Las AUC asesinaron a profesores y estudiantes de la Costa a los que señalaban de tener presuntos vínculos con grupos subversivos. En el Atlántico fueron 19 víctimas.
POR: REDACCIÓN ELHERALDO.CO
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Desde 1996 hasta 2003 la intromisión del paramilitarismo en las universidades del Atlántico, Magdalena, Córdoba y Cesar dejó una estela de sangre, muerte y dolor que aún permanece intacta en el recuerdo de compañeros, familiares de las víctimas y en la sociedad.
Esta etapa, denominada como “la danza de la muerte” por el profesor Walberto Torres Mármol, presidente de la Asociación Sindical de Profesores de la Universidad del Atlántico, Aspu, cobró la vida de 17 profesores y 20 estudiantes en toda la Costa.
En la Universidad del Atlántico fueron asesinados 8 profesores y 11 estudiantes, en la del Magdalena perdieron la vida 2 docentes y un estudiante; en la Universidad de Córdoba fueron asesinados 5 estudiantes e igual número de profesores, mientras que en la Universidad Popular del Cesar 2 profesores y 3 estudiantes fueron asesinados.
Precisamente esta semana en audiencias de priorización que se realizaron en el marco de la ley de Justicia y Paz, la fiscal Zeneida López imputó dos homicidios de profesores de la Universidad del Atlántico a los exparamilitares Hernán Giraldo Serna, alias el patrón, otrora jefe del frente Resistencia Tayrona de las AUC, y Eduardo Enrique Vengoechea Mola, alias el Flaco, ambos presos en Estados Unidos.
La imputación en contra de Giraldo Serna se hizo en calidad de autor mediato, en tanto que a Vengoechea Mola le fueron imputados los homicidios como coautor de los mismos.
El homicidio del profesor Alfredo Martín Castro Haydar, de 46 años, y quien había ocupado el cargo de vicerrector del Bienestar Social de la Universidad del Atlántico, ocurrió el 5 de octubre de 2000. El docente fue asesinado frente a su esposa y una hija cuando regresaba a su casa.
El 26 de agosto de 2000 cuatro balas segaron la vida del también profesor y abogado Luis Meza Almanza, luego de haber salido de una reunión con profesores y estudiantes pertenecientes a la institución educativa.
Vengoechea Mola fue condenado a 25 años de prisión por un juzgado en Barranquilla, señalado de haber participado en los asesinatos de los docentes.
Las hipótesis. En versiones libres realizadas con anterioridad, Hernán Giraldo indicó que las muertes fueron ordenadas debido a que los profesores tenían presuntos vínculos con grupos subversivos, en este caso del ELN.
Empero, directivas sindicales de la universidad informaron en su momento que los asesinatos fueron cometidos debido a que las víctimas habían denunciado presuntos malos manejos administrativos y financieros al interior de la alma máter. Castro y Meza habían sido también sindicalistas y se les conocía por sus posiciones de izquierda.
El mismo planteamiento coincide con el del docente Walberto Torres. De acuerdo con el sindicalista, un grupo de profesores y estudiantes se convirtió en veedor del manejo y la transparencia de los dineros que, por concepto de contratos, ingresaban a la Universidad del Atlántico.
Con la información recopilada con base en investigaciones, dijo Torres, realizaron las denuncias ante los organismos de control sobre todas las irregularidades que según ellos, percibían del manejo de los recursos que se debían destinar a la educación.
Una de las irregularidades encontradas por el grupo veedor fue el de las pensiones que, según Torres, “es uno de los problemas candentes que aún persiste en la universidad”.
De acuerdo con el profesor Torres, “en el manejo del fondo de pensiones de la universidad se perdieron más de 156 mil millones de pesos”, los cuales fueron destinados para presuntamente cubrir auxilios, aniversarios y eventos internacionales.
A raíz de esas denuncias, según información de los exparamilitares, hoy postulados a Justicia y Paz, algunos profesores y estudiantes fueron señalados de ser colaboradores de la guerrilla, por lo que sus nombres aparecieron en unos pasquines que fueron repartidos dentro de la universidad.
El frente José Pablo Díaz.
En versiones rendidas ante fiscales de Justicia y Paz los desmovilizados han reconocido que se trató de un plan orquestado por la estructura del paramilitarismo para tener el control de todas las universidades públicas, especialmente de la región Caribe.
