FINCA LA GALLETA - MONTEBELLO 23-Ene-00
Hechos
Víctimas en estos hechos:4 (Asesinadas: 4 - Desaparecidas: )
El 23 de enero de 2000 en Montebello, Antioquia, paramilitares bajo la etiqueta de “Frente Batalla del Santuario del Bloque Metro de las ACCU”, en conjunto con militares del Batallón Mecanizado Juan del Corral, adscrito a la Brigada 4 del ejército nacional, ejecutaron a WILFREDO CAÑAVERAL, UBERNEY GIRALDO CASTRO, JOSÉ EVELIO GALLO GALLO y GUILLERMO ADOLFO PARRA LÓPEZ, educador afiliado a FECODE, detuvieron arbitrariamente a dos personas más y causaron el desplazamiento forzado de los campesinos de la vereda San Antonio, jurisdicción del corregimiento Sabaletas.
Los victimarios llegaron en horas de la mañana a la finca La Galleta (perteneciente a reinsertados de la Corriente de Renovación Socialista, C.R.S., donde se desarrollan trabajos comunitarios con campesinos de la región), ubicada en la vereda San Antonio. Luego de identificarse como miembros de las ACCU, sacaron de la finca a Uberney y a José Evelio, reinsertados de la C.R.S., al profesor y líder cívico Guillermo Adolfo, a Wilfredo, hijo del presidente de la junta de acción comunal de la vereda San Antonio y a dos hermanos de apellido Muñoz, que posteriormente fueron dejados en libertad.
Al día siguiente, 24 de enero, fue encontrado el cadáver de Guillermo Adolfo, con señales de tortura, en el caserío El Cairo, jurisdicción del municipio Santa Barbara, mientras que el cadáver de Wilfredo apareció en zona rural del municipio de La Ceja. Este día, voceros del Ejército informaron en su boletín oficial que: “dos guerrilleros de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN fueron abatidos en desarrollo de la ofensiva militar adelantada por el Ejército para proteger la infraestructura eléctrica en el departamento de Antioquia... los insurgentes pretendían colocar cuatro cargas explosivas en una torre de energía, en la vereda Madera, del municipio de El Carmen...”.
Según la fuente: “Al realizar las respectivas diligencias judiciales a los cadáveres, la Fiscalía halló en uno de los cuerpos la fotocopia de la cédula de ciudadanía de José Evelio Gallo. El día 27 de enero, el jefe de Orden Público del departamento, Antonio Valencia, confirmó a los medios de comunicación que los cadáveres correspondían a los reinsertados de la Corriente. (Mientras que) Voceros de la IV Brigada del Ejército reiteraron que eran dos guerrilleros abatidos en combate”.
Así mismo, en comunicado a la opinión pública, el “Frente Batalla del Santuario” perteneciente al “Bloque Metro de las ACCU”, asumió la responsabilidad de la ejecución de las cuatro víctimas, diciendo que: “fueron capturados por nuestra organización, seguidamente sometidos a juicio y ejecutados”.
El miércoles 26 de enero a la 1:30 am.., los cadáveres de José Evelio y Uberney, que permanecían en la morgue del cementerio del municipio de El Carmen de Viboral, desaparecieron, luego de que: “un comando de hombres, que se movilizaban en diez camionetas Luv y un camión tres y medio, llegó a la morgue, violentó las cerraduras, pintó consignas y se llevó los dos cadáveres” (1).
Miembros de las fuerzas militares, particularmente de la IV Brigada del Ejército Nacional, con sede en Antioquia, han obstruido y entorpecido la investigación penal. Luego de la ejecución extrajudicial de las víctimas se han registrado varios hechos que permiten concluir que las Fuerzas Militares no están cumpliendo con su deber de cooperar con la justicia, varios de estos hechos fueron mencionados en el informe anterior: la presentación de las víctimas como guerrilleros muertos en combates; la solicitud por parte de los miembros de la brigada de las prendas con que fueron vestidos los dos miembros de la CRS, y su posterior incineración; los cadáveres fueron hurtados de la morgue; la dilación del proceso al provocar la colisión de competencias luego de una decisión del Consejo Superior de la Judicatura ya se había pronunciado al respecto. Hasta el momento la IV Brigada sigue sin poner a disposición de la Fiscalía las armas solicitadas para la investigación. Por otra parte, el 2 de agosto de 2001 el joven Jairo Hernández Sánchez Gil, hijo del socio de la finca, fue detenido y desaparecido por hombres fuertemente armados. Recientemente el Señor Leonel Sánchez, ha sido desplazado forzadamente por emprender la denuncia frente del caso. En la actualidad está solicitando ayuda humanitaria para su sostenimiento y protección (2).
Fuentes:
- 1-CINEP Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988-2003
- 2-COMENTARIOS DE LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE COLOMBIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONAMIENTOS DE LA ASISTENCIA MILITAR ESTADOUNIDENSE - 15 de julio de 2004