La injusticia que por décadas ha azotado a la población indígena del país pareciera por fin estar sobre la mesa y con un compromiso real.

VANGUARDIA LIBERAL
Domingo 20 de Julio de 2014
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/270060-fiscalia-inicia-cruzada-por-los-indigenas-de-la-sierra-nevada

Con la reestructuración de la Fiscalía y la implementación de la política de priorización, análisis y contexto de casos, se han empezado a dar pasos en busca de resultados de hechos casi olvidados.

Por ejemplo, el asesinato de los líderes arhuacos Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel María Torres Arroyo y Antonio Huges Chaparro Torres, quienes hace 24 años, el 28 de noviembre de 1990, fueron retenidos por hombres armados cuando se dirigían a Bogotá para participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Ninguno de ellos llegó a su destino. Hoy los esfuerzos giran en torno a la necesidad de que hechos como ese no prescriban, para que se pueda dar con los responsables. “Lo que queremos es que estos casos sean declarados delitos de lesa humanidad”, dice Lorena Calderón, fiscal especializada de la unidad de análisis y contexto.

“Los tres indígenas tomaron un bus con destino a Bogotá (…) en una parada que el vehículo hizo en el estadero Inturco, dos kilómetros antes de Curumaní (Cesar) cuatro hombres armados los obligaron a subir a una camioneta… Posteriormente los cuerpos fueron encontrados con signos de tortura”, reseñaron entonces los medios de comunicación. Por este hecho fueron investigados miembros de la Fuerza Pública, unos fueron sancionados por la Procuraduría, pero el caso llegó a la Justicia Penal Militar, que lo dejó enfriar, sin que se dieran condenas penales. Hoy la Fiscalía intenta revivir ese caso y judicializar, no solo a los uniformados aparentemente implicados, sino a guerrilleros de las Farc que también tendrían relación.

“En estos casos no se tomaron decisiones penales definitivas contra los militares. Todo lo contrario pasó en la Procuraduría”, puntualiza Calderón, quien añade que también se está analizando la responsabilidad de funcionarios de la Gobernación quienes habrían incurrido en omisiones.

El caso de estas muertes, y 104 más relacionados con violencia en contra de los pueblos aborígenes que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, hacen parte de las prioridades de la Fiscalía. Para ello conformó un grupo especial de siete fiscales con especialización en derechos humanos, contexto y medio ambiente. Ellos intentarán dar luces acerca de lo que pasó con estos casos.

Esta es la tarea con la que el 9 de julio pasado el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, salió del resguardo Nabusímake, en la Sierra Nevada de Santa Marta (un área a la que no muchos “blancos” tienen acceso), y a donde Perdomo llegó en helicóptero desde Valledupar (Cesar). Allí, cara a cara con medio centenar de indígenas, entre ellos mamos, Perdomo escuchó reclamos y se comprometió con avances, por lo menos, en 70 de los 107 casos que le fueron expuestos. “Queremos que a diciembre de este año, en lo posible, sean resueltos o se presenten grandes avances procesales, debe haberse identificado a los responsables y esperamos tengamos alguna medida de aseguramiento”, dice Calderón.

CUATRO ASPECTOS PARA AVANZAR

Los temas que concentraron la reunión entre Perdomo y los mamos fueron básicamente cuatro: los asesinatos de los tres líderes indígenas masacrados en Curumaní, la violencia contra menores, el desplazamiento forzado y la minería ilegal. Todos están atravesados por la violencia que desde los años 80 sembraron los grupos paramilitares, las guerrillas e incluso algunos agentes del Estado.

El informe de 90 páginas conocido por COLPRENSA, fechado el 14 de julio, da cuenta de tres momentos en los que se debe analizar la presencia de la violencia en el norte del país, exactamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, lo mismo que otras regiones de Magdalena, Cesar y La Guajira.

Estos departamentos son claves a la hora de hablar de la Sierra, porque existe una alta presencia de aborígenes de distintas etnias y porque la geografía vuelve la zona, estratégica para la práctica de actividades ilegales, muchas orientadas al narcotráfico, otras al tráfico de armas. Además, se ha convertido en un corredor de ilegales hacia Venezuela.

Este –dicen investigadores del caso- “es un análisis preliminar sobre la victimización a indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el cual se ha elaborado teniendo como marco de referencia la intensidad del conflicto”.

Si bien la Sierra Nevada ha sido reconocida mundialmente como un área ancestral merecedora de especial protección, también es un lugar donde se ha instaurado la violencia. La intensidad del conflicto llegó al punto de obligar a los investigadores a identificar actores armados y modus operandi y a encontrar denominadores comunes, para avanzar de manera más ágil en los resultados que esperan las víctimas.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Tres líneas de acción ha trazado la Fiscalía para su análisis: 1) periodo 1986-1996 (asesinatos de líderes indígenas), 2) periodo 1997-2007 (gran ola de victimización), y 3) periodo 2008 a la fecha (conflictos medio ambientales).

En el primer caso se encuentran las muertes de los tres líderes en Curumaní. Investigación que fue adelantada por la Fiscalía 28 seccional de Valledupar, despacho que solo en abril pasado dio cuenta de la recepción del testimonio de un preso en Barranquilla, quien al parecer participó en esos hechos.

Especial atención concentra el segundo periodo (1997-2007) debido a la ola de violencia que se vivió por cuenta de las disputas entre paramilitares y guerrillas (FARC, ELN y EPL) por el control territorial. “Las actividades económicas ilícitas hicieron de la Sierra Nevada de Santa Marta un corredor estratégico y un extenso escenario de la actividad armada”, señala la Fiscalía. Añade que en el proceso investigativo tendrá en cuenta homicidios, desapariciones, incursiones armadas, restricciones a la movilidad, bloqueo de alimentos, masacres y demás tratos crueles, inhumanos y degradantes que impactaron y fragmentaron los procesos socio-culturales, políticos y económicos de las comunidades indígenas”.

