Por. Andrea Aldana
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PARTE 2

Panfletos, subversión, amenazas y allanamientos en el Alma Mater

En septiembre de 1993, la asamblea estudiantil decretó anormalidad académica, pedían la revisión de la tabla de matrículas y mejoras en la situación de los docentes de cátedra. Pasadas tres semanas, el 4 de octubre, un grupo de estudiantes encapuchados se tomó las instalaciones del bloque administrativo de la Universidad de Antioquia. Los estudiantes iniciaron una huelga de hambre y pidieron la renuncia del rector Rafael Aubad López como condición para terminar la protesta porque lo acusaban de entregar el centro educativo a la empresa privada; la medida también fue la respuesta a una petición que Aubad había hecho solicitando que la fuerza pública ingresara al Alma Mater y controlara la ola de robos a las cafeterías, la droguería y algunos laboratorios, de los que estaba siendo víctima la comunidad universitaria.

En ese entonces, miembros de la administración declararon que posiblemente la huelga estaba filtrada por la subversión, pero los manifestantes desmintieron todo tipo de vinculación con cualquier organización política y pidieron que se nombrara una comisión negociadora para resolver el conflicto. Para entonces, estudiantes y profesores de las facultades de Economía, Ingeniería, Educación, la Escuela de Idiomas e integrantes del equipo rectoral, recibieron amenazas de muerte por parte del grupo Pueblo Armado Organizado (PAO).

Los sufragios, que llegaban con nombres completos y fechas de muerte, alcanzaron a mencionar a 200 personas que tenían en común haber manifestado públicamente que no querían que se desestabilizara la universidad, por ello el PAO fue relacionado con la huelga. Sin embargo, los estudiantes en protesta expresaron no saber nada del grupo y pensaban que más bien se trataba de una organización de ultraderecha que buscaba desprestigiar y dañar la imagen del movimiento estudiantil, ya que también habían aparecido avisos en los baños que señalan a líderes estudiantes como comandantes guerrilleros.

No obstante, las directivas siguieron mostrando preocupación por la infiltración de grupos subversivos en el movimiento estudiantil. La denuncia se basó en una serie de documentos que circularon el 13 de octubre en la Universidad. Uno de esos estaba firmado por el Frente Estudiantil Revolucionario Sin Permiso (FER-SP), que en un aparte de su comunicado sostenía que aunque debía darse prioridad a la confrontación política, no negaban la posibilidad de generar acciones de fuerza que producía la misma sociedad y la misma universidad. También aparecieron otros documentos firmados por el Partido Comunista Marxista-Leninista y por el Frente Pedro Vásquez Rendón, del Ejército Popular de Liberación, EPL.

El 17 de octubre de 1993, el oscuro panorama de la Universidad de Antioquia empezó a despejarse, la huelga de hambre, que ya cumplía su treceavo día, fue levantada después del acuerdo al que llegaron representantes de la asamblea estudiantil y el gobernador de Antioquia, Juan Gómez Martínez. Se aceptó rediseñar el calendario académico, congelar las matrículas de los estratos uno, dos y tres y que el Consejo Superior Universitario estudiara la forma de hacer extensivo ese beneficio a los estudiantes de más bajos recursos económicos que vivían fuera del Valle de Aburrá. Así mismo, se convino que el valor de los formularios de inscripción para los anteriores estratos fuera rebajado en un 75 por ciento.

Sin embargo, el 4 de noviembre la universidad entró en paro. Los estudiantes reunidos en asamblea denunciaron incumplimientos por parte del Consejo Superior en torno a los costos de matriculas, la reducción del costo de los formularios de inscripción y el estudio de la situación de los profesores de cátedra, y por esta razón se declararon en cese de actividades y en campamento permanente al interior de la institución. Según las directivas, el pacto lo habían roto los estudiantes por citar nuevamente a asamblea cuando su condición era volver a normalidad académica y porque el 5 de ese mes el estudiantado prácticamente se había tomado la universidad: suplantaron a los porteros, ejercieron control sobre los teléfonos de las porterías y acamparon en inmediaciones del Teatro Camilo Torres y el bloque administrativo.

