El 18 de septiembre se llevó a cabo el sepelio del sociólogo Alfredo Correa De Andreis. Cientos de personas acudieron al entierro como protesta contra los violentos.

EL HERALDO.COM
Por ISIS BELEÑO
Miércoles, 4 jun 2008

Por esas cuestiones de los legisladores, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’; y Edgar Ignacio Fierro Flórez, ‘Don Antonio’, podrían hacerle el quite a una condena de hasta 40 años en la justicia ordinaria penal por el asesinato del profesor y sociólogo, Alfredo Correa De Andreis, y solo cumplir de cinco a ocho años de prisión como lo contempla la Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz.

La semana pasada se hizo pública la noticia sobre el llamado a juicio a los ex jefes paramilitares quienes hoy están sometidos a la ley de desmovilización que les permite acceder a penas mínimas a cambio de la confesión de delitos.

El juicio continuará ante un juez ordinario, mientras se adelantan las diligencias de versión libre en la Unidad de Justicia y Paz de Barranquilla.

La acusación parece tardía si se tiene en cuenta que en abril del año pasado Tovar Pupo y Fierro Flórez habían admitido ante la fiscal tercera de Justicia y Paz, Deicy Jaramillo, que ordenaron la muerte del académico.

‘Jorge 40’, como comandante, delegó la misión a Fierro, quien para la época imponía la causa paramilitar en el Atlántico. Juan Carlos Rodríguez De León, alias ‘El Gato’, habría sido la persona que disparó el gatillo. Tanto ‘40’ como ‘Don Antonio’ hablaron del asunto en diligencias separadas sin mayores explicaciones y casi como de afán. ‘El Gato’ permanece prófugo de la Justicia.

El juicio, por un lado, y las versiones libres, por otro, dejan al descubierto varios interrogantes: Si son hallados culpables Tovar, Fierro y Rodríguez por la justicia ordinaria, ¿cumplirán a cabalidad con la sentencia? o por el contrario, ¿el expediente será enviado Justicia y Paz, jurisdicción cuyo mayor beneficio son las penas alternativas?

José Humberto Torres, abogado de la familia de Correa De Andreis, explica que este caso tiene antecedentes en otro proceso cuya principal característica fue que la justicia ordinaria penal condenó a 40 años a ex jefes paramilitares mientras se adelantaban las versiones en Justicia y Paz.

Se trata del caso de Auri Sara Marrugo, ex presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) de Cartagena, quien fue asesinado en diciembre de 2002.

Un juez de descongestión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), condenó a prisión a Carlos Castaño (fallecido) y Salvatore Mancuso por la muerte del líder sindical.

Frente a la decisión, la defensa pidió la nulidad argumentando que el proceso debía ser enviado a Justicia y Paz porque Mancuso había confesado el crimen en versión libre.

Sin embargo, la respuesta del juez fue contundente. Torres explicó que la tesis del jurista va más allá; para el funcionario no es suficiente la confesión de un crimen en versión libre, diligencia en la que no se declara bajo la gravedad de juramento. Hasta que un magistrado decrete la unificación de los procesos; es decir se acumulen en Justicia y Paz, cada jurisdicción seguirá adelante con el caso.

Con este antecedente, Torres seguirá adelante con el juicio hasta que se produzca un fallo. El abogado, sin embargo, no descarta que lo más probable es que todo termine en la jurisdicción especial. “Todo este proceso no es más que un saludo a la bandera”, afirma.

LOS MÓVILES, UN MISTERIO

Los motivos que llevaron a ‘Jorge 40’, ex comandante del Bloque Norte de las AUC, a ordenar el asesinato del profesor y sociólogo Alfredo Correa De Andreis aún permanecen ocultos. Ni siquiera en la resolución de acusación que profirió recientemente la Fiscalía – tres años largos después del crimen- se evidencian los móviles.

