El exterminio de la familia Úsuga muestra el modelo de persecución permanente empleado en el genocidio contra la Unión Patriótica.

por Iván Cepeda Castro
fm_cepeda@yahoo.fr
http://colombia.indymedia.org
Saturday, Dec. 10, 2005

En razón de su militancia política, durante la última década, los Úsuga han sido víctimas de amenazas, atentados, asesinatos, secuestros y “desapariciones” forzadas por parte de agentes estatales y paramilitares. Siete miembros de esta familia fueron detenidos-desaparecidos y dos asesinados. Los restantes tuvieron que emprender, en cuatro oportunidades, el desplazamiento a varios lugares del país. En octubre pasado, los 18 sobrevivientes que quedaban en Bogotá se vieron obligados a viajar al extranjero, buscando poner a salvo sus vidas en el exilio.

La tragedia de los Úsuga comenzó en Urabá en 1995. Miembros del Ejército asesinaron a uno de los hijos mayores delante de toda la familia. Horas antes se les había ordenado cavar una fosa en la que fue enterrado el cadáver de su ser querido. También se les conminó a firmar un acta de buen comportamiento y a comprometerse, bajo amenazas, a no denunciar lo ocurrido. En marzo de 1997 les quemaron la casa. La familia tuvo entonces que emprender el desplazamiento. Primero se diseminaron por los municipios de la región, pero allí fueron de nuevo a buscarlos. Rosalba Úsuga, una de las hijas, se instaló con su esposo Ananías Guisao y sus pequeños en el corregimiento La Balsita. En noviembre de 1997, paramilitares en conjunto con soldados de las Brigadas XI y XVII del Ejército perpetraron allí una masacre en la que fueron asesinadas 11 personas, entre ellas Ananías. Los paramilitares se llevaron a Rosalba y a cinco de sus hijos. De ellos se logró rescatar, por medio de una acción humanitaria de la Cruz Roja Internacional, solamente a cuatro de los menores que permanecían cautivos en una finca de Carlos Castaño en Córdoba.

Ante la incesante persecución, los demás parientes intentaron establecerse unos en Medellín y otros en Bogotá y Santa Marta. En esta última ciudad fue arrestado y luego “desaparecido”, en 1998, Luis Fernando Úsuga Rivera, el padre de la familia. El 25 de agosto de 2000, otros tres familiares fueron “desaparecidos” en el centro de Medellín. Ese mismo año, Ángel José Quintero Mesa, esposo de Blanca Libia Úsuga y miembro de la seccional de Asfaddes, fue también “desaparecido” en Medellín en compañía de Claudia Patricia Monsalve. Ángel había sobrevivido ya a otro atentado contra la familia en Apartadó. Dentro de la investigación por este caso resultó comprometido el jefe de seguridad del presidente Uribe, el coronel de la Policía Mauricio Santoyo. El entonces fiscal Luis Camilo Osorio ordenó desvincularlo del proceso.

De la amenaza a la “desaparición” forzada; de la persecución al desplazamiento y del desplazamiento al exilio; del haber salvado la vida varias veces a caer en una celada mortal, así transcurre la vida de muchos de los sobrevivientes de la Unión Patriótica. Familias enteras han vivido una sucesión ininterrumpida de asedios, crímenes y destierros. En estos casos, cada historia individual es la crónica de una huída sin fin de la muerte.

La destrucción completa de núcleos familiares ha sido un rasgo de la guerra sin cuartel que se libra en Colombia. No existe justificación posible para una cadena de ignominias como las cometidas contra los Úsuga, o como aquellas otras infligidas, por ejemplo, contra la familia Loaiza Polanco en el Huila.

La profesora Lilia Solano, quien hace parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, viene siendo objeto de diversos actos de amenaza y hostigamiento. Investigar tales hechos y proteger su vida es responsabilidad plena de las autoridades estatales.