Por. Andrea Aldana
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PARTE 1

El cuadro de Don Fidel

Una de las primeras crisis se remonta a 1921, cuando el movimiento estudiantil inició una huelga que llamó la atención de todos los estamentos sociales de la ciudad. La manifestación fue dirigida por Horacio Franco, estudiante de la Facultad de Derecho y presidente de la Federación de Estudiantes de Antioquia, y el motivo aparente de ésta fue presionar a las autoridades universitarias para que cumpliera con la Ley de Honores del Congreso de la República (ley 22 de 1919) en la cual se dispuso que el retrato de don Fidel Cano, fundador de El Espectador, liberal, ex alumno y ex rector del Alma Mater, debía ser colgado en el Paraninfo de la universidad. Sin embargo, por diferencias políticas con el homenajeado, esta exigencia no fue acatada en su momento ni por las directivas de la universidad ni por el gobierno local, razón por la cual el 3 de marzo de 1921 se inició la huelga de estudiantes.

Pese a que se levantó un escándalo en la ciudad por la huelga, que en más de una ocasión fue intervenida por la fuerza pública, el rector, Emilio Robledo, y el gobernador de Antioquia, Julio Botero, se negaron a satisfacer la demanda estudiantil, argumentado no acceder a presiones violentas y mantener el principio de autoridad. La manifestación colgó el cuadro de Don Fidel en el lugar que la ley fijaba, pero este fue descolgado por orden del gobernador. Como respuesta, los estudiantes descolgaron un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que estaba en el mismo lugar, acto que se interpretó como una irreverencia imperdonable y agitó los ánimos de ambos lados. El gobierno nacional, a través del ministerio de educación, tuvo que intervenir para dar fin al problema y ordenó que se cumpliera la Ley de Honores. Ante tal obligación, las directivas cumplieron colgando el cuadro, pero lo hicieron por medio de una galería que encabezaba Don Fidel y que también incluía a los vicerrectores que habían ocupado ese cargo en el transcurso de los últimos 100 años. Esto se tomó como un triunfo del estudiantado, que ante la opinión pública figuró como defensor de la República, la ley y el orden institucional.

Paradójicamente, en pleno 2010, el cuadro de la discordia ya no reposa en el sitio que se le destinó por ley y es un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús el que ocupa su lugar en el paraninfo.

Movilizaciones estudiantiles a nivel nacional

En el primer semestre de 1965, en la Universidad de Antioquia se inició una protesta por la invasión estadounidense a la República Dominicana, en la que también participaron obreros pertenecientes a la Asociación Sindical Antioqueña y miembros no estudiantiles del Movimiento Revolucionario Liberal. Sin embargo, el móvil de la protesta pasó a ser otro: los estudiantes comenzaron a exigir al entonces presidente de Colombia, Guillermo León Valencia, la destitución del gobernador Mario Aramburo y del rector Ignacio Vélez Escobar, por irregularidades en el funcionamiento de la U. de A. Como se leía en carteles de ese momento, “en solidaridad con los compañeros de la de Antioquia”, entraron en paro los estudiantes de la Universidad de Medellín, de la Universidad Nacional seccional Medellín y del Liceo Antioqueño.

En pocos días la protesta se sintió en todo el país y para solucionar el conflicto, el presidente conformó una comisión integrada por congresistas de todos los partidos políticos, quienes negociaron el levantamiento del paro que ya era a nivel nacional. Pero en agosto de 1966 inició otro movimiento en las universidades antioqueñas en protesta por la ordenanza 36 de 1965, emitida por la Asamblea Departamental, según la cual los estudiantes estarían obligados a reintegrar a la universidad los recursos gastados en su formación luego de terminar sus estudios universitarios. La ley se logró abolir pero la manifestación fue reprimida de forma violenta por la fuerza pública en varias ocasiones y la protesta sirvió de base para aplicar la política de ”mano dura” contra todo el movimiento estudiantil de los sesenta.

En 1971 comenzó una nueva movilización nacional de los estudiantes, la cual se basaba en tres ejes: garantizar un presupuesto estatal para las universidades públicas, exigir una educación científica sin influencias religiosas, e implementar un sistema democrático en las universidades representado en la figura de cogobierno, en donde participarían tres estudiantes, tres profesores, un egresado, el rector y un representante del Ministerio de Educación, estos dos últimos sin voto.

