En los últimos 10 años, las Auc se llevaron a más de 1.000 personas y varias están desaparecidas.

Por: Redacción ELTIEMPO
27 de febrero de 2008
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RAÚL ALEJANDRO RIAÑO RUBIANO, estudiante de Ingeniería Catastral de la Universidad Distrital y quien trabajaba en una empresa familiar de transporte de carga, fue secuestrado por las Auc el 25 de agosto de 2005 en la carrera 30 con Avenida Primero de Mayo en Bogotá. Para entonces los paramilitares ya habían decretado el cese de hostilidades.

La familia de Rubiano, quien en la fecha del secuestro tenía 25 años, tuvo noticias de él un mes después cuando un tío recibió una llamada y al otro lado de la línea oyó una voz ronca que le decía: “Muchos saludos de Raúl y que por favor colaboren y hagan lo posible para vender todo lo que tengan y reúnan 5.000 millones de pesos para entregárselos. Por lo pronto pedimos un adelanto de 50 millones para mandarles pruebas de supervivencia y mantenerlo con vida”.

La historia la cuenta Sandra Riaño, hermana de Raúl. Su familia siempre le temió a la guerrilla porque en el 2000 llamaron las Farc para extorsionarlos. “No lo volvieron a hacer y quedamos tranquilos -afirma-. ¡Qué sorpresa nos llevamos cuando supimos que los secuestradores eran paramilitares!”. Acudieron al Gaula para pedir apoyo y a los pocos días de la llamada recibieron un carné y unos documentos como prueba de supervivencia. “La Policía nos dijo que las llamadas las hacían desde Villavicencio -relata mientras mira la fotografía más reciente de su hermano-. Allí encontraron la camioneta negra que conducía el día que se lo llevaron y eso les hizo pensar que podría tenerlo el bloque Centauros que no se desmovilizó, pero nosotros no descartamos que sea otro bloque. El problema es que no han vuelto a llamar”.

Desde entonces la familia Riaño no sabe nada de Raúl, pero pese al silencio de los secuestradores Sandra no pierde la fe. No ocurrió lo mismo con la madre, Carmenza Rubiano, quien no aguantó el secuestro del hijo y murió el 18 de febrero de 2007. “Mi mamá empezó a decaer, se le bajaron todas las defensas y eso le aceleró una hipertensión pulmonar -cuenta Sandra-. Antes de morir nos dijo que sentía que Raúl estaba muerto, que ya no se iba a reunir con él y no valía la pena seguir luchando”.

Sandra mandó hacer afiches y camisetas con la fotografía y el nombre de su hermano para marchar el 6 de marzo contra el paramilitarismo y en homenaje a las víctimas. “Espero que mi caso tenga eco al menos en el corazón de los secuestradores -dice-. Aunque no estamos preparados para lo peor, para recibir un cadáver. Necesitamos una señal de que está vivo…o muerto”.

Única pista

El 27 de julio de 2001, hombres de las Auc al mando de Gato citaron a varios habitantes de Cabuyaro, Meta, a una reunión en una finca en la vereda de La Embajada. Debían presentarse el 28 a las 8:00 a.m. Entre los convocados estaba William Hernando Murad Sánchez, de 51 años, padre de dos hijos y trabajador de la Alcaldía. Su esposa Leonor recuerda que esa noche lo pensó mucho: “William me dijo: ‘El que nada debe nada teme y si no voy es peor porque vienen y me sacan”. Por eso madrugó, se montó en la bicicleta de su hija y partió a cumplir la cita en la finca que los paramilitares se habían tomado meses atrás y que tenían de base. Fue el único habitante de Cabuyaro que decidió asistir a la reunión.

Sus familiares dicen que averiguaron y que les dijeron que nadie oyó gritos ni disparos, que no hubo torturas en la finca. Desde entonces, su madre y su hermana emprendieron su búsqueda, se entrevistaron con jefes de las Auc de la región, incluído Gato, quien les dijo: “Aquí no hemos mandado a llamar a nadie, no pregunten por él”.

Pero las dos mujeres siguieron preguntando de finca en finca y luego acudieron a la Policía que se negó a ir al sitio. “La única pista que tenemos es el testimonio de Emilio, el dueño de la finca, que nos dijo que William salió vivo de ahí, que lo tuvieron en la noche y le dieron comida, y que luego el Gato se lo llevó para la escuela y lo tuvo también allá”, relata su hermana Aydeé. Teresa, la madre, interrumpe y agrega un detalle a la historia: “Don Emilio contó que Gato se quedó con el reloj de mi hijo”.

Las dos mujeres creen que secuestraron a William y por eso esperan que alguna de las versiones libres de los jefes paramilitares desmovilizados les dé una clave. “Sabemos a donde quién acudió pero van a cumplirse siete años y nada que lo devuelven -afirma Aydée-. Como abogada he acudido a todas las instancias judiciales posibles pero nadie me da razón”. Más grave aún, Teresa recibió una llamada en su casa en Bogotá: “Me dijeron que no volviera por allá y que no preguntara tanto y colgaron”. Desde entonces pararon la búsqueda.

Mientras tanto, en Cabuyaro, corría el rumor de que William podría ser “un finado” -muerto- que tiraron a una laguna llena de pirañas. Aydeé, sin embargo, hace oídos sordos y sigue esperando los resultados de la investigación de la Fiscalía. “No es un muerto hasta tanto no haya cadáver -dice-. Esa batalla la voy a dar, sobre todo porque sueño con él y me dice: ‘!Pendeja!, ¿usted por qué no hace nada por mí y me busca?”.

