Investigación de El Espectador sobre cómo los paramilitares infiltraron la Fiscalía en Antioquia.

El Espectador
Domingo 29 de abril de 2007

”… en Colombia difícilmente ha existido una organización criminal como la ‘Oficina de Envigado’. Yo creo también que en Bogotá no han entendido su dimensión o no quieren entenderla. De ella hacen parte políticos, militares y policías de los más altos rangos, empresarios y ganaderos …”.

Los funcionarios y ex funcionarios de la Fiscalía de Medellín no recuerdan con precisión cuándo fue que los paramilitares se infiltraron en el ente investigador de la capital antioqueña. Creen que eso sucedió hacia 1996 ó 1997, cuando un grupo de jóvenes abogados ingresó al CTI. En cambio, lo que no se les olvidará nunca es que fueron tiempos de dolor y lágrimas.

Tiempos en los que los investigadores más destacados de Medellín cayeron asesinados por los ‘paras’. Ellos cometieron un gravísimo error: indagar sobre los tentáculos de las Auc en el Valle de Aburrá. Entonces un manto de impunidad empezó a caer sobre los procesos que tenían que ver con ‘paras’. El ejemplo más claro de esa impunidad puede resumirse con un solo nombre: Gustavo Upegui López.

Empresario deportivo y dueño del Envigado F.C., Upegui era un reconocido jefe paramilitar. A principios de diciembre de 1998 se hizo pública la noticia de su detención en el estadio de Envigado. Años atrás, los dos hijos de Upegui, entonces menores de edad, fueron secuestrados por la guerrilla. Uno de ellos fue rescatado por el Gaula; por el otro se pagó una fortuna.

Cuando terminó el drama del secuestro para Upegui, por todo Medellín y sus alrededores empezó a correr un rumor: que se estaba vengando de los secuestradores de sus hijos y que, literalmente, estaba dejando una charca de sangre a su paso. Por eso, cuando en diciembre de 1998 se supo que Upegui había sido detenido, todo el mundo creyó que era por el tema de los secuestradores de sus hijos. Al caso Upegui también fue vinculado el general de la Policía Luis Alfredo Rodríguez Pérez pero la orden de escucharlo en indagatoria fue reversada.

Pero el polémico empresario deportivo resultó vinculado a un extraño proceso que arrancó cuando uno de sus ex escoltas aseguró que Upegui lo había secuestrado y torturado. Upegui no estuvo más de un año en prisión, pues el proceso por el que la Fiscalía lo había detenido era muy débil. “Fácil: lo detuvieron para absolverlo y así dejar en la impunidad sus verdaderos crímenes”, le dijo a El Espectador un ex investigador de la Fiscalía.

Cuando recuperó su libertad, Upegui volvió a sus andanzas. Para nadie era un secreto que era el mandamás de la llamada ‘Oficina de Envigado’, una red criminal dedicada al sicariato y al narcotráfico. El 3 de julio de 2006, Upegui fue asesinado en su finca del municipio antioqueño de San Jerónimo.

“Lo mató el tercero por orden del primero”, le dijo a este semanario una fuente judicial en Medellín. El primero era Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna), hoy preso en la cárcel de Itagüí; el tercero, Daniel Alberto Mejía (alias Danielito), asesinado en enero pasado; el segundo, desde luego, Gustavo Adolfo Upegui López.

En el momento de las muertes de Upegui y Danielito, contra ninguno había investigación formal, pese a que, por ejemplo, en el caso de Upegui un informe de inteligencia del DAS, del 1º de abril de 1998, daba cuenta de que tenía nexos con Carlos Castaño y el cartel de Cali y patrocinaba a los ‘paras’.

El caso Funpazcor

En 1997, en el municipio antioqueño de Girardota se reportó la inusual desaparición de varias personas. Encubierto, el CTI envió a esa localidad del Valle de Aburrá a uno de sus mejores investigadores, Sergio Humberto Parra Ossa, para establecer quiénes eran los responsables de los hechos delictivos. El hombre no se demoró mucho para saber que detrás de las desapariciones estaban los paramilitares.

Entonces entabló una relación sentimental con una mujer de Girardota, quien sin saber que él era investigador, empezó a contarle detalles sobre los quehaceres de los ‘paras’ en su pueblo. Aunque Parra pagaría más tarde con su vida el hecho de haberse puesto a investigar, consiguió la información suficiente para que el CTI realizara, el 30 de abril de 1998, uno de los operativos más importantes en Colombia contra el paramilitarismo.

