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http://www.joseacevedoygomez.edu.co/Memoria_impunidad_Antioquia.pdf
Luis Fernando González Jaramillo (13 de abril de 1998)
Asesinado en el barrio Boston, oriente de Medellín. El levantamiento de su cadáver fue diligenciado inicialmente como NN por parte de la Policía Nacional. Este investigador, tecnólogo en gerontología, había ingresado al CTI el 25 de enero de 1995 y se venía especializando en el tema del paramilitarismo en Antioquia. Fue el primer homicidio ocurrido durante la dirección del abogado Gregorio Oviedo en el CTI de Antioquia y el inicio de una serie de muertes violentas provocadas por grupos paramilitares que se sintieron afectados por las investigaciones en su contra que comenzó a desarrollar esta dependencia judicial.
El crimen de González Jaramillo estuvo precedido por una amenaza hecha telefónicamente a Oviedo a finales de marzo de 1998. En ella, el interlocutor se identificó como integrante de las ACCU, se expresó molesto con el funcionario porque, según él, el CTI estaba persiguiendo mucho a los grupos paramilitares y no estaba haciendo al parecer nada contra la guerrilla y le advirtió que si seguían en esa tónica serían declarados objetivo militar.
Dos años antes de su muerte, González Jaramillo había aportado información que dada cuenta de actividades irregulares en la institución. Como testigo clave identificado con el nombre de Pedro Nel, describió cómo funcionarios del CTI habían recibido de Upegui cuatro millones de pesos. La denuncia señaló a Fernando Jaramillo y Rafael Zapata. El investigador explicó que ambos funcionarios “salían en los carros del CTI y no modulaban palabra por radio, se perdían toda la tarde y no se sabía de ellos, coincidiendo todo eso con una época de problemas por las desapariciones en Medellín”.
González Jaramillo también tuvo a su cargo investigaciones como la masacre de diez aserradores perpetrada el 15 de agosto de 1997 en el municipio de El Retiro y la de una serie de homicidios ocurridos durante ese año en la localidad de La Ceja. Los autores de estos hechos fueron miembros de las ACCU que venían actuando en esa subregión del oriente antioqueño. Pero serían dos investigaciones las que determinarían su destino: la primera estuvo relacionada con hallazgos sobre cómo el otrora Cartel de Medellín, una vez muerto Pablo Escobar Gaviria, se convirtió en lo que, posteriormente, se conocería como ’la Oficina de Envigado’, y la llegada a ella de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna; y la segunda fue una descripción detallada de las estructuras paramilitares en la subregión del occidente de Antioquia.
En cuanto a la primera investigación, González Jaramillo preparó dos informes: uno de ellos tiene fecha del 11 de agosto de 1997 y fue dirigido a Marilú Méndez Rada, en ese entonces Directora del CTI en Antioquia y ya en los últimos meses de su gestión. En él, González Jaramillo daba cuenta de una orden de trabajo a través de la cual se le solicitó adelantar labores que condujeran al esclarecimiento de la muerte del investigador Jaime Augusto Piedrahíta Morales.
A través de varias entrevistas, logró identificar un grupo sicarial de Itagüí que sería un rezago de la estructura conocida como Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes) que acabó con el jefe del Cartel de Medellín y que se afincó en esa localidad del sur del Valle de Aburrá. De acuerdo con lo que pudo establecer el funcionario, este grupo criminal estaba siendo dirigido por Luis Enrique Ramírez Murillo, conocido también como Miki Ramírez, un poderoso narcotraficante que integró el grupo de los Pepes que en ese momento estaba detenido, y sobre quien dijo “mantiene contacto con un tal Bernardo, el que tiene relación con los paramilitares de Córdoba y Urabá”65, lo que ya daba pautas para identificar a Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido desde esa época con el alias de ’don Berna’.
Obsérvese cómo desde mediados de 1997 ya se tenía conocimiento de la relación de alias ’don Berna’ con estructuras paramilitares de las ACCU bajo el mando de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil. La ausencia de investigación penal impidió su judicialización, lo que le permitió ascender en la estructura paramilitar hasta llegar a ser reconocido como Inspector general de las AUC y comandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, perpetradores de miles de asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos de la población.
