POR SINALTRAINAL

LUCIANO ENRIQUE ROMERO MOLINA, Tenía 47 años de edad, era casado y era padre de 4 hijos. Fue asesinado el 11 de Septiembre de 2005, en VALLEDUPAR CESAR.

Trabajo 20 años para NESTLÉ – CICOLAC en VALLEDUPAR hasta el 22 de octubre de 2002, cuando fue despedido.

Las continuas amenazas de muerte lo obligaron a salir de VALLEDUPAR en distintas ocasiones. Desde finales de 2004 permaneció varios meses en GIJÓN ESTADO ESPAÑOL en un programa de protección y solidaridad; había regresado al país a comienzos del 2005.

El 11 de Septiembre de 2005, este LUCIANO Romero fue torturado y asesinado en la ciudad de VALLEDUPAR CESAR por grupos paramilitares. Al momento de su muerte era beneficiario de MEDIDAS CAUTELARES de la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS de la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS.

El Observatorio para la protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) , así se pronunciaron sobre la muerte de este líder sindical:

“De acuerdo con las informaciones, el Sr. Luciano Enrique Romero Molina había sido amenazado de muerte en varias ocasiones y debido a ello, el Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (FCSPP) y SINALTRAINAL lo ayudaron a desplazarse de su región en más de una oportunidad con el fin de protegerle la vida. Además, a finales del año 2004, el Principado de Asturias – España, dentro de un programa de solidaridad y protección, a través de SOLDEPAZ PACHAKUTTI, lo ayudó a salir del país por un tiempo prudencial con el mismo fin de proteger su vida.

De acuerdo con las informaciones, el Sr. Luciano Enrique Romero Molina, de 47 años de edad, padre de 4 hijos, fue trabajador de la Fábrica de Productos Alimenticios Nestlé – Cicolac, en Valledupar, y según las informaciones había sido despedido injustamente el 22 de octubre del 2002, por un supuesto cese de actividades que fue declarado ilegal por el Ministerio de Protección Social. Según las informaciones, en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar, cursaba una demanda laboral por reintegro a su puesto de trabajo, instaurada por el Sr. Luciano Enrique Romero Molina contra las empresas Nestlé de Colombia S.A., Cicolac Ltda. y Dairy Partens Américas Manofacturing Colombia Ltda. “DPA Colombia Limitada”. Según las informaciones, luego de su despido de Nestlé, se dedicó de lleno a monitorear la situación de derechos humanos de los presos políticos recluidos en las cárceles de Valledupar.

De acuerdo con informaciones de la CUT, el Sr. Luciano Enrique Romero Molina es el sindicalista número 37 asesinado durante este año en Colombia. Según las informaciones el departamento de Cesar es uno de los departamentos en donde más se ha acentuado el paramilitarismo, contradictoriamente con el hecho de que a la vez es uno de los departamentos con mayor pie de fuerza (número de militares y policía) disponible de parte de los organismos de seguridad del Estado.

El Observatorio considera que este crimen se encuentra estrechamente vinculado con las actividades de defensa de los derechos humanos y sindicales llevados a cabo por el Sr. Luciano Enrique Romero Molina, además de tener por objeto también disuadir a los demás líderes de SINALTRAINAL, de continuar con el mencionado trabajo.

El Observatorio repudia este crimen violento y manifiesta su grave preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de la Sra. Ledys Mendoza, sus cuatro hijos y todos los miembros de la familia del Sr. Luciano Enrique Romero Molina, así como de todos los miembros del Sindicato SINALTRAINAL en el Departamento de Cesar y en el resto del país.

El Observatorio condena de manera enérgica este nuevo crimen violatorio de los derechos humanos de los defensores y sindicalistas en Colombia llevado a cabo en medio de la política de seguridad democrática del Presidente Álvaro Uribe Vélez y de las conversaciones de paz entabladas por su gobierno con los grupos paramilitares, con la condición de un supuesto cese de hostilidades y de actividades delictivas por parte de éstos. El Observatorio también reafirma su seria preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos en Colombia”.