Temor por la seguridad y «desaparición»
AMNISTÍA INTERNACIONAL
17 de agosto de 1998
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/061/1998/es/4529c055-f87c-11dd-a0a9-2bd73ca4d38a/amr230611998es.pdf
Existe honda preocupación por la seguridad de Heladio Penagos Rojas, al que, según los informes, dos individuos no identificados secuestraron el 10 de agosto de 1998 en su casa de la aldea de San Francisco, municipio de Tibacuy. Se desconoce su paradero.
Heladio Penagos Rojas, presidente del consejo municipal de Tibacuy y miembro del Partido Liberal, un partido de izquierdas, era un conocido activista comunitario que participaba en una serie de organizaciones no gubernamentales locales. Recientemente había manifestado públicamente su preocupación por la creciente violencia política en el municipio y por las declaraciones realizadas por los grupos paramilitares sobre su intención de llevar a cabo incursiones en la región.
INFORMACIÓN GENERAL
El 10 de mayo de 1997, unos soldados del Batallón «Miguel Antonio Caro», de la XIII Brigada, cuyo cuartel está situado cerca de la aldea de San Francisco, registraron ilegalmente la casa de Heladio Penagos Rojas. Posteriormente éste fue detenido y llevado a Bogotá, donde fue interrogado por miembros de la XX Brigada [la brigada de inteligencia del ejército, que desde entonces ha sido desmantelada tras las reiteradas denuncias de implicación en violaciones de derechos humanos y en actividades paramilitares]. Fue liberado sin cargos al cabo de tres días.
Las organizaciones paramilitares han atacado en reiteradas ocasiones a los dirigentes comunitarios y a los activistas de izquierdas, a los que han hecho «desaparecer» o han ejecutado extrajudicialmente tras acusarlos de ser auxiliares o simpatizantes de la guerrilla. Quienes denuncian ataques paramilitares inminentes tienen mayores probabilidades de sufrir violaciones de derechos humanos a manos del ejército y de sus aliados paramilitares.
Los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad de Colombia y sus aliados paramilitares siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos prácticamente con total impunidad. Durante los últimos cinco años, varios miles de civiles han muerto a manos de grupos paramilitares en todo el país. Aunque en 1989 el gobierno colombiano suspendió la base legal para la formación de organizaciones paramilitares y dio instrucciones a las fuerzas armadas para que combatieran a tales grupos y los desmantelaran, en muchas zonas del país estas fuerzas paramilitares siguen actuando con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Las autoridades aún no han tomado ninguna medida efectiva para controlar las actividades de estos grupos ni para hacer que sus miembros respondan de las violaciones de derechos humanos graves y generalizadas que han cometido. Recientemente, el fiscal general de la Nación declaró que las fuerzas de seguridad aún no han ejecutado más de doscientas órdenes de detención pendientes contra presuntos miembros de grupos paramilitares.