En declaraciones públicas, el gobernador Juan Gómez Martínez manifestó: “Eso de campamentos en la Universidad me suena a grupos guerrilleros. Yo no voy a permitir un cuartel general allí”. Por tal razón fue ordenado el desalojo y el 6 de noviembre, a las 4 y 30 de la madrugada, la Universidad de Antioquia fue allanada por fuerzas combinadas del Ejército y la Policía. Mientras les desarmaban las carpas, los 96 estudiantes que allí se encontraban fueron reunidos en la cancha de futbol y reseñados por la fuerza pública.

Los directivos intentaron solucionar la crisis por medio de la realización del Foro Universitario Permanente de Reflexión y Deliberación que llevaron a cabo el 24 de noviembre, pero al día siguiente éste fue saboteado por algunos activistas estudiantiles que lo consideraron insuficiente ante la problemática, y además porque asumían como cínica la postura administrativa cuando había estudiantes reseñados por la fuerza pública. Además, la Asamblea Estudiantil responsabilizó al Gobernador si algo le llegaba a pasar a alguno de estos estudiantes.

El 13 de diciembre de 1993, y luego de tres meses de receso, la Universidad de Antioquia logró reanudar clases. Una vez más negociaron estudiantes y rectoría y se firmó un acuerdo en el que, además del compromiso para la reanudación de clases, se consignaron otros 3 puntos: La redefinición de los calendarios académicos, la garantía de los derechos de reunión y de asociación de los distintos estamentos de la Universidad, y el compromiso de que el análisis permanente de los diferentes problemas de la Universidad debía ser parte de la rutina universitaria, pero con respeto al derecho de aprendizaje.

Las problemáticas continuaron y finalmente, en marzo de 1994 el rector de la Universidad de Antioquia, Rafael Aubad López, presentó su renuncia pero esta sólo fue aceptada 5 meses después.

“Los actores en conflicto no deben llevar el enfrentamiento al claustro”

En 1996 los grupos armados al margen de la ley comenzaron a manifestarse al interior de la Universidad de Antioquia. Al inició del año, encapuchados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), instalaron artefactos explosivos que detonaron en las porterías de la universidad. El 2 de febrero, la institución denunció ante las autoridades competentes un incidente registrado en sus instalaciones: hombres armados, presuntamente vinculados a un cuerpo investigativo policial, se llevaron a un joven tras una balacera que puso en peligro la vida de varios estudiantes. Según testigos, a las cinco de la tarde se escucharon disparos por el bloque 5 de la universidad y los hombres que persiguieron al joven, portaban radios y brazaletes del F-2. Las placas del Mitsubishi y del taxi en los que los hombres huyeron con el retenido, pertenecían a carros robados. Los hechos no se aclararon.

El 1 de septiembre, Diana María López Bustos, estudiante de la Facultad de Artes Plásticas, fue secuestrada junto a su padre y un hermano por miembros de grupos paramilitares. Según éstos, los secuestrados eran el padre y los hermanos de “Víctor”, el segundo hombre en la comandancia del EPL después de la captura de Francisco Caraballo. Sin embargo, el 30 de del mismo mes son dejados en libertad y con esto, un comunicado llegó al fax de la rectoría donde se anunciaba la liberación y estaba firmado por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Comando Universidad de Antioquia.

Un panfleto que señalaba a tres estudiantes de la institución como subversivos del ELN, circuló por la universidad el 10 de diciembre, pero dos días después, las autodefensas hicieron llegar a la rectoría de la Universidad de Antioquia un comunicado en el que negaron ser los autores. El 27 de mayo de 1997, durante la celebración de su aniversario, grupos de las Farc, colocaron en una de las porterías una grabación con propaganda revolucionaria diseñada de tal manera que explotara si alguien intentaba apagarla; el 26 de junio, a las 2 de la madrugada, un empleado de la universidad fue herido cuando intentó retirar una bandera de una organización subversiva colgada en la malla universitaria, ya que ésta contenía una carga explosiva; y en septiembre de ese año, Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, anunció que tenía sus ojos y oídos en el claustro universitario y prometió paz a condición de que la insurgencia también se mantuviera a raya.