Los daños medio ambientales, tantas veces reclamados por las 57.586 personas que, según el Dane, hacen parte de los pueblos de la zona: Wiwas (13.627), Arhuacos (22.124), Kankuamos (12.714) y Koguis (9.111), hacen parte del análisis de la Fiscalía, siendo el foco central, la minería ilegal.

LA SIERRA, EN GUERRA

Los oscuros protagonistas de estos hechos han sido las FARC, con el Frente 19 ‘José Prudencia Padilla’, que opera en Magdalena; el Frente 41 ‘Cacique Upar’ y el Frente 59 ‘Resistencia Wayuu’, con presencia en el Cesar y en Dibulla (La Guajira).

El informe hace énfasis en la Serranía del Perijá, pues se ha convertido en un corredor hacia Venezuela. “Por su ubicación en la Cordillera Oriental, la hace dueña de 425 kilómetros, de los cuales 115 están en La Guajira, y 310 en Cesar”, describe el documento. Ese control territorial que se ha impuesto es el que ha resultado afectando a las comunidades Wiwas y Wayuu; dinámica que se ha mantenido a lo largo del tiempo, aunque el documento reconoce que para 2008 y 2009 se redujo la violencia gracias a las acciones del Estado: “En la actualidad alrededor de las FARC se habla de un debilitamiento de la tropa, como consecuencia de los golpes recibidos por parte de la Fuerza Pública y de las bajas sufridas”.

Estos enfrentamientos son los que han hecho que se presenten: reclutamiento de menores, homicidios, extorsiones, desplazamientos, tal como los indígenas le manifestaron al vicefiscal Perdomo. Otros focos sobre los que se concentrará la atención de los fiscales son actuaciones irregulares de las que son señalados miembros de la Fuerza Pública. Al respecto se tienen registros desde 2005 de detenciones arbitrarias. En 2006 se da cuenta de allanamientos e intimidaciones y de más detenciones ilegales.

DELITOS CONTRA EL AMBIENTE

La minería ilegal y los megaproyectos, sumados a la apropiación y explotación de recursos no renovables, son otros factores –dicen los indígenas- que afectan sus derechos. Estos, señala el informe, han venido en aumento en la última década, afectando ‘El corazón del mundo’, como es reconocida la Sierra Nevada de Santa Marta por sus etnias nativas.

“Esto genera un impacto negativo sobre la cosmovisión y la relación hombre naturaleza”, señala el estudio y resalta el sentido sagrado que los aborígenes le dan a la “madre tierra”, además es una zona donde nacen 30 ríos; entre ellos: Córdoba, Toribio, Gaira, Manzanares, Piedras, Camarones, Ranchería y Aracataca.

Por ahora los hallazgos sobre los que trabaja la Fiscalía están centrados en los túneles para la explotación aurífera creados sin ningún tipo de licencia. Especial referencia se hace del túnel el Palmor, en el corregimiento de Ciénaga (Magdalena), en la vía que comunica con Tucurinca. “Este túnel, como algunos otros, está manejado por la banda ‘Los Paisas’”, señala la Fiscalía, y agrega su preocupación por la cuenca del río Salvador que dice “tiene un coste ecológico y social sin precedentes. Esto en el sentido de que atrae colonos de distintas partes del país, así como grupos armados ilegales para disputarse esos territorios”. A las bandas criminales se suman Los Paisas, el clan Úsuga (antiguos Urabeños) y los Rastrojos.

Otro hallazgo y preocupación para la comunidad es el cerro Ukumeizhi, territorio sagrado para los indígenas, quienes hablan de presencia de mercurio en afluentes como el río Salvador. “Las aguas del río desembocan en un sitio sagrado de los pueblos de la Sierra conocido como Java Ja o Madre Vieja, que son bancos de mangle al lado del mar”, dichos mangles son considerados úteros de la naturaleza, por ser fuente generadora de vida.

EN LA MIRA

Estas investigaciones no sólo apuntan a los directos responsables de los delitos, sino que las preguntas que se empieza a hacer están dirigidas a los responsables de demorar la resolución de estos procesos. Por eso la lupa está puesta sobre fiscales y militares que habrían retardado investigaciones que salpicaban a miembros de la Fuerza Pública, unos por acción, otros por omisión.

A pesar del interés de los fiscales, y de que por lo menos el 90 por ciento de los casos están activos, la confianza de los funcionarios no alcanza para afirmar que el 100 por ciento de los casos será exitoso. Se cree, por lo menos, que el 20 por ciento no tendrá viabilidad “trataremos de seleccionar los casos que más posibilidad tengan para una investigación exitosa”, dice la fiscal Lorena Calderón y augura que la mira de la Fiscalía, una vez terminado el proceso de la Sierra Nevada, pondrá la mira en comunidades de Nariño, donde desde hace un año se analiza la problemática de los Awá, y se sumarán los Nukak Maku y aborígenes del Cauca.

“Cuando terminemos con la Sierra Nevada seguiremos con los casos de los indígenas del Cauca y Nariño”, insiste Calderón, admitiendo que sobre los Awá ya se identificaron a las FARC como principales victimarios, aunque no se ha avanzado más debido a que los máximos responsables están en La Habana (en la negociación de paz) y las órdenes de captura están suspendidas.