Según las autoridades, hay un siniestro Rambo criollo detrás del recrudecimiento de las matanzas de campesinos en distintas zonas del país
SEMANA
Fuentes: Comité por la Defensa de los Derechos Humanos.
http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=24731
Los diez hombres entraron armados hasta los dientes y disparando de una. Durante unos segundos, la borrachera colectiva, la música de la papayera y el bailoteo frenético, impidieron que los asistentes al fandango de Domingo de Pascua, se percataran de lo que estaba sucediendo. Pero las rafagas de metralla contra el techo y la pared ahogaron el ruido, la música y hasta el guayabo.
Y un silencio sepulcral llenó el ambiente. ”Al suelo hijueputas y no nos miren la cara”, gritó uno de los pistoleros. No alcanzaron a cumplir la orden cuando las balas hicieron caer a los primeros. En medio de la histeria general todo el mundo se botó al suelo. Un muchacho, descontrolado por el pánico, se movió y una bala certera le atravesó la cabeza. Esto precipitó que algunos de los que estaban tendidos trataran de levantarse. Corrieron la misma suerte. A partir de ese momento se combinaban en un ambiente dantesco los llantos de los campesinos con las carcajadas de los pistoleros. ”Le da usted o le doy yo” se gritaban unos a otros, cediéndose ”caballerosamente” el turno de disparar. Doce minutos después, 36 campesinos del caserío Mejor Esquina del municipio de Buenavista, Cordoba habían sido acribillados.
La selección de las víctimas fue totalmente arbitraria e incluyó a una mujer y un niño. Ni siquiera un burro, que estaba al frente de la casa, se salvó. En menos de un cuarto de hora el cacerio de 300 habitantes había perdido cerca del 15% de su población. Docenas de personas unas heridas y otras milagrosamente ilesas quedaron gimiendo, mientras los asesinos, misión cumplida, tranquilamente se marchaban.
Aunque 36 asesinatos en un solo día ya no escandalizan en Colombia, la ejecución colectiva a sangre fría de campesinos inermes todavía conmueve. Y las desgarradoras imagenes de las viudas y las madres de las víctimas llorando desconsoladamente, quedarán grabadas por mucho tiempo en la mente de los colombianos.
Un mal vecindario
Toda suerte de versiones corrieron inmediatamente en la zona, sobre el porqué de este genocidio y quién lo perpetró. Una de las més exóticas fue la del propio gobernador de Córdoba, Jose Gabriel Amín Manzur, cuya interpretación de la matanza fue que se trató de una ”equivocación”. Equivocación la del gobernador, quien llegó también a decir, en contra de toda la evidencia, que esa no era una zona de guerrilla. Más fuerza cogió una versión, según la cual, un grupo de contrainsurgencia militar andaba tras la pista de un tal comandante Rafael del EPL, quien ese día habría estado en la fiesta de Mejor Esquina. Pero ni fue una equivocación ni fue la contrainsurgencia militar. Poco a poco fueron saliendo a flote elementos que permitieron hilar una versión más coherente que, al final de la semana, estaba siendo aceptada como la real por los medios de comunicación y los organismos de seguridad.
La masacre en Mejor Esquina tiene sus orígenes en un nuevo tipo de conflicto entre los terratenientes y los campesinos de la región. Si en la década pasada la pelea era por las invasiones hechas por los campesinos y los desalojos promovidos por los terratenientes y realizados por la fuerza pública, ahora las cosas son a otro precio. Tanto los unos como los otros se han enredado en episodios no muy ortodoxos. Los terratenientes tradicionales han tenido que recibir como vecinos a algunos miembros de la pesada del narcotráfico. Además del nombre del hondureño Matta Ballesteros, en la región suena uno que otro apellido conocido del Cartel de Medellín. Por su parte, los campesinos tradicionales han visto llegar también visitantes esporádicos de la guerrilla que han ganado algunos simpatizantes para su causa, y quienes se dedican unas veces a organizar al campesinado, y otras a utilizarlo como enlace para sus actividades.
Hasta la llegada de los capos, el boleteo, la vacuna, la extorsión y el secuestro imperaban en la región y cada quien negociaba como podía. Pero a partir de ese momento cambiaron las reglas de juego. De pagar vacunas se pasó a resolver el problema a punta de bala, y los narcos comenzaron a impulsar la creación de grupos de autodefensa. La evolución de esta situación llevó a que se formaran dos bandos. Uno de tipo narco-paramilitar, financiado no sólo por los narcos, sino por los ganaderos ”de bien” de la región, y otro agrario partidario de las invasiones, cuya fachada legal se conoce con el nombre de Frente Popular, pero al cual todo el mundo en la región identifica como una ramificación del EPL.
