LA ESTRATEGIA INTEGRAL DEL PARAMILITARISMO EN EL MAGDALENA MEDIO DE COLOMBIA
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Bogotá, septiembre de 2002
GEARÓID Ó LOINGSIGH
En su carta al Procurador General de la Nación, Edgar Quiroga denunció el tratamiento que recibió Gildardo Fuentes a manos de los paramilitares y los militares. “El día 8 de octubre, Gildardo Fuentes de 18 años de edad, salía de San Pablo en una camioneta cargada con mercado para el negocio de su familia, ubicado en el corregimiento de Aguas Lindas. Gildardo Fuentes fue detenido en el retén militar de los Héroes de Majagual, en la bomba de gasolina, en el sitio conocido como “La Virgen”, lo requisaron, le pidieron los documentos de identidad y revisaron minuciosamente el camión; minutos después y a 500 metros de este lugar, un grupo de hombres uniformados que portaban armas largas y brazaletes de las Autodefensas hicieron detener el vehículo e
indagaron al joven por la procedencia del mercado y el nombre del dueño, ante la respuesta del joven dijeron: “ese es el surtido que nosotros estabamos esperando, hace ocho días le teníamos la perseguidora” y procedieron a trasladarlo a dos carros que tenían estacionados en ese lugar, mientras agredían verbalmente a Gildardo, diciéndole que era guerrillero.
“Los individuos obligaron a Gildardo a subirse a uno de los automotores procediendo a regresar hacia el casco urbano de San Pablo. Los paramilitares iban en las carrocerías encima de las cajas, portando visiblemente armas largas y cortas y pasaron por el retén del ejército, sin que estos hicieran nada. “Al llegar al pueblo entraron a la urbanización Villa Josefa, donde lo tuvieron en el patio de una casa a la intemperie y amarrado a una silla con las manos atrás durante 48 horas aproximadamente.
“El sábado 9 de octubre llevaron al mismo sitio un señor de nombre Ofrán de 28 años de edad, a quien previamente robaron una moto Yamaha, igualmente lo amarraron hasta el día domingo a las 12:00 de la noche, cuando fueron conducidos al sitio llamado “La Sierra” al borde del río Cimitarra. En este lugar colocan a Ofrán que estaba amarrado bocabajo a la orilla del río y le dieron tres machetazos en la nuca quedando tendido y supuestamente muerto. Acto seguido se dirigen a Gildardo, lo colocan también a la orilla del río a una distancia de unos 3 metros del herido y proceden a darle con el machete detrás de la nuca, hacia el lado derecho. Gildardo reacciona poniéndose de pie y reclama que así no le maten, que le maten con un tiro porque así no quiere morir. Esta reacción de Gildardo provoca una pelea entre él y su oponente que concentra toda atención de los paramilitares y permite que Ofrán pueda escaparse. Circunstancia que anima y da fuerzas a Gildardo para liberarse de su opresor que lo tiene agarrado por detrás de la espalda a la altura del cuello amenazándolo con un puñal en dirección al pecho. En la pelea Gildardo se desprende y se hunde entre las aguas del río Magdalena, consigue huir[…]”.
Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía por Gildardo y Ofrán, quienes suministraron todos los detalles del papel que jugaron los militares en los mismos. Sin embargo, a pesar de informar a las autoridades de lo que estaba sucediendo en el Sur de Bolívar y la amenaza que pesaba sobre la vida de Gildardo Fuentes, tanto Gildardo como Édgar Quiroga fueron desaparecidos el día 28 de noviembre de 1999, apenas cinco días después de entregar la carta al Procurador General de La Nación. Según testimonios Édgar Quiroga y Gildardo Fuentes fueron retenidos por tropas del Batallón No 45 Héroes de Majagual, en jurisdicción de Cerro Azul, y transportados en un helicóptero después de su retención. La Fiscalía y el CTI se negaron a ir al sitio adonde se les informó que ellos se encontraban detenidos. Nunca más se supo de ellos. A pesar de las promesas y los acuerdos que específicamente hablaban de proteger la vidas de los voceros del Éxodo Campesino no se hizo nada para protegerles. Es más, con el tiempo otros representantes de los campesinos sufrirían no solo la persecución de los paramilitares sino la persecución jurídica del Estado Colombiano.
La comisión interinstitucional
Como paréntesis valga considerar que las denuncias de Édgar Quiroga tienen algún respaldo de otras entidades. Se conformó una comisión con entidades estatales como el Ministerio del Interior y algunas ONG, como CREDHOS, la OFP, PDPMM y también el ACNUR, para visitar la zona. La comisión pudo constatar que efectivamente en muchas veredas se quedaba muy poca gente y que sí hubo un desplazamiento masivo de la población civil. También corroboró la presencia abierta de los paramilitares en cercanías al casco urbano de San Pablo. Según el informe “el Ejército Nacional se encuentra en el casco urbano de San Pablo hasta la bomba de gasolina; a la altura del sitio Caguices, a los 12 minutos en camión se cruzó una camioneta con un número indeterminado de autodefensas fuertemente armados; en el caserío Cañabraval se encontró un nutrido número de paramilitares uniformados y con brazaletes quienes detuvieron el transporte humanitario y manifestaron pertenecer a las Fuerzas Especiales de la AUC”.
La misma comisión también recogió varios testimonios de las atrocidades cometidas por los paramilitares, quienes en algunos casos estuvieron bajo el mando de Hernán Pareja, quien figura en las operaciones paramilitares durante la Operación Anaconda. En fin, las denuncias de Édgar Quiroga sobre la situación en la zona eran de conocimiento amplio, sin que el Estado interviniera para resolver la situación o para tomar medidas efectivas contra los paramilitares. Más bien es en esa época, justo después de estas denuncias e informes, que los paramilitares extienden su zona de influencia a Puerto Wilches y Cantagallo y el bloqueo, que era hasta el momento coyuntural y parcial, se convierte, a principios de 2000, en un bloqueo total y permanente. De hecho, las acciones más contundentes en el sentido militar no se llevaron a cabo contra los paramilitares sino contra las FARC. En enero se produjeron cruentos combates en Cantagallo, entre tropas bajo el mando de coronel Clavijo y el Frente 24 de las FARC, lo cual produce un éxodo masivo de campesinos hacia Barrancabermeja.
Sería normal que, en medio de un combate, los civiles buscaran refugio en otra parte. Pero según lo denunciado, no se trataba simplemente de evitar el escenario de un combate sino huir de los ataques perpetrados contra la misma población civil: “El día lunes 17, desde las primeras horas de la mañana nuevamente se reiniciaron los disparos, nuevamente al parecer por los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército. A las 10.00 de la mañana se iniciaron los ametrallamientos en las veredas Yanacué, Victoria y Coronocoros, de parte de los helicópteros del Ejército. A las 2 de la tarde se iniciaron los ametrallamientos contra varias viviendas civiles en las veredas San Lorenzo y Kawui por parte de un avión del Ejército, afectando varias viviendas de campesinos de la zona…el Ejército ha saqueado varios negocios, de los cuales ha extraído víveres, licores y demás pertenencias de los campesinos.
Otro testimonio cuenta que la Armada Nacional impedía la salida de civiles huyendo de los enfrentamientos y sobre los ataques contra la población civil de parte de la fuerza pública.