PROYECTO COLOMBIA NUNCA MAS ZONA 5ª
Segunda Parte: Sectores sociales atacados

El petróleo comenzó a tomar en el mundo una gran importancia después de que, concluida la primera guerra mundial, los países que quedaran devastados necesitaran del petróleo para su reconstrucción. A partir de ese momento las grandes potencias comenzaron a disputarse el control de las principales zonas petroleras. Para atraer el capital extranjero, los países como Colombia comenzaron a otorgar concesiones a las compañías petroleras, concesiones que representaban grandes ventajas y beneficios para las empresas extranjeras que explotaban el crudo y que, para sus defensores, traerían desarrollo y prosperidad a los territorios de acogida; sin embargo “las concesiones se convirtieron en la legitimación jurídica del comportamiento anti-nacional de las compañías favorecidas, que después de estar asentadas en el territorio cedido, efímeramente, por el gobierno de cierta nación, actuaban sin ningún tipo de control, hasta agotar el recurso mineral que se les había concedido en aras de un supuesto desarrollo de las regiones receptoras”.

Durante los primeros años del siglo XX Colombia comienza la exploración petrolera y se centra en tres regiones estratégicas: el Magdalena Medio con su centro en Barrancabermeja, la región del Zulia- Catatumbo limítrofe con Venezuela con su epicentro en Petrólea y en el antiguo departamento de Bolívar con su epicentro en San Andrés de Sotavento. Las primeras concesiones, de Mares en el Magdalena Medio y Barco en la región del Catatumbo, fueron cedidas por sumas irrisorias a empresas norteamericanas como la Mobil Texas y la Tropical Oil Company. Para las primeras dos décadas del siglo XX por medio de la ocupación militar se habían establecido en nuestro territorio las principales compañías petroleras: la Tropical Oil Company, la Texas, la Mobil, la Shell, la Gulf y la Social.

Las difíciles condiciones laborales y de subsistencia a las que tenían que enfrentarse los trabajadores del petróleo en aquella época, siendo considerados por sus patronos extranjeros como “macheteros o hacheros, para abrir caminos en busca del petróleo”, además de ser sometidos a una precaria alimentación y a no tener ningún tipo de seguridad laboral o atención médica por parte de sus contratantes, conllevaron a los obreros a organizarse con el fin de demandar por el reconocimiento de sus derechos laborales y la reivindicación de su dignidad humana.

Las iniciativas organizativas de los trabajadores de la industria petrolera fueron enfrentadas, como lo muestra el siguiente gráfico, con detención, tortura y sindicación en los primeros años y con asesinato y desaparición forzada después de 1980.

La Unión Sindical Obrera, USO, sindicato en el que se agrupan los trabajadores de la industria del petróleo en el país, inició su actividad en la década de 1920 con el apoyo del Partido Socialista Revolucionario, PSR. Desde entonces, hasta hoy día, la actividad de la USO ha estado encaminada a “defender los recursos naturales, las conquistas de los trabajadores, el bienestar de los pobladores y la dignidad nacional”. Acudiendo a la huelga como medio de expresión y movilización frente al Estado y a la Tropical Oil Company, la USO logró alcanzar tempranamente el derecho a la organización sindical. A través de su larga e importante trayectoria, la Unión Sindical Obrera ha sido no sólo el sindicato de mayor importancia de Barrancabermeja, sino uno de los que ha marcado en gran parte la historia del movimiento obrero colombiano.

La actividad sindical de los trabajadores petroleros se ha caracterizado por asumir como propias las denuncias y reivindicaciones de los pobladores, presentándose una combinación de luchas sindicales, campesinas y de pobladores urbanos, a la que el Estado ha respondido a través de los años con represión que se materializa en las muertes de trabajadores y líderes sindicales, los destierros, encarcelamientos, desapariciones y despidos. La sistemática persecución contra la organización sindical -que ha buscado disminuir, socavar y destruir el sindicato-, ha sido generada por toda clase de auspiciadores, comenzando por el propio Estado colombiano y pasando por las mismas directivas de la Empresa Colombiana de Petróleos.

En los setenta la represión se concentró en los años 1971 y 1977, coincidiendo con importantes huelgas que propendían por la mejora salarial y el cambio en la política petrolera del país.

