Damaris Barros Uriana
10/11/2009
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La repudiable masacre de Bahía Portete perpetrada el 18 de abril de 2004 por el Bloque Norte de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que arrojó, según versiones oficiales, como saldo trágico cuatro mujeres y un hombre Wayúu muertos, dos mujeres Wayúu desaparecidas y un número nunca establecido de desplazados, si bien ha sido la masacre que más visibilidad y notoriedad públicas ha alcanzado no fue ni la primera que ocurrió ni tampoco la que más víctimas fatales acarreó de todas las que, sobre todo en su etapa de penetración y consolidación, cometieron las estructuras paramilitares contra comunidades del pueblo Wayúu de La Guajira.
Dado que para un buen número de estas masacres el accionar del paramilitarismo quedó hábilmente mimetizado tras las formas propias inherentes a las tradicionales guerras que se presentan entre familias y clanes Wayúu rivales, muchas de las cuales fueron exacerbadas con la finalidad de subordinarlas a los intereses estratégicos del proyecto paramilitar en expansión, la explicación que en su momento se les dio al identificarlas como parte de los conflictos intraétnicos característicos del pueblo Wayúu, contribuyó decididamente a que la mano del paramilitarismo pudiera actuar imperceptiblemente, razón por la cual desafortunadamente estas no tuvieron repercusiones mayores ya que pasaron a considerarse como un “asunto de los Wayúu”.
Ahora que recientemente se ha conmemorado el primer aniversario de la masacre acaecida el 8 de noviembre de 2008 en el barrio Santander de Maicao en donde fueron asesinadas seis personas, entre ellas dos hombres y una mujer Wayúu miembros de la familia Barros Ipuana, parece ser una buena ocasión para esbozar un ejercicio contra la amnesia y recordar otras masacres y otras acciones violentas que han afectado al pueblo Wayúu y que corren el riesgo de ser olvidadas.
Lejos de buscar una enumeración pormenorizada sobre las masacres que contra los Wayúu se han venido cometiendo desde la época en que los paramilitares asomaron su rostro en La Guajira hasta la fecha en que se mantienen vigentes y en preocupante expansión una serie de grupos armados ilegales herederos de las extintas AUC, –lo cual es una tarea bastante dispendiosa de llevar a cabo, entre otras razones, porque no deben ser pocas las masacres al igual que los homicidios de configuración múltiple que se sucedieron y sobre los cuales no existen registros oficiales debido a la atávica práctica Wayúu de enterrar en los cementerios familiares y en el menor tiempo posible los cuerpos de aquellos que sufrieron muertes violentas y de esta forma evitar que sean examinados o manipulados por los alijunas– más modestamente con el presente escrito lo que se busca, sin desmedro que las víctimas recuerden a sus muertos como más lo estimen conveniente y desplieguen así mismo las acciones que consideren necesarias a fin de ejercer plenamente sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición, es la de llamar la atención sobre la inaplazable necesidad que existe en La Guajira de construir un mapa completo de todas y cada una de las víctimas Wayúu del conflicto armado de manera tal que se les pueda dar un trato simétrico que evite las odiosas exclusiones que se vienen dando.
El 28 de enero de 2001, en Hatonuevo, en donde hoy en día se encuentra el resguardo de Rodeíto-El Pozo, siendo alrededor de las 10:00 a.m., diez hombres y tres mujeres Wayúu pertenecientes a las familias Epiayu y Uriana fueron asesinados a manos de un número indeterminado de hombres con pasamontañas quienes luego de bajarse de dos vehículos en los que se movilizaban procedieron a disparar indiscriminadamente sus armas largas contra los Wayúu que a esa hora se encontraban reunidos. Pese a que para la época los medios de comunicación informaron que este hecho violento era fruto de una guerra intraétnica, con posterioridad han venido circulando testimonios que mencionan que los hombres armados que irrumpieron en la reunión recibieron importante apoyo de las estructuras paramilitares que estaban iniciando su penetración en La Guajira.
El 28 de diciembre de 2001, en Maicao, en la vía a La Majayura una estructura paramilitar aliada al Bloque Norte de las llamadas AUC dio muerte a cuatro personas, entre ellas dos hombres Wayúu de la familia Epinayu Boscán, uno de los cuales era una reconocida y prestigiosa autoridad tradicional.
El 7 de marzo de 2002, en jurisdicción de Manaure, a raíz de la incursión que un grupo paramilitar hizo a la ranchería El Playón, situada en el kilómetro 28 de la Carretera Troncal del Caribe que une a Riohacha con Maicao, resultaron muertos siete hombres Wayúu miembros de la familia Uriana Ponce, hecho que generó un número indefinido de desplazados.
