La mayoría de los habitantes de La Cangrejera, la invasión que demarca el final del corregimiento La Playa, recuerdan enero de 2008. El día se perdió en sus memorias, pero no la noticia que les trajo ese mes: “El Ronco, El Cuco y El Mono están muertos”.

www.elheraldo.co
Judicial
03 de Julio de 2011
http://www.elheraldo.co/judicial/la-historia-de-los-tres-falsos-positivos-de-la-playa-28020

Para los parientes de Andrés Ramírez Cantillo, Johan Caicedo Ávila y Edilberto Hernández García fue confirmar el presentimiento que les rondaba desde el 13 de mayo de 2007, cuando salieron de sus casas.

“No volvieron más nunca. Se desaparecieron para siempre”, contó Doris Cantillo, mamá de Andrés, a cuatro años de la llamada de la Fiscalía que informó a la familia de Johan que todos yacían en un cementerio de Valledupar, enterrados como NN.

Último adiós. Ese día, a las 9 de la mañana, Andrés le pidió permiso a su mamá para irse a Fundación (Magdalena), a trabajar en la finca de su tía.

Doris recordó que se le arrodilló y, llorando, le pidió que no se fuera porque no había necesidad. “Yo no quería, pero el papá le dio permiso. Él me dijo: mami, tranquila, yo vengo. No voy a durar nada. Y se fue”.

Los tres salieron de sus casas, engañados por un vecino que se hacía llamar Jairo Botello, quien les propuso sembrar yuca en la finca de un tío suyo en Cesar, en las faldas de la Sierra Nevada, por 700 mil pesos.

Una tentadora oferta para cualquier morador de La Cangrejera, refugio de familias desplazadas por la violencia, como la de Doris y su esposo, Rodrigo.

“Somos de Tucurinca (Magdalena), pero nos vinimos porque los paramilitares reclutaban a los pelaos, y donde uno se bañaba y lavaba la ropa descuartizaban a la gente”, relató ella.

Andrés, de 18 años, era el menor de sus seis hijos y tres hijas. Un joven apático al estudio por su precoz deseo al trabajo.

“Le gustaba trabajar con el papá, conduciendo retroexcavadoras. Andrés tenía doce años y ya las manejaba”, aseguró Doris con un dejo de nostalgia y orgullo que se funde en un suspiro. “Pero él no era ningún guerrillero”, advirtió enseguida.

Plan criminal. Ramírez; su primo Edilberto, de 48 años, y Johan, de 19, se encontraron a las diez en la calle 17, en la salida a Santa Marta, donde subieron a un bus de Brasilia. Los pasajes se los suministró Jairo Botello.

“Al rato lo llamé al celular y me dijo: no sé ni por dónde voy, ni para dónde vamos. Ya a las dos de la tarde, vuelvo y lo llamo, y me dice: vamos llegando a Mariangola (Cesar). Después no supe más”, evocó Doris.

Llegaron en la tarde al Cesar. Todo indica que junto a Botello se dirigieron a la trocha que conecta con Villa Germania, un corregimiento de Valledupar.

Al día siguiente, a las 4:30 a.m., fueron blanco de los fusiles del pelotón Contera 1 del Batallón No. 2 La Popa, al mando del sargento Dagoberto Alfonso Bustamante Mendoza, en un paraje de la vereda Santa Tirsa.

Los hechos son resumidos en el informe secreto del 14 de mayo de 2007 de la operación Magistral, misión táctica Machete, que los presentó como terroristas muertos en combate, así: “la unidad estaba llegando al sitio, en ese momento fue atacada por fuego nutrido del enemigo y la tropa reaccionó con fuego”.

El documento detalla además, “pretendían realizar extorsiones, incautándole una carabina calibre 22 para francotirador, dos revólveres calibre 38”. Y en un aparte se adiciona: “Ampliase información X teniente coronel Jorge Iván Monsalve Hernández Comandante Batallón No. 2 La Popa”.

