COLOMBIA NUNCA MÁS
ZONA 5ª
CUARTO MODELO REPRESIVO: REINGENIERÍA MILITAR Y EXPANSIÓN DEL PARAMILITARISMO, 1991-1995
La comunas 6, 7 y 8, correspondientes al Norte, Noroccidente y Occidente de Cúcuta, se caracterizan por ser zonas de asentamiento sobre terrenos baldíos, ocupados por migrantes, por desplazados forzados y por campesinos pobres que buscan nuevas y mejores oportunidades;72 y que en contraposición a sus sueños lo único que han recibido son las marcadas muestras de la intransigencia estatal y la exclusión social, que ha llegado a límites tan reprobables como la mal llamada “limpieza social” emprendida por la Fuerza Pública (SIJIN). El primer barrio que surgió en este sector fue “Juan Atalaya” y luego le dio el nombre a un amplio territorio que abarca toda la comuna 8, ubicada al Occidente de la ciudad, a la par con otros barrios del Norte (Comuna 6) y Noroccidente (Comuna 7) de la capital nortesantandereana.
Los barrios de las comunas 6, 7 y 8 que componen la Ciudadela “Juan Atalaya” son los siguientes: “Atalaya I, II y III etapas, El Progreso, Antonia Santos, Cerro Pico, Palmeras, Belisario, Cúcuta 75, Los Almendros, Doña Ceci, Carlos Ramírez París, Doña Nidia, La Victoria, 6 de Enero, El Rodeo, La Coralina, El Minuto de Dios, Nuevo Horizonte, Oasis, El Tesoro, 12 de Octubre, Los Olivos, EL Desierto, 7 de Agosto, Juana Rangel de Cuéllar, Las Palmeras y Valles del Rodeo, (Comuna 8); Los Motilones, La Ermita, Chapinero, Tucunaré, Claret, La Primavera, El Paraíso, Rosal del Norte, La Florida, Los Comuneros y Ospina Pérez (Comuna 7); y García Herreros, El Salado, Toledo Plata, Carlos Pizarro, La Concordia, Las Vegas Cerro de la Cruz, Divino Niño, Porvenir, Aeropuerto, Camilo Daza, Panamericano, María Paz, Villa Paz, Los Molinos, Cecilia Castro y Virgilio Barco (Comuna 6)”.73 Además de ellos, los barrios Belén, Los Alpes, Carora, Pueblo Nuevo, Rudesindo Soto, Torcoroma y Navarro Wolf de la comuna 9 son considerados también como parte de la ciudadela.
De los anteriores, algunos barrios como el Antonia Santos, Belisario, Doña Ceci, el Claret, se destacaron por desarrollarse allí procesos de organización cívica y popular con mayor intensidad. Sectores de izquierda como el Partido Comunista de Colombia Maoísta Leninista PCCML, A Luchar o el Frente Popular comenzaron a hacer presencia a partir del año 1978.
Allí el movimiento cívico tuvo una gran importancia y los habitantes de estas comunas se movilizaron continuamente para obtener del Estado la prestación de los servicios públicos como el agua, el alcantarillado, la luz, la construcción y pavimentación de vías, la legalización de terrenos, la no privatización de la educación, etc. Fuera de los paros y bloqueos, diversos sectores realizaron asambleas populares y cabildos abiertos como mecanismos de participación.
Uno de los procesos de mayor recordación para los pobladores en la Ciudadela Juan Atalaya fue la campaña iniciada por los padres jesuitas llamada “Todos somos hermanos”74 con la que consolidaron un importante trabajo de formación y organización comunitaria, con programas que incluían las ollas comunitarias,75 planes de comunicación con jóvenes, de vivienda, microempresas, entre otros.
Las organizaciones cívicas que se conformaron iniciaron primero con el nombre de Junta popular 8 de marzo y fueron integradas por grupos juveniles, culturales y de deporte, líderes de algunas Juntas de Acción Comunal y líderes de los barrios, así como miembros de algunos sindicatos.
Así mismo las labores ejercidas por el programa institucional denominado Centro Integral de Atención a la Familia CIAF, que primero tuvo el nombre de Centro de Desarrollo Vecinal CVC, generó procesos de organización popular importantes, especialmente en el barrio Doña Ceci. Posteriormente, la junta directiva de esta institución fue amenazada y obligada a desplazarse para proteger las vidas de sus integrantes. Su trabajo se vio diezmado por amenazas, el asesinato de 2 de sus dirigentes y el desplazamiento al que fueron obligados los demás líderes.
Otra organización que generó procesos de formación en Derechos Humanos y programas contra la corrupción fue la de las madres comunitarias, quienes formaron con 700 afiliadas en 1996 el Sindicato de Madres Comunitarias SINDIMACO. Este sindicato, en el que estaban afiliadas tanto las “Madres Fami”, que daban atención prenatal y a madres lactantes, como las “madres tradicionales”, quienes se encargaban de la atención directa a los niños, exigía al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF –entidad oficial encargada de la atención a menores de edad- , mediante la realización de paros y tomas a las instalaciones de ICBF, puntos como los siguientes:
1. Reconocimiento y estabilidad laboral, ya que las madres comunitarias no eran consideradas como trabajadores del Estado sino como voluntarias al servicio de la comunidad.
