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La fiscalía general resume en 27 palabras el estado actual de la investigación sobre el crimen del periodista Guillermo Bravo Vega: ”El caso sigue en etapa preliminar. Pero se están haciendo una serie de pruebas muy importantes que pronto podrían dar origen a la apertura formal de investigación”. Ni un dato, ni un nombre, ni una pista. Con el argumento de que cualquier filtración podría dañar todo lo actuado, la Unidad de Derechos Humanos de la entidad se abstiene de hablar con la prensa, e incluso con la familia. ”Aunque lo he intentado, no he logrado que el fiscal del caso me reciba”, asegura Juan Carlos, el hijo del periodista asesinado. A pesar de ello se estableció que ya han sido llamados a declarar cerca de ocho personas, entre quienes se encuentra William Trujillo, ex trabajador de la Licorera del Huila y persona cercana a Bravo Vega; Ana Cristina Suárez, la compañera sentimental del periodista; y un hombre cuya identidad se protege. Lo dicho por este último es tal vez la información de mayor relevancia dentro de la investigación. Aunque se desconoce el contenido de su declaración, la compañera de Bravo Vega les dijo a periodistas de este proyecto que días antes del asesinato, este sujeto fue a advertirles que un hombre de Cali le había pagado a un grupo de sicarios 2 millones de pesos por ‘la vuelta’, y les sugirió que se cuidaran. El epílogo no pudo ser peor: una vez advertido, Bravo Vega se dirigió al DAS regional, narró lo sucedió, llevó sus trabajos investigativos y pidió protección. Pero esta nunca llegó. El Proyecto Manizales tuvo acceso a algunos detalles de la investigación judicial, según la cual Yesid Guzmán, un ex detective del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI), fue contactado por los autores intelectuales del asesinato para que se encargara de planearlo. Este funcionario habría sido retirado de su cargo -en el que trabajó durante cuatro años- por presuntos vínculos con los grupos paramilitares que actúan en la zona. Él habría sido el eslabón entre los autores intelectuales y los materiales, y habría incluso repartido el dinero que se pagó por el crimen. Guzmán no tuvo ni siquiera tiempo de desmentir o confirmar los señalamientos que se le hacen: el martes 13 de enero de 2004 fue encontrado por unos campesinos de Algeciras (Huila), con tres impactos de bala en el cráneo y en el tórax. Tanto él como su acompañante -Jesús Alexander Rojas, también ultimado a tiros- presentaban señales de tortura. Así consta en actas de inspección levantadas por la Policía que hoy reposan en el expediente. Por esa misma época, desaparecieron dos pistoleros de la zona -los supuestos autores materiales- y uno de los testigos del crimen, del que no se descarta que hubiese huido por temor y porque nadie le brindó protección. Luego de estos hechos y de la presión de un grupo de periodistas, el expediente -que se seguía en la Fiscalía local- fue trasladado a Bogotá. La familia de Bravo Vega optó por demandar al Estado por no haberle brindado protección cuando Guillermo la solicitó. ”Yo lo acompañé a la oficina del jefe de seguridad del DAS en esa época, Jorge Luis Ochoa y tras estudiar tres hipótesis -delincuencia común, ‘paras’ y los afectados por las denuncias de mi padre- se comprometió a hacer seguimientos y a protegerlo”, recuerda Juan Carlos Bravo. Por eso en la demanda civil ante el Tribunal Superior de Neiva se señala al Ministerio del Interior y al DAS como entidades responsables por actuar de manera negligente. ”Un día después de la muerte de mi padre, uno de los funcionarios del DAS me dijo que no podía siquiera mirarme a los ojos y que tenía una deuda moral conmigo. También se comprometió a investigar el caso a fondo. Pero… ya para qué”, remata Bravo.