Ese día, ocho sabuesos del CTI, coordinados por el abogado Gregorio Oviedo, llegaron hasta un parqueadero ubicado en pleno centro de Medellín. Era el parqueadero de Padilla, donde las autodefensas tenían su centro de operaciones financieras. Allí fue capturado Jacinto Alberto Soto Toro, Lucas, quien se fugaría de la cárcel de Bellavista siete meses después.

A partir de la detención de Soto Toro, un grupo de fiscales entrenados en finanzas allanó 43 empresas de fachada en Antioquia y 17 en Córdoba. No obstante haber encontrado por lo menos 40.000 transacciones comerciales y cientos de documentos con nombres de personas y empresas, la Fiscalía, extrañamente, duró eternidades para abrir instrucción formal.

Sólo lo hizo en mayo de 2001 (¡37 meses después!), cuando la fiscal Gladys Varela ordenó desde Bogotá una serie de allanamientos en Montería (entre ellos la sede de Funpazcor) y la captura de varios paramilitares. “La orden de mantener congelado el proceso vino desde Bogotá”, advirtió un ex funcionario de la Fiscalía que exigió el anonimato.

Cuando Luis Camilo Osorio asumió, en julio de 2001, el cargo de fiscal general de la Nación, el proceso del parqueadero de Padilla o de Funpazcor volvió a Medellín. Allí, en noviembre de 2002, la Fiscalía precluyó a la mayoría de vinculados a la investigación.

Este proceso, cuyo radicado era el 34.986, fue la oportunidad de oro que tuvo la Fiscalía para procesar a ganaderos y empresarios por la financiación a los paramilitares. El martes pasado, El Espectador estuvo en la Fiscalía de Medellín para obtener más detalles del archivo del caso Funpazcor. Tras más de siete horas de averiguaciones, la repuesta oficial de la Fiscalía fue: “Aquí no conocemos ese expediente. Estamos buscando”.

Reguero de muertos

Lo único que quedó del caso Funpazcor o parqueadero de Padilla fue un reguero de muertos. Casi todos los investigadores del CTI de la Fiscalía que participaron en el operativo de allanamiento fueron asesinados.

De nada valieron los ruegos en Bogotá de varios funcionarios de Medellín para que sacaran de allí a los investigadores que estaban en la mira de los ‘paras’. Uno a uno fueron cayendo, sin que nadie pudiera evitarlo. Y lo más triste era que los enemigos de ellos estaban dentro de la Fiscalía.

Sergio Humberto Parra, que en Girardota había dado el primer paso para el allanamiento en el parqueadero de Padilla, fue asesinado el 10 de junio de 1998. Cuarenta días atrás, había hecho parte del equipo de investigadores que capturó a Jacinto Alberto Soto, el contador de los paramilitares.

Tampoco el investigador Diego Arcila Gómez pudo sobrevivir a la embestida de las Auc. Arcila consiguió en su momento algo que parecía imposible: individualizar al hombre fuerte de los ‘paras’ en Antioquia desde la década de los 90. Sólo se sabía que le decían Don Berna y que había hecho parte de la banda llamada Los Pepes (perseguidos por Pablo Escobar).

Una fuente le dijo a Arcila que, al parecer, los hijos de Don Berna estudiaban en un colegio cerca del municipio de Sabaneta. Entonces se hizo pasar por sacerdote e ingresó al centro escolar. Su objetivo era llegar hasta las hojas de vida de todos los niños del colegio. Y lo consiguió. Estableció cuáles eran los hijos de ese fantasma de entonces llamado Don Berna.

Una tarde montó guardia y siguió el carro que recogió a los menores de edad. El automotor entró a una hacienda. Arcila también detuvo su carro y empezó a tomar apuntes. Anotó el número del contador del servicio de energía de la finca. Lo mismo hizo con una antena de televisión por cable. Pero, de pronto, se percató de que estaba al descubierto. Observó que había una cámara filmando. Se asustó, desde luego, y abandonó el lugar.