2. Aumento de los precarios presupuestos que recibían para ejercer su labor, para mejorar la atención a los menores, conseguir mercados de mayor calidad y cantidad, obtener dotación de materiales didácticos y los muebles y enseres necesarios para las instalaciones.
3. Seguridad social para las Madres Comunitarias (pues contaban con atención médica muy precaria y de mala calidad), pensión de vejez, reducción de jornadas laborales (la mayoría de ellas trabajaba más de 9 y 10 horas diarias).
4. Ampliación de cobertura para atención a los infantes.
5. Capacitación y acceso a la educación
De estos reclamos lograron a través de la lucha sindical el acceso a educación secundaria de algunas de ellas, aunque fue imposible obtener estudios universitarios, lograron la afiliación al Seguro Social y la fundación de las “Ursulas”, hogares donde se reunían varias madres comunitarias posibilitando la ampliación de cobertura del servicio.
Esta organización fue duramente perseguida, reprimida y estigmatizada, muchas de las madres afiliadas al sindicato y a su cooperativa fueron señaladas de subversivas, otras asesinadas y obligadas a salir de la ciudad, como lo demuestra el caso de su presidenta, la señora Sor María Ropero, quien fuera asesinada; de Edilma Cuéllar y Monguí Gómez, del barrio Belisario, quienes fueron obligadas a desplazarse, o de Albertina Contreras, quien aparecería como guerrillera en una lista de la Fiscalía. Esta situación generó miedo por parte de las madres para afiliarse al sindicato y la cooperativa, y el paulatino debilitamiento de la organización.
Así mismo organizaciones como la Corporación Adolfo León Guerrero, (que se encargaba de generar proceso de formación para líderes), o las comisiones de trabajo, a las que llamaron el Grupo de los 7, en donde participaban 7 juntas de Acción Comunal en la comuna 7 y la Coordinadora de Barrios Populares (que incluía a las comunas 6, 7 y 8 especialmente los barrios Los Alpes, 28 de Febrero, Atalaya y La Libertad) generaron procesos de organización y movilización importantes.
En el periodo comprendido entre los años 1996-1997 -cuando era alcaldesa la señora Margarita Silva de Uribe- se realizó un paro cívico con bloqueo de las principales calles de la ciudad, que tuvo gran incidencia e impacto en la capital. De estas actividades resultaron 18 personas detenidas, entre ellas una mujer embarazada, y fueron reseñados los participantes y dirigentes como subversivos en la prensa local (periódico La Opinión). Uno de los protagonistas de estas organizaciones y movilizaciones fue el padre Pauselino Camargo, que luego llegó a ser alcalde de Cúcuta y posteriormente fue asesinado en el año 2002. Así mismo, Ramón Perozo, líder cívico de la organización “Por el rescate de Cúcuta y sus barrios”, fue desaparecido en 1994 y luego 4 de sus hermanos asesinados.
Las comunas 6, 7 y 8 que conforman la Ciudadela Juan Atalaya, fueron y aún son los territorios donde se libra una gesta en contra de los diversos sectores allí presentes. La operatividad empleada por el establecimiento y las estructuras paramilitares para tal fin fue inicialmente el accionar de actores desconocidos que la comunidad reconocía como grupos paramilitares o grupos de “limpieza”, y que contaban con la participación de Agentes de la Policía y de organismos de inteligencia.
El paramilitarismo, entendido como ejércitos irregulares conformados por más de cincuenta hombres, irrumpió en estos barrios en el año 1998, repartiendo volantes que eran firmados por las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá AUCC, buscando con lista en mano a los líderes y amenazándolos. Esto generó el desplazamiento forzado a otras ciudades y regiones del país e incluso el exilio de algunos dirigentes. Además el terror y la desmoralización que se generalizaron, impidiendo a las personas volver a organizarse y trabajar.
Los mecanismos represivos más empleados fueron la irrupción en las viviendas de las víctimas, donde eran identificadas, las obligaban a salir para luego ultimarlas, en presencia de sus familiares y allegados. También fueron frecuentes los ataques contra grupos de personas en las principales calles de la ciudadela y la perpetración de ataques en sitios de entretenimiento como los billares y otros establecimientos públicos.
La forma de operar de los criminales en la Ciudadela Juan Atalaya se caracterizó por la irrupción en las viviendas de las víctimas, de donde eran obligadas a salir para luego asesinarlas en presencia de sus familiares y allegados. También fueron frecuentes los ataques contra grupos de personas en las principales calles de la Ciudadela, la perpetración de ataques en sitios de entretenimiento como “los billares” y demás establecimientos públicos y las masacres, como ocurriría en barrios como Motilones, Belisario, Doña Ceci y La Ermita, entre las más recordadas.