Organizada por Vía Campesina, Julio a Diciembre de 2000

EQUIPO NIZKOR Y DERECHOS HUMAN RIGHTS
28may01
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/infovc.html

La Misión recibió la siguiente denuncia: El 13 de Diciembre de 1998, la comunidad de Santo Domingo, Arauca, se disponía a desarrollar una fiesta comunitaria cuando a las 9:45 de la mañana helicópteros y aviones de la fuerza aérea, sobrevolaron y atacaron la comunidad con bombas. Este bombardeo produjo la muerte de 19 personas entre ellas siete niños y niñas. En la acción de evacuación de los heridos la población agitó prendas blancas para advertir su condición de civiles que no fueron atendidas, por el contrario se efectuaron disparos desde el helicóptero. Recibieron además lesiones graves por heridas veinticinco personas, entre ancianos, mujeres y niños, algunos de los cuales quedaron con lesiones permanentes y graves secuelas.

La comunidad campesina tiene pruebas incontrovertibles de que la Unidad Aérea de Combate número 2, de la Fuerza Aérea Colombiana (Base Aérea de Apiay) estuvo involucrada en el bombardeo y utilizó equipos y ayuda militar proveniente de los Estados Unidos en esta operación. Un análisis forense efectuado por el FBI establece que, existe una relación entre los fragmentos de una de tas bombas utilizadas en esta operación y las municiones que portaban las aeronaves que estaban en la escena de la masacre.

También existen pruebas de que la masacre contó con la aprobación de altos mandos militares y no fue una acción realizada por oficiales y soldados por su propia cuenta.

Por su parte, el gobierno colombiano asegura que esta masacre se produjo como consecuencia de una bomba que la guerrilla dejó deliberadamente entre la población y que fue activada, lo que expresa el estado de impunidad en que se encuentra este crimen.

Ante esta situación las organizaciones campesinas impulsaron la realización de un Tribunal Internacional de Opinión en Chicago en el mes de septiembre para buscar se ejerza justicia y demostrar claramente que las Fuerzas Armadas de Colombia han violado directamente al menos cinco tratados internacionales de derechos humanos y que la ayuda económica y militar de Estados Unidos han sido utilizado en casos de violación de derechos humanos por parte de los militares. Mientras se realizaba este Tribunal el propio Departamento de Estado ha admitido que por lo menos el 80% de las violaciones de derechos humanos son cometidas por los militares colombianos y sus aliados paramilitares.

El 12 de diciembre, luego de un largo período de investigación y recolección de pruebas, el Tribunal de Opinión de Chicago concluyó que la bomba que provocó la muerte de 19 campesinos ”fue botada desde un helicóptero de la Fuerza Aérea”.

”Un análisis del FBI determinó que la bomba fue una AN-M41, proporcionada por Estados Unidos a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC)”. En consecuencia, dice el Tribunal, el único responsable por la muerte de esos civiles y por las heridas que sufrieron 25 más es el Estado colombiano.

El tribunal recomienda: ”Específicamente que se investigue a la Fuerza Aérea, a su inspector general, a su jefe de operaciones, al comandante de la Brigada XVIII del Ejército, a todas las cadenas de mando involucradas en el operativo y al comandante de la FAC por autorizar el bombardeo” .