CNRR – GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA
EL ORDEN DESARMADO LA RESISTENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE (ATCC) – 2011

A) Las masacres y sus procedimientos.

En la región del Carare la mayoría de las masacres fueron ejecutadas por los paramilitares y se ubican, en buena medida, durante el proceso de penetración en la zona y configuración de su dominio territorial; es decir, en la década del ochenta. Esa tendencia se explica por la intención de aquel grupo de sembrar el terror entre los campesinos para disuadirlos de sus reales o presuntas relaciones con la guerrilla. En este sentido, las veredas afectadas por estos actos fueron aquellas en las que había existido presencia de la UNO o aquellas que se encontraban ubicadas en los canales de movilidad de la guerrilla, particularmente en las veredas de La Corcovada y Vuelta Acuña, en las que hubo varias con un significativo número de víctimas. La vereda de La Corcovada por ejemplo, que ya había sido escenario de homicidios y masacres en los años setenta, continuó presentando dichas prácticas violentas durante la década de los ochenta. Allí se registraron por lo menos seis masacres en esa década, pero no siempre se logró determinar el número de muertos o identificar a las víctimas, debido a la ausencia de autoridades para realizar los levantamientos, a las amenazas para que no se denunciaran los hechos etc. Posiblemente, la cifra más elevada de muertos en una masacre en esa vereda, pudo provenir de la ocurrida en agosto de 1983, cuando según el periódico Puerto Rojo editado en Puerto Boyacá, hubo 18 muertos; sin embargo, para este periódico y otros como El Tiempo, -que indicó que habían sido nueve los muertos-, se trataba de muertos en combate, es decir, de bajas en las filas guerrilleras.499

No todas las masacres se efectuaron para combatir a “los auxiliadores de la guerrilla”. Aunque en baja proporción, hubo algunas que, se sospecha, se debían a venganzas o conflictos internos entre los propios paramilitares o a acciones en las que se satisfacían intereses individuales de los miembros de la organización. Éstas demostrarían que entre los grupos paramilitares hubo cierto margen para cometer acciones delincuenciales y que la línea de mando y la disciplina de las organizaciones paramilitares no fue tan clara, ni tan exigente a la hora de controlar sus estructuras militares. Sobre el ejercicio de la venganza entre los paramilitares es necesario recordar la masacre del 15 de noviembre de 1992; en esa fecha fueron asesinadas doce personas, la mayoría integrantes de una misma familia. Se presumía que este acto se debía a que uno de sus miembros, conocido con el alias de “Arracacho”, formaba parte de un grupo paramilitar en el que existían luchas intestinas.

En otro evento criminal, el móvil fue el robo de esmeraldas, al ser asaltado un campero en el que se movilizaban Carlos Sandoval y algunos miembros de su familia en unión de la familia Rodríguez, la cual se hallaba de visita; el asalto se atribuyó a Hermógenes Mosquera alias “El Mojao”, quien los sorprendió en el sitio La Yuca, corregimiento de La India, en diciembre 17 de 1989. En el hecho murieron cinco personas.500

Varias de las masacres ejecutadas por los paramilitares con móviles políticos, se hicieron mediante el sistema de recorridos efectuados por diversas veredas dejando a su paso varios muertos. En su recorrido de muerte, a veces los victimarios usaron máscaras para ocultar su identidad y realizaron robos de bienes a las víctimas (dinero, gallinas ganado, etc.). En pocos casos hubo actos de violencia sexual501 y actos atroces como torturas para obtener información. En dos masacres hubo actos inhumanos que evocaron la forma como se ejecutaba a las víctimas durante la violencia bipartidista: en una de las masacres perpetrada en la vereda de La Corcovada, un hacendado paramilitar le rajó el estómago a una mujer embarazada, le sacó la criatura y colgándola de un pie decía: “¡Mire! Esto es lo que hay que hacer porque lo que iba a nacer aquí es un hijo de un guerrillero”.502