El 7 de febrero del 71 comenzó una huelga estudiantil en la Universidad del Valle que exigía la renuncia del rector y la eliminación de representantes del sector privado y de la Iglesia en el Consejo Superior Universitario (CSU), pero el 26 del mismo mes fue reprimida sangrientamente por el ejército, dejando un saldo de más de 20 muertos. Inmediatamente, el gobierno nacional, en cabeza de Misael Pastrana Borrero, por medio del decreto 250 declaró Estado de Sitio en todo el país. El 1 de marzo los estudiantes de la Universidad Nacional llevaron a cabo un paro en solidaridad con los estudiantes de la Univalle, al cual, entre otras, se sumó la Universidad de Antioquia, a partir de entonces se iniciaron movilizaciones pero también enfrentamientos entre estudiantes y fuerza pública; el gobierno respondió decretando toque de queda y cerrando universidades. En Medellín el toque comenzó el 4 de marzo y la U. de A. fue cerrada el 22 de abril.

El Gobierno propuso la reapertura de las universidades condicionada al levantamiento de la movilización estudiantil y, además, expidió los decretos 580 y 581 en los que se facultaba para expulsar, detener y reprimir militarmente a los estudiantes con el fin de restablecer “el orden público universitario”; además, de amenazar con el servicio militar obligatorio a aquellos que habían sido expulsados y a los que se negaran a reintegrarse a las actividades académicas. No obstante, reabiertas las universidades, los estudiantes decidieron mantener la lucha. La Universidad de Antioquia fue reabierta el 14 de junio y ese mismo día una asamblea estudiantil aprobó la continuidad del paro, sus exigencias fueron: “La derogatoria de los decretos 580 y 581, la inmediata libertad de los estudiantes detenidos y el cese de toda represión académica y política”, exigencias que se replicaron en todo el país.

Ante la posición firme del estudiantado de no aceptar la exigencia de normalidad académica como requisito para discutir una nueva reforma y de mantener el movimiento a nivel nacional, el Gobierno profundizó la represión: el 25 de junio expidió el decreto 1259, con el cual se le otorgaba a los rectores facultades de orden disciplinario, esta nueva ley fue bautizado por el estudiantado como “Ley de los rectores policías”. La nueva norma fue presentada a la opinión pública como solución al problema universitario y la arbitrariedad de los rectores fue denominada “autonomía”, la cual fue respaldada por los editoriales de algunos periódicos de circulación nacional.

En ese entonces, la Universidad de Antioquia fue militarizada y el Ejército se paseaba de salón en salón vigilando que el estudiantado estuviera en clases y bajo un “correcto” comportamiento, los estudiantes que se les veía en grupo eran hostigados, y, además, la comunidad universitaria fue sometida a constantes requisas y allanamientos, por esta razón el Consejo Superior Estudiantil se vio obligado a ejercer desde la clandestinidad. Sin embargo, los mítines y la movilización continuaron en las calles y a nivel nacional, la táctica de represión e intransigencia adoptada por el gobierno entró en una etapa de crisis y, finalmente, las dos universidades más importantes del país, la Nacional y la de Antioquia, en la última semana de septiembre entraron nuevamente en paro.

En octubre, para levantar el paro, las asambleas estudiantiles exigieron el retiro inmediato de la fuerza pública; el retiro de sus cargos de Santiago Fonseca y William Rojas Montoya, rectores de las universidades Nacional y de Antioquia respectivamente; el levantamiento de sanciones a estudiantes y profesores; la derogatoria del decreto 1259; la libertad de los detenidos; y la participación democrática en el gobierno de la universidad mediante el cogobierno. La movilización unificó a los profesores y estudiantes de todo el país, la iglesia se retiró de los consejos superiores universitarios de las instituciones públicas y el movimiento estudiantil que exigía autonomía, mediante lo que se dio a conocer como Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos, llegó a su noveno mes.

El Gobierno creó una comisión de notables para negociar y el 23 de octubre fue expedido el decreto 2070, el cual constituía el nuevo gobierno universitario mediante cogobiernos. A finales de 1971, los estudiantes de la Universidad de Antioquia lo instauraron a través del Consejo Provisional Universitario y con ello inició la división estudiantil: unos lo veían como inoperante, porque consideraban la universidad como un órgano de la clase en el poder y al cogobierno como una forma fascista y corporativista de gobernar; otros lo observaron como un triunfo estudiantil que debía extenderse. Sin embargo, en enero de 1972, éstos fueron declarados ilegales y a finales de mayo, mediante los decretos 856 y 886, fueron disueltos. Además, se restauró la vigencia del decreto 1259, restituyendo a los rectores autocráticos, y se suspendió la participación de estudiantes y profesores en los nuevos CSU. Aún en estado de sitio, la universidad fue recuperando la normalidad por causa de la fatiga de una extensa lucha estudiantil que, finalmente, se dividió por razones ideológico-políticas.