Debido al ambiente de tensión que se generó en la universidad y ante la evidencia de la existencia de grupos armados en su interior, el rector de la institución, Jaime Restrepo Cuartas, pidió a los actores en conflicto que no llevaran el enfrentamiento al claustro universitario y que lo preservaran como lugar de reflexión y crecimiento académico. Además, acudió a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde se entrevistó con dirigentes guerrilleros presos allí para que hicieran algo si tenían la posibilidad de hacerlo. Días después, en un comunicado los paramilitares invitaron a los directivos de la Universidad a visitar sus campamentos y se manifestaron atentos a cualquier iniciativa de diálogo y concertación.

Al siguiente año, el 10 de noviembre de 1998, en lo que denominaron un acto de protesta contra la muerte de varios guerrilleros, ocurrida el 26 de octubre, el frente Jacobo Arenas de las Farc activó un petardo contra la oficina de seguridad del Alma Máter, dejando cuantiosos daños, y una segunda bomba fue desactivada en la biblioteca de la Ciudad Universitaria. Estos dos hechos obligaron al rector a dirigirle una misiva a Manuel Marulanda, alias Tirofijo, máximo comandante del grupo guerrillero, donde le reclamaba un pronunciamiento.

El 11 de febrero de 1999, supuestos encapuchados de las Farc, nuevamente detonaron explosivos al interior del claustro universitario. Esta vez dinamitaron el bloque administrativo, luego de desalojar a la gente a las 6 y 15 de la mañana. Y en marzo, a través de una misiva que publicó el tiempo, Carlos Castaño amenazó a Juan Fernando Gutiérrez director de Taliber, una corporación dedicada a la defensa de los presos y al desarrollo de las comunidades marginadas, fundada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, y tildó de guerrilleros a sus integrantes. Diversas instancias de la Universidad de Antioquia, sectores académicos y organismos de derechos humanos, protestaron resaltando la labor desempeñada por Taliber y respaldaron el compromiso social de sus integrantes en el ámbito carcelario de la ciudad de Medellín. Sin embargo, producto del miedo, el director se vio obligado a exiliarse y los miembros de la corporación fueron retirándose poco a poco hasta que se disolvió.

El ambiente en la Universidad de Antioquia se empezó a desestabilizar por el actuar de grupos armados en su interior, pero también porque en el Congreso de la República se discutía la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo ‘Cambio para construir la Paz’, y varios sectores de la sociedad se empezaron a manifestar en contra, incluido el estudiantil del Alma Mater, el cual participaba de los mítines y protestas. Estas razones llevaron a que la institución entrara en paro la última semana de febrero.

El 4 de mayo, al interior de su oficina ubicada en el bloque 9 de la institución, fue asesinado el profesor Hernán Henao, director del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, INER. Dos hombres y una mujer irrumpieron en la sede del INER y mientras se ponían los pasamontañas en la sala de espera, anunciaron: “No se asusten, es una toma pacífica”. Acto seguido, sacaron a Henao de una reunión de trabajo y lo llevaron a un cubículo donde lo asesinaron con tres disparos en la cabeza. Las Autodefensas reconocieron ser los autores del crimen.

La universidad llevó a cabo unas jornadas de reflexión por el asesinato del investigador Henao y por la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y como acto final, profesores y alumnos se pusieron de acuerdo en realizar una marcha de antorchas que saldría de la universidad el 13 de mayo a las 7 de la noche. Sin embargo, el alcalde Juan Gómez Martínez dio orden de no dejar avanzar la marcha y unas mil 500 personas que salieron por la portería de Barranquilla fueron devueltas por dos tanquetas de la Policía. La protesta pacífica se convirtió en un enfrentamiento con gases lacrimógenos y petardos. Aproximadamente mil estudiantes y docentes optaron por dormir en la ciudadela universitaria por el temor a que los agentes de la Policía que custodiaban todas porterías los retuvieran y allí permanecieron hasta las 6 y 30 de la mañana del siguiente día. Producto de estos hechos, fueron capturados y acusados de Terrorismo, John Freddy Consuegra Hernández, estudiante de la facultad de Educación y Jesús Ovidio Carmona, empleado de una cafetería de universidad.