Correa murió baleado el 17 de septiembre de 2004, junto con su escolta Edelberto Ochoa.

Torres, quien aún no ha tenido acceso a la resolución de acusación, cree que lo más probable es que el ente investigador continúe con las hipótesis que se insinúan en anteriores decisiones como la medida de aseguramiento.

Según consta en el expediente, el testimonio del abogado asesinado Enrique Palacio Salas, vinculado a una investigación por presuntos nexos con grupos paramilitares, señala que Correa fue asesinado a raíz de una investigación que lideró sobre los desplazados en Barranquilla.

En aquel proyecto académico, se evidenciaba supuestamente irregularidades en la Red de Solidaridad Social.

Rafael García, ex jefe de informática del DAS, aseguró ante las autoridades que vio en 2004 un listado en la oficina del ex director del DAS, Jorge Noguera (también investigado), en la que aparecían los nombres de varios sindicalistas, entre ellos figuraba Alfredo Correa.

García declaró que Noguera elaboraba listados y los enviaba a ‘Jorge 40’ a través del primo, Álvaro Pupo. Muchas de las personas mencionadas en las listas fueron asesinadas.

Otro de los posibles móviles estaría relacionado con un estudio en Nueva Venecia, después de la masacre efectuada por las autodefensas. El sociólogo advertía sobre el impacto negativo para el medio ambiente y la comunidad el montaje de un puerto carbonífero en el sector de Palermo, para aquella época del dominio paramilitar.

Magda Correa, hermana de Alfredo, manifiesta que la decisión de la Fiscalía no es sorpresiva para la familia y que aún mantiene su escepticismo frente la eficacia y oportunidad de la Justicia colombiana. Para ella el interrogante clave no ha sido resuelto: ¿Por qué mataron a Correa?

“Seguimos con el mismo desconcierto y tristeza” afirma la mujer.

Los familiares del académico exigen que la verdad sea revelada y que los autores intelectuales sean condenados. “’El Gato’ era un sicario que actuó por encargo, pero qué hay de los señalamientos hacia el ex director del DAS y todos los investigadores que recaudaron las pruebas. ¿Dónde están las investigaciones?”, cuestiona Magda.

OTROS PROCESOS

Paralelo al juicio, otros procesos están relacionados con el caso. Uno de ellos tiene que ver con la sindicación de concierto para delinquir contra Noguera y García por borrar los antecedentes de narcotraficantes y reconocidos paramilitares.

También se adelanta un proceso por el asesinato de líderes sindicales en el que aparecen vinculados Noguera, y otros ex funcionarios del DAS, a raíz de las declaraciones de García en las que menciona las listas negras que la Dirección del organismo hacía llegar a los ‘paras’.

Otra investigación se desarrolla para establecer los presuntos vínculos del ex director del DAS de Cartagena, Rómulo Betancourt Garrido, con las autodefensas. A esta seccional fue llevado Correa después de haber sido detenido en Barranquilla, y donde se había recogido las pruebas –desvirtuadas posteriormente- que daban cuenta de la militancia del académico en las Farc.

En la investigación está vinculado el ex jefe de Policía Judicial, Javier Valle Anaya, cuyo nombre aparece en el computador de ‘Jorge 40’, y quien supuestamente estaba detrás de una plaza para su esposa en la Fiscalía seccional de Barranquilla.

De acuerdo con el ex jefe de Informática, Valla fue la persona encargada de recopilar las pruebas. Tanto Betancourt como Valla fueron declarados insubsistentes.

El juicio contra ‘40’, ‘Don Antonio’ y ‘El Gato’ se convierte en uno de los retos de la Justicia que busca demostrar que aunque lenta, llega con la verdad y los principales interrogantes resueltos. Sin embargo, todo apunta que el proceso terminará en Justicia y Paz, jurisdicción en la que aún los paramilitares están lejos de una verdad plena. Así lo demuestran las escuetas declaraciones en versión libre sobre el asunto.