Seiscientos cuarenta y nueve asesinatos políticos se registraron en Colombia hasta octubre pasado. Esta es una cifra que denota la intolerancia de las ideas que aún persiste en el país. La violencia política golpea a todos los sectores sociales, a todos los partidos y a casi todos los departamentos.

eltiempo.com
12 de diciembre de 1993
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-273033

Hasta ese mes, el sector social más afectado era el campesino, con 196 victimas, seguido del obrero, con 65.

Las estadísticas consolidadas incluyen además los asesinatos de 59 empleados del sector no oficial y de 38 del sector público.

Los indígenas, los estudiantes, los trabajadores independientes y los comerciantes han aportado en promedio 18 muertos, cada uno.

Las cifras están consignadas en los bancos de datos de entidades tan respetables como la Conferencia de Religiosos de Colombia Justicia y Paz, el Cinep y la Dirección de Policía Judicial e Investigación (Dijin).

Los partidos tradicionales no han escapado a esta espiral de violencia y sangre. Diez reconocidos líderes del liberalismo fueron asesinados durante este período. Entre ellos figura el senador Darío Londoño, atacado por sicarios pocos días después de haber rendido ponencia sobre el proyecto de ley de orden público.

En la lista figuran 7 representativos dirigentes del conservatismo, entre ellos el ex parlamentario Feisal Mustafá Barbosa.

Sin embargo, la mayor incidencia en la escalada de crimenes políticos se da en la conflictiva región de Urabá, donde luchas entre la Unión Patriótica, el Partido Comunista y el movimiento Esperanza Paz y Libertad aprovechas por sectores radicales de derecha e izquierda había arrojado hasta noviembre 365 muertos.

De hecho, las estadísticas están alimentadas por informaciones registradas en los periódicos nacionales y regionales y por las denuncias de algunos organismos no gubernamentales. Se estima que son varios los casos no reportados ante las autoridades y que hacen aparecer a ciertas regiones como el Arauca y el Casanare como zonas pacíficas, cuando en realidad no escapan al problema.

El siguiente es un panorama de una realidad que actualmente resiste los análisis de sociologos, politólogos y expertos criminalistas. En esta información se destacan los casos que han suscitado una especial conmoción entre la comunidad:

ANTIOQUIA CASOS: Darío Londoño. Senador liberal asesinado frente a la Universidad de Medellín. Destacado parlamentario que había sido ponente de la reforma del Código de Procedimiento Penal y de la ley de orden público.

Jairo Duque Pérez. De 68 años, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, profesor de la Universidad de Antioquia y ex concejal de Medellín. Fue asesinado por varios hombres armados que se movilizaban en un vehículo de servicio público. En dos ocasiones había sido secuestrado por presuntos guerrilleros. Carlos Prada González. Conocido como comandante Enrique Buendía , era vocero negociador de la Corriente de Renovación Socialista en los diálogos con el Gobierno y murió abaleado.

Luis Javier García Isaza. Miembro del directorio liberal de Medellín. Médico, vicerrector de la Universidad de Antioquia y ex director de Metrosalud. Gloria Eugenia Londoño Villa. Alcaldesa de Abriaquí, asesinada por desconocidos que se movilizaban en una moto. Era de filiación conservadora.

La región donde se registra un mayor número de asesinatos políticos es en el Urabá. Hasta noviembre de este año se contabilizaban 365 homicidios. Del Partido Comunista de Colombia (PCC) y la Unión Patriótica (UP) han muerto, entre otros militantes, José Oliverio Molina, secretario general del sindicato bananero de la zona, Sintrainagro; Manuel Antonio Benítez, directivo de Sintrainagro; y Uber Quintero, secretario político del PCC en Turbo. Del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, Jesús Alirio Guevara, fiscal de Sintrainagro, ex diputado a la Asamblea; Plinio Mena Rivas, directivo de Sintrainagro, y Pedro Antonio German Goens, concejal de Apartadó. ENERO-OCTUBRE: 230 asesinatos políticos.

ARAUCA CASOS: Efraín Castillo y Carlos Tocarías. Miembros del sindicado de la electrificadora de Arauca. ENERO-OCTUBRE: 19 asesinatos políticos.

BOLIVAR CASOS: Javier Cirujano Arjona. Sacerdote de nacionalidad española acusado por la guerrilla de ser delator. Secuestrado, un mes antes de su asesinato, por el Epl. Según las primeras versiones después de su hallazgo, había sido torturado, castrado y asesinado a garrotazos y machetazos .