El 12 de julio de 2003 en la finca La Esperanza ubicada en la vía a La Majayura en jurisdicción de Maicao, tres hombres y una mujer Wayúu de la familia Wouriyú González fueron secuestrados y posteriormente asesinados por una estructura paramilitar adscrita al Bloque Norte de las llamadas AUC. Este hecho violentó desencadenó el desplazamiento de varias familias Wayúu.
El 28 de noviembre de 2003 en una ranchería localizada en jurisdicción de Maicao en el tramo de la Carretera Troncal del Caribe que conduce de este municipio fronterizo a Riohacha, un grupo de paramilitares fuertemente armados incursionaron dejando como saldo cinco hombres Wayúu muertos, todos de la familia Jusayú, así como un número indefinido de familias desplazadas.
Con el paso del tiempo y cuando ya el régimen del terror impuesto por los paramilitares estaba cosechando sus resultados en lo que concierte al control territorial y poblacional, la realización de masacres no sólo se fue haciendo cada vez más innecesaria y esporádica sino que en el contexto de un cuestionado proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las llamadas AUC que estaba teniendo lugar en Santa Fe de Ralito en Tierralta (Córdoba), se convirtió en algo impresentable e incómodo ante la comunidad internacional, razón por la cual la estrategia paramilitar se reorientó hacia la comisión de homicidios selectivos y de configuración múltiple, cuidándose de no desbordar la cifra máxima de tres muertos.
En este contexto y únicamente a manera de ilustración se pueden recordar los siguientes hechos que en estricto sentido no se pueden considerar como masacres pero que constituyeron homicidios de configuración múltiple en los que fueron asesinados varios Wayúu. Por su puesto la enumeración que se presenta a continuación tampoco abarca todo el universo de estos hechos presentados en territorio del pueblo Wayúu.
El 2 de julio de 2002 una incursión de una estructura paramilitar a la ranchería de Atnamana, ubicada en Maicao en la vía que conduce al corregimiento de Carraipía, dejó un saldo de tres hombres Wayúu muertos, pertenecientes a la familia Pushaina Jusayú.
El 4 de diciembre de 2003 en jurisdicción de Uribia, la incursión de una estructura paramilitar perteneciente al Bloque Norte de las llamadas AUC al sitio conocido como Buenos Aires dejó como saldo la muerte de tres Wayúu de la familia Uriana.
El 20 de marzo de 2004 la incursión a la comunidad de Bandera localizada en Maicao en la vía al corregimiento de Carraipía de un grupo armado ilegal relacionado con estructuras paramilitares dejó como saldo tres Wayúu muertos de la familia Ipuana.
El 12 de mayo de 2004 en jurisdicción de Maicao, en la vía que conduce a La Majayura, una estructura paramilitar vinculada al Bloque Norte de las AUC asesinó a tres hombres Wayúu asociados a la familia Epinayu Boscán.
Pero los Wayúu no sólo han sido objeto de homicidios de configuración múltiple perpetrados por parte de diferentes estructuras paramilitares sino que la fuerza pública también ha tenido su cuota de responsabilidad en ellos, a través de lo que de manera ambigua y equivocada se han denominado “falsos positivos” y que no son otra cosa que ejecuciones extrajudiciales.
Según los familiares de las víctimas, el 13 de mayo de 2000 tres hombres Wayúu pertenecientes a las familias Pushaina y Urariyu resultaron muertos en la ranchería Atnamana, localizada en Maicao en la vía que conduce a Carraipía, cuando tropas del ejército nacional llegaron hasta allí. Mientras la fuerza pública explicó que los muertos tuvieron lugar en el marco de un enfrentamiento armado con “jaladores de carros”, los familiares de las víctimas dicen que los Wayúu fueron muertos en otras circunstancias.
De otro lado, en su momento, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) señaló en un comunicado de prensa que el 21 de enero de 2006 tres jóvenes Wayúu de las familias Ipuana y Pushaina resultaron muertos en la ranchería Ware Ware, ubicada en jurisdicción de Albania, cuando tropas del ejército nacional con la excusa de perseguir a tres insurgentes de las FARC, ingresaron disparando a la vivienda donde los jóvenes se encontraban.
Como ya se mencionó más arriba, en la masacre del 8 de noviembre de 2008 del barrio Santander de Maicao resultaron muertas seis personas inocentes. A consecuencia de esta masacre, por ejemplo, una joven profesional guajira con una prometedora carrera quedó con serias discapacidades que la acompañarán por el resto de su existencia. Así mismo, irrumpiendo desde las entrañas de la tragedia y sobreponiéndose a la muerte de su madre que se encontraba en avanzado estado de gestación al momento de ser herida mortalmente en la masacre, nació un niño Wayúu que recién ha cumplido su primer año de vida. Ese 8 de noviembre de 2008 no sólo se truncaron valiosas vidas sino que se echaron por la borda una multitud de sueños.
