CORPORACION SEMBRAR
Centro de documentación Magdalena Medio y Sur de Bólivar
Wed, 06/15/2011
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La Fiscalía Quinta Especializada de la Unidad Nacional de Desaparición y Desplazamiento – Cartagena profirió resolución de acusación contra 7 militares por la comisión de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada en hechos ocurridos en la vereda Casa de Barro, municipio Tiquisio, sur de Bolivar, los días 28 y 29 de enero de 2004.

La resolución de acusación se dirige contra el teniente LUIS FERNANDO DE CASTRO VALDEZ, el cabo tercero HARRIS MACEA GONZALEZ, y los soldados profesionales JUAN BERMUDEZ CORREA, JORGE SEPULVEDA AREIZA, FREDDY SIERRA RODRIGUEZ, HECTOR SANCHEZ ARIZA y EDUARDO GALLARDO NAVARRO, quienes al momento de ocurrencia de los hechos se encontraban adscritos al Batallón de Infantería General Antonio Nariño con sede en Malambo, Atlántico pero con jurisdicción en toda la zona sur del departamento de Bolivar.

Las victimas de homicidio en persona protegida respondían a los nombres de NORBERTO CAMPUZANO, GIOVANY VEGA y JAIRO VILLALBA, quienes fueron sacadas violentamente de sus lugares de trabajo en donde realizaban labores de minería artesanal y posteriormente ejecutados y reportados por los militares como guerrilleros del ERP dados de baja en combates.
La victima de desaparición forzada es OSNAIDER SOLANO ZULETA quien al momento de los hechos tenía 14 años de edad y se encontraba en compañía de NORBERTO CAMPUZANO.

Las pruebas recolectadas durante la investigación le permitieron a la Fiscalía llegar a la conclusión de que las victimas no pertenecían a ningún grupo armado al margen de la ley y por lo tanto eran personas ajenas al conflicto, por lo que la conducta de los militares acusados constituye un crimen de lesa humanidad.

Estos hechos se suman a otros casos reportados por el ejercito como muertes en combate y que se enmarcan dentro de lo que el gobierno ha denominado “falsos positivos”.