Instituto Popular de Capacitación
Medellín – Colombia.
05/22/08
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Asustados, intimidados y amenazados. Así se sienten una semana después los líderes barriales de la Comuna Uno, ubicada en los cerros de la zona nororiental de Medellín, tras el asesinato de Carlos Alberto Ospina Osorio, ocurrido el pasado 13 de mayo. El miedo es de tal magnitud que los procesos de participación social y comunitaria se han paralizado.
“El homicidio de Carlos Alberto ha generado mucha zozobra entre la comunidad, en especial entre los líderes barriales. La sensación de inseguridad frenó los procesos de participación, todos estamos parados”, narró un reconocido líder de esa comuna, quien pidió la reserva de la identidad.
A Carlos Alberto, presidente de Asocomuna, lo balearon dos hombres desde una motocicleta, a eso de las 7:30 de la noche en el barrio Granizal. Los disparos le causaron la muerte de manera instantánea. La acción sicarial fue conocida en toda la comuna y de inmediato se encendieron las alertas entre los líderes comunitarios, dada la representatividad del dirigente asesinado.
Este homicidio tiene similares características con los perpetrados contra los líderes de la comuna 13, Haider Ramírez, ocurrido el octubre de 2006, en el barrio Villa Laura, y Judith Vergara, en abril de 2007, en inmediaciones de la IV Brigada del Ejército. Ambos aún en la impunidad.
“Manifestamos nuestro rechazo por el asesinato Carlos Alberto, quien desde mecanismos civiles y democráticos, buscaba la construcción del desarrollo social, económico y político de las comunidades”, expresó en un comunicado la Corporación Con-Vivamos, que adelanta trabajos sociales en la Comuna Uno.
La sensación de inseguridad que ronda en esta zona de la ciudad por la parálisis de los procesos de participación social y comunitaria es preocupante, por cuanto es una de las comunas donde más activos son los trabajos barriales y mayor participación tienen. Si bien Planeación Municipal reconoce 12 barrios, se cuentan 20 juntas de acción de comunal, que trabajan por el bienestar de los 132 mil 429 habitantes que viven en ella.
“La gente lo que menos quiere es repetir la historia de la Comuna 13. No queremos una respuesta militar ni policial. Lo que pretendemos es un acompañamiento y un fortalecimiento permanente en los distintos campos de participación social por parte de las diferentes instancias del Estado”, reclamó un líder barrial de la zona.
En su comunicado, la Corporación Con-Vivamos le solicitó a la administración municipal “la declaratoria de Alerta Temprana para la Comuna Uno Popular de Medellín”, que permita la búsqueda de salidas políticas y civilistas a la situación. “Es indispensable recuperar la confianza entre líderes y liderezas, en pro de la convivencia, la participación, el fortalecimiento del tejido social fundamental en los procesos de desarrollo de la Comuna Uno”.
Esta petición será presentada el próximo sábado 24 de mayo durante un consejo de seguridad que se realizará a partir de las dos de la tarde en la parroquia de Santo Domingo Savio. Allí estarán presentes funcionarios de la Secretaría de Gobierno municipal y la Personería de Medellín, entre otros. Será un espacio en el que se espera que la gente hable de los miedos que se sienten en la Comuna Uno y se le busquen soluciones concretas a las presiones que le imponen grupos armados ilegales que actúan bajo prácticas paramilitares al trabajo social y comunitario, hoy paralizado y en riesgo.
Habían advertencias
La muerte de Carlos Alberto Ospina Osorio es la consumación de las advertencias que desde diversas instancias no gubernamentales se venían realizando de tiempo atrás. Una de las más claras la realizó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp-OEA) en su décimo informe, divulgado a comienzos de noviembre del año pasado.
“La Misión ha recibido información relacionada con la emergencia y permanencia de estructuras criminales, en las cuales se ha observado la participación de desmovilizados y no desmovilizados de las autodefensas, que han generado un impacto negativo para algunas comunidades, específicamente en las comunas 1 y 8”, indica el informe, y agrega: “Preocupa a la Misión la información relacionada con la influencia que tiene el narcotráfico sobre esta red criminal y su intención de tener una mayor presencia en esta urbe, así como el impacto que este fenómeno pueda tener en los espacios de participación comunitaria”.
A lo afirmado por la Mapp-OEA se han sumado informes periodísticos de la Agencia de Prensa IPC que, recogiendo información de las comunidades, ha venido señalando los riesgos que representa el trabajo comunitario en la capital antioqueña, en particular en aquellos barrios donde se concentran grupos armados ilegales que actúan bajo prácticas paramilitares y desarrollan prácticas contrainsurgentes. Las denuncias coinciden en que una de las comunas más complejas en ese sentido en la ciudad es la Uno.
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