En otra masacre, ocurrida en Vuelta Acuña, el 12 de enero de 1984, un sobreviviente cuenta que: “Laura era la que tenía los ojos sacados, tenía como la barriga rajada, y le echaron como un ácido y le quemaron el cabello, lo mismo que esa muchacha Cruz, no tenía cabello, pero no le habían sacado los ojos, lo mismo a este muchacho Juan también le tumbaron el pelo. Todos quedaron sin cabello. El único que estaba intacto era don Honorio”503

En varias masacres se trató de ocultar el número de muertos prohibiendo la denuncia, obligando a enterrar de inmediato a las víctimas o lanzando los cadáveres al río, tema que trataremos más adelante. Esas técnicas son las que explican el subregistro de datos en la estadística del Instituto de Medicina Legal. Al respecto, es ilustrativo el caso de la masacre del Kilómetro No. 7, una vereda aledaña a Cimitarra y ejecutada por los paramilitares en abril de 1987, en la que fueron asesinadas doce personas. De ellas, se hizo el levantamiento de Antonio Bustamante, Jesús Daniel Rentera, Humberto Quiroga y Carlos Moncada, mas no de las otras ocho personas que fueron descuartizadas y lanzadas al río Carare, entre ellas Jesús Darío Rentería, Humberto Quiroga, Luís Magnu Chaverra, Hernando Bustamante, Telmo Zambrano, Isaías NN, José NN y otra persona NN.504

B) Homicidios selectivos.

En el Carare, hacia la década del ochenta, el homicidio selectivo practicado sistemáticamente por paramilitares y, en ocasiones, por miembros de la fuerza pública, reemplazó de manera definitiva a la tortura como reina de la represión política. Pese a ello, no fue corriente que en cada episodio homicida se diera a conocer los motivos del mismo; sólo en algunos casos se dijo que las víctimas eran “auxiliadores de la guerrilla” o “miembros de la guerrilla”.

Excepcionalmente, los paramilitares se hicieron pasar por guerrilleros para cometer sus asesinatos, como en el caso del homicidio de dos campesinos cometido a finales de 1990, en el sitio El Pedregal por un grupo mixto comandado por el paramilitar alias “El Pájaro” y por un supuesto suboficial del Ejército. El episodio fue perpetrado por hombres de civil portando distintivos del ELN y de las FARC505; lo anterior, concuerda con la declaración de un ex miembro de los grupos paramilitares. Éste aseguraba haber patrullado en algunas oportunidades con soldados en Cimitarra; de ello recordaba que “las masacres que hubieron (sic) en Cimitarra… eso no lo hacía la guerrilla, porque los muertos eran auxiliadores de la guerrilla”.506

Los homicidios no fueron iniciativa exclusiva de los miembros de inteligencia de los aparatos armados: muchos de estos episodios de sangre fueron determinados por los colaboradores de los paramilitares, cuando entregaban información cierta o falsa de sus vecinos o sus conocidos. La una o la otra, tuvieron efectos mortales sobre los acusados, especialmente en la fase del conflicto en la que los paramilitares necesitaban homogenizar sus zonas o dejarlas libres de influencia guerrillera, momento en que no se tomaban el trabajo de investigar y de corroborar las informaciones recolectadas. En ocasiones, lo que se escondía en una información podía ser una vieja enemistad, un conflicto o la intención de eludir el reconocimiento de un derecho legítimo. Un inicuo ejemplo en este último sentido es la muerte de León Alberto Marín, a mediados de 1990, a manos de un grupo paramilitar de Henry Pérez asentado en Puerto Acuña, sindicado de ser supuestamente un guerrillero, aunque en realidad el verdadero móvil fue el no pago de una deuda y de unas obligaciones laborales.507

