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http://www.joseacevedoygomez.edu.co/Memoria_impunidad_Antioquia.pdf
Augusto Botero Restrepo (8 de mayo de 1998)
Asesinado en el centro de la ciudad en momentos en se movilizaba en una motocicleta. Tenía 29 años de edad y cursaba estudios de Contaduría. De acuerdo con los rastreos realizados en varios expedientes y aportes logrados a través de varias entrevistas, Botero Restrepo participaba, en el último año antes de su muerte, de dos investigaciones: una relacionada con el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, abogado, profesor universitario y Presidente en Antioquia del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, cometido el 27 de febrero de 1998 en su propia oficina; y otra sobre la muerte de su compañero Jaime Augusto Piedrahíta Morales, ocurrida el 4 de julio de 1997.
La investigación para esclarecer el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo llevó a los investigadores a establecer que detrás del crimen había una estructura contrainsurgente liderada por Carlos Castaño Gil y en la que confluían amplios sectores sociales, políticos, económicos y de seguridad del norte de Antioquia. Además, el grupo tenía amplia ayuda de personal judicial, tanto que según testigos que comparecieron al proceso por este homicidio y que participaron de algunas reuniones con los sindicados, a ellas se aparecían con copias de expedientes que se preparaban en su contra:
Días antes de la muerte del defensor Jesús María Valle Jaramillo se presentaron dos reuniones [] en Medellín [] en las que estuvieron presentes los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, y Román Tapias, quienes con copia de un expediente que les llevaba en su contra la Fiscalía, analizaron la situación, ya que ellos estaban implicados en actividades paramilitares y debían tener mucho cuidado. A esa reunión citó Jaime Alberto Angulo Osorio, porque ya tenía conocimiento que ya lo estaba investigando la Fiscalía, porque había llevado los paramilitares a Ituango. Este sujeto tiene una avioneta particular y, además, informantes en el CTI.
En la segunda reunión sostenida unos ocho días antes de la muerte del doctor Valle, se cumplió otra cita con los hermanos aludidos y con la presencia de Jairo Castañeda y Román Tapias, donde se analizaron las declaraciones que Valle estaba dando públicamente sobre el compromiso de la familia Angulo con los paramilitares en Ituango y se acordó que había que tener mucho cuidado con ese doctor. En esa segunda reunión tenían copias de otros expedientes que les llevaba la Fiscalía.
La versión fue corroborada, paradójicamente, por John Dayro Echeverri, ex presidente de la asociación de seguridad y vigilancia privada de la localidad, conocida como Convivir , quien también compareció al proceso y confirmó lo ya dicho: “los hermanos Angulo Osorio tienen personas del CTI de la Fiscalía a su servicio, quienes le informan cualquier investigación en su contra”.
El asunto fue ratificado durante la captura de Jaime Alberto Angulo Osorio, tras encontrar en su poder el Informe de Policía Judicial del CTI N° 407 del 30 de octubre de 1997, titulado Información de actores armados al margen de la ley en el Norte lejano de Antioquia, en el que se vincula a los hermanos Angulo Osorio, a Isaías Montes Hernández, alias Junior, a Jairo Castañeda y a muchos otros en la actividad paramilitar de esa zona. El sindicado declaró en la indagatoria que no sabía cómo había llegado ese documento a su casa, no obstante ser una copia fiel y auténtica de la que obraba en el expediente. También se le encontró en su residencia la anotación del radicado de una investigación previa adelantada por paramilitarismo en la zona de Ituango y Bajo Cauca, correspondiente al N° 23.983 y el nombre del funcionario a quien le fue asignada, en la que se sindica nuevamente a alias Junior y, colateralmente, a los hermanos Angulo Osorio.