En los primeros años de la década de los ochenta el Ejército fué responsable del mayor número de allanamientos, detenciones y sindicaciones a los obreros sindicalizados de la USO y a sus dirigentes; y las torturas a algunos de los detenidos siguieron presentándose.

A mediados de esta década se definen dos instrumentos de persecución contra los trabajadores sindicalizados. El primero, al que recurren los directivos de Ecopetrol y los mandos militares, es la acusación de que los sindicalistas pertenecen a organizaciones insurgentes, asimilándolos así a subversivos y terroristas. El segundo, es la definitiva instrumentación de la acción encubierta y la guerra sucia. Así, se implanta la modalidad de las amenazas a través de panfletos y el asesinato selectivo de trabajadores, sobre todo a partir de 1985. Las estructuras criminales actuaron casi siempre bajo el nombre de MAS pero de igual manera circularon volantes con amenazas a nombre del “Comité Cívico de Barrancabermeja” o el “Comité de Gentes Honestas de Barrancabermeja”.

El año de 1988 marca el nivel más alto de Crímenes de Lesa Humanidad contra los activistas de la USO en toda la década. La responsabilidad de estos hechos recae en las unidades castrenses acantonadas en la ciudad de Barrancabermeja, quienes a su vez implementaron acciones encubiertas y apoyaron grupos paramilitares. 1988 es además el año en que la USO, junto a USITRAS y ASINORT, participó en la conformación de la Coordinadora Popular del Nororiente que impulsó las Marchas Campesinas de ese año, antecedidas por el Paro del Nororiente Colombiano realizadas en 1987. Esto constituyó el motivo principal para que los trabajadores agremiados de la industria petrolera se convirtieran en blanco de la sistemática persecución emprendida por las fuerzas paraestatales. En estos años los hostigamientos, amenazas, detenciones, atentados y asesinatos contra los miembros de la USO estuvieron muchas veces precedidos de amenazas y seguimientos por parte de los organismos de seguridad.

La persecución a los trabajadores de Ecopetrol entre 1988 y 1995 dejó un saldo de 77 trabajadores asesinados, 16 personas heridas por atentados y 33 más desplazados. Antes de terminarse el año 1993 la USO denunció que 110 de sus afiliados estaban amenazados. La situación de persecución no varió en los años siguientes. En los años noventa los crímenes se hicieron extensivos a trabajadores, contratistas y profesionales que no estaban afiliados a la USO. En su mayoría se trató de asesinatos selectivos a manos de hombres vestidos de civil que por su operatividad –utilización de pistolas calibre 9 mm., capuchas, crímenes al ingreso o salida de la residencia, o en el desplazamiento hacia el lugar de trabajo-; bien pueden asimilarse a la usada por otras estructuras paramilitares. Dichas estructuras buscaron confundir la opinión y desalentar cualquier tipo de acción judicial usando diferentes nombres. En los noventa, suscribieron sus crímenes como “Autodefensas del Magdalena Medio”, “Autodefensas Urbanas de Barrancabermeja”, “La Gota Negra” o “Grupo de Exterminio de Barranca y Yondó”. Los nombres y los crímenes se ampliaron con la entrada en operación de la Red de Inteligencia de La Armada en 1992.

La mirada en conjunto a los casos registrados evidencia además que muchos atentados y asesinatos contra dirigentes sindicales coinciden con la negociación de pliegos de peticiones entre la USO y ECOPETROL como ocurrió en 1988, 1991 y 1995. Se trata de periodos en que los activistas sindicales recibieron amenazas de muerte, fueron desaparecidos o asesinados, y algunos debieron tomar la vía forzada del desplazamiento.

Como en otros sectores industriales del país, la compañía petrolera estatal Ecopetrol implementó forzadamente la flexibilización laboral utilizando intensamente el sistema de contratistas, empleando personal temporal y haciendo contratos por obra, al punto que para 1992 se calculaba que “prácticamente la mitad de sus necesidades de servicios son suplidas mediante este procedimiento”. Como corolario de esta situación en todos los pueblos petroleros se constituyeron asociaciones y sindicatos de desempleados que agruparon subempleados o contratistas cuyo propósito era que la empresa vinculara personas de la localidad y se lograran mejores condiciones laborales así como el pacto de los honorarios. Estas asociaciones recurrieron a la acción colectiva, bien sumándose o bien adelantando paros cívicos, toma de instalaciones o bloqueo de vías.