Por otra parte, es necesario subrayar que la ejecución de los campesinos no siempre fue motivada por la relación de éstos con la insurgencia o por falsas acusaciones como la demostrada en el caso citado. Hubo también ocasiones en que se trató de reprimir otras posiciones políticas o conductas. Tal es el caso del asesinato, frente a un grupo de más de 30 personas, de la profesora Blanca Arenas en la vereda La India, el 4 de marzo de 1988, quien se encontraba afiliada al sindicato de Educadores de Santander y era miembro del grupo Izquierda Liberal Auténtica. Igualmente, cabe mencionar, el homicidio sin fines políticos de un joven de la vereda San Tropel, en una fecha no establecida de 1989, por haber informado sobre la presencia de Gonzalo Rodríguez Gacha en la finca Casa Negra. Con ello se pretendió aleccionar a la población sobre el silencio que ésta debía guardar respecto de las actividades de los aliados del paramilitarismo. Frente a varios habitantes de la vereda, el campesino fue ahorcado y luego incinerado; este acto advertía sobre la manera cómo iban a “morir los sapos”508.

El método de asesinato fue casi siempre la muerte con arma de fuego y en pocas ocasiones el ahorcamiento o la decapitación. Con este último procedimiento fueron asesinados en la vereda San Juan de la Carrillera, Oscar Galeano y los hermanos Jorge y Edilberto Montoya. Cuando el homicidio no se ejecutaba en el lugar de residencia de las víctimas, el acto criminal se realizaba delante de sus familiares. Tal es el caso de Ana Dolores Murillo asesinada frente a sus dos hijos de 12 y 9 años en la vereda Caño Dorado, el 30 de julio de 1983. También, el de Medardo Rodríguez, asesinado en presencia de sus dos hijos, el 2 de agosto de 1983.509 En algunos homicidios hubo violencia sexual como en el asesinato múltiple de la pareja conformada por Luz Vanegas, su esposo Marco Olarte y su hijo Dumar de 8 años; en otros hubo despojo de dinero, ganado y gallinas.

En las incursiones en las que los paramilitares arrancaban a sus víctimas de sus hogares prometiendo su regreso, estas personas no volvían a aparecer vivas. Generalmente eran asesinadas y sus cadáveres podían ser arrojados al río Carare o aparecían días después, en ocasiones, con signos de tortura. La primera modalidad será abordada posteriormente, la segunda recuerda el caso de los obreros Eliécer Ruiz y Rubén Darío Hernández, quienes fueron sacados de su finca La Fe en Puerto Araujo y luego se hallaron muertos el 29 de septiembre de 1990.510 En otras ocasiones las víctimas murieron en la vía pública o en los caminos, cuando se trasladaban a otro lugar o en el sitio de trabajo.

C) Lanzamiento de cadáveres al Río Carare.

La práctica ejercida por los paramilitares caracterizada por lanzar cadáveres al río Carare tuvo variados propósitos: a) Desterritorializar a los muertos o llevar un mensaje de muerte o intimidación a lo largo de su recorrido. En el área del paramilitarismo del Magdalena Medio como en otros lugares del país, el lanzamiento de los cadáveres a los ríos pretendía impedir la identificación del escenario del crimen y de las víctimas. b) Ejercer un castigo adicional a los familiares de las víctimas, que no podían recuperar el cuerpo o todo el cadáver, aún sabiendo que sus seres queridos habían sido arrancados de sus hogares por el grupo paramilitar. Eso fue lo que sucedió con el cuerpo del campesino Manuel Narváez, miembro directivo de la ATCC, vecino del sector conocido como El Doce, quien fue descuartizado vivo y sus restos fueron arrojados a las aguas del río Carare, el 4 de enero de 1990, con el objetivo de “que jamás su cuerpo fuera hallado”, según la orden del comandante Noventa de los paramilitares de Puerto Araújo.511 El 4 de octubre de 2005, otro miembro de la ATCC corrió con igual suerte, también a manos de los paramilitares; se llamaba Jesús Antonio Marulanda.

