PROYECTO COLOMBIA NUNCA MAS – INFORME ZONA V
El Sur del Cesar: entre la acumulación de la tierra y el monocultivo de la palma

El 15 de enero de 1995, los pescadores FERNANDO LOPEZ OSORIO de 20 años, JESUS ROPERO de 22 años, JOHN HOYMAR BELTRAN GALVAN de 19 años, LIBARDO MONTALVO PEREZ de 26 años, MIGUEL ANGEL CACERES PADILLA de 25 años, LORENZO PEDROZO PADILLA, GEOVANNY GUZMAN PEREZ y LEON SALDAÑA, fueron asesinados y torturados y JOSE TRINIDAD GALVAN URQUIJO fue desaparecido por un grupo de paramilitares que se autodenominaron los “Caratapadas”, que contaban con el apoyo de miembros del ejército, en hechos ocurridos en el corregimiento de Puerto Patiño.

Las víctimas se encontraban en una fiesta popular cuando, entre la medianoche y la 1:15 de la madrugada, cerca de 50 hombres encapuchados, vistiendo prendas de uso privativo del ejército y portando armas de corto y largo alcance (pistolas 9 mm y fusiles Galil), irrumpieron en las casetas “La Guapachosa” y “Los Charcos” cortando el fluido eléctrico, obligando a patadas a la gente a tenderse en el suelo y con lista en mano fueron llamando a cada una de las víctimas, llevándoselas a la fuerza con rumbo desconocido en una camioneta Luv 350 cabina amarilla, un campero trooper verde y dos Toyotas. A José Trinidad le decían “guerrillero hijueputa, estaba escondido acá gran hjjueputa” y le iban pegando patadas mientras lo sacaban de una pieza. Durante la retención, en los alrededores de la población se encontraban varios hombres que impidieron que se diera aviso a las autoridades militares acantonadas a sólo 20 kilómetros del lugar, irrumpiendo en los billares “Sayuri” y tendiendo a la gente boca abajo sin llevarse a nadie de allí. Al retirarse, los encapuchados amenazaron de muerte a las personas presentes si se atrevían a salir antes de media hora. En el escape del lugar, los paramilitares pasaron en frente de las bases militares Morrison y de Aguas Claras, sin que fueran retenidos.

A Geovanny y Lorenzo los encontraron asesinados en la finca Los Rocheles, frente a la finca de La Viuda Blanca. A Jesús, Jhon Hoymar, Libardo y Miguel fueron encontrados en la quebrada La Guadua, cerca de la vereda Los Ángeles, en el caño conocido como La Cristalina o La Mierda. El cuerpo sin vida de Fernando fue encontrado en el cementerio junto con el de León, quién no era de la población ni estaba presente en la fiesta, por lo que no pudo ser identificado en un principio. Uno de los hombres que también había sido llevado con el grupo, Luis Alberto Reyes Rodríguez, de 30 años, conocido como “Chiche”, apareció horas después en la población con un arma al cinto y mucho dinero, eludiendo las respuestas de los familiares de las víctimas, a lo que contestaba que ellos volverían “vivos, uno por uno”. Posteriormente la gente de la población lo denunció ante el ejército como alguien relacionado con los paramilitares, puesto que al momento de los hechos éstos le dijeron “hola palomita, al finte encontramos otra vez, desde que nos hiciste una cagaita grande”, “Nos traicionaste Reyes, esta vez no te vas a escapar”, a lo que él imploraba por su vida. El ejército no lo detuvo aduciendo que no tenían razón para capturarlo, y él se les ”voló” a los soldados que lo vigilaban, sin que lo persiguieran. A partir del 18 de enero no se sabe su paradero.

Informes de inteligencia de la policía Judicial del Cesar señalaron al Mayor Jorge Alberto Lázaro Vergel, comandante de la base militar de Aguachica, como el superior jerárquico y asesor militar de los grupos paramilitares que operan en el Sur del Cesar, así como directo responsable de la masacre. Al mando del grupo paramilitar que ejecutó la masacre se hallaba Roberto Prada, fundador de los grupos paramilitares en el Sur del Cesar. Junto con él actuaron alias “El Socio”, primer jefe militar del grupo de Juancho Prada y comandante del operativo en que fue realizada la masacre; Luis Emilio Camarón Flórez, alias “Vladimir”, primer jefe militar del grupo de Roberto Prada y segundo comandante de este operativo; el ex militar conocido con el alias “Norris”, segundo jefe militar del grupo de Juancho Prada; alias “Walter”, jefe del grupo paramilitar Huérfanos de la Guerrilla; alias “Aldemar”, jefe del grupo paramilitar Los Motosierra; Bernabé Ríos, alias “Tripa”; el paramilitar llamado Eduardo conocido como alias “Guerrero” o “Guerrillo”, quién disparó sobre las víctimas; el ex soldado conocido con el alias “Garza”; los exsoldados y hermanos Luis Antonio y Félix Capacho Durán, conocidos con los alias “Calavera” y “El Tigre”, respectivamente; Horacio Riaño, alias “Juan Carlos”; alias “El Abogado”; el paramilitar llamado Angelino conocido con el alias “El Abuelo”; alias “El Muñeco”; y el ex militar conocido con el alias “El Gato”.