En otro informe, del 5 de noviembre de ese año, preparado en asocio con dos investigadores más, entre ellos Diego Arcila Gómez, y dirigido al recién posesionado Director del CTI en Antioquia, Gregorio Oviedo, se describieron las acciones que había adelantado en contra de Gustavo Upegui López. Resaltan en este documento, la narración sobre una serie de desapariciones ocurridas entre 1995 y 1996 en diversas zonas de Medellín, en especial en el sector de Carambolas del barrio Santo Domingo Savio, que “fueron ordenadas presuntamente por Gustavo Upegui López, en las que participaron al parecer agentes del Unase urbano y algunos funcionarios del CTI Seccional y Regional”67, tras el secuestro y posterior liberación de su hijo, Andrés Felipe, ocurrido el 29 de octubre de 1995.
Pero esa no fue la única conexión que estableció González Jaramillo. De acuerdo a lo consignado en el documento referido, las investigaciones adelantadas alrededor del plagio permitieron establecer “la presunta alianza entre el señor Upegui López con los hermanos Fidel, Carlos y Henry Castaño Gil, reconocidos jefes paramilitares”. Incluso, se dieron a conocer las bandas delincuenciales que en ese momento operaban en algunos sectores de Medellín y de varios municipios del área metropolitana, y que según los investigadores, prestaban sus servicios la estructura criminal del empresario. Se trataba de las bandas Los Muchachos o Los Chachos, del municipio de Envigado; Simón Bolívar y Playa Rica, del municipio de Itagüí; la de alias El Negro, del municipio de Rionegro; y la Terraza, Combo del Amarillo, Las Casitas, Alejando Echavarría y Santafé, de Medellín. Otro aspecto que sobresale de este informe es lo concerniente a la manera cómo desde la propia Fiscalía Regional y del CTI se le ofrecían a Upegui López “servicios de impunidad” para evitar que fuera procesado por la justicia. No se puede pasar por alto el conocimiento que se tuvo respecto del supuesto ofrecimiento por parte de dos fiscales regionales de Antioquia al señor Gustavo Upegui con el fin de no adelantar actuaciones procesales en su contra a cambio de una contraprestación económica, situación similar que aconteció con dos funcionarios del CTI Regional, anomalías éstas que fueron informadas a su debido tiempo en forma verbal a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que allí se estableciera su veracidad.
La segunda investigación sobre la que había trabajado González Jaramillo quedó registrada en un informe del 18 de enero de 1998 en el cual presentó los resultados de una serie de indagaciones de campo adelantadas en la subregión del occidente antioqueño. Uno de sus hallazgos tenía que ver con la connivencia entre la fuerza pública y grupos paramilitares:
La complejidad del factor armado en el municipio de Santa Fe de Antioquia se recrudece cuando la mayoría de sus habitantes afirman categóricamente que los agentes de la Policía y el Ejército son o pertenecen a los paramilitares, en especial los que hacen parte de Inteligencia Subsijin y B2; según los mismos habitantes, algunos integrantes de estos grupos se les ve patrullando la población con reconocidos paramilitares y con funcionarios de la Convivir y son ellos los que sacan información de las fiscalías y juzgados de aquellas personas que tienen antecedentes penales para que el grupo los asesine; dicen los entrevistados que en la población no puede salir nadie de la cárcel o tener un problema jurídico porque eso es firmar la carta de sentencia [] Otro caso que demuestra la conexidad es que toda persona que tenga problemas o diferencias con los agentes de la Sijin, en especial con el comandante de este grupo de inteligencia, es asesinado por el grupo paramilitar.
El documento contiene no sólo el resultado de sus averiguaciones, sino una serie de reflexiones personales que daban cuenta de la manera cómo encaraba el fenómeno paramilitar en el departamento: [] como se puede observar, la presencia de las Autodefensas ha sido constante y su accionar arbitrariamente devastador, que a pesar de las investigaciones adelantadas por los entes judiciales, estos grupos antes de mermar siguen aumentando el número de efectivos, de informantes y de accionistas económicos, demostrando no temer a las autoridades porque inexplicablemente operan desde los municipios más grandes y poblados y, por ende, desde donde más organizaciones estatales existen, como es el caso de Fiscalías, Procuraduría, Personería, Juzgados, Policía, Sijin, Das y efectivos militares.
Uno de los apuntes finales de González Jaramillo en este informe consiste en la preocupación que también consignaron en otros reportes sus compañeros igualmente sacrificados:
La desconfianza en las instituciones gubernamentales se ha vuelto tan notoria que la gente afirma categóricamente que los paramilitares, la Policía, el Ejército y la Fiscalía son lo mismo; comentario que a todas luces deteriora la imagen de entidades gubernamentales y bloquean el libre funcionamiento de la justicia, todo por la actitud pasiva y a todas luces sospechosa de las fuerzas del orden puestas allí para contrarrestar todo accionar violento y tener el monopolio de la fuerza y las armas.