Crisis cortas que dejaron huellas indelebles

Otra crisis no tan larga pero que dejó grandes pérdidas para la Universidad de Antioquia, estalló en 1973. El 8 de junio de ese año, luego de una asamblea y de una jornada de protesta conmemorativa del día del estudiante -donde se recuerda la masacre estudiantil cometida bajo la dictadura de Rojas Pinilla en 1954-, en las puertas del Alma Mater fue asesinado el estudiante de Economía Luis Fernando Barrientos por un agente del DAS. Los estudiantes, indignados y dolidos por el hecho, recorrieron las instalaciones de la Universidad con el cuerpo del joven hasta llegar a las oficinas de la rectoría, en cabeza de Luís Fernando Duque Ramírez, donde depositaron al estudiante muerto sobre la mesa de los consejos y lo cubrieron con la bandera de la institución. Acto seguido, producto de la rabia y de la confusión, la masa estudiantil desalojó las instalaciones e inició una quema que se extendió e incendió todo el bloque 16. El edificio administrativo quedó en su mayoría destruido y bajo el fuego se consumieron archivos básicos de la institución.

Los disturbios se mantuvieron a lo largo del año, las instalaciones administrativas tuvieron que ser reconstruidas, poco a poco la universidad fue retomando la normalidad académica y a partir de estos hechos, la plazoleta central de la Universidad de Antioquia fue bautizada con el nombre de Luis Fernando Barrientos.

El 14 de septiembre de 1977 se inició un paro cívico a nivel nacional, y el Alma Mater vuelve a entrar en crisis porque sus profesores se unieron con el estudiantado. Esta vez el motivo era la falta de recursos para el área de la salud, y en Medellín, los manifestantes reclamaban 300 millones de pesos que el Hospital Universitario San Vicente de Paul necesitaba para su funcionamiento, pues la atención que brindaban médicos y estudiantes al público había sido reducida, únicamente, a los casos de emergencia. Se llevó a cabo la “Marcha de las camas vacías” y cientos de profesores, enfermeras, médicos y estudiantes, marcharon por las calles de la ciudad portando pancartas en las que se denunciaban las irregularidades y los descuidos del gobierno, los administrativos de la Universidad de Antioquia y de su rector, Eliseo Antonio Moreno Pareja. La protesta que era pacífica, fue disuelta con la intervención de escuadrones policiales antimotines, lo cual dejó algunos heridos y varios manifestantes detenidos.

El paro fue de larga duración, por lo que el gobierno, en cabeza de Alfonso López Michelsen, hizo uso del toque de queda e implantó, nuevamente, la figura de Estado de Sitio, esta decisión generó varios disturbios y desestabilizó a la universidad.

Durante el gobierno de Turbay Ayala, un grupo de encapuchados del ELN se tomó el bloque administrativo de la Universidad de Antioquia en octubre de 1979, desalojando al rector Luis Carlos Muños Uribe y a los directivos que lo acompañaban. La toma la realizaron en protesta por el déficit presupuestal de la institución, los desacuerdos del Consejo Superior Universitario (CSU) con profesores y estudiantes, y los abusos de la fuerza pública, que amparada por el Estado de Sitio, cometía contra los universitarios. Por un momento hubo forcejeos entre los encapuchados y las autoridades del edificio pero luego el Alma Mater regresó a la normalidad. Días después, nueve estudiantes fueron expulsados por estar presuntamente involucrados con el incidente y el CSU optó por cerrar indefinidamente el claustro universitario, el cierre se prolongó siete meses y su reapertura fue en mayo de 1980.

La suspensión no dejó en buena posición a los administrativos y en 1980 se vieron en la obligación de reintegrar a los estudiantes destituidos. Una comisión de juristas de la universidad consignó que el procedimiento seguido por el CSU fue arbitrario porque “violó el principio de independencia de la autoridad y de imparcialidad”, ya que los estudiantes fueron destituidos pero sin la prueba de que estuvieran involucrados. En Julio del mismo año, sorpresivamente, las clases fueron de nuevo suspendidas y el CSU dio vía libre para que la zona se militarizara, el día que ingresó la fuerza pública, los carnés de los estudiantes que estaban en la ciudadela fueron retenidos. El ambiente represivo en la universidad se mantuvo a lo largo de la presidencia de Turbay, así como en el resto del país.