José Ramírez Vergara. Dirigente campesino asesinado entre los municipios de Magangué y Talaigua Nuevo. El sindicato de pequeños agricultores de ese departamento denunció el asesinato y afirmó que estos hechos tienen como causa la defensa de tierras campesinas. ENERO-OCTUBRE: 23 asesinatos políticos.

BOYACA CASOS: Omar Alfonso Montes Ovalles. Miembro de la Unión Patriótica, estaba en Aquitania realizando proselitismo político. Hasta hace dos años fue agente del DAS. Juan Ramón Preciado. Inspector departamental de Toquilla, asesinado por desconocidos. ENERO-OCTUBRE: 17 asesinatos políticos.

CAQUETA CASOS: Henry Millán González. Ex representante a la Cámara y militante del Partido Comunista y la Unión Patriótica. Asesinado en Florencia el 7 de diciembre pasado. Presentó en el Congreso diversas iniciativas a favor de su departamento. Claudia Patricia López Rodríguez. Concejal liberal de Puerto Rico, Caquetá, asesinada frente a su casa por varios hombres que la sacaron de la vivienda. Hizo parte de la comisión negociadora del gobierno departamental durante las marchas que los campesinos de la población realizaron en 1992.

Aquiles Bolaños. Líder general de la comunidad indígena de los coreguajes, asesinado de seis disparos. ENERO-OCTUBRE: 4 asesinatos políticos.

CAUCA CASOS: Nidia Esperanza Pedroza. Abogada liberal, personera municipal de Corinto, abaleada cerca de un cuartel de policía.

Javier Bravo Quilipué. Ex combatiente del desmovilizado grupo indígena Quintín Lame, asesinado de nueve disparos. Al día siguiente, fue asesinado de dos disparos el también guerrillero desmovilizado Isaías Poscué Mene. ENERO-OCTUBRE: 20 asesinatos políticos.

CESAR CASOS: Joaquín Orozco Ruiz. Presidente del concejo municipal de Becerril y miembro del Partido liberal. Manuel Francisco Contreras Martínez. Dirigente regional del Partido Comunista. Hasta septiembre de este año eran 14 los militantes de izquierda asesinados en el Cesar en tres años.

Cristian Moreno Pallares. Dirigente conservador. Había sido alcalde y concejal de Curumaní y diputado a la Asamblea. En el momento de ser asesinado (29 de julio) aspiraba a la Cámara de Representantes. Iván Moreno. Inspector de Policía del corregimiento San José de Oriente, asesinado en zona urbana de la ciudad. Era un destacado dirigente cívico y comunal de la región; incluso, presidió varias juntas de acción comunal. ENERO-OCTUBRE: 25 asesinatos políticos.

CORDOBA CASOS: Amaury García Burgos. Ex ministro de Salud, ex gobernador del departamento y ex congresista de filiación conservadora, fue asesinado junto con su conductor, Arsenio Rodríguez. Presentaba cuatro impactos de bala.

Gerardo Moreno Flórez. Sociólogo egresado de la Universidad de Antioquia y profesor del colegio departamental Antonio Lenis. Fue asesinado en San Andrés de Sotavento. ENERO-OCTUBRE: 14 asesinatos políticos.

CUNDINAMARCA CASOS: Enrique Fajardo Alvarez, alcalde municipal de La Palma, y Gilberto Bustos Acevedo, gerente del Instituto de Aguas y Saneamiento del departamento, fueron asesinados por varios hombres cuando se movilizaban entre La Peña y La Palma. ENERO-OCTUBRE: 16 asesinatos políticos.

HUILA Casos: Abel Ordóñez Pabón, presidente de la acción comunal de Miravalle; Belisario Imbachi, presidente del comité de bienestar escolar de Miravalle; Emilo Vargas Morales, integrante del Sindicato de Pequeños Agricultores, y Fernando Rengifo, todos campesinos militantes del Partido Comunista, fueron encontrados en una fosa común cercana al cementerio de la población. ENERO-OCTUBRE: 7 asesinatos políticos

LA GUAJIRA CASOS: Gregorio Nieves, indígena arzario, administrador de una tienda comunal; José Nieves, Luis Alberto Mojica y José Luis Daza, mamos arzarios. La comunidad indígena dijo que eran las máximas autoridades religiosas del cabildo ante versiones oficiales de que eran guerrilleros. ENERO-OCTUBRE: 24 asesinatos políticos.

