Fernel Andrés Londoño, de 26 años, es una de las 22 personas que en Risaralda salieron de sus viviendas y aparecieron muertas uno o varios días después en presuntos combates con el Ejército.

eltiempo.com
16 de octubre de 2008
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El jueves 17 de enero, este joven salió a la medianoche de su casa en el barrio El Progreso, en La Virginia (Risaralda), junto con sus amigos Carlos Arturo Velásquez y Juan Carlos López. Dijeron a sus familias que iban a acampar, sin especificar dónde.

Sin embargo, al día siguiente, la Octava Brigada informó que ”después de 15 días de seguimiento e inteligencia fueron dados de baja tres guerrilleros del frente 50 de las Farc que pretendían secuestrar a un profesional de la región”, en un supuesto combate en Calarcá (Quindío).

Marina Tabares, mamá de Fernel, fue la primera sorprendida. Contó que su hijo estaba lisiado desde diciembre de 2002 cuando perdió el brazo izquierdo en un combate con la guerrilla como voluntario del servicio militar. El muchachos, de 26 años, le ayudaba desde entonces en labores de tapicería y pintura de muebles.

”No iba a irse con ellos (la guerrilla)”, insiste la mujer.

Ellos no fueron los primeros muertos ‘extraños’ en ese municipio risaraldense, que apenas despuntó el año comenzó a llenarse de familias de luto y de funerales, especialmente en sectores populares.

La Defensoría del Pueblo de Risaralda alertó que ”no era normal” la seguidilla de casos de jóvenes de barrios deprimidos que salían de sus casas y que, pasados uno o dos días, aparecían muertos en apartados lugares de otros departamentos.

Cadena de muertes

Entre los primeros estuvieron José Luis Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez, que salieron el 9 de enero de sus casas y de ellos solo volvieron a saber el 10 de febrero, cuando los encontraron como NN en la morgue de Medellín luego de ser reportados por el Ejército como muertos en combates en Santa Rosa de Osos (Antioquia).

Siguieron Julián Andrés Arroyave y Álvaro Hernán Díaz, vistos por última vez en La Virginia el 11 de enero y seis días después, aparecieron como ‘elenos’ abatidos en Sabana de Torres (Santander).

En Pereira el 21 de febrero salieron Larry Mosquera Tagle y Gustavo Enrique Mápura. A los dos días aparecen como guerrilleros dados de baja en Montebello (Antioquia).

A finales de marzo Juan Esteban López, Julián Alberto Jiménez, Oscar Alexander Ramírez y César Augusto Cardona salieron de Dosquebradas. La Octava Brigada informó de sus muertes en la Vereda Agua Bonita (Manzanares -Caldas) como miembros de bandas al servicio del narcotráfico (Bacrim).

En el barrio La Esneda, de Dosquebradas, se reporta la muerte de ocho hombres en dos casos con un año de diferencia. El 16 de agosto de este año salieron Danilo Alberto Ríos, Carlos Jaime Loaiza, Víctor Manuel Granados y José Hermes Marín, reportados dos días después como extorsionistas relacionados con el frente 47 de las Farc y dados de baja en Manzanares (Caldas).

La búsqueda de estos llevó a establecer que desde este deprimido sector a orillas del río Otún, un año antes, el 18 de agosto de 2007, salieron Guillermo Iván Mejía, José Gregorio Galvis, Jhon Freddy Espinosa y Adrián Vélez. Un día después la Octava Brigada informó de sus muertes en Chinchiná (Caldas).

Todos los hombres muertos proceden de los sectores más pobres de sus municipios, la mayoría dedicados a oficios varios. Los tres muertos de Calarcá habían dicho que salían a acampar y la mayoría restante partieron con ofrecimientos de trabajo a fincas y ‘un buen billete’.

‘Se ha actuado en derecho’

El comandante de la Octava Brigada, coronel Emiro José Barrios Jiménez, dice tener la convicción de que sus tropas han actuado ”en el estricto marco legal, con el acompañamiento de la Policía Judicial y el CTI después de cada operación” y contó que en el combate en que murió el ex soldado lisiado en Calarcá, uno de sus hombres fue herido.

Además, explicó que luego de cada operación se inicia una investigación penal y disciplinaria ”para determinar si alguno de los hombres se salió del marco legal y estamos prestos a dar toda la información y pruebas para que no quede manto de duda sobre ellos”.

Y aunque fuentes oficiales informan que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía está investigando ese ‘rosario’ de muertes extrañas, lo cierto es que a las familias de 22 supuestos guerrilleros y extorsionistas nadie les ha explicado las circunstancias en que fallecieron y ninguna autoridad las ha citado para oír su versión o indagar por la vida que llevaban. Los que sí se les han aparecido son abogados de Medellín y de Pereira que se han ofrecido a representarlos en demandas contra el Estado.

Desamparo

Otra situación se relaciona con el drama social de las familias. Son más de 30 menores huérfanos, los hombres muertos estaban al frente o ayudaban en el sostenimiento de sus allegados.

En una reunión en la Alcaldía de Pereira con participación del Alcalde, el Secretario de Gobierno Departamental, la iglesia católica y otros entes, se acordó ayudas, posibilidades laborales y útiles. Llegó un mercado y unas frazadas pero todas quedaron en el olvido y con el dolor de su pariente muerto.