El Rambo del Sinú
Según versiones de prensa, tres nombres jugaron un papel clave en la organización del grupo de autodefensa de los terratenientes. Un presunto narcotraficante de Montelíbano de nombre Cesar Cura, quien, según el periódico El Espectador, pagó 120 mil pesos a la orquesta y ayudó en otros aspectos organizativos de la fiesta que según esto, habría sido una trampa; un hacendado llamado Félix Correa, a quien acusan de haber amenazado a los campesinos de la región y, por último, otro supuesto narcotraficante de nombre Fidel Castaño. Este último, según las autoridades, es uno de los hombres más enigmáticos que ha aparecido en el país en mucho tiempo.
A fines de la decada pasada y después de haber pagado 10 millones de pesos a las FARC como rescate por su padre secuestrado, no pudo volver a verlo porque al parecer murió de un infarto en manos de sus captores. Juró vengarse y la emprendió contra todo lo que le oliera a comunismo. Inició una cruzada sangrienta, contra la guerrilla y el secuestro en varias regiones del país y su fama se fue extendiendo.
Esta información, desarrollada también por algunos noticieros de televisión cuenta como Castaño se retiro del narcotráfico y, después de comprar algunas tierras por la zona del alto Sinú, se ha dedicado a promover su ”operación limpieza”. Todo indica que cuenta con el apoyo de algunos hacendados tradicionales de Cordoba, Antioquia y Uraba. Según la información de las autoridades Castaño es conocido como el ”Bolivar del Sinú” y en muchas ocasiones llama a los familiares de los secuestrados para brindarles, espontaneamente, ayuda moral, económica y hasta militar. Es una versión ”mesiánica” de Ledher y sus odios hacia los comunistas lo han llevado incluso a estructurarse ideológicamente. Los organismos de seguridad lo consideran una combinación entre Rambo y El Justiciero. Trota todos los días. Sus dos obsesiones son mantenerse en forma y su deseo de venganza, que para él no es otra cosa que supervivencia.
Todo esto lo ha rodeado de una mística que ha hecho que hacendados de la región lo consideren el mejor candidato para encabezar y coordinar las actividades de autodefensa. El celo con el que ha desempenado esta responsabilidad es, según la inteligencia militar, la causa de la ola de ejecuciones colectivas de campesinos que se esta viviendo en algunas regiones del país.
Increíble como suena, su nombre ha sido asociado a casi todas las matanzas de los últimos años. Masacres como las de Amalfi, Segovia, Remedios, la reciente ocurrida en Uraba y la de la sede de la Juco en Medellín, han sido asociadas por la UP y por algunos organismos de seguridad, al nombre de Castaño.
Las actividades justicieras emprendidas por Castaño, podrían encuadrarse perfectamente en la conducta de un sicópata, de no ser por la modalidad criminal que el representa: el narco-paramilitarismo, una nueva manifestación de la correlación de fuerzas que logra el narcotráfico. Sus metodos, sus propositos y sus alcances amenazan con convertir al país en el escenario de la más despiadada guerra sucia que se haya visto.
¿Dónde termina?
Mucha agua ha corrido bajo el puente desde que el embajador nortemericano en Colombia, Lewis Tambs, en 1984, habló por primera vez –en medio de las más furibundas críticas– de la izquierda de la narcoguerrilla. Las épocas de la protección guerrillera a los laboratorios de los arcos, de la coexistencia entre cultivdores de coca y frentes subversios, del intercambio de armas, etc., parecen haber quedado atrás. Hoy, los capos ya no buscan a los comandantes guerrilleros para entregarles embarques de armas sino para desocupárselas. Esto, sumado a que las épocas de las vacunas ganaderas fueron remplazadas por las de la constitución de grupos de autodefensa, hizo que los narcotraficantes encontraran un mejor aliado y con muchas más causas en común: la lucha contra el boleteo, la vacuna, la extorsión y el secuestro. Además, el echo de que el grueso de las inversiones de los narcotraficantes sea hoy por hoy, la compra de grandes extensiones de tierra, los ha hecho pensar que es mejor tener sus fincas en ”zonas limpias”.
