Desde comienzos de 1988, numerosas organizaciones campesinas, cívico populares, sindicales y estudiantiles que habían impulsado la Coordinadora Popular del Nororiente, empezaron a movilizarse para exigir al gobierno el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la población durante el paro de 1987, los cuales no habían sido cumplidos.

En el impulso a esta nueva jornada de movilización y denuncia participaron la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-ANUC, la Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC, la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, seccionales de la CUT, Juntas comunales, cívicas y campesinas y las organizaciones políticas A Luchar, Unión Patriótica y Frente Popular. En la zona quinta, las organizaciones que impulsaron la realización de las marchas fueron además de las ya mencionadas, la Coordinadora Campesina del Magdalena Medio, USITRAS, SINTRAUIS, el SES, ASINORT, y organizaciones defensoras de derechos humanos como el CSPP seccional Santander, entre otras.

A pesar de las acciones de la fuerza pública y de la administración departamental para impedir la realización de las marchas, entre el 22 y el 24 de mayo de 1988, más de 80.000 personas provenientes de los departamentos de Bolívar, Cesar, Norte de Santander, Santander, Magdalena, Sucre, Córdoba, Atlántico y Arauca, se movilizaron hacia las principales ciudades del país. Se trató de una movilización que superó en convocatoria y cubrimiento geográfico las marchas de 1987. Efectivamente, durante los 10 días de movilización, los tres paros movilizaron 81.210 campesinos en 9 departamentos, “en 11 frentes que sincronizadamente quisieron confluir sobre cinco cabeceras provinciales y sobre cuatro capitales regionales”, entre las que Bucaramanga era la más importante. La mayor incidencia se localizó en las áreas más afectadas por el conflicto en el último año: el Magdalena Medio santandereano, la provincia de Ocaña y el Nordeste antioqueño.

En varios lugares del país los participantes de las marchas comenzaron a organizarse en la semana previa a la realización de la protesta con el fin de resistir conjuntamente las operaciones de control de la fuerza pública y llevar a cabo las movilizaciones.

Las agremiaciones estudiantiles y sindicales respaldaron las marchas por medio de la realización de protestas locales en los centros urbanos más importantes del país. “En Bucaramanga fueron tomadas las instalaciones de la Procuraduría. En Convención (Norte de Santander), los pobladores realizaron colectas de alimentos para proveer a los campesinos a los que el Ejército había decomisado sus provisiones, siendo nuevamente confiscadas”.

Entre tanto, “las Fuerzas Armadas ponían en práctica un plan destinado a desmovilizar a los campesinos. Este operativo consistió en el taponamiento mediante tropa y bloqueos con tanques y alambradas de las principales carreteras troncales y sitios de concentración para impedir el paso de las marchas hacia las capitales departamentales, como era su objetivo; inmovilización de los carros en que se transportaban mediante pinchazos a las llantas y decomiso de las llaves; confiscación, y algunas veces destrucción de los alimentos destinados para la manutención durante las jornadas de la marcha y concentración; cierre con cadenas y candados de los parques y plazas donde los campesinos se iban a concentrar; allanamiento violento de oficinas públicas e iglesias donde algunos marchistas lograron refugiarse; detención de dirigentes y marchistas y allanamientos en varios pueblos y veredas”.

Antes que las gobernaciones, fueron los militares quienes ejercieron su jurisdicción de hecho sobre el orden público. El Ministro de Gobierno enfatizó que así los gobernadores permitieran las marchas él mantendría el Ejército en las ciudades para defender a las “gentes de bien”.93 Excusados en que las marchas eran un “oscuro plan subversivo” con el objetivo de desestabilizar al gobierno y a sus instituciones, hostigaron a los marchistas, restringieron la movilización, cortaron el suministro de víveres y detuvieron arbitrariamente las marchas en 29 sitios distintos, los campesinos concentrados en el Sur del Cesar, Pelaya, Pailitas, Curumaní, ni siquiera pudieron iniciar su desfile a Bucaramanga.

Al manejo militar se añadió la desinformación sistemática y la difusión de versiones tendenciosas que buscaron mostrar a la guerrilla como la responsable de los hechos. La prensa nacional deslegitimó desde sus páginas editoriales la protesta de los campesinos. “Las marchas están prohibidas. Con la Constitución en la mano y con la fuerza de la Ley, se deben impedir… la plaga de las marchas debe cesar”, pedía El Tiempo en su edición del 24 de mayo.94 En el editorial del 29 de mayo, día de una de las masacres, El Espectador afirmó que todas las marchas que surcaban los campos de los departamentos de la costa Atlántica, Antioquia, los Santanderes y Arauca, eran un plan de subversión para hundir al país en el más profundo caos. Por su lado, la revista Semana, en un artículo titulado “El Marchismo Leninismo” acusaba a las marchas de ser una réplica de la gran marcha de Mao y señalaba a varias organizaciones guerrilleras de ser las responsables de la movilización campesina.