Coincidencialmente en los años de negociación colectiva se presentó el mayor número de crímenes contra los sindicalistas y empleados; así, en 1988 nueve dirigentes sindicales fueron asesinados; de noviembre de 1990 a marzo de 1991, época de negociación colectiva, tres dirigentes más fueron asesinados, quince resultaron heridos como consecuencia de atentados y 17 casas de empleados y dirigentes fueron atacados con bombas o granadas.

Finalmente, en 1995 por lo menos 21 trabajadores afiliados a la USO, que participaron en las actividades sindicales en desarrollo de la negociación de la convención colectiva firmada a mediados de mayo de 1995 con Ecopetrol, fueron objeto de llamadas para amenazarlos de muerte, y en sus residencias y sitios de trabajo fueron encontrados panfletos firmados por las “Autodefensas del Magdalena Medio”, “Autodefensas Urbanas de Barrancabermeja” y “Grupo de Exterminio de Barranca y Yondó”.

En el propósito de llevar a cabo reformas y reestructuraciones en Ecopetrol que venían siendo obstaculizadas por la denuncia y movilización de la USO, el Estado y las gerencias de la empresa encontraron en la creación, a comienzos de los noventa, de la llamada “Justicia Regional” o “sin rostro” un importante instrumento de persecución a los activistas sindicales al facilitar el montaje de procesos judiciales. Los años noventa fueron así característicos por esta modalidad represiva que a través de montajes de las unidades de Inteligencia Militar, la Fiscalía y el DAS, vincularon a los activistas con grupos guerrilleros y dieron lugar a la apertura de procesos judiciales bajo descabellados cargos como “secuestro extorsivo”, “homicidio con fines terroristas”, “terrorismo” o “concierto para delinquir”.

A partir de 1992 son varios los dirigentes sindicales sindicados, juzgados y condenados en procesos donde se presentaron numerosas arbitrariedades como las violaciones al principio de autonomía e independencia de las ramas del poder público, los testimonios irregulares, la intromisión amañada de los organismos de seguridad en los procesos y la clonación de testigos. A ello se suman las amenazas y presiones que sufrieron los abogados defensores. En 1997 se agudiza la persecusión y de forma explícita grupos paramilitares calificán a los dirigentes sindicales de comunistas y guerrilleros anunciando su intención de eliminar físicamente la dirección sindical.

Según los testimonios de los sindicalistas, los funcionarios de Ecopetrol estaban implicados en alianzas con el paramilitarismo- Así aseguró un testigo de Sabana de Torres: “se ha dado una alianza entre paramilitares y Ecopetrol. Dos ingenieros de la empresa están implicados en los sobornos que cometen los paramilitares. Les exigen el 5% a los contratistas de la empresa, para financiar su organización.

El que no acepta las condiciones es tachado de colaborador de la guerrilla. Alexander Cardona miembro de la USO en Sabana de Torres fue descuartizado y decapitado por hacer estas denuncias. Es que a Sabana de Torres ha llegado Ramón Isaza, líder paramilitar que desplazó a Camilo Morantes que ahora tiene una orden de captura. Aquí en Barranca existe la amenaza a través de un panfleto de que es inminente una incursión paramilitar y que habrá una ofensiva contra los directivos de la USO”.

Esta denuncia no solo advertía de la alianza paramilitares-Ecopetrol sino las prácticas de financiar las estructuras irregulares con el cobro de porcentajes sobre el valor de los contratos adjudicados por la empresa.

Las movilizaciones y demandas de los trabajadores petroleros a través de su sindicato, así como el apoyo que han dado a las luchas populares de otros sectores sociales han ocasionado que se desate sobre sus miembros la práctica del terrorismo de Estado generando más de un centenar de dirigentes y activistas de la USO fueran asesinados, otros exiliados y centenares desplazados de los lugares donde tenían arraigo, en muchos de cuyos casos sus familias han sido también perseguidas y amenazadas.