Guerra sin cuartel
Colombia y el derecho internacional humanitario
Human Rights Watch, 1998

El 14 de febrero de 1996, una milicia de las FARC detuvo un autobús que transportaba a 40 trabajadores de una finca de banano conocido como la Finca Osaka, cerca de Carepa, Antioquia. La milicia obligó al autobús a desviarse a un punto apartado y empezó a comprobar las cédulas de identidad. Los siete miembros de las FARC seleccionaron a diez hombres y una mujer, a los que ejecutaron con tiros de gracia al lado de la carretera. Algunos pasajeros lograron huir y esconderse en una acequia cercana, y un hombre pudo sobrevivir ocultándose bajo los cuerpos de los muertos. Otro consiguió escapar a pesar de estar herido. Los testigos dijeron a los investigadores del gobierno que un miliciano de las FARC llamado “Papujo” estaba al mando. Papujo y otros cuatro fueron detenidos posteriormente y acusados de participar en la masacre.

En una entrevista, las FARC se atribuyeron los asesinatos, pero alegaron que las víctimas eran combatientes pertenecientes a los “Comandos Populares” dirigidos por ex miembros del EPL y dedicados a matar simpatizantes de las FARC. Incluso aunque algunas de las víctimas fueran miembros de los Comandos Populares, su asesinato es una violación de la prohibición del asesinato de combatientes fuera de combate. De hecho, la definición de las FARC de combatientes suelen incluir a los civiles, y hemos recibido numerosos informes creíbles de que las FARC mataron a ex miembros del EPL que habían aceptado una amnistía del gobierno y dejaron de tomar parte en las hostilidades, recuperando de este modo su estatuto de civiles.