“Es un crimen contra la vida e institucionalidad, El atentar contra nuestros maestros y líderes, Porque ellos encarnan la realidad del desarrollo, Pasado y presente de sus pueblos”

http://mariandreacsp.blogia.com/2005/030201-sobre-la-noticia-de-la-muerte-de-saul-marquez.php

En Colombia, atacar a comunidades vulnerables como los indígenas es muy cobarde por parte de terroristas, guerrilleros o simples delincuentes comunes. La noche de Octubre de 2002, el líder indígena Saúl Márquez, del resguardo Predio Putumayo, llevaba el dinero que le había entregado el gobierno para su comunidad en un taxi camino a Tabatinga, ciudad fronteriza de Brasil. De repente, “unos policías lo bajaron del taxi y se lo llevaron a un lugar apartado, donde contaron el dinero, unos 43 millones de pesos que decomisaron. Al otro día lo soltaron diciendo que lo detuvieron por sospechoso, pues según ellos caminaba borracho con 6 millones de pesos, los que devolvieron” me contó el líder, que denunció el robo ante las autoridades de Brasil y Colombia.

Este indígena de 28 años, presidente de la Asociación de Autoridades de la Zona Arica, perteneciente al Consejo Indígena del Alto Amazonas, del resguardo más grande de Colombia (Predio Putumayo), pues tiene 5,5 millones de hectáreas, en las que habitan 12 etnias, es decir, unos 36.000 indígenas aproximadamente. Regularmente a Márquez le correspondía como el líder que era, representar a su comunidad en las mesas de trabajo de la gobernación, dirigir proyectos, solucionar los problemas de su pueblo y sobre todo una de las labores principales: recibir la plata de las transferencias que da el estado dos veces al año, a los “indígenas dirigentes”, en efectivo. Este dinero era llevado por él mismo, utilizando distintos transportes hasta Arica que queda al occidente del Amazonas. El viaje era complicado y algo largo, pues después de llegar a Tabatinga, debía abordar una `línea´ o bote rápido hacia la localidad peruana de Iquitos; de allí tomaría un avión hasta El Estrecho, también en Perú, para luego irse en un deslizador hacia Arica. Muchas paradas y muy poca seguridad.

Este es un grave problema que presentan las comunidades indígenas desde muchos años atrás, aunque ya se están tomando medidas, ya que no sólo han tenido crisis alimenticias y de salud, sino también crisis de derechos humanos, los cuales son agobiados con distintas violaciones a la vida, al territorio y a la cultura autóctona de ellos. Debido a la situación que estaban viviendo los indígenas, se establece una misión humanitaria y defensorial conformada por autoridades nacionales e internacionales, además de un llamado a los derechos humanos de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional Humanitario. Esto, con el objetivo de crear acciones urgentes de protección, ayuda y libertad de personas que se ven atacadas por amenazas, hostigamientos y masacres. Reuniones y mesas de trabajo en las que he estado presente hace 6 años, junto con la ONIC (Organización Nacional de Indígenas de Colombia) que surgió en 1982 como resultado de un consenso de los pueblos indígenas.

Las comisiones de paz como he podido observar, en los que participan la ONIC, los cabildos del Tairona, invitados de otras comunidades, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, buscan la reivindicación de los derechos, de la consolidación de la unidad, la tierra, la autonomía y los valores culturales; además de la investigación de casos criminales de las FARC, las Autodefensas o autores desconocidos, como la captura de los presuntos responsables de las atrocidades. Las estadísticas demuestran una tendencia creciente sobre todo a partir del año 1999 y 2000, en los que hubo una oleada de homicidios, masacres y desplazamientos debido a los enfrentamientos guerrilleros en las zonas territoriales indígenas, tan defendidas por ellos, y la falta de un mecanismo de seguridad que impida los atracos, como le ocurrió a Saúl Márquez Tovar.

