impunidad.com
Diana Calderón, URR-Colombia
27 de julio de 2009
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Los procesos judiciales por el asesinato de 16 periodistas en Colombia se encuentran suspendidos, archivados o han sido objeto de resoluciones inhibitorias por parte de los fiscales que han tenido a su cargo la responsabilidad de dar con los responsables. Estos procesos guardan varias semejanzas: son todos crímenes cometidos en las provincias colombianas entre 1993 y 2009, cuyas investigaciones fueron asumidas por fiscales regionales o seccionales. Lo que significa que nunca fueron atendidos por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General en Bogotá.

En la gran mayoría de los casos, los fiscales tomaron la decisión de suspender las investigaciones o inhibirse para tomar medidas dentro de los procesos al año de la ocurrencia de los hechos. Así pasó por ejemplo con Rodolfo Julio Torres, asesinado el 21 de octubre de 1999 en San Onofre, en el departamento de Sucre. Once meses después, la investigación por su muerte fue suspendida por un fiscal especializado, quien argumentó que no pudo identificar a los hombres que ingresaron a la residencia del periodista de Radio Caracolí y del periódico El Meridiano, lo secuestraron, lo mataron y dejaron su cadáver tirado en el corregimiento Rincón del Mar, jurisdicción de San Onofre junto a un cartel en el que aparecía la frase “por sapo”. Dos años antes, un panfleto de los paramilitares lo señaló como auxiliador de la guerrilla cuando denunciaba actos de corrupción de la administración distrital.

Igual ocurrió con la investigación de Arquímedes Arias Henao, propietario y director de las emisoras locales Armonía FM Estereo y Fresno FM Stereo en el Departamento del Tolima. Fue asesinado el 4 de julio de 2001, a los pocos días de haber iniciado las emisiones de su emisora con información en contra de la corrupción. El fiscal que asumió el proceso investigativo profirió una resolución inhibitoria. En esta oportunidad con el argumento de que “transcurrieron más de 180 días sin que exista mérito suficiente para vincular a presuntos autores del hecho”.

Otro caso es el de Álvaro Alonso Escobar, propietario y director del semanario Región de Fundación en el departamento del Magdalena. Este caso es el ejemplo real de cómo la impunidad alimenta a los asesinos de periodistas. Escobar reemplazó como director del periódico Región al también asesinado Hernando Rangel Moreno, a quien habían matado el 11 de abril de 1999, dos años y 8 meses antes. En el caso de Escobar, quien denunció corrupción al interior del sistema de salud del departamento y en otras decisiones de la administración local, un fiscal advirtió que no pudo “relacionar a los presuntos responsables con el homicidio”. En el caso de Rangel, el 18 de diciembre 2008, la fiscalía, luego de 10 años de investigaciones, decidió precluir la investigación al que había sido señalado como el presunto autor intelectual, Fidias Zeider Ospíno.

Frente a estos casos y los 13 restantes, la Fiscalía no tiene respuestas. El último informe presentado por la Dirección Nacional de Fiscalías en abril de 2008, se limita a relacionar los nombres de los periodistas asesinados y como última actuación de las autoridades aparece la palabra: suspensión de la investigación o inhibitorio. Desde entonces, esta dependencia de la Fiscalía no ofrece ningún tipo de información.

La URR de la SIP ha pedido formalmente que estos casos sean traídos y reactivados al interior de la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá sin encontrar respuesta positiva por parte de quienes deben tomar la decisión. Se ha pedido también que los funcionarios investigadores que tuvieron a su cargo estos procesos, expliquen las razones por las cuales, fueron suspendidos o archivados al poco tiempo de la ocurrencia de los hechos. Y en este punto, tampoco ha sido posible una respuesta del ente investigador.

El hecho de que estos procesos se encuentren suspendidos no es la única semejanza que guardan entre sí. La URR investigó qué hacían estos periodistas y para qué medios trabajaban, y encontró que la gran mayoría eran periodistas radiales, vinculados a pequeñas emisoras o periódicos de pequeñas poblaciones en las distintas regiones colombianas, con una importante presencia de los grupos armados. Casi todos habían sido objeto de amenazas, y todos habían realizado una denuncia previa a su asesinato.

Son ellos: Gildardo Ariza Olarte, periodista de la emisora Ondas del Carare en Santander. Denunció atropellos de los frentes 11 y 23 de las FARC contra los campesinos de la región. Fue asesinado el 9 de abril de 1993; Iván Dario Pelayo, director de la radioemisora Llanorámica en Arauca. Un comando de la guerrilla del ELN entró a los estudios de radio y lo asesinó. Los guerrilleros dejaron volantes en los que acusaban a Pelayo de ser amigo de los paramilitares; Denis Sánchez Lora, periodista y locutor de la emisora 95.5 de Carmen de Bolívar, asesinado el 16 de julio de 2002 en su propia casa.

Entre las múltiples consecuencias de estos homicidios están las dificultades que hoy tienen sus habitantes para acceder a una información independiente en estos lugares del país. Son crecientes los fenómenos de autocensura y el cierre de los pequeños medios. Es el caso de la población de Sabana de Torres en Santander, donde Mario Prada Díaz, director del Semanario Horizonte Sabanero, fue asesinado el 12 de julio de 2002 en Santander. La investigación por su homicidio está suspendida desde 2003. El periódico que él dirigía cambió de nombre y por un tiempo se llamó Nueva Era, que ya fue cerrado. En la actualidad, la única fuente de información es una pequeña emisora comunitaria.

Otros procesos suspendidos o con resolución inhibitoria:

Alfredo Antonio Matiz.
Asesinado: 5 de enero de 1996 en Arauca.
Investigación suspendida desde el 28 de febrero de 2000

Fabio Leonardo y John Jairo Restrepo.
Presentador y camarógrafo, respectivamente, del canal local de Barrancabermeja
Asesinados: 6 de febrero de 2000 en Girón, Santander.
Investigación suspendida desde el 8 de noviembre de 2000

María Elena Salinas.
Periodista de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Medellín.
Asesinada: 5 de marzo de 2000 en Antioquia.
Investigación suspendida desde el 17 de junio de 2004.

Marco Antonio Ayala
Reportero gráfico del periódico El Caleño de Cali.
Asesinado el 23 de enero de 2002, en Cali.
Investigación con resolución inhibitoria desde septiembre de 2006

Juan Carlos Benavides.
Director de Noticias de la emisora comunitaria Manantial Stereo en Putumayo
Asesinado: 22 de agosto de 2003 en Puerto Asis, Putumayo.
Investigación con resolución inhibitoria desde el 16 de febrero de 2004

José Nel Muñoz
Periodista y locutor de Latina Stereo en Teteyé en Puerto Asís
Asesinado: 6 de octubre de 2003 en Putumayo.
Investigación con resolución inhibitoria desde abril de 2004.

Jaime Alberto Madero
Vendedor y voceador de prensa en Santa Marta
Asesinado el 20 de septiembre de 2004 en la Plaza de Mercado de Santa Marta.
El proceso tiene resolución inhibitoria desde mayo de 2005. Solo duró 8 meses el proceso investigativo.