En este caso el propósito criminal no fue desaparecer sus restos sino intimidar al vecindario al arrojar al río sus miembros dejando el tronco para su identificación.512 c) Se intentaba, así mismo, que el cadáver se descompusiera y desapareciera. Para ello el paramilitarismo realizaba varias prácticas: Una fue arrojar los cadáveres con la amenaza para que no se denunciaran los hechos criminales; la orden explica que en varias zonas del Magdalena Medio existía el convencimiento según el cual quien encontrara un muerto en el río, también moría.513 Por ello se explica que los campesinos dejaran pasar los restos humanos y que incluso, algunos empujaran con un palo los restos humanos que el agua depositaba en las orillas o las playas de los ríos. A esa práctica se opuso la dirigencia de la ATCC, que impulsó entre sus afiliados la idea de denunciar y colaborar con el levantamiento de cadáveres por razones humanitarias.514

Otra modalidad criminal de los paramilitares consistió en despedazar los cadáveres y arrojarlos por partes. Al respecto dice el paramilitar Alonso de Jesús Baquero sobre esas técnicas criminales: “Allá hablar de picalesco es despedazar la persona por las coyunturas, les quitan las manos, la cabeza, los pies, les sacan los intestinos y echan el cuerpo por aparte, esto se hace con el objetivo de que no aparezca flotando por el río y en ese sitio en donde se desvía hacia Antioquia es como un remolino, entonces el sitio se presta para que no queden rastros porque la corriente es fuerte…”.515

99 Puerto Rojo. Noviembre de 1983. La cobarde matanza del Magdalena Medio.
El relato de es ambiguo pues insinúa que fue un ataque contra un poblado que
dejó un saldo de 18 “guerrilleros” muertos. Ver capítulo II. En el mismo se citan
versiones de los campesinos.
500 Colombia Nunca Más. Op.cit.
501 En una de las masacres de La Corcovada una niña de 8 años fue violada y fue
enterrada en Santa Rosa en una bóveda ya ocupada por un familiar. Entrevista a
campesino. La India. Mayo 8 de 2010.
502 Testimonios de los bombardeos y acciones combinadas en la región de La Corcovada
y otras. IEPRI, Centro de Documentación. Compilación de Carlos Medina.
503 Testimonios de Vuelta Acuña. IEPRI, Centro de Documentación. Compilación
de Carlos Medina.
504 Colombia Nunca Más. Cimitarra. Op.cit. Entrevista a campesino. Cimitarra,
Mayo 7 de 2010.
505 Colombia Nunca Más. Cimitarra. Op.cit.
506 Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Expediente
1589., Delito: concierto para delinquir. Cuaderno original No 4.Declaración
de Ricardo Rayo. Bogotá, junio 6 de 1996. ff. 268-272.
507 Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Expediente
1589. Delito: concierto para delinquir. Queja formulada por Emilio Sánchez
Rodríguez. Bogotá. Junio 20 de 1990. F.284-301.
508 Colombia Nunca Más. Cimitarra. Op.cit.
509 Colombia Nunca Más. Cimitarra. Op.cit.
510 Colombia Nunca Más. Cimitarra. Op.cit.
511 Atuesta Ardila, Carlos Alirio. Grupos Paramilitares del Magdalena Medio Santandereano,
Cimitarra. Documento incorporado al expediente 20.594. Bogotá,
Septiembre 13 de 1994. p.5.
512 Entrevistas a campesinos. La India. Febrero 26 de 2010.
513 Expediente 1589. Delito concierto para delinquir. Queja formulada por Emilio
Sánchez Rodríguez. Bogotá, Junio 20 de 1990. F.284-301.
514 Archivo de la ATCC. Acta de reunión de la ATCC con las FARC. La India, Enero
13 de 1992.
515 Expediente 1589. Delito concierto para delinquir. Diligencia de ampliación
de indagatoria de Alonso Baquero Agudelo. Palmira, Agosto 8 de 1995.f. 107-114.