El Alma Mater volvió a ver perturbado su funcionamiento en 1984 y 1985, durante las rectorías de Jorge Santiago Peláez Valdez y Saúl de Jesús Mesa Ochoa, respectivamente. En septiembre de 1984 una bomba destruyó la sede de la asociación de empleados no docentes de la institución y en octubre otro artefacto estalló en la oficina de profesores de la escuela de bacteriología, días más tarde le siguieron las explosiones de 10 bombas ubicadas en diferentes sitios de la universidad. En 1985, la facultad de artes fue víctima de un atentado explosivo y, posteriormente, se lanzó otra bomba contra la cafetería de estudiantes, otra se activó en un salón de clases y la última de ese año estalló en el edificio administrativo dejando un saldo de siete heridos. Estos hechos causaron zozobra en la comunidad estudiantil y generaron un ambiente de inseguridad, los autores nunca reconocieron los atentados.

1987, año de muerte en la U. de A.

La Universidad de Antioquia vivió su peor crisis en la mitad de 1987, año en que fueron asesinados 17 miembros de su comunidad por motivos políticos y la mayoría a manos de grupos paramilitares, que por entonces cobraban auge en el país. Gran parte de las víctimas de la institución, a cargo del rector Eduardo Cano Gaviria, fueron de las facultades del área de la salud.

El 3 de julio fue asesinado el profesor Darío Garrido Ruiz, al otro día la víctima fue el estudiante Edison Castaño Ortega, ambos de la Facultad de Odontología. El viernes 17 de julio, apareció muerto y con señas de tortura el estudiante de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, José Abad Sánchez Cuervo, quien había desaparecido al inicio de la semana. El 22 del mismo mes se realizó una asamblea en esta última Facultad y dentro de ella los estudiantes retuvieron a una pareja, al parecer integrantes del DAS, la cual estaba en posesión de un arma de fuego, tres salvo conductos para porte de armas y un carné de identificación con la foto del sujeto, cuyo nombre era Diego Esteban Ballesteros, y que lo acreditaba como agente secreto Nº 4.120-06 del organismo de seguridad estatal, la mujer se llamaba Luz Ángela Urrego. La pareja reconoció su vinculación con la entidad, pero el director del DAS en Medellín negó que éstos fueran sus agentes, manifestó que la mujer nada tenía que ver con el organismo y que el hombre sí había pertenecido a la entidad pero había renunciado dos meses atrás.

El 27 de julio, y también con señas de tortura, apareció el cuerpo de John Jairo Villa Peláez, estudiante de la Facultad de Derecho, en el barrio Castilla. Miembros de la Policía declararon que el joven tenía antecedentes delictivos, pero esta versión fue desmentida por un hermano de la víctima.

El último día del mes, fue baleado frente a su casa Yowaldin Cardeño Cardona, de 18 años, y alumno del Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia. Con éste, se elevaba a cinco el número de personas de la comunidad universitaria asesinadas en tan solo un mes que, según las autoridades, se trataban de casos aislados.

El 1 de agosto fue asesinado en el barrio 20 de Julio, José Ignacio Londoño Uribe, estudiante de Comunicación Social, quien había sido baleado, macheteado, torturado y mutilado. El Alma Mater aún no se recuperaba del horror de este crimen cuando el 3 de agosto, pasadas las 6 de la tarde, fue ultimado el profesor del Departamento de Antropología, Carlos Alonso López Bedoya, el cual departía con unos amigos en la heladería El Nogal, ubicada frente a la universidad, en el momento en que un sicario entró al local y le dio un tiro en la cabeza. Al día siguiente, se decretaron tres días de suspensión de actividades a raíz de la ola de crímenes y porque estudiantes encapuchados realizaron disturbios y quemaron un bus al interior de la Universidad de Antioquia en protesta por los asesinatos.