“El resguardo Predio Putumayo tuvo su reconocimiento en el gobierno de Barco, el cual tenía transporte aéreo de la compañía SATENA a los 5 corregimientos de Amazonas, servicio de televisor y teléfono”, según lo que me contó un amigo de Márquez, al que llamaré Juan Carlos, “vivíamos contentos con los precarios servicios que teníamos; por lo menos los estudiantes, enfermos, médicos y líderes podían trasladarse, además de tener ingreso de medicamentos. Pero un día, los servicios no volvieron, se suspendieron en el 2002 por la ruptura de los diálogos de paz con insurgentes”.

La ausencia de comunicación, los problemas de salud y alimentos, las epidemias y enfermedades selváticas, la desnutrición, la escasez, el desempleo y las inundaciones, debilitaron a es gran resguardo. Además del conflicto armado en municipios como Guamuez, Orito, Puerto Asís y San Miguel; la usurpación y control de los territorios para negocios ilícitos (cultivos de coca) y lícitos (pesca), más la destrucción del hábitat por las fumigaciones (glifosato), han puesto en peligro la tranquilidad de esta comunidad. “Amazonía y Putumayo necesitan la presencia del estado” me contaba la abogada indígena Witoto, en una entrevista.

Sin embargo, el resguardo contaba con un líder natural, con Saúl Márquez, un hombre, trabajador, hogareño, pacífico y sereno. Cuando la gente hablaba con él, siempre andaba con una sonrisa en la boca, y me hablaba del gran amor que sentía por las comunidades y por sus dos hijos Manuel y Andrés de 3 y 5 años. Tenía un gran respaldo de su pueblo, a pesar del incidente del robo que causó incomodidad entre los 927 indígenas de Arica, como me pude dar cuenta cuando fui a la comunidad después de eso. Pero como dijo Juan Carlos “su liderazgo hizo que la gente confiara y creyera en él”.

Desde el robo, autoridades y la fundación Gaia, que asesora en proyectos a los indígenas, le dijeron a Saúl que tuviera cuidado al pasar por Tabatinga. El hizo caso y cambió de rutina para llevar el dinero a Arica. Tomando las precauciones necesarias Márquez llegó a Leticia para participar en la mesa de trabajo del gobierno, para ayudar a los indígenas, pero todavía no con la preocupación necesaria para evitar más tragedias. Como otras veces, estuve en algunas reuniones tomando nota de las propuestas, pero no en la última, cuando terminaron el 15 de diciembre de 2004. A partir de esa fecha comenzó a gestionarse el pago de las transferencias y a comienzos del 2005, cobró los 68 millones. Normalmente cobraba en cheque, compraba materiales y abarrotes y los enviaba por río. Giraba la mayor parte de recursos y dinero a Puerto Asís, y el resto lo llevaba consigo devuelta a casa. Esta vez dejó 3 millones para gastos. El 6 de Enero buscó cupo en un vuelo a Bogotá para el día siguiente. Después de comprar el pasaje, salió por la tarde de residencias Divino Niño, donde se hospedaba. Pero Márquez no llegó a Bogotá ni a casa.

La preocupación del DIH y el gobierno, por el Predio Putumayo, y el resto de comunidades indígenas que conforman el 25% de la población del país, es aún mayor ya que las cifras de muertes violentas incrementan día a día sin un bloque de seguridad eficiente y con cierta omisión. Es por eso, que el ministro de defensa, Jorge Alberto Uribe Echavarría, organiza reuniones enfocadas en la cooperación mutua de los 3 países fronterizos del Amazonas: Brasil, Perú y Colombia, con el fin de combatir las actividades ilícitas de las fronteras y derribar redes criminales que amenazan la tranquilidad de los 3 países. En un almuerzo en Bogotá, cuando lo entrevisté dijo con molestia: “estos asesinatos merecen la más enérgica condena de toda la sociedad. Cualquier crimen contra un colombiano nos preocupa, pero estas agresiones tienen una connotación especial pues se trata de los miembros de comunidades vulnerables a los ataques terroristas”.

SAÚL MÁRQUEZ fue torturado ya que tenía contusiones en rostro, tórax y brazos, señales de asfixia, orejas maltratadas, sin dientes ni uñas, y asesinado con cinco disparos alojados en la cabeza. El 7 de Enero de 2005 encontraron el cadáver, e informaron a su familia para el reconocimiento del mismo.