En cuestión de días, el investigador Diego Arcila Gómez estableció que Don Berna, en realidad, se llamaba Diego Fernando Murillo Bejarano. A la par, varios de sus compañeros de trabajo le sugirieron a Arcila hacerse a un lado en el tema de Don Berna, pues temían que las cosas terminaran mal por el incidente de la cámara en la finca del jefe paramilitar. Infortunadamente no estaban equivocados: el 15 de febrero de 1999, sicarios asesinaron a Diego Arcila en Medellín, cuando se movilizaba en un taxi.

Según las investigaciones, a Arcila lo entregó un antiguo compañero suyo, Úber Duque Álvarez, quien desde que estaba en el CTI trabajaba para los ‘paras’. Duque reconoció a Arcila en la filmación que se hizo en la hacienda de Don Berna. “Ese es Diego Arcila”, les dijo Duque a los ‘paras’.

Informes de inteligencia sostienen que a Duque puede considerársele el pionero de la infiltración paramilitar en la Fiscalía de Medellín. Como abogado, este hombre defendió al desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño y a Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, desmovilizado de las Auc.

La tarde del 2 de marzo de 2004, Duque Álvarez fue asesinado en el complejo deportivo Atanasio Girardot de Medellín. Su muerte fue lamentada públicamente por Carlos Castaño Gil en carta dirigida a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Pocos días después, Carlos Castaño correría la misma suerte de Úber Duque.

Se cruzaron con Upegui

Otros dos investigadores que también fueron asesinados se habían cruzado en su momento con el hombre fuerte de la ‘Oficina de Envigado’, Gustavo Upegui López. Un informe de inteligencia, del 8 de enero de 1999 y dirigido a la fiscal que conocía el caso del parqueadero de Padilla, daba cuenta de que el asesinato del investigador Edward Andrés Holguín Alzate “se presentó después de la captura en Envigado del señor Gustavo Adolfo Upegui”. Holguín fue acribillado el 14 de diciembre de 1998 por tres individuos que se movilizaban en una moto.

El investigador Luis Fernando González, entre tanto, fue asesinado en Medellín el 13 de abril de 1998. González se había echado encima las investigaciones contra Gustavo Upegui.

En esa guerra de locos contra el paramilitarismo también cayó el investigador Augusto de Jesús Botero Restrepo. Su muerte ocurrió en Medellín el 8 de mayo de 1998. Botero estuvo al frente de una compleja investigación para dar con los responsables del asesinato del abogado Jesús María Valle, apóstol de los DD.HH. en Antioquia, ocurrido en su oficina de la capital antioqueña el 27 de febrero de 1998.

Botero, igualmente, indagaba sobre el homicidio de otro de sus compañeros, Jaime Augusto Piedrahíta (4 de julio de 1997), quien rastreaba las estructuras mafiosas de Envigado e Itagüí. Un hombre de confianza de Don Berna, Carlos Augusto Correa López (Pepe), habría estado detrás del asesinato del investigador Piedrahíta.

La lista de muertos del CTI la cierran los investigadores John Jairo Ruiz (14 de marzo de 1997), Manuel Guillermo López (9 de septiembre de 1997) y Tomás Eduardo Santacruz (16 de junio de 1998). Eso sin contar con las decenas de investigadores y fiscales que se salvaron de milagro pero que hoy viven en el exilio.

Como se ve, los autores de tanta violencia son los mismos. Sus nombres se cruzan entre sí de una manera u otra. Todos los casos, además, están marcados por una palabra: impunidad. Impunidad que continúa rondando campante por varias dependencias de la Fiscalía de Medellín.

La llamada ‘Oficina de Envigado’ sigue operando, pese a que Don Berna está en prisión. Por eso hay quienes, con sorna, dicen que en muchas partes del Valle de Aburrá no opera la gobernabilidad, sino ‘la donbernabilidad’.

Parece que nadie, por ejemplo, quiere meterse con un ex agente del CTI llamado Carlos Mario Aguilar (alias Rogelio), de quien se dice es el brazo militar de esa organización ilegal y ostenta un poder igual al de Don Berna.

“Yo creo que en Colombia difícilmente ha existido una organización criminal como la ‘Oficina de Envigado’. Yo creo también que en Bogotá no han entendido su dimensión o no quieren entenderla. De ella hacen parte políticos, militares y policías de los más altos rangos, empresarios y ganaderos”, sentenció una fuente consultada por El Espectador en Medellín.