La investigación sobre el asesinato de Valle Jaramillo identificó actuaciones de algunos organismos de seguridad del Estado que reflejaban abiertamente su respaldo a la estrategia irregular contrainsurgente y ponían en evidencia que las dificultades para adelantar la investigación penal de los crímenes que en su desarrollo se cometen no provenían sólo del exterior sino que residían en el interior mismo del ente acusador y otros aparatos estatales. Así quedó establecido durante una audiencia celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de marzo de 2000. A ella se presentó el fiscal Carlos Álvaro Bonilla Cifuentes, quien, como Fiscal Regional, condujo el proceso contra los hermanos Angulo Osorio y demás paramilitares implicados en el crimen. En ese escenario, relató lo siguiente:
Una vez se presenta el magnicidio de Valle, el gobierno nacional, el Fiscal General de la Nación, forman una comisión el DAS de Bogotá, la DIJIN de Bogotá y CTI de Medellín y Bogotá para que me respaldaran en la investigación, que es la DIJIN, porque la policía nos quería conducir a manejar hipótesis de guerrilla, que lo manejáramos como hipótesis pero luego el proceso va determinando que hay que descartar esa hipótesis, entonces la DIJIN se retira, el DAS de Bogotá también se retira, y luego nos informan que el DAS, que era mi policía judicial, le entregó a los abogados de Carlos Castaño el nombre completo mío, la identidad mía y le entregó intimidades del proceso.
Por virtud de eso, decidieron entonces levantarme la reserva de sumario, […] y luego seis meses después, un abogado de las mismas Autodefensas informaron de que el homicidio mío se iba a realizar dos días después de que me levantaran la reserva. […] Finalmente, para terminar con toda esta estela de muerte, el proceso de Jesús María Valle me lo quitan en marzo del año 99 […] cuando […] el mismo abogado de Carlos Castaño informó que […] una facción militar urbana de las Autodefensas tenía una lista de diecisiete fiscales del país para ser asesinados, dos de Medellín, que eran yo y el otro fiscal […].
Pero la adversidad institucional que rodeaba el trabajo del investigador Botero Restrepo no estaba relacionada sólo con el caso del asesinato de Valle Jaramillo. También tenía que ver con las indagaciones que adelantaba en el municipio de Itagüí para esclarecer el crimen de Jaime Augusto Piedrahíta Morales. Tanto el caso de Ituango como el del municipio del sur del Valle de Aburrá evidenciaban rasgos similares en cuanto al comportamiento de un sector del CTI de la Fiscalía y de organismos de seguridad del Estado en su relación con grupos paramilitares, a quienes les suministraban información.
En Itagüí, este sector del CTI se había comprometido con una estructura delincuencial que derivaría en organización paramilitar de la mano del empresario Gustavo Upegui López y del narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, quienes convergieron en la llamada Oficina de Envigado y que fue puesta al servicio de las AUC.
El panorama en esa localidad fue registrado en un informe enviado a Marilú Méndez Rada, directora del CTI en Antioquia, y fechado el 11 de agosto de 1997. En el documento se consignó que esa organización criminal había tomado la decisión de perseguir a muerte a un sector de la Fiscalía, dado que se sentían acosados y varios de sus integrantes habían sido ya identificados. Ya habían asesinado a Jaime Augusto Piedrahíta Morales, pero faltarían más. Para lograr ese propósito se valieron de un investigador del CTI adscrito a esa oficina, quien les prestaba colaboración. Se trataba, según los testimonios recabados, de Luis Fernando Mesa Torres, quien se hacía llamar Bayron:
[] trafica con información acerca de órdenes de captura y situaciones particulares de los procesos, en esta labor cuenta con otros dos sujetos ajenos a la institución de la Fiscalía, que se hacen llamar Joaquín y Mauro, los cuales al parecer tienen vínculos con la Policía Nacional, de ellos suministró el número de central y códigos de beeper de estas personas. Asimismo [] Fernando Mesa informaba continuamente a un individuo conocido con el alias de El Flaco, quien es integrante de la banda Los Pepes y dueño de una agencia de lotería, que queda ubicada cerca a la antigua sede del CTI en Itagüí, cómo iba el proceso que se adelantaba en su contra y también cuando alguien de ellos tenía orden de captura le informaba.