CNRR – GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA
EL ORDEN DESARMADO LA RESISTENCIA DE LA ASOCIACIÒN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE (ATCC) – 2011
Pags de 101 a 104

Varias de las veredas del Carare fueron objeto de atropellos intimidatorios. No obstante, resulta pertinente resaltar que en algunas hubo un sistemático uso del terror oficial (torturas, algunos homicidios selectivos y hasta bombardeos) para producir delaciones, desplazamientos y muertes de opositores políticos. La estrategia implicó la territorialización del conflicto en términos de zonas criminalizadas y zonas libres de comunistas y de guerrilla. En desarrollo de esa racionalidad, algunos militares buscaron, por lo menos, desplazar a contradictores de oposición o de izquierda, para recuperar las veredas y hacerlas funcionales al orden tradicional. En estas zonas “rojas” o comunistas, las patrullas aplicaron algunos procedimientos para confundir y causar zozobra entre los campesinos, logrando que éstos entregaran información o desistieran de seguir simpatizando con la oposición. Uno de los mecanismos fue el uso de informantes, algunos de ellos civiles y reconocidos en ese oficio como lo sugieren ciertos informes periodísticos de Voz, que ocasionalmente trataba de advertir sobre la actividad de los mismos. En la segunda mitad de 1976, se comentaba que “la actividad de espionaje la adelantan fundamentalmente mujeres, entre las que se cuentan una de nombre Y (…) propietaria de una venta de comida en Cimitarra y otra de nombre M (…), (alias la (…)”; y en otra ocasión, indicaba el nombre de un “reconocido señalador” apodado el “Gringo” que servía al Ejército y a quien acusaban del asesinato de Isaac Gómez.193 No hay rastros de los efectos de esas acusaciones, pero lo que sí parece advertirse a finales de la década del setenta, es el incremento del número de ejecuciones realizadas por las FARC de informantes o “sapos”.

En otras ocasiones, el Ejército se hacía acompañar de exguerrilleros. Esto no es para nada extraño durante esa época; el periódico Puerto Rojo, editado en Puerto Boyacá, y abiertamente contrainsurgente, los mencionaría a menudo durante el inicio de los años ochenta, asignándoles un papel protagónico en los golpes contra la guerrilla. Otro método censurable fue uniformar a los detenidos y sacarlos a patrullar y, así generar la idea que estaban trabajando para el Ejército194. Una práctica adicional consistió en actuar de civil frente a los campesinos para investigar sus relaciones y actitudes; comportamiento que no sólo fue denunciado por la prensa195, sino por los propios campesinos ante una comisión de la Cámara de Representantes, que visitó la zona en octubre de 1979, de la que hacían parte Horacio Serpa, Mario Montoya y Octavio Vásquez. En efecto, un campesino de la vereda de La India señalaba:

“En el mes de julio (1979) llegaron a la casa unos hombres armados y sin uniforme, le dijeron que necesitaban víveres de parte de Rodrigo. El les contestó que no tenía sociedad con nadie y ni conocía a ningún Rodrigo, entonces le dijeron que iban a matarlo. Se les presentó el cabo Helber, que era uno de los chantajistas en la cuadrilla de militares. M…les reclamó por ese acto a Helber, dijo que estaba cumpliendo con su deber. Se le dijo entonces que se presentara en Yarima. Allí llamó el coronel Forero, quien le preguntó por el comportamiento de los militares…”.196