Gustavo Franco Marín, estudiante de Ingeniería Metalúrgica; miembro activo del Frente Popular, grupo político de convergencia de izquierda, líder estudiantil y quien venía siendo amenazado tiempo atrás por su participación en movimientos y paros cívicos, fue la siguiente víctima. El 5 de agosto unos hombres que se presentaron como miembros de un organismo de seguridad estatal sacaron al estudiante de su casa, ubicada en el municipio de Marinilla, y lo montaron a la fuerza en un Renault 18 color blanco. En el vehículo llevaban a otro joven que logró escapar en un momento de distracción de los captores, en represalia le dispararon a Franco Marín en la cabeza y luego lo lanzaron sobre la calzada. Los hechos fueron relatados por el mismo estudiante que fue trasladado y alcanzó a llegar con vida a la Policlínica de Medellín. Ese día se realizó una asamblea de estudiantes donde se propuso crear grupos de autodefensa estudiantiles, que tenían como fin dotarse de armas para proteger al estudiantado y especialmente a sus líderes. De acuerdo a declaraciones de los estudiantes, estos grupos serían radicalmente diferentes a los grupos de autodefensas que por entonces el Gobierno de Belisario Betancur estaba avalando en el resto del país.

El 6 de agosto, tanto el procurador delegado para los Derechos Humanos, Bernardo Echeverry Ossa, como el ministro de Educación, Antonio Yepes Parra, rechazaron la creación de las autodefensas estudiantiles argumentando que el Estado era “capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos a través de sus diferentes organismos de orden”. Además, manifestaron que el Gobierno Nacional estaba preocupado por la situación en la Universidad de Antioquia que ya registraba 8 muertos y era poco probable que fueran casos aislados.

La universidad fue cerrada desde el 6 hasta el 10 de agosto. Un grupo de estudiantes encapuchados se tomó el bloque administrativo el 12 del mismo mes y se declaró en huelga de hambre para protestar contra la ola de crímenes que azotaba la universidad. El 13 de agosto se llevó a cabo la Marcha por la Vida, la cual fue encabezada por Leonardo Betancur Taborda, Héctor Abad Gómez, Carlos Gaviria Díaz y Pedro Luis Valencia Giraldo, docentes universitarios y principales dirigentes del Comité de Defensa de los Derechos Humanos; y al día siguiente, éste último, que también era médico y senador por la Unión Patriótica (UP), fue asesinado.

Cincuenta estudiantes se tomaron la Catedral Metropolitana el 18 de agosto para dar a conocer su problemática pero fueron desalojados por la fuerza pública; el lunes 24, centenares de campesinos se tomaron el claustro universitario para exigir atención y en solidaridad con la situación de la universidad pero también fueron desalojados; y a las 7 y 30 de la mañana del 25 de agosto, frente a las puertas de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), fue asesinado su presidente Luis Felipe Vélez.

Pasadas las 5 de la tarde de ese mismo día, Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur Taborda asistieron al sindicato de maestros para acompañar el cadáver del compañero, pero el cuerpo de éste era trasladado en una marcha por las calles de la ciudad y en las instalaciones de Adida solo se encontraban dos maestros que redactaban un comunicado sobre el crimen. Abad Gómez y Betancur Taborda estaban hablando en las puertas de la institución cuando un par de sicarios se les acercó y les disparó una ráfaga de ametralladora que terminó con la vida de los profesores universitarios. En un lapso de 10 horas, tres docentes habían sido asesinados en el mismo lugar.

Por los hechos anteriores, la universidad fue cerrada ese 25 agosto, dos días después, César Muñoz Arroyabe, estudiante de la Facultad de Educación, fue baleado frente de su casa y sobrevivió al atentado. La institución fue reabierta el 7 de septiembre sólo para labores administrativas y, una semana después, se permitió el ingreso del estudiantado para realizar unas jornadas de reflexión que permitieran restablecer el normal funcionamiento de la universidad. Sin embargo, las principales vías de acceso a la universidad fueron militarizadas, lo cual generó inconformismo en la comunidad universitaria, y mediante un comunicado los docentes sostuvieron que: “la presencia de efectivos del Ejército […] dan la falaz impresión de que los estamentos académicos son un foco de perturbación y en lugar de garantizar la tranquilidad en la zona, su presencia se convierte en una provocación”. Sólo hasta el 28 de septiembre se empezó a normalizar la actividad académica en la Universidad de Antioquia.

El 11 de octubre es asesinado el dirigente de la UP Jaime Pardo Leal y se anuncia un entierro simbólico para el 13 del mismo mes, llegado el día, la Universidad de Antioquia amaneció con sus alrededores militarizados previendo disturbios que efectivamente ocurrieron y cuando el estudiantado quiso desalojar la institución, miembros del Ejército bloquearon las salidas y dos uniformados ingresaron al Alma Mater persiguiendo a un estudiante al cual sacaron violentamente de la universidad.

