LA CITA DE LA MUERTE EN LA CASA DEL RECTOR

Se cumplieron 13 años del crimen de Hugo Iguarán Cotes, una de las cerca de 20 víctimas de la toma paramilitar de Unicórdoba.

Por: Redacción Regionales
07 de Noviembre de 2013
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Entre los sucesos de barbarie que cometieron las AUC en la Universidad de Córdoba que con más impacto narra la sociedad monteriana, está el de la cita de la muerte en la casa del exrector Víctor Hugo Hernández, hace ya 13 años.

La víctima fue el precandidato a la rectoría de esa institución, Hugo Iguarán Cotes, ingeniero agrónomo que contaba con 53 años, y quien desde Manaure, La Guajira, había conseguido un arraigo en tierras cordobesas.

Su aspiración al primer cargo público de la universidad la alternó con una serie de denuncias por presuntas irregularidades en la misma, manejada en la sombra por el excomandante Salvatore Mancuso Gómez, lo que habría derivado en su nefasto final.

La noche del 16 de septiembre de 2000, Iguarán confió en que estaría seguro en la vivienda del rector (e) Víctor Hugo Hernández, mientras asistía con él a una reunión para tratar temas administrativos.

Al parecer, todo estaba planeado, porque repentinamente varios hombres ingresaron al domicilio, en la urbanización Villa del Río, acostaron a todos los presentes boca abajo, pero al único al que le dispararon fue a Iguarán Cotes. Le propinaron 20 tiros.

El precandidato a la rectoría aún se estaba recuperando de un primer atentado cuatro meses antes (11 de mayo del 2000), del que había sido víctima en la terraza de su casa,Cotes en el barrio Pasatiempo.

Misteriosamente, había quedado sin el servicio de escoltas y solo lo acompañaba un familiar oriundo de La Guajira, que había decidido protegerlo con su arma personal.

En esa oportunidad, a las 7:30 a.m., cuando leía la prensa en la terraza, fue atacado por un pistolero. Sin embargo, Iguarán Cotes se protegió la cabeza con el brazo derecho, donde recibió la mayoría de los impactos de una pistola 9 milímetros. La extremidad que le sirvió de escudo nunca más le volvió a funcionar.

Esa misma maniobra no pudo emplearla en la trampa que le pusieron para sacarlo del camino de una vez por todas.
Iguarán Cotes fue solo uno de tantos muertos bajo el poder de las armas de las Autodefensas de Salvatore Mancuso Gómez, alias Triple Cero o Santander Lozada, en la toma a sangre y fuego de la institución por parte del grupo ilegal armado, durante las décadas de los 80 y 90.

Mancuso no mencionó el caso Iguarán en la grabación de perdón público que fue proyectada el primero de noviembre frente a un grupo de víctimas del paramilitarismo en Córdoba. Por ese mismo crimen fue condenado prófugo, a 35 años de cárcel, el exrector Hernández.

OTROS MUERTOS DE LA ACADEMIA

Al igual que Iguarán Cotes, cerca de otros 20 miembros de la comunidad universitaria fueron asesinados por determinación de las AUC, entre ellos Pedro Esteban Manotas Olascoaga, estudiante de décimo semestre de ciencias sociales, quien contaba con 25 años para la fecha de su asesinato, ocurrido el 14 de marzo de 2001, en la calle 34 con carrera 8, en pleno centro de Montería. Caminaba por el sector cuando el parrillero de una moto le disparó.

Sheila María Olascoaga Quintero, quien adelantaba su tesis de grado en la misma facultad de Manotas, murió ese mismo año de varios disparos, una noche a las 7:45, frente al parque del barrio P5, sur de la capital cordobesa.
Entre tanto, el diez de abril de 2000, cuando esperaba el cambio del semáforo en su Renault 9, en la calle 41 con avenida Circunvalar, Montería, fue asesinado el docente James Pérez Chimá.

El 5 de enero de 2001, en la Circunvalar, vía a Cereté, frente a la entonces pista de motocross Sevilla, donde ahora funciona un lujoso restaurante de asados, fue víctima de un pistolero el estudiante becario Francisco Ayazo Gómez. Su vieja Yamaha V80 no le respondió para huir, luego de que sospechara que lo estaban siguiendo.

El primero de abril de 2001 fue asesinado el estudiante de quinto semestre de auicultura Eduardo Enrique Hernández, también en Montería.

CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

Aunque todos los hechos de sangre de la Universidad de Córdoba adquieren esa categorización, más aún lo es el de la estudiante de ciencias sociales Marly De la Osa Quiñónez, ocurrido el 23 de mayo de 2000, en el puente del corregimiento Berástegui, municipio de Ciénaga de Oro, cuando se bajó de un bus, a las 9:45 de la noche.

De la Osa tenía siete meses de embarazo. Su asesino la esperó en un quiosco de bebidas refrescantes y por mucho que ella le imploró de rodillas que no la asesinara, el paramilitar raso que cumplía órdenes le disparó sin escuchar su súplica. Marly también adelantaba su tesis de grado.

El caso motivó una denuncia a escala nacional en carta enviada por el sindicato de la Unicórdoba al entonces ministro de Educación Germán Bula Escobar, pero la respuesta de una secretaria de ese despacho a los pocos días, solo dijo que se le daría el trámite correspondiente a la queja.

La misma suerte de morir bajo el accionar de la pistola del paramilitarismo sufrieron otros miembros de la comunidad universitaria, como Sol María Romero, Manuel Ruiz Álvarez, quien además era presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor); Ernesto Cogollo Osorio, Félix Avilés Arroyo, Misael Díaz Ursola, Alberto Alzate Patiño, Freddy Fuentes Paternina, Jaime Hernández Chamié, Aury Sara Marrugo y Miguel Lora Hernández.

En las mentes de quienes vivieron esa cruel época permanece aún el aterrador episodio del atentado al docente René Cabrales Sosa, ocurrido el diez de junio de 1996, en su casa del barrio La Pradera, del que salió herido y del cual se recuperó, pero las balas hicieron blanco mortal en su nieta, quien en ese entonces solo contaba con 32 meses: la menor Alejandra Camargo Cabrales fue la más joven victima de la violencia contra el claustro educativo.

‘EL LIBRO DE LA IMPUNIDAD’

Álvaro Vélez Carriazo, expresidente del sindicato de trabajadores de la Universidad de Córdoba, se ha dado a la tarea de recopilar todos los documentos y recortes de prensa que documentan la sangrienta historia de la institución. Parte del voluminoso documento contiene las cartas y quejas enviadas al Gobierno nacional, sin respuestas contundentes, lo que convenció a Vélez Carriazo de llamarlo entonces ‘El libro de la impunidad’. “Todo ha quedado en letra muerta, las investigaciones, las denuncias y todas las reclamaciones que hemos hecho ante la justicia no han tenido eco, porque sencillamente la justicia en Colombia está colapsada”, precisa el exdocente. Una de tantas pruebas que tiene Vélez en su ignorado libro de querellas es la que se le envió el 18 de septiembre de 2000 al expresidente Álvaro Uribe, a quien le advirtieron en la misiva la intención de las AUC de designar a Claudio Sánchez como rector, tal como ocurrió posteriormente en la reunión del 18 de febrero del 2003, en Santa Fe Ralito. La respuesta de la secretaría privada de Presidencia fue que la carta se remitió al Viceministerio de Educación para su consideración.