EL ESPECTADOR 9.1.1999
http://www.geocities.ws/CapitolHill/Lobby/9543/rasten.html.

Apenas 24 horas después de que en San Vicente del Caguán se enarbolaran banderas de paz, la violencia volvió a arreciar por cuenta del paramilitarismo, y en medio centenar de hogares no hay tregua para el dolor, ni esperanza de que cese la cadena de retaliaciones que mantiene nutrido el monstruo de la guerra.

Sólo que en esta ocasión constituye el primer capítulo de un horror anunciado. El 6 de enero finalizó la tregua de navidad publicitada por Carlos Castaño Gil, y a las 48 horas, en los departamentos de Antioquia y Cesar, el paramilitarismo dejó su impronta de sangre y fuego, sin que a la vista se avizore un simple gesto humanitario.

Es la tardía respuesta de las Autodefensas de Córdoba y Urabá al ataque de las Farc a uno de sus campamentos en el nudo de Paramillo. Es el retorno de la disputa territorial de la afligida zona de Urabá. La reactivación de cinco bloques de lucha armada, que en su propósito de contrarrestar el avance de la insurgencia, vuelven a dejar a su paso un rastro de tragedia y la seguridad de la próxima venganza.

Pero mientras los estadígrafos comienzan a registrar el itinerario de masacres del año nuevo, ¿qué estarán pensando los cerebros de la seguridad nacional en el poder ejecutivo? ¿cuántos muertos más tendrán que contarse antes de que el Estado anuncie definitivamente su estrategia contra el paramilitarismo?

El país tiene claro que con las Farc habrá conversaciones, así resulten interminables, en La Machaca (Caquetá). Con el Eln se tiene pactada una Convención Nacional con fecha de apertura el 13 de febrero. Pero ¿cuál es la política contra el paramilitarismo? ¿una mesa alterna de negociación? ¿un cuerpo élite para cortar los nexos entre los mercenarios y la sociedad? El silencio oficial es tan doloroso como el nuevo recuento de homicidios.

Ayer se cumplió una nueva cumbre de expertos para evaluar el tema, se sabe que la próxima semana saldrá un documento para articular, al menos en el papel, los esfuerzos de las agencias de inteligencia del Estado. Se trazarán directrices, se anunciarán escuadrones, se divulgarán recompensas. Pero ¿cuántas matanzas habrá que reseñar antes de que se produzcan resultados?

En cambio episodios como la guerra en el sur de Bolívar o la fratricida disputa del nudo de Paramillo o el nordeste de Antioquia, con guerrilleros y paramilitares enfrentados, no demoran en repetirse con una consecuencia atroz: la muerte de muchos inocentes, el aumento de las legiones de desplazados, y las lamentaciones de un atribulado país que no alberga por ahora la esperanza de una tregua en el fuego cruzado.

Ayer fue en Curumaní (Cesar) o en Apartadó (Antioquia), mañana las malas noticias vendrán del Meta, Arauca, Cundinamarca o Casanare. Pero mientras sólo la Fiscalía enfrente al paramilitarismo, o en su defecto al Estado lo sustituya la insurgencia, nada puede esperar el país distinto al coraje de los investigadores del CTI, o la barbarie que dejan guerrilla y autodefensas cuando se matan, y de paso acribillan a gente inerme.

Lo demás es resignarse a saber que los muertos de ayer estaban anunciados. Cuando el jefe de las autodefensas, Carlos Castaño Gil, reapareció después del ataque de las Farc en El Diamante (Córdoba), lo advirtió tajante: “vamos a continuar la ofensiva hasta que la guerrilla opte por una salida civilizada al conflicto”. Y como esta opción aún es incipiente o sin duda muy remota, la única expectativa es que el Estado defina su postura frente a Castaño.

Se dirá que los discursos del Presidente son claros en advertir que se combatirá al paramilitarismo. Pero que se vea que no son apenas buenas intenciones. También la administración Samper anunció grupos élite para contrarrestar a este enemigo de la sociedad. Y fueron cuatro años de falsas promesas.

Once muertos deja masacre en Cesar

Once personas muertas, un número no determinado de desaparecidos, tres casas quemadas, terror y angustia dejó una incursión de grupos armados, la madrugada de ayer en el corregimiento Santa Isabel, municipio de Curumaní, en el centro del departamento de Cesar.

Según informaciones oficiales y de los temerosos moradores del poblado, más de 100 hombres llegaron a la una de la mañana, en dos vehículos y con lista en mano fueron sacando de sus residencias a jóvenes y ancianos, y les dieron muerte, en la plaza principal del pueblo.

“Quizá no eran 100 sino menos, pero con el miedo y las sombras de la noche uno veía más de 1.000”, dijo uno de los habitantes de Santa Isabel.

El grupo, que todo indica era de miembros de las autodefensas, incursionó en el corregimiento de la manera más violenta registrada hasta ahora, en la triste historia de las masacres en Cesar, hasta el punto de balear a un anciano de 85 años e incinerar a una viejita de 82, que era ciega.

Los armados fueron derrumbando las puertas de viviendas y sacaban de sus lechos a las víctimas, que fueron torturadas y baleadas ante el terror de algunos pobladores, que fueron obligados a presenciar el horrible espectáculo.

Al despuntar el día, los cadáveres fueron llevados hasta el hospital San Andrés de Chiriguaná, para realizar las labores de rigor por parte de los funcionarios de la Fiscalía y para que sus familiares fueran a reclamar sus cuerpos sin tanto temor.

Diez de las víctimas fueron identificadas, de la otra aún no se tiene información.

Los muertos fueron: Giovanny Castro Herrera, de 22 años; Alejandro de Jesús Rojas Machado, de 21 años; Julio Tafur Hernández, de 25 años; Armando Ruiz Hernández, de 51 y José Melquiades Robles Castillo, de 41. Además: Álvaro Vega Santiago, de 29; Hermes Barbosa Ruiz, de 45; Luis Alfredo Guevara, de 20; Francisco Machado Ortega, de 85 y Sara Benjumea de Dita, de 82 años.

Todas las personas asesinadas exceptuando a Hermes Barbosa, quien era profesor de primaria, se desempeñaban en las labores del campo.

Habitantes de Santa Isabel aseguran que el grupo armado se llevó a varias personas aunque no se conocen identidades ni el número de los desaparecidos.

Mientras tanto, oficialmente se informó que cerca de la localidad, en Plan Bonito, vereda de El Paso, el mismo grupo secuestró a 4 personas más.

Llorando, varios vecinos de Sara Benjumea, la ancianita de 82 años, ciega y cuyo cuerpo ardió junto con su rancho, se lamentaron de no poder salvarla de las llamas, “porque no nos atrevimos a salir por miedo a ser también asesinados”, contaron los habitantes.

El señor Francisco Machado Ortega, de 85 años, logró salvarse de las llamas, pero eso no bastó porque fue ajusticiado en la plaza del pueblo.

Hoy, el pueblo está lleno de temor, mientras fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército, tienen controlada parte de la zona, que desde hace años está considerada como la más conflictiva del departamento de Cesar.