Gudilfredo Avendaño
Especial para EL TIEMPO
MONTERÍA
Martes 30 de enero de 2007
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Rafaela Pedroza Florez, una mujer campesina de 65 años acudió puntual a la cita en el coliseo Miguel ‘Happy’ Lora de Montería. Vino de El Tomate, una vereda del municipio de Canalete, en el suroccidente de Córdoba, donde el 30 de agosto de 1988 los paramilitares cometieron una de sus sangrientas incursiones. Allí murieron 16 campesinos, entre ellos un niño de 3 años calcinado en su propia residencia, incendiada por los forajidos.

El hijo de Rafaela, Rafael Carmona Pedroza, de 18 años, fue una de las víctimas del criminal acto. Dice la mujer, que desde entonces no ha parado de llorar, pero ahora se ha llenado de valor para reclamar por los daños que le causaron. ”Lo único que recibimos después de esa matanza fueron unas casitas pequeñas, que nadie se atrevió a vivirlas por el miedo que dejaron esos hombres que nos provocaron tanto dolor”, dijo.

Rafael Pedroza Gómez acudió esta mañana a la convocatoria hecha por el Comité Civil de familiares de las víctimas de la violencia (Comfavic), que busca resarcir económicamente a las víctimas de la violencia paramilitar.

Al encuentro también acudió Digna Díaz Martínez, de 67 años, quien vio como asesinaron a su hijo César Bolívar Díaz, de 22 años, cuando dormía a su lado. ”Yo no se ni qué pedir. Lo único que quería era que nos dejaran tranquilos y que no mataran a mi hijo, porque él nunca hizo nada malo, solamente tenía a sus tres hijitos y su mujer y se pasaba el día tirando machete y sembrando como lo hacemos todos los campesinos”, recalcó esta mujer, quien desde el día de la masacre se refugió en un barrio de las goteras de Montería, dejando atrás sus tierras y animales.

Otra que también reclama justicia por la masacre de El Tomate es Doris Narváez Díaz, de 50 años, madre del niño de 3 años, que murió calcinado en el interior de su humilde vivienda. ”Yo traté de sacar a mi hijo, pero uno de esos tipos me apuntó con un fusil y me dijo que si entraba me mataban”, recordó.

Al igual que sus compañeras de dolor, Doris Narváez se acercó hasta el coliseo Miguel ‘Happy’ Lora con el fin de exigir que le sean reparados los daños causados en su familia. A la reunión, que se realiza desde tempranas horas del día, asisten el obispo de Montería y facilitador de los diálogos con las Auc, Monseñor Julio César Vidal Ortiz; la defensora del Pueblo en Córdoba, Julia Rodríguez; y funcionarios del Ministerio del Interior y de Justicia. Asimismo están presentes representantes de la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería. La idea es que en conjunto se reciban las quejas y peticiones de los familiares de las víctimas.

La mayoría de los asistentes al evento son campesinos que dejaron sus tierras en municipios como Canalete, Valencia, Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano y Buenavista que han sido azotados por el fenómeno del paramilitarismo. También hay desarraigados provenientes de la subregión de Urabá en Antioquia, quienes han tenido que refugiarse en sectores marginales de Montería y poblaciones aledañas.

Al final del encuentro se espera conformar una comisión que viaje hasta la ciudad de Medellín con el fin de representar a estas personas en las audiencias públicas que se desarrollan contra varios jefes ‘paras’, entre ellos Salvatore Mancuso, quien ejercía el poderío paramilitar en esta zona.