Asociación de Mineros ha denunciado reiteradamente las arbitrariedades de las empresas multinacionales y la presencia de grupos paramilitares que han realizado masacres y ejecuciones selectivas de los dirigentes de la organización, como la de su presidente Luis Orlando Camaño en 1997, en Aguachica (Cesar), tras participar en un foro minero donde denunció esta situación.
Otras dificultades para los mineros del sur de Bolívar se reflejan en las técnicas utilizadas en los sistemas de explotación de minerales por aluvión y por filón. Los medios para extraer el oro de la tierra y el barro son rudimentarios y la mayor parte de los frentes mineros son de subsistencia, tan solo algunos se pueden considerar como de pequeña minería; en ellos los trabajos son artesanales y casi sin ninguna técnica, utilizando herramientas y equipos manuales. Para extraer el mineral, el material sacado de las minas es sometido a una trituración primaria que se ejecuta con molinos californianos, con grandes porras y macetas. Una vez triturado, el material es lavado para eliminar las arcillas y arenas, luego es pasado a los cocos donde se agregan cantidades de mercurio para realizar la amalgamación; todo este procedimiento se adelanta sin la observación de reglas mínimas de seguridad e higiene para los trabajadores. Realmente no se ha hecho ningún aporte externo significativo de tipo científico o técnico para explotar los recursos de esta zona minera; lo único que existe ha sido hecho por el conocimiento empírico de los mineros.
El acceso a las minas de la Serranía de San Lucas es difícil, se realiza a lomo de mula o a pie. Con todo se han hecho esfuerzos importantes, como la construcción de una carretera de 30 kilómetros para el corregimiento de San Pedro Frío y el establecimiento de una cooperativa de transportadores a través de ASOAGROMISBOL. A pesar de estas iniciativas, los grupos paramilitares insistieron en frustrar los procesos populares de organización y trabajo de los mineros, bajo la mirada complaciente y abandono del Estado. En junio del 2000 paramilitares se tomaron San Pedro Frío y permanecieron allí por 56 días y dentro de este período destruyeron la maquinaria minera. Por otra parte, cabe anotar que los mineros apenas pueden aprovechar entre el 30% y el 50% del filón debido a la falta de tecnología y capacitación. La maquinaría destruida por los paramilitares en San Pedro Frío, estaba compuesta por equipos suministrados por entidades del Estado y el PNUD, para mejorar la extracción de oro. Toda esta persecución y victimización ha lesionado significativamente la capacidad organizativa de los mineros agrupados.
Ante la imposibilidad de mejorar sus técnica s de extracción, comenzaron a cobrar fuerza los argumentos promovidos por Asocipaz y las multinacionales según los cuales la explotación minera “se efectúa por métodos primitivos y de bajo rendimiento; su impacto económico está tipificado por generar bajos ingresos, externalidades sociales negativas, así como un […] grave deterioro ambiental”.
La gran cantidad de dificultades descritas en cada uno de los sectores productivos del sur de Bolívar conllevó a que los habitantes de la región se unieran bajo diferentes organizaciones sociales y productivas. No obstante, las organizaciones sociales han sido poco numerosas y perdurables debido a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus promotores, pues la defensa de los derechos humanos y el trabajo social siempre han sido asociados por los intereses estatales a dinámicas subversivas. Este fue el tratamiento que recibió la Asociación de Campesinos del sur de Bolívar que se conformó durante los años ochenta y que luego fue suspendida. Para 1999, el Plan de Desarrollo y Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio contaba con el funcionamiento en el norte y sur de Bolívar, de 10 asociaciones de mujeres, 7 organizaciones culturales y 37 organizaciones productivas, entre las cuales, una de las más importantes era ASOAGROMISBOL (Asociación Agrominera del Sur de Bolívar)