LA ELIMINACIÓN DE MILITANTES DE IZQUIERDA Y/O LÍDERES COMUNALES Y LA OFERTA DE “SERVICIOS DE SEGURIDAD” A COMERCIANTES LOCALES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS Y DE PISTOLEROS CONSEGUIDOS EN EL MERCADO DEL SICARIATO

IVÁN ARTURO TORRES ARANGUREN
Conflicto Armado, Crimen Organizado y Disputas por la Hegemonía en Soacha y el Sur de Bogotá
Tesis para optar el título de Magíster en Estudios Políticos
Bogotá, D.C., Junio de 2011
Ver texto completo en:
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/1571/1/TorresArangurenIvanArturo2011.pdf)

En Altos de Cazucá y en los barrios de la parte alta de la Localidad de Ciudad Bolívar, los paramilitares han adoptado formas de actuación que se han repetido en ciudades como Medellín, Pereira, Bucaramanga y Cali.

Modalidad utilizada cuando están en la fase de acercamiento de un determinado sector y no cuentan aún con apoyos locales. Este tipo de acciones se camufla tras la fachada de la mal llamada “limpieza social”, involucra la utilización de personas que regularmente no tienen vínculos estables o permanentes con las estructuras paramilitares y se orienta a eliminar militantes de izquierda (Alirio Tolosa Gamboa, fiscal del Centro No. 4 de la Central Nacional Provivienda y activista de la Unión Patriótica fue asesinado el 24 de septiembre de 2000) y líderes comunitarios que dificulten su llegada (En el 2001, fueron asesinados Ciro Alberto Rincón, presidente de la JAC del barrio Luis Carlos Galán II sector (5 de Junio), Luis Casallas, presidente de la JAC del barrio Villa Mercedes (17 de Julio) y José Cogua, Vice-presidente de la JAC del barrio La Isla (12 de agosto) luego de que denunciaran públicamente la presencia de las AUC en Altos de Cazucá).

Es de anotar que estas “campañas de limpieza” son ejecutadas por sujetos que no pertenecen a la comunidad y ello contribuye a que cualquier persona pueda ser asumida como “objetivo”; lo que sí va a ser recurrente es que siempre que se produzca una acción de esta naturaleza, las víctimas serán presentadas ante la opinión pública como “drogadictos”, “vagos” o “delincuentes”; es decir, como amenazas o como personas indeseables pues el objetivo que les subyace, además de la eliminación selectiva de posibles opositores, es crear en la población local una “sensación de desprotección” que haga “necesaria” la oferta de “servicios de seguridad” estables, sólidos y duraderos como los que ellos están en capacidad de ofrecer.

En la zona, una acción tipo para ilustrar esta forma de actuación se presentó el 18 de febrero de 2001, en el bar La Gran Esquina, del barrio Santa Bibiana, en límites de Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá. En dicha ocasión, un grupo de comerciantes locales, valiéndose de los servicios de un intermediario, quien los convenció de la necesidad de “limpiar” el sector de delincuentes y entrar en contacto con una banda dedicada al sicariato, hizo asesinar a siete jóvenes. Ese día, un grupo de hombres encapuchados y portando armas de gran calibre, sacaron a las víctimas del establecimiento en el que se encontraban, se los llevaron del lugar, los asesinaron con un tiro de gracia en la cabeza y luego esparcieron sus cadáveres en zonas destapadas de los barrios Santa Bibiana, Santo Domingo, Casa Loma y Los Balcanes.

Al hacerse pública la noticia la Policía Nacional desestimó las versiones que hablaban de una masacre, sostuvo que se trataba de “hechos aislados”, negó cualquier tipo de conexión entre las víctimas y el hecho acaecido en el bar La Gran Esquina y atribuyó la responsabilidad de las muertes a riñas entre pandillas y ajustes de cuentas entre bandas de delincuencia común. Unos días después, se demostró que ninguno de los jóvenes era delincuente, que no eran miembros de ninguna pandilla o banda delincuencial (cinco contaban con un trabajo permanente y otro estaba cursando el sexto grado) y que era necesario tratar de esclarecer lo sucedido. Las autoridades capturaron un mes después a tres comerciantes del sector –incluido el propietario del establecimiento del cual fueron sacadas 48 las víctimas– y a cinco integrantes de la banda que protagonizó la masacre. Las familias de los jóvenes fueron amenazadas y forzadas a desplazarse del sector.

En esta modalidad, los paramilitares proveen: i) los intermediarios; es decir, las personas que entran en contacto con los comerciantes y las juntas de acción comunal; ii) las relaciones con el mercado del sicariato, contacto a través del cual se movilizan los asesinos y; iii) una “narrativa” que “justifica” y torna “necesario” el uso de la violencia como mecanismo para la solución de los problemas locales: la eliminación física de jóvenes o personas consideradas “indeseables”.