COMENTARIOS DE LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE COLOMBIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONAMIENTOS DE LA ASISTENCIA MILITAR ESTADOUNIDENSE
15 de julio de 2004

A principios de 1994 el Gobierno Nacional y una facción del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) firmaron un acuerdo de paz que permitió la dejación de las armas y la reincorporación a la vida civil de los integrantes de dicho grupo insurgente. A partir de dichas negociaciones se creó la Corriente de Renovación Socialista (CRS).

Un grupo de reinsertados de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), entre quienes se encontraban los señores Uberney Giraldo Castro, John Jairo Muñoz Zapata, Leonel Pascual Sánchez, Pastor Jaramillo Cadavid, José Evelio Gallo Gallo, Guillermo León Calle Giraldo, Guillermo León Valencia Agudelo, Jose Aristizábal, Fabián Tamayo Gil, Heriberto de Jesús Londoño Sanchez, Juan julio Sepúlveda Agudelo, Mario de Jesús Muñetón Y Nelson Alfredo García Giraldo, conformó la Sociedad Agropecuaria Horizontes Ltda. con el objeto de generar proyectos productivos agrícolas tales como la adquisición de tierras para la producción agropecuaria o la instalación de plantas para procesar su producción y para producir insumos para su consumo que permitieran en un futuro la subsistencia de sus grupos familiares.

Como consecuencia de las negociaciones de paz, el Gobierno Nacional entregó a este grupo de personas reinsertadas de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) -cerca de siete familias- la finca denominada “La Galleta”, ubicada en el municipio de Montebello departamento colombiano de Antioquia, para que la convirtieran en un proyecto productivo.

El 23 de enero del año 2000, un grupo de paramilitares que vestían uniformes del Ejército Nacional, fuertemente armados y que se desplazaban por el municipio de Montebello (Antioquia), se detuvieron alrededor de las 4:30 a.m. en la finca La Galleta. Los miembros del grupo paramilitar procedieron a pintar insignias y letreros alusivos a su ilegal organización, gritando que en esa finca se encontraban varios de los responsables de los secuestros ocurridos en la Glorieta Don Diego, ubicada entre los municipios del el Retiro y la Ceja (oriente Antioqueño) donde tiempo atrás grupos insurgentes habían realizado pescas milagrosas (secuestros masivos) retuviendo en ellos a varias personas.

Después, el grupo paramilitar procedió a ingresar violentamente a las viviendas, sacó a sus habitantes, los amenazaron, amarraron a varias personas que allí se encontraban y retuvieron a Adolfo Parra Lopez, director del Colegio Rural y Wilfredo Cañaveral, hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal. Además, destruyeron elementos de la finca y se llevaron herramientas, papelería, dinero y un radioteléfono que utilizaban para el servicio de la comunidad. Después, advirtieron sobre el peligro que representaba para los moradores de La Galleta continuar en la zona.

Luego de estos hechos, siendo aproximadamente las 6:30 de la mañana, el grupo paramilitar encontró en la vía a los señores José Evelio Gallo Gallo y Uberney Giraldo Castro, reinsertados de la Corriente de Renovación Socialista, y los llevaron a la finca La Galleta, su lugar de residencia. Allí revisaron las vivienda de Gallo y Castro, hurtaron algunas de sus pertenencias, pintaron las paredes con consignas de los grupos de Autodefensas y salieron de allí junto con los otros cuatro secuestrados -quienes se encontraban amarrados con los cordones de sus zapatos- y dos personas más que se encontraban en La Galleta: Jhon Jairo Muñoz Zapata Y David Muñoz Zapata.

Posteriormente, en la vereda El Cairo, ubicada ente los municipios de Montebello y Santa Bárbara, le dieron muerte al educador Guillermo Adolfo Parra Lopez y aproximadamente un kilómetro y medio más adelante dejaron en libertad a los hermanos Muñoz Zapata, comunicándoles que a los retenidos los matarían.

Al parecer, en la cementera El Cairo los paramilitares tomaron vehículos a los que quitaron las placas y en ellos continuaron su desplazamiento, devolviendo los carros en horas de la noche.

Posteriormente, en el municipio de La Ceja apareció el cadáver del señor Wilfredo Cañaveral Gutierrez y más tarde aparecieron imágenes en los medios de comunicación en las que se podía ver a varios miembros del Ejército informando de la muerte en enfrentamiento armado de dos presuntos guerrilleros del ELN en el municipio del Carmen de Vivoral. Los cuerpos que se mostraron de esos presuntos miembros del ELN no eran otros que los de los señores José Evelio Gallo Gallo Y Uberney Giraldo Castro.