Poco a poco la universidad comenzó a estabilizarse y reanudó clases el 31 de mayo. Pero dos meses después, dirigentes estudiantiles fueron amenazados: las Autodefensas de la Universidad de Antioquia (Audea) firmaron un panfleto en el que amenazaban la vida de siete líderes de la Coordinadora de Actividades Estudiantiles, conocida como Ceua, y los tildaba de guerrilleros, entre ellos figuraba el estudiante Gustavo Marulanda.

El jueves 5 de agosto, el administrador de cafeterías más antiguo de la universidad, Hugo Ángel Quintero Jaramillo, fue asesinado por unos encapuchados que le dispararon mientras éste le servía tinto a unos estudiantes en la cafetería de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Dos días después, en la mañana del sábado y mientras salía por una portería de la universidad, dos sicarios asesinaron al líder estudiantil y alumno del Departamento de Filosofía, Gustavo Marulanda.

Carlos Castaño reconoció ser el autor de este último crimen y lo justificó diciendo que había sido en retaliación por el asesinato de Quintero Jaramillo, afirmó que Marulanda era comandante del ELN y que éste había ordenado el asesinato del empleado de la cafetería supuestamente por no pagar una vacuna a los subversivos, esta sinrazón cobró la vida del líder estudiantil. La universidad optó por cerrar sus puertas pero reanudó clases el 17 de agosto.

Una vez reabierta la Universidad de Antioquia, el rector inició diálogos con los actores armados para pedir que respetaran la institución. Habló con comandantes del ELN, estaba a la espera de hacerlo con “Tirofijo” y el 19 de agosto se entrevistó con Carlos Castaño, quien prometió cesar los actos violentos dentro de la universidad. Sin embargo, ocho días después de la entrevista, apareció una lista de las AUC con cuarenta personas amenazadas, conformada por estudiantes, líderes sindicales y empleados, incluía hasta los números telefónicos de los amenazados. Castaño los acusaba de revoltosos, subversivos, anarquistas y caóticos-cristianos, entre otros calificativos y éstos, en su mayoría, se vieron obligados a exiliarse.

El 2 de diciembre de 1999, las Audea anunciaron que se acogían a la propuesta presidencial de una tregua navideña y en un comunicado manifestaron: “Nos abstendremos de realizar cualquiera de nuestras actividades políticas, militares o de inteligencia en el período comprendido entre el 15 de diciembre y el 15 de enero”. Las acciones bélicas al interior de la institución cesaron por un periodo y el 13 de abril de 2000, Carlos Castaño informó públicamente que desmovilizaría a las Audea, diciendo: “La paz interna del claustro puede recuperarse con acciones efectivas, como la desmovilización”.

Una relativa calma retornó al Alma Mater, que sólo fue perturbada hasta el 9 de noviembre del 2001, cuando fueron asesinados Juan Manuel Jiménez y Santiago Jaramillo, estudiantes de Química Farmacéutica. Una pareja les disparó en el momento en que los jóvenes jugaban ajedrez en el segundo piso del bloque 5. La universidad fue cerrada por 4 días, y cuando reabrieron lo hicieron realizando extensas requisas y negando la entrada a todo aquel que no tuviera carné. También se prohibieron las ventas ambulantes al interior del claustro y eso causó la molestia de 150 vendedores informales. Como respuesta se realizaron manifestaciones estudiantiles pero la normalidad académica retornó con el paso del tiempo.

La Operación Álgebra II

Uno de los acontecimientos más trágicos que enluta a la universidad ocurrió el 10 de febrero de 2005, cuando casi un centenar de estudiantes encapuchados salió a protestar a la calle, frente a la portería de Barranquilla, por causa de una visita que el presidente George Bush haría a Colombia para negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En los laboratorios del bloque 1, un grupo de estudiantes encapuchados fabricaban las “papas bombas” cuando sucedió una explosión. El accidente dejó 34 heridos y entre ellos Paula Ospina y Magaly Betancur, estudiantes de la Universidad Nacional, quienes resultaron con quemaduras en más del 75 por ciento de su cuerpo y ocho días después murieron.