En San Juan de Arama, Meta, el 11 de mayo de 2002, dos hombres y una mujer de las Auc bajaron de un bus de la flota Macarena a Pedro Octavio Franco Bernal, de 36 años, padre de dos hijos, cuando viajaba de Bogotá a Vistahermosa donde trabajaba como técnico de la secretaría de Agricultura. “Se lo llevaron y no han llamado todavía -afirma su madre, Marina-. Digo que está secuestrado porque no veo otro motivo, pero me llegó una razón de que lo tuvieron un tiempo y luego lo mataron y lo tiraron a la laguna de Los Muertos que queda ahí en San Juan de Arama. En País Libre me insisten en que puede estar desaparecido porque en estos seis años no ha habido una sola llamada”.

Las historias de Raúl, William y Octavio no son las únicas. Hay muchas más pero sus familiares no revelan sus nombres por temor. “Nosotros pagamos el rescate y ya nos dijeron que está muerto -le dijo a CAMBIO la esposa de un comerciante-. No nos han devuelto el cadáver”. Otra víctima cuenta: “Una gente del Bloque Central Bolívar nos secuestró un tío, nos pidieron la finca y dos apartamentos que teníamos en arrendamiento ¿Quién se les enfrentaba?”

Los motivos

Cuando se habla de secuestro se asocia por lo general con la guerrilla, pero según el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad, Fondelibertad, que reúne las estadísticas de los organismos de inteligencia en materia de secuestro, entre 1996 y 2006 las Auc secuestraron a 1.163 personas.

Las Auc, pues, no sólo son culpables de asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, crímenes atroces, desplazamientos y usurpación de tierras. También son responsables de secuestros con fines extorsivos, por motivos políticos o para obtener favores de los allegados de sus víctimas. E incluso para el reclutamiento forzado de niños -según las autoridades 99 en los últimos 10 años- y también con fines sexuales.

Uno de los más sonados casos de secuestro con fines políticos fue el de Víctor Ochoa Daza, dirigente político de Cesar, quien en febrero del año pasado aseguró ante la Corte Suprema de Justicia que fue secuestrado por Jorge 40 en enero de 2002, como parte de una estrategia para modificar el mapa electoral de la región, instigado, según él, por el senador Álvaro Araújo, hoy detenido en el proceso de la parapolítica. “Mi secuestro durante 80 días hizo parte de aquel pacto con el diablo que llevó a Alvarito Araújo a convertirse en la primera fuerza electoral del Cesar”, declaró Ochoa, quien fue secuestrado el 13 de enero de 2002, cuando iniciaba un recorrido por sus fincas, aunque posteriormente la Fiscalía le retiró al senador el cargo de determinador del secuestro.

Ochoa recuerda que eran las 8:30 a.m., cuando un miembro de un grupo armado que le salió al paso le dijo: “Me lo tengo que llevar, es orden de Comando 40”. Danilo, el primer responsable de su custodia, le advirtió que debía prepararse para un largo secuestro. “Esta es una cuestión política y usted ya debe saber que el comando 40 no da pie atrás en nada”, le dijo. En ese momento, Ochoa recordó que el 3 de enero Jorge 40 había hecho renunciar a los miembros de la mesa directiva del Concejo de Valledupar y que sus hombres difundieron la versión de que las listas de aspirantes al Congreso pasarían por su cedazo.

Esta historia desencadenó un escándalo que produjo la renuncia de la entonces canciller María Consuelo Araújo, hermana del senador hoy en arresto domiciliario e hija de Álvaro Araújo Noguera, quien hoy huye de la Justicia por el mismo caso.

Otros secuestros con fines políticos fueron admitidos en versión libre por Salvatore Mancuso: el de Leonor Palmera, hermana de Simón Trinidad, secuestrada entre 1996 y 1997; el de Hilda Rodríguez, hermana de Nicolás Rodríguez Bautista, Gabino, jefe del Eln, secuestrada con su esposo Libardo Acevedo en 1997, ambos asesinados en cautiverio, y los de los senadores Zulema Jattin y Juan Manuel López Cabrales, secuestrados en 2000.

Los colombianos también recuerdan los secuestros de la senadora Piedad Córdoba, secuestrada el 21 de mayo de 1999 en Medellín por orden de Carlos Castaño y liberada en Necoclí el 4 de junio de 1999, y el del ex senador Jorge Eduardo Gnecco secuestrado en Magdalena por el Bloque Norte el 27 de junio de 2004 y liberado tres días después, porque el caso puso en jaque el proceso con las Auc.

En cuanto a los secuestros de tipo extorsivo, el único hecho público fue el del venezolano Richard Boulton, hijo del empresario de aviación Henry Boulton, secuestrado el 15 de julio de 2000 y liberado en 2002 tras el pago de un rescate de cuatro millones de dólares.

Hasta ahora son pocos los que pueden contar el cuento, pues como el mismo Mancuso lo reveló en enero del año pasado en una diligencia ante un fiscal de Justicia y Paz en Medellín, “no teníamos secuestrados, los retenidos fueron dados de baja en su mayoría”, dijo con frialdad. Los justificó con el argumento de que eran guerrilleros o auxiliares de la guerrilla. Nunca se sabrá la verdad.

Y los demás, que según Fondelibertad son 254, ¿