Contradicciones. La investigación de la Fiscalía 65 de Derechos Humanos demostró, una a una, las contradicciones en las que incurrieron los militares para encubrir las ejecuciones extrajudiciales.

Una de las pruebas fueron las necropsias a los cuerpos: Hernández recibió ocho disparos, Ramírez cuatro y Caicedo dos. Todo está consignado en el expediente 2009-00278 del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Valledupar.

Las trayectorias de las balas no dejan duda de que fueron rodeados, fusilados y rematados cuando estaban en el suelo.

En el caso de Ramírez, el juez Franklin Martínez Solano determinó que “la mayoría los recibió de espaldas o estando de frente extendió los brazos en gesto de clemencia”.

Sumado a lo anterior, le resultó ilógico la hipótesis de una balacera por la clase de armas que, supuestamente, portaban los occisos. Ello corroboró que, de haberse presentado, los primeros no hicieron más de diez tiros, mientras que los soldados descargaron casi doscientos proyectiles.

Martínez también cuestiona la operación Magistral, con base en un acta firmada por Bustamante, dos días después del ‘enfrentamiento’: “manifiestan (campesinos) que en los últimos meses no se ha observado la presencia de bandidos (frente 41-59 de las Farc y cuadrilla Seis de Diciembre del ELN”.

“Quiere decir —aduce el Juez—, que tanto el informe de inteligencia como el documento que contiene las directrices de la misión táctica, contienen una falsedad para justificar el montaje (…) y sirven para reforzar que nunca hubo combate, sino un vil asesinato de personas inocentes”.

Lo anterior encajó con la realidad del 13 de mayo: El Ronco, El Cuco y El Mono no podían estar en Santa Tirsa desde antes de ser masacrados, ni eran subversivos porque no tenían un solo antecedente penal.

Como si fuera poco, Jairo Botello resultó siendo Jairo Antonio Rojas Méndez, un desmovilizado dedicado a reclutar víctimas para ‘falsos positivos’ y, al parecer, estaría involucrado en casos similares.

A raíz de tantos indicios comprometedores, el 14 de septiembre de 2010, el juez Cuarto le impuso 40 años de prisión al sargento Bustamante y seis de sus soldados: Alexander Sosa Peñaloza, Jorge Sánchez Sánchez, Oel Caña De la Rosa, José Enrique Zuleta Palmera, Luis Fabián Padilla Holguín y Pedro Urruchurto Nieves.

En su decisión, el togado catalogó la operación que dejó “al personal con la moral en alto por los buenos resultados obtenidos” —se lee en el informe— como el sacrificio de tres inocentes “cuyo único delito fue hacer parte del grueso de población marginada de este país”.

La providencia fue confirmada el 13 de junio de este año por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar.

Por Germán Corcho Tróchez
Twitter: GermanCorchoT

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Análisis

Delitos de lesa humanidad

Llámese falso positivo, ejecución extrajudicial o crimen de Estado a las muertes de inocentes ciudadanos en manos de miembros del Ejército Nacional, presentados como guerrilleros muertos en combate, lo cierto es que es un delito: homicidio en persona protegida, cuya pena de prisión oscila entre los 30 y 40 años.

Pero la Justicia colombiana debería ir más allá, puesto que se ha comprobado que muchos son resultado del quebrantamiento de las garantías y los derechos consagrados en los tratados internacionales, como el presente asunto. Sería más que justo declararlos delitos de lesa humanidad, porque reúnen las circunstancias que señala el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: un ataque sistematizado o generalizado contra la población civil, y con conocimiento de dicho ataque. No obstante de generar justicia con los fallos, no debe perderse de vista una indemnización oportuna y equivalente, para que haya equidad en términos de justicia, verdad y reparación.

Por Luis Fernando Ahumada.

Abogado penalista, especialista en Derecho Internacional Humanitario y apoderado de víctimas en este proceso.