Johnny Acosta Garizábalo, alias 28, exmiembro del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas, dijo ante un fiscal que el ingreso a la Universidad del Atlántico se dio a través de un paramilitar que infiltraron, con el consentimiento de las directivas de ese momento.
Otro profesor de la Universidad del Atlántico que fue víctima del frente José Pablo Díaz fue Jorge Adolfo Freytter Romero, asesinado el 28 de agosto de 2001. Su cuerpo fue hallado en el kilómetro 12 en la vía que conduce a Ciénaga, Magdalena. Carlos Arturo Romero Cuartas, alias Montería, quien confesó el homicidio, dijo que a Freytter Romero lo asfixiaron con una bolsa.
El listado de muertes lo conforman los profesores Carlos Rivera Riveros, Lizandro Vargas Zapata, Raúl Peña Robles, Demetrio Castro y Gustavo De Silvestre Saade, este último confesado por Johnny Acosta Garizábalo, alias 28.
Los estudiantes de la Universidad del Atlántico que fueron asesinados por defender también los intereses de la alma máter fueron Andrea Valero Jiménez, Yesid Álvarez Mercado, Jairo Puello Polo, Alexánder Acuña, José Luis Martínez, Omar Caro Guevara, Paola Melo Mejía, William José Orozco Payares, Adolfo Altamar, Humberto Contreras y Reinaldo Serna.
“A esta tragedia hay que sumarle el grupo de profesores, estudiantes y sus familiares que tuvieron que irse de la ciudad y del país, fueron desplazados por los violentos”, asegura Walberto Torres.
La fiscal Zeneida López (izquierda), Nayibe Fuentes, fiscal seccional de apoyo, y Leonardo Pérez, investigador del CTI.
Universidad de Córdoba. A raíz del perdón que pidió esta semana a sus víctimas de Córdoba, Salvatore Mancuso se refirió al accionar criminal de las Autodefensas en la Universidad de Córdoba.
El exjefe paramilitar pidió perdón y reconoció el daño que le hizo a la institución educativa por las muertes cometidas. El baño de sangre se inició en enero de 1995 con el asesinato del profesor Francisco Aguilar Madera. Un año después, en julio de 1996, fue asesinado su compañero José Alberto Alzate Patiño.
El 12 de mayo de 2000 fue asesinado el profesor de Agronomía Hugo Iguarán Cote; también perdieron la vida sus colegas James Antonio Pérez Chimá, registrado el 10 de abril de 2000, y Misael Arsenio Díaz Ursula, ocurrido el 26 de mayo de 1998.
Los estudiantes asesinados durante esa época fueron Francisco José Ayazo Gómez, ocurrido el 5 de enero de 2000; Esteban Manotas Olascoaga, estudiante de décimo semestre de Ciencias Sociales, cometido el 18 de marzo de 2000; Sheyla María Olascoaga Quintero, Nelson Narváez Romero y Merly María De la Ossa, quien contaba con cinco meses de embarazo, ocurrido el 22 de mayo del mismo año.
Todos estos asesinatos fueron confesados por Salvatore Mancuso en audiencias de versión libre.
Miguel Ángel Vargas Zapata, Luis José Mendoza Manjarrés, profesores de la Universidad Popular del Cesar fueron asesinados junto a los estudiantes Elizabeth Córdoba Uliana, José Cuello Salcedo, Rosilda Arias Vásquez.
La fiscal Zeneida López señaló que las universidades afectadas por el accionar de las autodefensas están reconocidas como víctimas por el Gobierno, por lo que cada una ha constituido un comité de Derechos Humanos, por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Asesinatos en la Unimag
En versiones libres realizadas en 2007, Hernán Giraldo reconoció el asesinato del estudiante de Economía de la Universidad del Magdalena Hugo Elías Maduro Rodríguez, ocurrido el 26 de mayo de 2000 en Santa Marta, cuando departía con un hermano. Alias el Taladro también aceptó el homicidio del Vicerrector de la institución educativa, Julio Otero, asesinado el 14 de mayo de 2001, y el del decano de Educación de la misma universidad, Roque Morelli, perpetrado el 5 de septiembre de 2002. Por el homicidio de Hugo Maduro, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 40 años de prisión impuesta por el Juzgado Especializado de Santa Marta, contra el exparamilitar Helmer Sait Hincapié de la Cruz, del Bloque Norte de las Autodefensas.