MAGDALENA CASOS: Pedro Manuel Terán Samper, de 34 años, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Asesinado de nueve balazos en Aracataca. ENERO-OCTUBRE: 19 asesinatos políticos.

META CASOS: Luis Eduardo Romero Cárdenas. Ex personero municipal, asesinado con su guardaespaldas, Germán Arciniegas. Era dirigente del directorio liberal de Mesetas y fue candidato a la alcaldía de la localidad. ENERO-OCTUBRE: 19 asesinatos políticos.

NORTE DE SANTANDER CASOS: Antonio Arias Rivera. Presidente de la Asociación Vecinal Simón Bolívar del barrio Belén, de Cúcuta, asesinado en su casa de un disparo en la frente.

Eustorgio Colmenares Bautista. Director y fundador del periódico La Opinión, baleado frente a su casa del barrio Los Caobos. El Eln se adjudicó el hecho. ENERO-OCTUBRE: 30 asesinatos políticos.

BOGOTA CASOS: uff45] José Miller Chacón, secretario de organización del Partido Comunista. ENERO-OCTUBRE: 28 asesinatos políticos.

SANTANDER CASOS: Feisal Mustafá Barbosa. Abogado, ex senador y candidato al Congreso por el Partido Conservador, encontrado asesinado de dos disparos en la cabeza y con los ojos vendados, en La Belleza. El Eln se atribuyó el hecho. Rafael Fernández Fernández. Concejal de Barrancabermeja, asesinado cuando participaba en un sepelio. Este militante liberal había sido alcalde en dos ocasiones y también era directivo de la Federación de Ganaderos del Magdalena Medio. Horacio Serpa Uribe, dirigente del FILA corriente liberal en la que militaba atribuyó al Eln su muerte.

José Antonio Rosales Robayo, secretario de planeación de Sabana de Torres, y Nelson Ardila Torres, recaudador de impuestos en la población. Los dos funcionarios liberales murieron luego de un partido de fútbol, en Sabana de Torres, fueron asesinados.

Donaldo Ortiz Sierra. De 34 años, fue ex alcalde de Macaravita. De filiación conservadora y director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica. Asesinado de tres disparos. Nicomedes Gutiérrez Arrieta. Trabajador de ECOPETROL, fiscal suplente de la Junta directiva del Club Social de la USO y miembro de la Unión Sindical Obrera (USO), asesinado por un hombre que lo llamó y sin mediar palabra le disparó.

Oscar Manuel Tamayo Romero. Trabajador de ECOPETROL. Ingeniero, jefe del departamento de producción del Distrito de Producción El Centro, de Barrancabermeja, encontrado asesinado y en avanzado estado de descomposición, en el sitio La Leguía. Alvaro Parra. Presidente del Movimiento Agrario Regional de Rionegro (MAR). Militante del movimiento A Luchar. ENERO-OCTUBRE: 58 asesinatos políticos.

SUCRE CASOS: Ramiro Jiménez. Ex concejal de Ovejas y ex diputado a la Asamblea. Militante de la AD M-19. Dirigente de la ANUC.

Rafael Funes Novoa. Líder agrario e hijo de un directivo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. José González. Ex concejal y ganadero asesinado frente a su casa. El hecho fue atribuido a la guerrilla. Versiones indican que junto con el ex concejal Laureano Enrique Correa Bohórquez patrocinaban un grupo de autodefensas. Omer del Cristo Pérez Mercado. Miembro de la AD M-19. De 24 años; era profesor de la escuela del corregimiento El Mamó; fue asesinado delante de sus alumnos. Era uno de los líderes de la Asociación de Educadores de Sucre. Fue uno de los gestores de varios logros de maestros de esa localidad del país, relacionados con el mejoramiento de sus condiciones de trabajo. ENERO-OCTUBRE: 9 asesinatos políticos.

TOLIMA CASOS: Yesid Ducuara Villabón. Integrante del Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT) y reinsertado del Quintín Lame. Asesinado presuntamente por las Farc. ENERO-OCTUBRE: 25 asesinatos políticos.

VALLE CASOS: Elmer Aristizábal. Militante conservador, presidente de la Asociación de Kioscos del Valle. Integrante de la Acción Comunitaria de la Comuna 12, de Cali. ENERO-OCTUBRE: 37 asesinatos políticos.