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Manuel Guillermo López Umaña (5 de septiembre de 1997)
Este abogado al momento de su muerte se desempeñaba como Jefe de la Oficina de Información y Análisis del CTI Regional. Fue ultimado en el sector de San Diego, muy cerca de su oficina. Fue uno de los investigadores del Sumario N° 100, abierto contra el empresario del municipio de Envigado Gustavo Upegui López y el entonces coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez, director nacional de la Unidad Antisecuestro de la Policía (Unase).
En el marco de una de las varias investigaciones que tenía a su cargo, hizo varias interceptaciones telefónicas tendientes a identificar una estructura de narcotraficantes ligados al paramilitarismo en el Oriente antioqueño y logró obtener la conversación ya referida del entonces Senador Mario Uribe Escobar y el supuesto narcotraficante Pedro Pablo Uribe Henao. Sobre los contenidos de ese diálogo elaboró un informe que le fue entregado a una fiscal especializada de Bogotá con la que venía trabajando.
Recuerdo mucho a Manuel Guillermo. Una vez viajé Medellín a hablar con él sobre la investigación que se adelantaba contra el señor Upegui y el coronel Rodríguez, y cuando me trasladaba hacia el aeropuerto de Rionegro me entregó un informe que contenía unas grabaciones de unas conversaciones entre dos personas, uno de ellos era el senador Mario Uribe y otro que no recuerdo. El investigador me dice que es una interceptación de otro caso, relacionado con cuestiones de narcotráfico.
Pero esa no era la única investigación en la que estaba interviniendo López Umaña. De acuerdo con el testimonio entregado por el investigador Arcila Gómez a la Fiscalía, ambos venían adelantando desde hacía más de seis meses pesquisas tendientes a establecer los vínculos existentes entre el empresario Gustavo Upegui López, la oficina Duque Jaramillo Abogados y funcionarios activos del CTI. Incluso, este funcionario fue una de las últimas personas que habló con Umaña:
[Hablé] ayer en la mañana (4 de septiembre) personalmente en la Dirección del CTI, ya que me había insistido lunes, martes y miércoles que necesitaba que oyéramos con la doctora (Marilú Méndez Rada) un fragmento de una conversación obtenida a través de labores de inteligencia en la que los integrantes de la Oficina Duque Jaramillo Abogados hablaban de la estrategia engañosa que iban a emplear con el fin de obtener por parte de la Fiscal Delegada ante el Das, la devolución de un vehículo que les fue incautado a personas capturadas en Itagüí dentro de la investigación por la muerte del investigador Jaime Augusto Piedrahíta Morales. Fue especialmente insistente en ello, en que la doctora Marilú debía conocer. Es de anotar que copia de la misma conversación se la hicimos llegar al doctor Fernando Pinzón y, posteriormente, ayer en la tarde volví a hablar telefónicamente con Manuel. Me insistió en que tratara de obtener los datos relacionados con un buscapersonas de Empresas Públicas de Medellín, a través del cual le enviaban mensajes al señor Upegui.
Arcila le dijo a la Fiscalía que estaban tratando de establecer la relación que tenían dos ex funcionarios del CTI , Uber Duque Álvarez y Saúl Yesid Vesga Suárez, así como Carlos Alejandro Jaramillo Patiño, socios de la firma de Abogados Duque Jaramillo con Gustavo Upegui López y con antiguos compañeros de esa unidad investigativa, quienes al parecer recibían dinero por suministrar información relacionada con las investigaciones que se adelantan en contra del empresario de Envigado y sus socios de los municipios de Envigado y el resto del Valle de Aburrá.
En el marco de esas indagaciones, tanto Arcila como Umaña suscribieron un informe en el cual daban cuenta de varios ex funcionarios del CTI dedicados a actividades ilegales que comprometían a la Fiscalía. Allí, por primera vez, se identificó a Carlos Mario Aguilar, alias ‘Rogelio’. Ambos investigadores dejaron constancia del asunto en un documento enviado a la Dirección Seccional del CTI, en esa época bajo responsabilidad de Marilú Méndez Rada: Mediante labores de inteligencia desarrolladas por funcionarios adscritos a la sala de monitoreo e informaciones anónimas recibidas […] se tiene conocimiento de que en los inmuebles […] se estarían realizando por parte de los sujetos Miguel N., Carlos Mario Aguilar y Marcos N., entre otros, ex funcionarios de la Fiscalía General de la Nación con la muy probable colaboración de funcionarios activos de los cuales hasta el momento no se conocen sus nombres, actividades ilícitas relacionadas con el porte, tenencia y almacenamiento de armas de uso privativo de las fuerzas militares, el tráfico de expedientes judiciales así como de estupefacientes.