Los crímenes contra los marchistas se dieron en dos tiempos; durante el desarrollo de las marchas se perpetraron contra el campesinado y después de su realización contra sus dirigentes. En Santander se presentaron varias detenciones, desapariciones, torturas y asesinatos de campesinos, en los que el Batallón Nueva Granada y militares al mando del Teniente Coronel Rogelio Correa Campo, adscritos al Batallón Luciano D’Elhuyar estuvieron involucrados, principalmente se destacan las masacres de La Fortuna en zona rural de Barrancabermeja y Llana Caliente en el municipio de San Vicente del Chucurí, Así como lo numerosos crímenes adelantados durante el segundo semestre del año 88 en estas localidades.

Retaliación contra los Marchantes
Después de las marchas campesinas de mayo de 1988, en el marco de las cuales ocurrieron las masacres de Llana Caliente, La Fortuna y Tres Amigos, muchos de los participantes y organizadores de las marchas y sobrevivientes de esos hechos fueron reseñados por el Ejército, tomándoles sus datos personales y fotografiándolos. Varios de ellos luego serían asesinados por militares, paramilitares o en acciones conjuntas.

Se registra también un incremento desmesurado en las masacres (asesinatos colectivos donde son asesinadas de forma simultánea o durante un mismo recorrido criminal tres o más personas.). Mientras en 1986 habían tenido lugar 20 masacres con un saldo de 78 víctimas y en 1987, 9 con 34 víctimas, en el año 1988 se cometieron 62 masacres que arrojaron 323 víctimas asesinadas.100 Los principales responsables de esta modalidad criminal fueron los grupos paramilitares que operaban en la región.

Paradójicamente, el gobierno nacional, desconociendo la íntima y evidente relación entre las acciones de los grupos paramilitares y los miembros de la Fuerza Pública, instaló brigadas militares en los sitios donde se presentaron masacres, contribuyendo así al ambiente de zozobra y terror vivido en la región durante estos años.

Muchos de los cuerpos fueron hallados, y posteriormente en el sitio conocido como Hoyo Malo, fosa natural de más de 50 metros ubicada en la vereda Santa Rosa a 11 kilómetros de San Vicente del Chucurí, en la vía que conduce a El Carmen, más específicamente en la finca de Ana Matilde González. El hallazgo de este siniestro lugar fue denunciado por la ANUC con ocasión de la masacre de Llana Caliente y desde entonces se convirtió en un símbolo de impunidad y ejemplo de la operatividad tanto de militares como de paramilitares.

Tan macabro hallazgo conmocionó al país entero. Las labores de búsqueda e identificación de los cuerpos, de los cuales la mayoría nunca fueron plenamente identificados, recayeron sobre más de 100 personas. Allí, además de los cuerpos de decenas de personas asesinadas durante las masacres cometidas en el desarrollo de las marchas campesinas y las desapariciones y asesinatos posteriores a ellas, se encontraron fragmentos de cuerpos en todas las etapas de descomposición, algunos con más de 10 años de estar allí.

El descubrimiento de esta fosa común generó grandes dificultades para los cuerpos técnicos de criminalística, Procuraduría, Policía Judicial y DAS que se habían desplazado desde Bucaramanga y Bogotá, debido a la inaccesibilidad del paraje, al cual se podía llegar por una carretera destapada o por avioneta; y por falta de apoyo y seguridad en las labores de rescate del Ejército y Policía que hacía temer a los funcionarios un posible ataque de los grupos paramilitares para evitar el arribo al municipio.

Entre los cuerpos encontrados estaban los de los campesinos ÁLVARO CRISTANCHO TOLOZA, ÁLVARO CRISTANCHO ARDILA y ELISEO REYES, militante de A Luchar, quienes fueron desaparecidos en febrero de 1989 y posteriormente asesinados por paramilitares del grupo Los Masetos en colaboración con efectivos del Ejército. Los campesinos habían participado en las marchas campesinas de mayo de 1988 y habían sido testigos de la masacre de Llana Caliente. Los agricultores salían de su casa rumbo al trabajo en la hacienda La Gómez a las 11:00 a. m. cuando fueron interceptados por sus agresores; uno de los trabajadores de la hacienda llegó hasta la casa de ellos y avisó a los familiares que estos no habían ido a trabajar; desde ese momento comenzó la búsqueda hasta que el 22 de abril de 1989 uno de los obreros informó a la familia que los campesinos habían sido encontrados en Hoyo Malo.

Estas desapariciones se dieron después de una emboscada del ELN a tropas de la V Brigada en San Vicente de Chucurí el día 6 de febrero, donde resultaron muertos 5 soldados y varios heridos. Era claro que una vez detenidos y asesinados los militares y paramilitares, los cuerpos de los campesinos eran abandonados en Hoyo Malo.

El jueves 5 de mayo de 1989, las labores de rescate fueron suspendidas por el Juez 22 de Instrucción Criminal, Jorge Humberto Vacca, al considerar que primero era necesario solicitar a la Seccional de Instrucción Criminal y a Medicina Legal de Bucaramanga el envío de una serie de elementos y equipos técnicos que permitieran recoger de manera más completa y técnica cada uno de los fragmentos óseos, calculados de pertenecer a no menos de 100 personas, esparcidos a lo largo del profundo socavón.

En esta fosa se encontraron algunos de los restos de las 715 personas asesinadas o de las 147 desaparecidas forzadamente en la zona durante el año 1988, y cuyos responsables fueron el ejército y los organismos de inteligencia del estado quienes actuaron de forma encubiertas y que en ocasiones utilizaron civiles armados.