En esas imágenes, los cadáveres de Uberney Giraldo Castro y Jose Evelio Gallo Gallo vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. En el informe militar se describió el material bélico que presuntamente se les había incautado a ellos: una subametralladora mini-uzi con silenciador, dos proveedores para la misma, granadas de mano y minas antipersona, entre otro material. Según la información presentada por las Fuerzas Militares, los dos “dados de baja” pretendían dinamitar una torre de energía en la vereda La Madera, municipio del Carmen de Vivoral.

El Ejército Nacional adelantó las gestiones pertinentes para que se realizara el levantamiento de los cadáveres por parte de las Fiscalía Seccional, trasladaron los cadáveres a la morgue del Carmen y allí se practicó la diligencia de inspección de los cadáveres por parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía. También se realizó el cotejo dactiloscópico con los archivos de la Registraduría. Así se pudo establecer que los fallecidos habían sido torturados y que los cadáveres, efectivamente, pertenecían a Uberney Giraldo Castro y Jose Evelio Gallo Gallo.

La Unidad que practicó las diligencias dejó los cadáveres en ese lugar, pero en la noche varios desconocidos violentaron los candados de la morgue y sustrajeron los cuerpos, sin que hasta la fecha se tenga noticia del paradero de éstos. En las paredes del citado lugar dejaron inscripciones de la cuadrilla CARLOS ALIRIO BUITRAGO (CAB) del ELN.

Numerosos vecinos de la zona señalaron a varios integrantes de la Fuerza Pública como responsables de los homicidios. Desde entonces, los pobladores del predio ”La Galleta”, aterrorizados, empezaron a abandonar la región y cerca de veinte personas fueron obligadas a desplazarse forzadamente abandonando su proyecto de vida por temor a las intimidaciones y los hostigamientos

Sobre la misma finca, dos meses después, el 23 de marzo del año 2000, el Ejército realizó unas prácticas bélicas, hostigando de nuevo a sus moradores y amenazándolos. En el transcurso del año 2001, fue asesinado el señor Antonio Serna, administrador de La Galleta, quien fuera una de las personas testigo de los hechos mencionados y que había denunciado los abusos del Ejército cometidos en el mes de marzo del 2001. Posteriormente, en el mes de agosto del mismo año, fue secuestrado y desaparecido el joven Jairo Hernando Sánchez, hijo de uno de los socios de la finca, quien se había visto obligado a exiliarse debido a las numerosas amenazas contra su vida recibidas previamente.

Tras todo ello, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación inició una investigación penal tras la que ordenó la captura del coronel Miguel Angel Sierra Santos, comandante del Grupo Mecanizado Juan Corral, (Unidad de la IV Brigada del Ejército que tiene operaciones en varias áreas del Departamento de Antioquia). Asimismo ordenó la captura del Capitán Carlos Alirio Buitrago Bedoya, del sargento segundo Emigdio Gonzalez Paternina, de los cabos primeros Jesús Humberto Blandon Vargas y Sandro Fernando Barrero y de los soldados voluntarios Yamil Escorcia, John Jairo Giraldo, Alfonso Mercado, Ricardo Lopez Y Diego Quiceno. Al resolver la situación jurídica de los implicados la Fiscalia profirió medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación contra los dos cabos primeros, mientras los demás implicados aun se encuentran vinculados al proceso.

Mediante providencia de fecha 28 de noviembre del 2001 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalia General de la Nación calificó a los Suboficiales Sandro Fernando Barrero Y Jesús Humberto Blandon Vargas como coautores responsables de los delitos de homicidio agravado en concurso y de secuestro extorsivo, precluyendo la investigación por los delitos de concierto para delinquir e irrespeto a cadáveres. Actualmente continúan vinculados al proceso el Capitán Carlos Alirio Buitrago Bedoya y el Coronel Miguel Angel Sierra Santos. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación adelantó una investigación disciplinaria por estos hechos que se encuentra actualmente en trámite.

Los hechos anteriormente expuestos generaron tal estado de terror, angustia y zozobra en los familiares de las víctimas que los obligó a desplazarse forzadamente desde el día 23 de enero del año 2000, con todos sus habituales efectos de terror. Tuvieron que huir del lugar en donde habían logrado construir un nuevo proyecto de vida colectivo y soportar, además, el trauma psicológico, moral y material de la pérdida de sus seres queridos y de lo que el desplazamiento siempre genera (2).