Unos 130 representantes de organizaciones obreras piden justicia por las víctimas.

Por: Redacción EL TIEMPO
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/familias-de-sindicalistas-buscan-una-reparacion/14049555

Después de casi 20 años de no tener ningún rastro de su esposo ni de la pareja de su cuñada, María Gladys Bonilla y sus dos hijos siguen tocando puertas para tener respuestas por las desapariciones de ambos tulueños.

Es por eso que ayer doña María Gladys y su hija menor, Natalia Dávila, llegaron desde Tuluá al salón Ritz del hotel Dann Carlton, con la esperanza, aún viva, de obtener alguna ayuda, pero esta vez de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Lo hicieron buscando la oportunidad de hablar con Paula Gómez, la directora de la Unidad para las Víctimas, territorial Valle, porque la entidad organizó con agremiaciones obreras el encuentro ‘Reparar para transformar’ que finaliza hoy. En el hotel se reunieron alrededor de 130 representantes de estamentos sindicales de Valle, Cauca, Nariño y Putumayo, dentro del proceso de reparación colectiva adelantado por la Unidad para las Víctimas y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT); las confederaciones de Trabajadores de Colombia (CTC) y General del Trabajo, además de Fecode.

Allí, doña María Gladys recordó con los ojos llorosos cómo hombres armados obligaron a su esposo, Fernando Dávila, y al cuñado este, Rodrigo Fontalvo, a subir a dos camionetas. La desaparición forzosa ocurrió aquel 26 de noviembre de 1994, a unas cuadras de la casa de Dávila, en el barrio La Esperanza, en el centro de Tuluá.

Dávila tenía 42 años cuando desapareció y pertenecía al sindicato de la hoy empresa de acueducto Centroaguas S.A. ESP, del corazón vallecaucano. Por 19 años fue operario de pozos.

“Mi esposo no me decía si algo andaba mal o si estaba amenazado para no preocuparme. Solo sé que cuando se lo llevaron gritaba y se resistió”, dijo la señora. “En el suelo quedaron esparcidos los botones de su camisa y la cédula de Rodrigo. Eso fue a la 1:00 de la tarde”, agrega.

Anota que era un hombre que por cinco años luchó por la defensa de los derechos laborales en su ciudad.

Desde entonces, ni la Fiscalía le ha dado razón a la señora Bonilla sobre lo qué pasó, aunque teme que hayan sido asesinados, tampoco aparecen los cuerpos. Después de la desaparición, doña María Gladys, que era ama de casa, tuvo que emplearse como cajera para sostener a sus tres hijos, uno de los cuales, fue asesinado el 7 de enero del año pasado. No obstante, ese crimen no tendría un vínculo con lo sucedido a su padre hace dos décadas.

La Fiscalía tampoco da cuenta de quiénes asesinaron a Heberto Montaño, que perteneció a Sintraemcali. Su asesinato se registró el 16 de junio de 1991. La fecha la recuerda uno de sus seis hijos, Éver Montaño, quien estuvo en Sintraemcali y ahora está con la Unidad para las Víctimas, trabajando seis procesos con campesinos de Buga, Pradera y Dagua, y 11 consejos comunitarios de Buenaventura.

Según Humberto Correa, de la CGT, desde 1998, unos 3 mil sindicalistas en el país han sido asesinados, siendo el Valle un departamento crítico. Después de Antioquia y de la región Caribe, por encima de Cundinamarca.

En el encuentro de ayer, Viviana Osorio, una de las panelistas, hizo énfasis en que las muertes de los hombres y mujeres sindicalistas no se pueden manejar por género, sino cómo las vivencias de ambas víctimas son distintas.

CALI