Con la cara mojada por el sudor y los ojos apretados para evitar llorar, Rosa Guerrero de Gemade cumplió el sábado, en el cementerio de San Alberto (Cesar), la cita más nostálgica de los últimos seis años.

eltiempo.com
18 de diciembre de 2006
Autor FÉLIX LEONARDO QUINTERO ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2321503

Acompañada de su esposo, Luis Gemade, llegó a las 10:30 de la mañana hasta la tumba de su sobrina política Aída Cecilia Lasso Gemade, asesinada el 21 de junio del 2000 por paramilitares que se oponían a su candidatura a la Alcaldía de este caluroso pueblo.

Con ella fue asesinada su niña de 13 años porque , con mordiscos y una escoba, trató de defenderla.

La visita al campo santo donde están sepultadas tenía un sentimiento especial, pues ocurría un día después de que el desmovilizado paramilitar Wilson Salazar Carrascal, ‘El Loro’, el primero en dar versión libre ante Justicia y Paz, confesó el crimen de la líder política y su hija.

En silencio, ‘Doña’ Rosa, como es conocida la mujer que con su esposo cría piscos y vende guanábanas, recorrió el descuidado cementerio de San Alberto hasta encontrar las hojas rojas de una mata que abunda en la región.

“Con ellas alegro las bóvedas de dos personas que se fueron injustamente de este mundo”, dijo la mujer antes de rezar un Padre Nuestro. Ella y Luis son los únicos allegados a la asesinada candidata que permanecen en San Alberto, a 410 kilómetros de Valledupar.

El crimen de Aída Cecilia prácticamente desintegró a la familia. Su esposo Nelson Rondón y la otra hija de los dos, que hoy tiene 13 años, paradójicamente la misma edad que tenía su hermana cuando fue asesinada, abandonaron el pueblo por miedo.
Un tercer hijo de Aída, fruto de otra relación, también se marchó de este lugar de extensos cultivos de palma africana y de fincas ganaderas.

“Un mes antes de su muerte, Aída les dijo a varias personas que el alcalde de la época y un candidato a la Alcaldía habían planeado su muerte con los paramilitares. A pesar de eso, siguió trabajando en su campaña”, contó una persona cercana a ella (ver Arreglo entre ‘paras’, políticos y autoridades).

Antes de lanzarse como candidata, Aída Cecilia era la coordinadora de la Red de Mujeres de San Alberto. Había trabajado en la Alcaldía durante 18 años y quiso aprovechar su liderazgo para aspirar al primer puesto de este municipio donde ya “los paramilitares mandaban”.

Aunque las autodefensas del sur del Cesar se desmovilizaron, pocos quieren hablar del asesinato de la candidata, pues hay temor por bandas conformadas por desmovilizados. Tampoco quieren hablar de ‘El Loro’, que el viernes, al confesar el crimen, pidió perdón a sus víctimas.

En el pueblo dicen que lo que él y sus ‘paras’ hicieron con Aída Cecilia y su niña “no tiene perdón de Dios”.

ARREGLO DE ‘PARAS’, POLÍTICOS Y AUTORIDADES .

DOS EX ALCALDES SIGUEN DETENIDOS Gerardo Jaimes Ortega, alcalde de San Alberto en el 2000, está preso en Valledupar. Fue acusado por la Fiscalía de contribuir con “el plan criminal que terminó en el homicidio” de Aída Cecilia Lasso.

Javier Zárate Ariza. Fue elegido como alcalde de San Alberto tras el asesinato de la candidata. También fue acusado de participar en el plan para matarla. Está preso en una cárcel de Valledupar.

INVOLUCRADO UN EX COMANDANTE DE POLICÍA Capitán Gustavo Moreno. Era el comandante de la Policía de San Alberto cuando ocurrió el crimen. Como los dos ex alcaldes, fue detenido. La acusación fue la misma.

Paramilitares Daniel Toloza Contreras, ‘El Cura’, y Rodolfo Pradilla. Los dos fueron detenidos en diciembre del 2002 y tras sus capturas comenzó a destaparse el crimen de Aída Cecilia.

DE VENDEDORA A LÍDER POLÍTICA

Aída Cecilia Lasso Gemade fue militante del M-19.

Llegó desde Bogotá.

