El salvajismo de los paramilitares de las “AUC” obligó al desplazamiento a 800 familias integradas por indígenas y campesinos. La Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (ACIT) presentó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Centro de Medios Independientes de Colombia ((i))
por Carolina Santander
Tuesday, Jul. 08, 2003
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“Los paramilitares de las “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC), con la tolerancia o complicidad de la Fuerza Pública comenzaron una persecución implacable contra todo lo que cuestiona el modelo estatal, incluidos los líderes indígenas que reclaman sus derechos ancestrales”, dice el documento enviado por la etnia Pijao asentada en el Tolima a la doctora Isabel Madariaga, relatora para asuntos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Narran que ante la agresión, a partir de 1.993 algunos resguardos decidieron organizarse efectuando ese año el Encuentro Regional de los Pueblos Indígenas de Ortega, Coyaima, Coello y Natagaima, dando nacimiento a la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (ACIT) que integran 16.000 indígenas de 35 resguardos y 40 cabildos. Después, en el 2.001, la violencia con su secuela de desplazamiento los llevaría a muchos a abandonar sus tierras y trasladarse a Bogotá, agrupados en la Asociación Nacional de Desplazados Indígenas y Campesinos de Colombia (ANDICOL).
Las huellas sangrientas de las “AUC”
Denuncian en el documento que la organización y las iniciativas comunitarias no lograron detener la ola de crímenes. Así, Benjamín Sotelo, presidente de la Asociación de Mineros Artesanos de Ataco fue asesinado en 1.996 por oponerse a la explotación desmesurada de las minas. El 20 de julio de 1.998 un grupo paramilitar cometió la masacre de Balsillas en Ortega, donde también fueron acribillados los indígenas Tiberio Martínez Perdomo, fundador y director de la ACIT. Una racha de asesinatos de indígenas marcó el final del pasado siglo y marca el comienzo del presente. El documento así lo señala: “La violencia paramilitar ha seguido cobrando la vida de muchos de los nuestros y también ha provocado que muchos otros hayan decidido abandonar sus tierras con las escasas pertenencias que pudieron salvar.
“Los descendientes de los guerreros Pijaos solicitan a la OEA mediar ante el Estado colombiano para los siguientes objetivos: 1.-Se ordene a la Fuerza Pública cumplir de forma efectiva con su deber de perseguir a los grupos paramilitares que están operando en los territorios indígenas. 2.-Que el Gobierno reconozca públicamente el trabajo de nuestras organizaciones y dirigentes y los dote de las medidas de seguridad necesarias para poder seguir desarrollando su labor reivindicativa de nuestros derechos ancestrales. 3.-Que la Fiscalía informe del resultado de las investigaciones desarrolladas para identificar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de que hemos sido objeto y que éstos sean sancionados penalmente. 4.-Que la Procuraduría inicie las investigaciones disciplinarias contra los funcionarios de la Fuerza Pública que no han evitado las agresiones contra los indígenas”.
Persiguen exterminar a la ACIT
Desde 1.998, en el sur del departamento del Tolima se han presentado 165 asesinatos de líderes sociales, campesinos e indígenas. El informe entregado a la OEA denuncia 45 casos concretos de asesinatos de integrantes de la etnia Pijao y el desplazamiento forzado desde el 2.001 de 800 familias. Los casos de asesinatos de indígenas son presentados de manera concreta. Los 13 más recientes son: Efrén Pamo Chaguala, secretario general de la ACIT, asesinado el 30 de abril de 2.002 en Calarcá, Coyaima, a escasos metros de la estación de policía. Onofre Cuma Tique, en Mesas de Inca, Coyaima, activista de la ACIT, sacado de la casa frente a su familia, torturado y posteriormente desaparecido por paramilitares. Humberto Capera Culma, miembro de la ACIT, asesinado en Mesas de Inca; fue sacado de su casa, torturado y desaparecido el cuatro de febrero de 2.002. Agustín Poloche Matoma, de Chengue Zaragoza, Coyaima, activista de la ACIT, el 21 de mayo de 2.002 fue sacado por paramilitares de su casa frente a su familia y después desaparecido. Flor María Arocay, de Coyaima, integrante de la ACIT, asesinada por paramilitares en julio de 2.002. Javier Guapendio Díaz, de Natagaima, activista comunitario, asesinado el 14 de septiembre de 2.002 por paramilitares con arma blanca. Virgelina Díaz Vera, de Natagaima, Palma Alta, gobernadora indígena, asesinada frente a su casa el 12 de octubre de 2.002 por paramilitares. Baudelino Romero, de Palma Alta, Natagaima, gobernador indígena integrante de la ACIT, en marzo del 2.002 paramilitares que lo citaron a una reunión lo torturaron y posteriormente lo asesinaron. Andrés Alape, de Chenche Balsillas, gobernador indígena; el 26 de octubre de 2.002 fue asesinado con arma de fuego por paramilitares frente a su casa. John Ferney Tique Camacho, de Coyarcó, Coyaima; miembro activo de la ACIT, asesinado el cinco de enero de 2.002. Fabio Esquivel Santa, de Coyaima, inspección de Santa Marta, asesinado el 19 de agosto de 2.002 en la vereda Agua Fría Palo Negro, por paramilitares. José Suacha de Chenche Balsillas, miembro activo de la ACIT, asesinado en agosto de 2.002 por paramilitares.