Casi un mes después, el 5 de mayo entre las 3 y las 3:30 de la madrugada, 14 estudiantes de la Universidad de Antioquia fueron detenidos en la operación ”Álgebra II”. La Fiscalía, en conjunto con los Comandos Especiales Antiterrorismo, Ceat, allanaron las casas de los estudiantes y los detuvieron, otros fueron abordados en los alrededores de la universidad por agentes del CTI que se movilizaban en vehículos sin placa.

Los estudiantes fueron sindicados por la Fiscalía de pertenecer al ELN y a las FARC y de ser organizadores de los disturbios ocurridos el 10 de febrero en la Universidad de Antioquia. Meses después, seis estudiantes fueron dejados en libertad por falta de pruebas, y los ocho restantes, algunos con quemaduras en el cuerpo, permanecían en la Cárcel de Bellavista y una joven en la cárcel de mujeres del Buen Pastor.

Durante su detención, el movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia se manifestó y en varias ocasiones cesó sus actividades hasta que sus compañeros fueran dejados en libertad, fue entonces cuando en mayo de 2006, comenzó a circular una lista de 15 estudiantes, profesores y trabajadores amenazados. El panfleto, colocado en el claustro de profesores de Derecho, lo firmaban, nuevamente, las Autodefensas de la Universidad de Antioquia y los declaraban ”objetivo militar, en cualquier lugar del país en donde se encuentren”.

El 23 de junio el profesor de matemáticas Gustavo Loaiza Chalarca fue asesinado al frente de la Universidad, aunque el docente no figuraba en la lista, esto causó el miedo en la comunidad. Un mes después, y luego de 14 meses y 25 días encerrados, los ocho estudiantes fueron puestos en libertad el 1 de agosto.

La Universidad de Antioquia mantuvo un ambiente académico estable hasta el 6 de marzo de 2009, cuando se presentó la última crisis de que se tenga recuerdo: ese día circuló por internet una amenaza contra 30 líderes estudiantiles firmada por las “Autodefensas de Antioquia”. Seis días después fue asesinado en el primer piso del bloque de la Facultad de Derecho, Jorge Andrés Isaza Velásquez, de 28 años de edad, y ex alumno de esa Facultad, pero este joven no figuraba entre los amenazados. Y el 20 de ese mismo mes, un operativo policial se llevó a cabo en el sector de la universidad conocido como “El Aeropuerto”, el cual dejó 26 retenidos arbitrariamente pero todos fueron puestos en libertad. Sin embargo el claustro universitario no fue cerrado.

Desde entonces, el Alma Mater no había presentado episodios problemáticos significativos hasta el 2010, cuando asistimos a un claustro universitario militarizado y la Universidad de Antioquia vive una nueva crisis que probablemente se extienda a lo largo del 2011, por eso la razón de este reportaje que pretende recordar su historia de conflicto. Por un lado para aportar en la construcción de la memoria de la institución y por otro, para hacer un llamado a revisar su historia, porque ésta debe estudiarse para no repetir su errores, por eso la razón de este reportaje que pretende recordar su historia de conflicto. Por un lado para aportar en la construcción de la memoria de la institución y por otro, para hacer un llamado a revisar su historia, porque ésta debe estudiarse para no repetir su errores.

* Este reportaje fue reconstruido basado en fuentes documentales de los periódicos El Mundo, El Colombiano y El Tiempo. También se acudió a entrevistas a estudiantes y docentes que llevan largo tiempo en la institución y conocen su historia. Entre ellos: Gonzalo Medina, docente e investigador de la Universidad de Antioquia; Azael Carvajal, docente de la Universidad de Antioquia y quien fue secretario de Gobierno, encargado; Ramiro H. Giraldo, docente de la Universidad de Antioquia y presidente de la Asociación de Profesionales de Cátedra, Aprocátedra. Alejandro Sierra, estudiante de la Universidad de Antioquia y miembro del Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda; Gabriel Jaime Bocanument Puerta, líder estudiantil de la Universidad de Antioquia. Y fuentes que pidieron reservar su nombre.