La información recolectada muestra que si bien, varias de las veredas del Carare fueron objeto de la acción de la Fuerza Pública, hubo algunas en las que se focalizó la acción militar. Sin pretender dar cuenta de todas ellas, resaltamos aquí varias de las principales: una fue la vereda de San Fernando, ubicada a unos 60 kilómetros de Cimitarra, que contaba con un caserío en donde se había instalado una base militar. Sobre el pequeño poblado y la vereda, hubo una notoria hostilidad manifestada en constantes detenciones y apresamientos masivos y en la ejecución de actos terroristas contra la población civil. Entre estos últimos se destacan el tiroteo indiscriminado contra el caserío en agosto de 1976 o el lanzamiento de una granada en septiembre 1 de 1979, ejecutado por un miembro de una patrulla del Ejército; este episodio dejó un saldo de cuatro heridos entre ellos un menor de un año197. Por el estilo de este atentado ocurrió otro, a mediados de julio de 1980, cuando durante un bazar comunal en el caserío de San Fernando, un soldado lanzó una granada que hirió gravemente a 30 personas, hecho que fue denunciado por el vicepresidente de la Asamblea de Santander, Jesús Eduardo Vasco.198 El diputado pedía el inicio de una “severa investigación “al Gobernador de Santander Alfonso Gómez Gómez, al Procurador del Distrito Judicial y al Comandante de la Quinta Brigada del Ejército, a la vez que solicitaba a una comisión de la OEA que se encontraba en Colombia que participara de la misma.

La política de intimidación continuó. El 26 de diciembre de 1980 se dio el fusilamiento público del campesino Parmenio Rojas en presencia de su familia y de los peones de la finca, luego de que los militares bajaran de un helicóptero.199 En la vereda, igualmente, se registró uno de los primeros hechos de desaparición forzada como el que denunciaba a través de Vanguardia Liberal la señora Teresa Cañola, el 16 de enero de 1981, madre de Gustavo Pulgarín, quien fue visto amarrado en poder de una patrulla militar.200 Los episodios tuvieron alguna publicidad debido a las denuncias de Jesús Eduardo Vasco, presidente del “Comité Permanente Prodefensa de los Derechos Humanos” y de la madre del desparecido que pidieron la pronta intervención del Gobernador de Santander, el Comandante de la Quinta Brigada y la delegación de la OEA en Bogotá.

Como corolario de ese proceso de hostigamiento, en esa vereda se produjo en 1982, el asesinato del concejal de la UNO, Octavio Ramírez, cumpliéndose posiblemente la amenaza del capitán Hernán Martínez, quien en julio de 1976 había expresado públicamente lo siguiente:

“No hay alternativa o se acaba el comunismo o se acaba la milicia. Vamos a matar al concejal Octavio Ramírez y a su hermano Misael Ramírez. Tan pronto caiga el concejal Ramírez vamos a embalsamar su cabeza para mostrarla en las reuniones”.201

Misael, el hermano del concejal, había sido asesinado, el 11 de julio de 1976, en la vereda de La Corcovada y su muerte se convirtió en un episodio para intimidar a esa población y a la de San Fernando. De la muerte de Misael, se acusó al capitán Martínez, quien se aseguraba le había disparado cuando se lavaba la cara a la orilla de la quebrada La Corcovada. Luego de ello se cuenta que: “Los uniformados tomaron el cuerpo del compañero Ramírez, lo colocaron sobre una mula y durante todo el día 11 lo pasearon por la región hasta llegar a la 6 de la tarde al corregimiento de San Fernando. Allí lo hicieron pasar por guerrillero dizque para lección del campesinado, pero la gente del poblado decía: «los que están matando es a los auténticos trabajadores»…

En San Fernando, el cadáver fue tirado a un potrero. De allí lo retiraron el 12 de julio, algunos familiares, a quienes el capitán Martínez se atrevió decirles: Ustedes no teman porque nada deben…No se imaginan las fechorías que andaba haciendo el difunto”.202

193 Voz. Julio 29 y septiembre 3 de 1976.
194 Testimonio de Juan Campos, en El Manifiesto. Febrero 2 de 1977 No 32.”Pena
de muerte en Cimitarra (I)”.p.p.20-21
195 Revolución socialista. Julio 23-29 de 1976. “Contra los campesinos de de Cimitarra
y Yacopí: Frente Común contra la represión”
196 Informe de la comisión segunda de la cámara de representantes. Anales del
congreso. Octubre 3 de 1979.
197 Voz. Abril 5 de 1979.
198 Vanguardia Liberal, Julio 18 de 1980.
199 Vanguardia Liberal, Enero 15 de 1981.
200 Vanguardia Liberal, Enero 16 de 1981.
201 Voz. Julio 22 de 1976.
202 Voz. Julio 22 de 1976.