Revisando el proceso por el crimen de Luis Carlos Galán, abundan las evidencias para persistir en la investigación.

elespectador.com
Jun 02 2009
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El expediente por el magnicidio de Luis Carlos Galán está reabierto desde el 22 de octubre de 2004. Ese día, el fiscal especializado Eduardo Meza Cadena dispuso que, como quiera que a pesar de haber transcurrido 15 años de los hechos, aún existían autores del crimen o sus acompañantes sin identificar, la totalidad del proceso debía reemprenderse como indagación preliminar bajo el código UDH 267A. En la misma providencia se ordenó el juzgamiento del ex teniente del Ejército Carlos Humberto Flórez Franco.

El nombre de este ex oficial de inteligencia del Ejército, nacido en Ibagué y hoy de 45 años, surgió desde las primeras pesquisas por el magnicidio de Galán Sarmiento. No sólo fue referenciado por dos confesos partícipes en la acción criminal perpetrada el 18 de agosto de 1989, sino que años después, en abril de 1996, un testigo secreto admitió que este personaje trabajaba para el batallón Charry Solano y que la noche del asesinato los homicidas se ocultaron en su apartamento ubicado en el sector de Metrópolis.

Pero no sólo fue señalado el ex teniente Carlos Humberto Flórez Franco, los testigos también apuntaron hacia el ex sargento segundo del Ejército, Luis Alberto Roa Cárdenas. Ambos fueron referenciados como integrantes de la red de colaboradores del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Además, también aparecieron vinculados al asesinato del líder de la Unión Patriótica Teófilo Forero, cometido en febrero de 1989. De hecho, ambos ex militares fueron condenados por este crimen. Roa fue absuelto en el caso Galán.

¿Por qué no se ahondó en establecer los nexos de estos ex militares con el crimen de Galán, al punto de que hoy el ex teniente Flórez huye de la justicia? Para entenderlo hay que regresar a las primeras pesquisas por el magnicidio y ratificar que la impunidad del caso surgió casi simultáneamente con el asesinato. El martes 22 de agosto de 1989, cuatro días después del homicidio, en un operativo de la Dijín en un edificio ubicado en la carrera 4 con calle 19 de Bogotá, fueron capturados cinco individuos, a quienes se acusó de haber participado en el crimen.

Se trataba de Jubiz Hazbum, Armando Bernal Acosta, Pedro Telmo Zambrano, Luis Alfredo González y Norberto Murillo Chalarcá. Ese mismo día, el entonces director de la Dijín, coronel Óscar Peláez Carmona, declaró públicamente que más de 40 testigos los habían identificado. El periodista Fernando Cortés, en su libro El asesinato de Galán, sostuvo, tiempo después, que aquel día agentes de la Dijín fueron vistos ofreciendo dinero en el municipio de Soacha a quienes testificaran contra Jubiz Hazbum y su grupo.

Semanas más tarde, el director del DAS de la época, general Miguel Maza Márquez, en rueda de prensa ante los medios de comunicación, detalló el papel que supuestamente había cumplido cada uno de los detenidos. Sin embargo, tales imputaciones nunca se comprobaron. No bastaron los testigos en su favor, incluso el del ex ministro Carlos Obando, quien declaró en favor de Jubiz Hazbum y fue blanco de un extraño atentado. Hazbum y los demás permanecieron 42 meses y 10 días en prisión. El 2 de marzo de 1993, un fiscal los absolvió de los cargos por el caso Galán.

De forma paralela al falso positivo judicial de Hazbum y su grupo, la justicia llegó a los verdaderos autores del magnicidio de Luis Carlos Galán. Observando las fotografías del crimen, divulgadas en exclusiva por la revista Cromos, el líder de la zona esmeraldífera Pablo Elías Delgadillo acudió al entonces comandante de la XIII Brigada del Ejército, general Ramón Eduardo Niebles Uscátegui, para advertirle que el hombre que sostenía una pancarta al lado de la tarima donde fue acribillado Galán era un reconocido esmeraldero.

Con base en esta información, unidades del Ejército capturaron el 19 de septiembre, al occidente de Bogotá, a José Orlando Chávez Fajardo, quien ese mismo día admitió su participación en el complot para asesinar a Galán. Además, señaló al autor material: Jaime Rueda Rocha, un paramilitar al servicio de Gonzalo Rodríguez Gacha. Gracias a esta confesión, horas más tarde, fueron capturados Jaime Rueda Rocha, su hermano medio José Éverth Rueda Silva y Enrique Chávez Vargas. El 22 de septiembre fueron presentados en rueda de prensa.

