EN VENECIA (CUNDINAMARCA) ASESINADA MILITANTE COMUNISTA

VOZ
Jan. 18, 2006

La guerra sucia no se detiene en Cundinamarca y los organismos de seguridad del Estado en cabeza de la Policía y el Ejército, han desatado toda una ola de allanamientos, detenciones y amenazas contra militantes del Partido Comunista en la región.

El pasado viernes 13 de enero, a las 10 de la mañana, en la vereda Balconcitos, jurisdicción del municipio de Icononzo (Tolima), YOLANDA RODRÍGUEZ PINZÓN fue asesinada cundo se dirigía en compañía de su padre a visitar un tío que vivía en esa Vereda, cuando fue interceptada por un sicario que le propinó cuatro impactos de bala, su padre afortunadamente logró huir entre los matorrales para no ser alcanzado por los asesinos.

Según las denuncias de organizaciones de derechos humanos, la familia Rodríguez, desde hace varios meses atrás, venía siendo objeto de amenazas, hostigamientos y allanamientos por parte del Ejército con base en Fusagasugá, que los acusaba de ser auxiliadores de la guerrilla. El día 29 de diciembre, su casa fue allanada por un escuadrón del Ejército y Yolanda fue detenida en compañía de su hermano Luís Rodríguez Pinzón, quién hasta la fecha se encuentra privado de su libertad en Fusagasugá.

Yolanda Rodríguez fue llevada a la Fiscalía de Fusagasugá, pero ese mismo día fue dejada en libertad, gracias a la acción de un abogado de los Derechos Humanos, pero al regresar al Municipio de Venecia continuaron las amenazas contra su vida.

Este es otro de los crímenes con la complicidad de los organismos del Estado, toda vez que su asesinato se produjo en las propias narices de la Policía y el Ejército, que a diario patrullan e intimidan a los moradores de esta región. A Yolanda la sobreviven un niño de dos años y una niña de nueve. Este vil asesinato es repudiado por los pobladores del municipio y por las distintas organizaciones sociales y políticas del departamento, entre ellos el Polo Democrático Alternativo (PDA), que en la instalación de la Mesa de Unidad en Fusagasugá, hizo un pronunciamiento de rechazo a la política de “seguridad democrática” de Álvaro Uribe Vélez como la responsable de la guerra sucia contra las organizaciones de oposición.