A los 19 años llegó a San Alberto desde la capital del país, donde terminó su bachillerato.

Líder de mujeres. Fue coordinadora de la Red de Mujeres de San Alberto, adscrita al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Fue, además, activista sindical.

Funcionaria 18 años. Tras vender repuestos para motos, en un almacén, fue contratada como secretaria en Planeación de la Alcaldía, donde trabajó 18 años, hasta el 2000, cuando fue despedida por el entonces alcalde, Gerardo Jaimes.
Adujo “problemas irreconciliables”.

ERA UN OBSTÁCULO ” Aída Cecilia se había convertido en una amenaza para los proyectos de quienes querían imponer a la fuerza sus candidatos en San Alberto” Habitante de esa población del Cesar.

¿Hay que investigar a ganaderos? Tres días antes de que el ex jefe ‘para’ Salvatore Mancuso acuda a rendir versión libre ante la fiscalía de Justicia y Paz (lo hará mañana martes en Medellín), gremios y habitantes del Bajo Cauca antioqueño se adelantaron y le contaron su verdad al país.

El sábado pasado, los ganaderos de esa región reconocieron en una carta al presidente Uribe que apoyaron a las Auc. Algunos de ellos, incluso, hicieron pública la confesión durante una concentración en Caucasia, ese mismo día.

Tras estos hechos, el debate que surgió es si ganaderos y ciudadanos que reconocieron su apoyo a los ‘paras’ deben ser investigados penalmente.

Gustavo Petro, senador del Polo Democrático y quien ha criticado el proceso con las Auc, dice que sí deben ser investigados, pero advierte que los ganadores y políticos locales estarían buscando ser cobijados por el delito de sedición, para ser considerados delincuentes políticos.

“Lo esperado sería que se sometieran a la Ley de Justicia y Paz, que confesaran sus delitos y entregaran sus bienes. Sin eso, no hay nada y no se podría conseguir la paz en esas zonas”, asegura.

¿Apoyo al terrorismo? Otros legisladores comenzaron a analizar la posibilidad o no de que a los ganaderos se les pueda investigar por financiación de grupos terroristas, pues el Congreso acaba de aprobar una ley que tipifica como delito esta conducta.

Entre tanto, Rocío Arias, ex representante y activista del proceso con las Auc, dijo que “si hay que buscar un culpable en este caso, sería el Estado, porque dejó sola a la comunidad. ¿Cómo van a hacer para investigar a más de 10 mil personas que reconocieron que tuvieron que apoyar a las autodefensas”, se preguntó.

Pero al margen del debate político, las actuaciones jurídicas no parece estar claras.

El constitucionalista Juan Manuel Charry asegura que durante la concentración de Caucasia, ganaderos y ciudadanos ejercieron el derecho a la manifestación, lo que no configura un delito, así hayan expresado su apoyo a una actividad eventualmente ilegal.
“
Es como cuando algunas personas salían a manisfestarse a favor del aborto y estaba penalizado. ¿Hasta qué punto había que abrirles una investigación?”, sostiene. Sin embargo, dice que la Fiscalía está en la obligación de abrir una indagación.

En igual sentido se pronunció Gina Parody, senadora que cuestionó la Ley de Justicia y Paz. Dijo que la Fiscalía tiene que investigar a estos ganaderos.
Consultado sobre el tema, el ministro del Interior, Carlos Holguín, dijo ayer que “si hay un documento y una declaración pública, la Fiscalía tiene que llamarlos para que cuenten cómo fue la cosa. Eso –sostuvo– le puede servir mucho a la Fiscalía para completar sus procesos”.

NO HAY NADA CLARO EN MATERIA JURÍDICA ” No veo clara una investigación a manifestantes. Es como hacerlo con quienes marcharon a favor del aborto”.
Juan Manuel Charry, constitucionalista.

UNA VERDAD A MEDIAS ” Los ganaderos no cuentan toda la verdad. No dicen cómo compraron sus tierras. Sí hay que investigar”.
Gustavo Petro, senador del Polo.

EL CULPABLE ES OTRO ” Si hay que buscar un culpable, ese es el Estado que dejó sola a la gente del Bajo Cauca. ¿Cómo van a investigar a 10 mil?”.
Rocío Arias, ex parlamentaria.