Pero este tipo de operaciones, como la de Currulao, ocurrida hace un mes, y la de Mejor Esquina, la semana pasada, lo que sí ha logrado es ponerle punto final al debate sobre los grupos de autodefensa. Los ganaderos y terratenientes que llegaron, en algún momento, a considerar la posibilidad de armarse o de patrocinar grupos armados, y los políticos que salieron con vehemencia a defender la existencia de estos grupos, han recibido, con estas ejecuciones colectivas, una muestra de hasta donde pueden llegar. Lo que ha quedado claro para quienes pensaron embarcarse en aventuras autodefensivas es que esta clase de experimentos se sabe donde comienzan pero nunca donde terminan. De hecho, el matrimonio de dos fuerzas que se mueven entre las tinieblas, el narcotráfico y los paramilitares, es un engendro de este tipo de concepciones.
Pero quizá el interrogante más difícil de resolver es el que tiene que ver con lo que el Estado puede hacer para enfrentar este nuevo y siniestro fenomeno. Sitiado ya por el lado de la guerrilla, por el de la delincuencia común y por el del narcotráfico, lo único que le faltaba era que, desde la extrema derecha, un grupo poderoso en dinero y armamento, optara por aplicar una muy discutible justicia por su propia mano. Cada vez más, parece claro que ese Estado es el testigo mudo e impotente de una situación nacional de la que debiera ser el principal protagonista.
La hermana menor de la UP
Casi nadie sabía en el país que existiera un partido político con este nombre. Sin embargo, en las últimas semanas, el Frente Popular ha aparecido vinculado con dos hechos que han conmovido a la opinión pública. Primero la sangrienta matanza de trabajadores bananeros en Currulao, Uraba, en donde se afirmó que los 22 hombres asesinados, eran simpatizantes suyos, miembros del Sindicato de Trabajadores Agrarios, la organización sindical más fuerte de la región bajo el control del Frente Popular. Y ahora, con motivo de la matanza en Mejor Esquina, los dirigentes de esta organización han salido a la palestra pública a denunciar una campaña tendiente a su exterminio y afirman que, Pedro César Márquez de 17 años y Bernit Carrascal de 19, ambos estudiantes asesinados en esa noche de fandango, pertenecían a su organización.
Los que sí les han seguido la pista desde el 4 de diciembre –fecha en que nacieron como partido político– hasta hoy, son los militares. El general Jaime Barrera, comandante de la IV Brigada de Medellín, en una reunión con empresarios antioqueños, afirmó que esta organización política no era más que el brazo legal del Ejército Popular de Liberación, EPL, movimiento armado que tiene su zona de operación, principalmente, en los departamentos de Antioquia y Córdoba.
Los dirigentes del Frente Popular niegan de plano tal vinculación y aseguran que su organización es ”revolucionaria y democrática” pero que se inscribe dentro de los marcos legales del Estado de derecho colombiano. Con escasos dos años de vida, tienen ya dos directivos en la Central Unica de Trabajadores, CUT, y ejercen influencia en sindicatos como la USO, los bancarios, los maestros y sectores estudiantiles. Su fuerte, sin embargo, lo constituye el sector bananero. A tal punto, que de las 12 mil firmas que presentaron para inscribirse como partido político ante el Consejo, Electoral, un 80% provenía de Urabá.
En las pasadas elecciones de marzo, la primera vez que participaban el Frente Popular obtuvo dos alcaldías, en Antioquia y Córdoba; 44 concejales, en Antioquia, Córdoba, Valle, Putumayo, Norte de Santander, Tolima, Cesar y Cauca, y tres diputados, en Córdoba, Valle y Putumayo. Pero esta participación en política les ha costado caro. Hoy podría decirse que el Frente Popular es la hermana menor de la UP, en cuanto al número de militantes asesinados: cerca de 60. Una cuota sin duda demasiado alta para un movimiento tan joven.
Epoca de violencia
Los asesinatos colectivos, las masacres o genocidios no son un hecho nuevo en el país. De acuerdo con el historiador Gonzalo Sánchez, uno de los estudiosos del período llamado de la violencia, ”en esa época se dieron actos similares, pero la precariedad de los medios de comunicación limitaba la información a las regiones donde sucedían las masacres. En la actualidad el despliegue informativo tiene un efecto de intimidación tan grande que, los autores de estos asesinatos, logran su objetivo: el pánico es total y general. Pero también se da un fenómeno y es el del olvido. La capacidad de la gente para echarle tierra a estos actos atroces es muy grande”.