EL ESPECTADOR 9.1.1999
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Apenas 24 horas después de que en San Vicente del Caguán se enarbolaran banderas de paz, la violencia volvió a arreciar por cuenta del paramilitarismo, y en medio centenar de hogares no hay tregua para el dolor, ni esperanza de que cese la cadena de retaliaciones que mantiene nutrido el monstruo de la guerra.

Sólo que en esta ocasión constituye el primer capítulo de un horror anunciado. El 6 de enero finalizó la tregua de navidad publicitada por Carlos Castaño Gil, y a las 48 horas, en los departamentos de Antioquia y Cesar, el paramilitarismo dejó su impronta de sangre y fuego, sin que a la vista se avizore un simple gesto humanitario.

Es la tardía respuesta de las Autodefensas de Córdoba y Urabá al ataque de las Farc a uno de sus campamentos en el nudo de Paramillo. Es el retorno de la disputa territorial de la afligida zona de Urabá. La reactivación de cinco bloques de lucha armada, que en su propósito de contrarrestar el avance de la insurgencia, vuelven a dejar a su paso un rastro de tragedia y la seguridad de la próxima venganza.

Pero mientras los estadígrafos comienzan a registrar el itinerario de masacres del año nuevo, ¿qué estarán pensando los cerebros de la seguridad nacional en el poder ejecutivo? ¿cuántos muertos más tendrán que contarse antes de que el Estado anuncie definitivamente su estrategia contra el paramilitarismo?

El país tiene claro que con las Farc habrá conversaciones, así resulten interminables, en La Machaca (Caquetá). Con el Eln se tiene pactada una Convención Nacional con fecha de apertura el 13 de febrero. Pero ¿cuál es la política contra el paramilitarismo? ¿una mesa alterna de negociación? ¿un cuerpo élite para cortar los nexos entre los mercenarios y la sociedad? El silencio oficial es tan doloroso como el nuevo recuento de homicidios.

Ayer se cumplió una nueva cumbre de expertos para evaluar el tema, se sabe que la próxima semana saldrá un documento para articular, al menos en el papel, los esfuerzos de las agencias de inteligencia del Estado. Se trazarán directrices, se anunciarán escuadrones, se divulgarán recompensas. Pero ¿cuántas matanzas habrá que reseñar antes de que se produzcan resultados?

En cambio episodios como la guerra en el sur de Bolívar o la fratricida disputa del nudo de Paramillo o el nordeste de Antioquia, con guerrilleros y paramilitares enfrentados, no demoran en repetirse con una consecuencia atroz: la muerte de muchos inocentes, el aumento de las legiones de desplazados, y las lamentaciones de un atribulado país que no alberga por ahora la esperanza de una tregua en el fuego cruzado.

Ayer fue en Curumaní (Cesar) o en Apartadó (Antioquia), mañana las malas noticias vendrán del Meta, Arauca, Cundinamarca o Casanare. Pero mientras sólo la Fiscalía enfrente al paramilitarismo, o en su defecto al Estado lo sustituya la insurgencia, nada puede esperar el país distinto al coraje de los investigadores del CTI, o la barbarie que dejan guerrilla y autodefensas cuando se matan, y de paso acribillan a gente inerme.

Lo demás es resignarse a saber que los muertos de ayer estaban anunciados. Cuando el jefe de las autodefensas, Carlos Castaño Gil, reapareció después del ataque de las Farc en El Diamante (Córdoba), lo advirtió tajante: “vamos a continuar la ofensiva hasta que la guerrilla opte por una salida civilizada al conflicto”. Y como esta opción aún es incipiente o sin duda muy remota, la única expectativa es que el Estado defina su postura frente a Castaño.

Se dirá que los discursos del Presidente son claros en advertir que se combatirá al paramilitarismo. Pero que se vea que no son apenas buenas intenciones. También la administración Samper anunció grupos élite para contrarrestar a este enemigo de la sociedad. Y fueron cuatro años de falsas promesas.

Antioquia, epicentro de la violencia paramilitar

Un saldo inicial de 41 personas muertas, de las cuales ya fueron identificadas 35, dejó una ofensiva de las Autodefensas Unidas de Colombia en once municipios del departamento de Antioquia.

En esta ocasión, los hombres de Carlos Castaño escogieron selectivamente a sus víctimas acusándolas de ser colaboradores de la guerrilla y anunciaron que no dejarán que la subversión retome el control de Urabá y el Nudo de Paramillo.

La mayor arremetida paramilitar se registró en la zona de Urabá donde 15 personas fueron asesinadas. Según el informe de las autoridades, el municipio más afectado fue Apartadó, donde fueron baleadas ocho personas.

El balance indica que a eso de las 3:00 de la madrugada de ayer hombres armados que vestían prendas de uso exclusivo del Ejército incursionaron en el barrio Policarpa y La Chinita y asesinaron a ocho personas.

Posteriormente, en los municipios de Carepa, Chigorodó y Turbo, varios habitantes de la región fueron sorprendidos en la vías pública por hombres armados que se movilizaban en motocicletas.

Camino de muerte

La ofensiva no paró ahí y en el municipio de Dabeiba, la puerta de entrada a la zona bananera, los habitantes denunciaron el paso de un comando armado, quien fue a buscar su víctima hasta la casa.

Mientras tanto, en el occidente, en el corredor vial que comunica con la zona bananera y comprende los municipios de Dabeiba, Santa Fe de Antioquia, Toledo y Liborina, los paramilitares asesinaron a otras diez personas.

Según el informe de los campesinos, el primer municipio atacado fue Toledo, una de las poblaciones más pobres de Antioquia, a 177 kilómetros distante de Medellín, donde fueron ultimados cinco labriegos.

El recorrido de muerte no paró ahí y en el municipio de Liborina se reportó el asesinato de un agricultor.

No habían transcurrido cinco horas cuando se conoció de un ataque en el municipio de Santa Fe de Antioquia, donde seis personas habrían perdido la vida en dos incursiones a las veredas, La Aldea y El Rodeo.

Nadie se atreve a entrar

“Al rodeo no se atreven a entrar siquiera las autoridades, porque se dice que hay combates entre las Farc y los paramilitares y por eso no se han rescatado los cadáveres”, advirtieron ayer campesinos consultados telefónicamente en esta localidad.

La arremetida no terminó en esa región. Simultáneamente en Salgar y Betania, al sur del departamento, fueron reportadas nueve personas muertas.

De éstos, el caso más grave se registró en el municipio de Salgar, donde un comando armado ingresó a la vereda Los Andes y en un caserío conocido como El Chispero asesinó a cinco campesinos, mientras que otro resultó herido. Sus entidades no habían sido suministradas ayer porque se adelantaban las diligencias judiciales.

Al parecer los campesinos de la zona habían sido amenazados días atrás y por eso se inició un desplazamiento de los habitantes de las veredas de la localidad, quienes temen una nueva incursión.

En Betania, se reportó el asesinato de otros cuatro pobladores en la vereda Guaricó. De este ataque no se salvó ninguna región de Antioquia y en el oriente antioqueño un comando armado ingresó a dos veredas del municipio de San Carlos.

Jóvenes, las víctimas

Los hechos se presentaron en las veredas El Choco y El Popo, donde fueron muertos tres jóvenes. Según los pobladores, el municipio está amenazado desde hace varios meses por la guerrilla y los paramilitares. En medio de este cruce de intimidaciones perdió la vida el alcalde Nevardo Morales, el pasado primero de enero.

El informe oficial señala que en todos los casos, hombres que portaban prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares de Colombia y armamento de corto y largo alcance y seleccionaron a sus víctimas y les propinaron varios disparos.