La institución amaneció cerrada el 14 de octubre. Dos días después, Julieta Vargas, estudiante de Idiomas, es baleada por dos sicarios en una moto cuando iba para su casa en el barrio La América pero sobrevivió al atentado; suerte que no tuvo Rodrigo Guzmán Martínez, vicepresidente de la Asociación Nacional de Médicos Internos y Residentes de la seccional Antioquia y estudiante de la universidad, quien fue asesinado al día siguiente, 18 de octubre. El crimen se efectuó en un consultorio de una empresa de vigilancia privada que el joven atendía, en donde prestaba sus servicios a familiares de los trabajadores de ésta, los asesinos firmaron las paredes con el nombre de Comando Latino Jaime Pardo Leal.

El 20 de octubre, cuando participaba de un entierro simbólico en protesta por el asesinato de Guzmán Martínez, el estudiante de Derecho, Óscar Rodas Villegas, es herido en extrañas circunstancias y recibe dos balazos en el cuerpo. En la madrugada del siguiente día, en el barrio Manrique, tres hombres vestidos de policía y otro de civil entraron a la casa de Orlando Castañeda Sánchez, estudiante de la Facultad de Medicina, lo sacaron de su cama, lo esposaron frente a su familia y se lo llevaron con rumbo desconocido en un Renault 18 de color rojo, bajo el pretexto que el joven debía rendir indagatoria. Ese día, los familiares preguntaron en todas las estaciones policiales por el estudiante pero en ninguna tenían noticias y agentes del F2 declararon que no existía orden de detención contra él.

El 22 de octubre, la Facultad de Medicina se declaró en asamblea permanente hasta que apareciera su compañero, quien hacía parte del Consejo Superior Estudiantil en calidad de organizador de la parte deportiva, y el 24 apareció muerto en un sector conocido como “La Loma del Chocho”, en el municipio de Envigado. La Universidad de Antioquia volvió a cerrar sus puertas el 26 de octubre y esta vez sería por nueve días, es decir, hasta el 4 de noviembre. Sin embargo, el 3 de ese mes, se decretó el receso indefinido.

Con el claustro universitario cerrado, el 24 de noviembre es asesinada María Ramírez, estudiante de Química Farmacéutica y miembro de la dirección ejecutiva de la Juventud Comunista (Juco), la joven fue masacrada junto a cuatro personas en la sede de la Juco, cuando unos sicarios entraron al edificio y bajo amenazas los enfilaron en la cocina y luego abrieron fuego contra ellas, sólo hubo un sobreviviente y fue quien narró los hechos.

Al siguiente día, 60 encapuchados, entre los que había obreros y estudiantes, se toman el edificio de la Procuraduría exigiendo que pararan los asesinatos y el 10 de diciembre, Francisco Gaviria Jaramillo, estudiante de Comunicación Social, fue sacado a la fuerza de la Cooperativa Simesa, lugar en el que hacía sus prácticas académicas, por ocho hombres armados, cuatro de ellos vestidos de policía y, posteriormente, es montado en un campero rojo. Su cuerpo, que había sido torturado, apareció el 11 de diciembre en el sitio conocido como “La Loma del Escobero”, en Envigado.

El 17 de diciembre es asesinado dentro del vehículo el docente e investigador Luis Fernando Vélez Vélez, mientras viajaba por la carretera que va al municipio de San Pedro. Cuatro días después, el Consejo Superior Universitario determinó que la decisión de reabrir la institución se tomaría el 19 de enero e informó que se iniciarían estudios para reformar las estructuras de poder y el estatuto docente en la Universidad de Antioquia.

El último asesinato de esta racha de crímenes fue el 11 de abril de 1988, cuando tres profesores de la universidad fueron víctimas de un atentado mientras estaban en una cafetería contigua a la Facultad de Odontología, los docentes Yesid Alberto Téllez Abreo y Gabriel Emilio Espinal Botero sobrevivieron, pero Jorge Alberto Morales Cardona falleció.

El 29 de abril, cuando la Universidad de Antioquia contaba con siete profesores y diez estudiantes asesinados, y cinco más habían sido víctimas de atentados, el rector Eduardo Cano Gaviria presentó su renuncia. Con reformas en sus estructuras, un nuevo Estatuto Docente y luego de un cierre de siete meses, el Alma Mater volvió a abrir sus puertas el 9 de mayo.