A la semana siguiente, Chávez Fajardo, a la hora de ratificarse, se retractó de lo dicho y manifestó que había sido presionado para que diera la primera declaración. No obstante, Enrique Chávez Vargas, su primo, ya había aportado un testimonio admitiendo su participación en los hechos. José Éverth Rueda Silva fue más allá y admitió la participación de un oficial de inteligencia del Ejército en el plan criminal. A pesar de estas evidencias, la justicia persistió en señalar al grupo Hazbum y fue tomando insólitas decisiones frente al segundo grupo.

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Sin mayores explicaciones, los primos Chávez Fajardo y Chávez Vargas fueron beneficiados con la libertad condicional. El primero de ellos fue objeto de un atentado en marzo de 1990. La segunda vez, los asesinos no fallaron. El 5 de agosto del mismo año, sin cumplirse un año de la muerte de Galán, los primos Chávez fueron asesinados en Bogotá. En cuanto a Jaime Rueda y Éverth Rueda Silva, el primero se evadió de la cárcel La Picota en 1990 y fue abatido por la Policía en abril de 1992. Éverth corrió la misma suerte en junio del mismo año.

En otras palabras, en tres años, la justicia derrochó el aporte de cuatro partícipes claros en el magnicidio de Galán. En contraste, persistió en mantener detenidos a Jubiz Hazbum y sus amigos. Para marzo de 1993, tras la absolución de estos últimos, el caso Galán quedó en ceros. Y dando bandazos, permaneció a la deriva por más de una década, con los mismos reclamos de la familia Galán cada 18 de agosto: ¿por qué se desvió la investigación judicial? ¿Hubo agentes del Estado vinculados al complot? ¿Por qué no se investigaron las conexiones políticas del caso?

Esta historia empezó a cambiar en octubre de 2004, cuando el fiscal Eduardo Meza regresó el proceso a la etapa de indagación preliminar y señaló al ex teniente Carlos Flórez Franco como partícipe del homicidio. En la misma providencia, aunque sin derivar acciones en su contra, salieron a relucir dos ex militares más: el citado ex sargento del Ejército Luis Alberto Roa Cárdenas y el ex integrante de la Dijín Alberto Hernández. Por ahora no se conocen mayores avances sobre este capítulo particular del expediente por el crimen de Galán.

En cambio, fue el mismo fiscal Meza quien hacia mayo de 2005 decidió reabrir el caso Galán en el capítulo correspondiente a la presunta responsabilidad del ex candidato presidencial Alberto Santofimio Botero. En octubre de 2007, un juez de la República condenó a Santofimio a 24 años de prisión como determinador del magnicidio. Sin embargo, en octubre de 2008, el Tribunal Superior de Cundinamarca lo absolvió por falta de pruebas. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia admitió el estudio de un recurso de casación.

Y mientras el caso Santofimio se resuelve en la Corte, un nuevo ingrediente se suma a esta accidentada cronología. Esta vez es el procurador Alejandro Ordóñez quien dice tener nuevas pruebas para aclarar la autoría material e intelectual del asesinato, razón por la cual le ha pedido a la Fiscalía que adopte medidas, pues según él hay que impedir que el caso prescriba el próximo 18 de agosto, cuando se cumplen 20 años del crimen de Luis Carlos Galán Sarmiento. No obstante, al fiscal Mario Iguarán apenas le quedan dos meses al frente del ente investigador.

De reabrirse una nueva arista en el caso Galán, le correspondería al próximo Fiscal General las decisiones de fondo. Y dadas las realidades procesales de este confuso expediente, no cabe duda de que se debe volver al origen, es decir, al Magdalena Medio, de donde partió la orden para la ejecución de Galán. Y en aquel 1989, si bien el ala militar del narcoparamilitarismo estaba representada en Pablo Escobar o Gonzalo Rodríguez Gacha, la vocería política tenía nombre propio: Iván Roberto Duque, hoy conocido como Ernesto Báez, actualmente en Justicia y Paz.

Él ya dijo que sin la estrecha colaboración del DAS y el B-2 del Ejército no se habría perpetrado el crimen. El propósito es que ahora, mientras pesa en su contra la amenaza de ser expulsado de Justicia y Paz por no decir la verdad, confiese lo que sabe sobre el crimen de Galán, en especial de los eslabones políticos que apoyaron el magnicidio. De paso, la familia Galán espera que se aclare por qué el lí