ACTUACIONES JUDICIALES

Las actuaciones que se llevaron a cabo por la masacre en las distintas instancias judiciales, únicamente funcionaron para ocultar la verdad de lo sucedido y cubrir a los responsables en un manto de impunidad. En cuanto la investigación penal ordinaria, el Mayor Lázaro Vergel fue arrestado el 17 de marzo de 1995 después de que la oficina en Barranquilla de la Fiscalía General de la Nación le dictara orden judicial de arresto. Permaneció detenido en la V Brigada. Sin embargo, posteriormente fue puesto en libertad, por vencimiento de términos. En tanto Roberto Prada fue arrestado en julio de 1996 siendo recluido en la cárcel y acusado por los cargos de homicidio y de formación de grupos paramilitares. La investigación penal militar fue asumida por el Juzgado 100 de Instrucción Penal Militar. Luego de surtirse los tramites legales, el 3 de junio de 1996 el Comando de la V Brigada dispuso cesar todo procedimiento a favor del Mayor Jorge Alberto Lázaro Vergel por ”falta de mérito” para convocar Consejo de Guerra. El Tribunal Superior Militar confirmó la decisión y el proceso se archivó definitivamente. Varios testigos y declarantes dentro de este proceso fueron amenazados de muerte. Por último, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos adelantó investigación disciplinaria bajo el radicado 008-001131/1995, radicado al libro Nº 13 folio 5470, a la que fue vinculado el Mayor del ejército Jorge Alberto Lázaro Vergel. El 24 dejulio de 1996, se ordenó abrir investigación disciplinaria contra el Mayor del ejército Jorge Alberto Lázaro Vergel, en condición de Comandante de la Base Militar de Aguachica por auspiciar y promover grupos paramilitares y por omisión de sus funciones al permitir la masacre de Puerto Patiño.

El 31 de enero de 1997 se profirió auto de cargos por los mismos hechos y el 6 de marzo de 1998 sancionó al Mayor con destitución (Separación absoluta de las Fuerzas Militares) como Comandante de la misma Base, pues “se encuentra plena prueba de la participación y responsabilidad dolosa del Oficial Lázaro Vergel, en la conformación y auxilio al grupo paramilitar en la matanza de siete pescadores y la desaparición forzada de otro (…)fundamentada no en el simple hecho de manifestaciones de simpatía hacia estos grupos por parte del Mayor Lázaro Vergel, sino en cuanto de sus propias expresiones se deducen compromisos, conocimiento de las actuaciones criminales de los paramilitares y el controlque sobre ellos ejercía”. No obstante, el Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuellar, en resolución del recurso de apelación, revocó el 30 de octubre de 1998 el fallo de la Delegada y decide absolver al sancionado al señalar que “fuera de los comentarios que emitió el Mayor Lázaro Vergel, en favor de los grupos paramilitares, no existe ningún otro hecho susceptible de comprobación que hipotéticamente hubiera podido revelar sunexo con ellos”, a pesar de que la investigación se erigió sobre el testimonio del Comandante de policía de Aguachica y sobre informes de la SIJIN y la DIJIN del departamento del Cesar. Desconociendo estas pruebas la Procuraduría sostiene que no se podía colegir “sin duda alguna, que realmente el funcionario investigado para la época delos hechos promovía en la región grupos de justicia privada o paramilitares denominados Los Caratapadas”; lo que daba paso a la aplicación del “in dubio pro disciplinado” al no existir certeza de la responsabilidad de los cargos imputados al Oficial, y consecuente con ello la absolución.

Esta masacre, como muchas de las que se han cometido en la zona V, tiene un fin de represalia para comunidades que según los comandantes de las fuerzas militares son colaboradores de la insurgencia. El informe de policía judicial señala directamente al comandante de la base de Aguachica: “De otra parte altas y diversas fuentes de información señalan al señor mayor del ejército nacional Jorge Alberto Lázaro Vergel, comandante de la base Aguachica como directo responsable, organizador y ejecutor de las acciones llevadas a cabo por este grupo utilizando para sus operaciones personal de la base Morrison y del UNASE de Aguachica”. Y es que al mirar la defensa del mayor Lázaro contra las acusaciones del comandante del puesto de policía, del alcalde del pueblo y de su secretario de gobierno, la más excelsa muestra de la lógica contrainsurgente y de la prelación de la seguridad nacional sobre la seguridad de los ciudadanos, pues para él, el alcalde es una ficha de la insurgencia, y sus acusaciones son producto de su antigua militancia en el M-19; de otro lado, según su versión el ELN apoyó electoralmente al actual alcalde razón que lo lleva a decir en sus declaraciones: “Él ganó con los votos que le dieron la vereda la Yeguerita, Cerro Redondo, Cerro Bravo, que es donde están los campamentos del ELN, ganó por 350 votos y yo tuve informaciones de que en él su campaña política estuvo reunido con la guerrilla en esos sitios, por lo cual esa era la preocupación de él, porque si no le cumple al ELN ya sabe loque le viene encima”. Nuestra explicación es que la conexión paramilitar-militar muestra de manera contundente la reacción de las elites a los cambios sociales, es de sorprender como el Mayor Vergel reconoce la existencia de grupos paramilitares de ganaderos, y los ven conla mayor naturalidad al punto de decir: “Que no conozco ningún grupo paramilitar ni tengo relaciones con ellos, pero que sí es de conocimiento de todas las autoridades, que en el Sur del Cesar los ganaderos de la región tienen un personal armado que son los que cuidan cuando ellos van a sus fincas, con el fin de protegerse de un posible secuestro por parte de la subversión y los delincuentes” .

Como ya se ha dicho a lo largo de este apartado la situación del Sur del Cesar es compleja, pues la violencia política en el departamento tiene como eje central a los que deberían defender a los ciudadanos, y es que el Estado prefiere adelantar políticas de fomento al paramilitarismo en vez de hacer costosas reformas sociales que trastocarían el orden existente y el negocio de la palma, que es mucho más rentable al capital que las economías campesinas de supervivencia. En suma, todo el aparato coercitivo del Estado tiende a favorecer las grandes ganancias.