El hecho que los Wayúu que resultaron muertos tanto en la masacre como en el hecho violento sucedido con posterioridad fueran familiares cercanos de José María Barros Ipuana, conocido coloquialmente como “Chema Bala”, ha llevado a que en La Guajira y en el país haya una tendencia no sólo a encontrar satisfactoria y suficiente la explicación que sobre el particular han venido dando las autoridades que mencionan que todo se trató de un “ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes enfrentadas”, sino a concluir a priori que “si los mataron fue porque algo debían y algo ilegal estaban haciendo”, argumento este que no dista mucho del que resuena reiteradamente en las llamadas versiones libres que en el marco de la “Ley de Justicia y Paz” están dando los jefes y mandos medios paramilitares, al menos los que no han sido extraditados, para quienes todas sus víctimas lejos de ser inocentes se merecían ese destino porque simplemente eran guerrilleros o delincuentes. Adicionalmente pareciera olvidarse que las responsabilidades penales son eminentemente de carácter individuales razón por la cual no es legítimo bajo ningún punto de vista que estas se hagan extensivas a toda una familia, por más Wayúu que ella sea, de manera que es equivocado estigmatizar a toda una familia por lo que uno o algunos de sus miembros hayan hecho o dejado de hacer.
El propósito de realizar un modesto homenaje a las víctimas de la masacre del 8 de noviembre de 2008 del barrio Santander de Maicao, que tendrá lugar el domingo 15 de noviembre de 2009 en Bahía Portete por la sencilla razón que en ese lugar es donde están ubicados los cementerios familiares a donde fueron enterrados la mayor parte de las víctimas Wayúu, ha sido no sólo mal interpretado sino tergiversado por algunos Wayúu que alegan que este acto simbólico se constituiría en algo parecido a una abierta afrenta y provocación contra las víctimas de la masacre de Bahía Portete ocurrida el 18 de abril de 2004, lo cual es totalmente alejado de la realidad.
En este orden de ideas debe quedar claro que el homenaje que se hará a las víctimas Wayúu de la masacre del 8 de noviembre de 2008 del barrio Santander de Maicao, desde ninguna perspectiva busca mancillar ni menoscabar ni denigrar la memoria de otras víctimas Wayúu del conflicto armado. De igual manera, tampoco ha sido la intención de los convocantes a este acto fungir como portavoces de todas las víctimas Wayúu para hablar en su nombre. El objetivo es muy simple: recordar la vida y sueños de Heider Manuel Barros Palmar (20 años), Rafael Valdeblánquez Barros (24 años), María Amalia Ipuana (37 años) y Juan Segundo Mejía Barros (27 años) entre otros miembros de la familia que han resultado muertos en este cada vez más degradado y distorsionado conflicto armado.
Así como hay que rechazar todos los artilugios a los que algunos paramilitares han acudido con el fin de hacer un cómodo tránsito desde su situación de victimarios hacia la asunción de un rol de víctimas el cual, cierto es, no les es lícito ni legítimo ostentar, también hay que oponerse con vehemencia a las fatuas pretensiones que enarbolan algunas víctimas Wayúu de querer asumir la posición de ser cuando no las únicas víctimas Wayúu al menos si las más sufridas e importantes de todas cuantas han habido en La Guajira, lo cual las ha llevado desacertadamente a procurar descalificar los procesos que adelantan otras víctimas Wayúu en la Alta Guajira, y en esa dirección se vienen abrogando el derecho a calificar el estatus y condición de las mismas.
Finalmente y para que no haya lugar a equívocos, el que se insista en que es un imperativo que en La Guajira se construya una verdad contada sin apologías ni satanizaciones y en ese contexto se haya expresado que la verdad completa se arma a partir de juntar todas las piezas, incluidas, por ejemplo, las que puede aportar José María Barros Ipuana, “Chema Bala”, no quiere decir de ninguna manera que se pretenda negar el legítimo dolor ni mucho menos los derechos que le asisten a las víctimas ya no sólo de Bahía Portete sino de todas las víctimas Wayúu de las acciones violentas cometidas por los actores armados en el contexto de un conflicto armado que muta sus formas y contenidos para seguir vigente, pese a los argumentos en contrario que hablan que quieren imponer la idea de un supuesto postconflicto.
Riohacha (La Guajira), 11 de noviembre de 2009
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