Cuando la población se organiza, los poderosos la condenan a muerte

Parte 1

Equipo Nizkor- Derechos Human Rights
16jul01
http://www.sutimac.org/php/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=49

En marzo de 1979, tos miembros de SUTIMAC, encabezados por Julio Cesar Uribe, organizaron la Cooperativa Multiactiva del Nare – COOMUNA – con el objetivo de aliviar un poco la depresión económica que para ese entonces vivía el municipio. La Cooperativa comenzó a funcionar en la sede sindical, pero a medida que fue creciendo se ubicó en su propio local y siguió prestan-do servicios que beneficiaban principalmente a la comunidad. Los hechos que narraremos a continuación, hicieron que la cooperativa se dispersara, principalmente por la muerte de varios de sus fundadores y la necesidad de otros de salir del municipio para preservar la vida.

A mediados de los años 80, la aparición de la Unión Patriótica en el escenario político nacional significó en Puerto Nare la dinamización de la lucha de los trabajadores de Cementos Nare y Colcarburos. El nuevo partido político logró conjugar las luchas reivindicativas de los sindicalistas, con la lucha política. En esta conjugación, muchos de los líderes sindicales se convirtieron, también, en los dirigentes de la nueva agrupación política y como tales, en sus actividades partidarias, optaron por participar de las elecciones de mitaca de 1986, en las que se eligieron alcaldes y concejales para el periodo 86-90.

En esta primera experiencia electoral, la Unión Patriótica logró 2 escaños para concejales en Puerto Nare, entre estos estaba el Presidente de Sutimac -seccional Nare-Julio Cesar Uribe Rúa.

• Julio Cesar no pudo ejercer durante mucho tiempo su cargo como Concejal, el 8 de diciembre de 1986 fue asesinado por el grupo paramilitar Muerte a Secuestradores MAS, en el municipio de Puerto Boyacá. El crimen se cometió cuando el dirigente sindical y político regresaba de Medellín a su hogar, luego de cumplir con una comisión sindical que le había sido asignada por su organización sindical.

En comunicación escrita dirigida por la esposa de Julio Cesar al doctor Héctor Abad Gómez, presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, capítulo Antioquia, esta afirmaba:”… Como padre fue ejemplar, como esposo maravilloso, su único ‘pecado'(sic) ser miembro de la UNIÓN PATRIÓTICA y ser firme hasta el día en que le quitaron la vida… Nos preguntamos: conociendo los móviles del crimen que sabemos no fueron otros que políticos: Cómo es posible que se le quite la vida a una persona solo porque no pertenezca a los partido tradicionales (liberal conservador)?…Se dice a diario que vivimos en un país libre. – Puede haber libertad en un país como el nuestro que por el solo hecho de no comulgar con los partidos tradicionales, y por luchar por la defensa de nuestros intereses ya estamos expuestos al asesinato y a la desaparición en forma permanente?…Testimonio de esto lo dan los cientos de asesinados y desaparecidos que a nivel nacional hay en la actualidad, en su gran mayoría militantes y activistas de la UNIÓN PATRIÓTICA”.

Para los dirigentes sindicales el asesinato de Julio Cesar Uribe significó el comienzo de la más sangrienta represión en contra de la organización sindical y de la Unión Patriótica; que ya había sido anunciada, pues en octubre de 1986, Germán Freud, Gerente de Cementos Nare, ante un mitin de los trabajadores déla empresa para exigir el cumplimiento de la vigencia de la convención dijo: ”Rían ahora, que después del 5 de diciembre de este año llorarán”

Fue a partir de éste momento en que se hizo evidente que la persecución contra ellos hacía parte de una estrategia de exterminio contra la alternativa que encarnaban como dirigentes sindicales y políticos. Aunque ya se habían presentado algunos crímenes de lesa humanidad:

• El 16 de agosto de 1970, un hombre de apellido Ruiz Camelo fue asesinado por miembros de la Policía en el corregimiento La Sierra.

• El 2 de enero de 1976, el estudiante Albeiro Antonio Pérez Sossa fue torturado por miembros de la Policía, quienes lo golpearon y le produjeron quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

• El 11 de septiembre de 1976, el pescador Eli Méndez fue asesinado por una patrulla de la Policía, que le disparó cuando lo víctima se desplazaba en una canoa por las bocas del río Nare.

• El 20 de febrero de 1983, el joven Dagoberto Henao Murcia fue desaparecido y asesinado por unidades militares al mando del Cabo Omar Murcia. El joven había sido detenido por los militares y su cadáver apareció tres días después, estaba decapitado y sin vísceras.

El 18 de junio de 1983, los mineros Guillermo Galeano Sánchez, John Jairo Restrepo Medina, Medardo Echavarria y Antonio Montes fueron asesinados por paramilitares.

• El 8 de octubre de 1984, el campesino Pedro José Fernandez, fue desaparecido luego de ser detenido por miembros de la Policía.

Desde el asesinato de Julio Cesar, se presentaron una serie de hechos que seguían dando cuenta de lo anterior:

• El 24 de diciembre de 1986, Pedro Ramírez, Militante del Partido Liberal, fue asesinado por paramilitares en el corregimiento La Sierra.

• El 11 de enero de 1987, fue retenido en el corregimiento La Sierra Luis Antonio Gómez, por agentes de la Policía. Después de la detención, la víctima fue entregada por el comandante de Policía del corregimiento, Teniente Darío Giraldo, a un grupo de civiles, presuntamente paramilitares. Desde entonces se encuentra desaparecido.

• El 5 de febrero de 1987, Marcial González, trabajador de la empresa Colcarburos, fue desaparecido por paramilitares en Puerto Boyacá. Marcial era cuñado del dirigente sindical Carlos Darío Zea Correa, quien había sido hostigado y detenido por policías al mando del teniente Darío Giraldo y miembros del Batallón Bárbula, por el presunto delito de porte ilegal de armas. La víctima había viajado a averiguar por la suerte de su cuñado detenido.

• El 7 de marzo de 1987, el menor Jhoin Alberto Montoya fue asesinado a balazos por elementos pertenecientes al grupo paramilitar MAS, en la inspección de policía departamental de La Sierra.

• El 9 de marzo de 1987, el dirigente de la Unión Patriótica y dirigente sindical de SUTIMAC, Jesús Antonio Molina, fue asesinado por el grupo antes a su asesinato el dirigente sindical había sido amenazado de muer-te por el comandante del puesto de Policía de la Sierra, teniente Darío Giraldo. El asesinato se presentó a escasa media cuadra del puesto de Policía del Corregimiento sin que los agentes que se encontraban allí emprendieran acción alguna para capturar al asesino.

• El 30 de marzo de 1987, Alfonso Miguel Lozano Pérez, Dirigente del Sindicato de la Empresa Colombiana de Carburos -SINTRACOLCARBURO – y miembro de la Unión Patriótica -UP-, fue asesinado a balazos por elementos pertenecientes al grupo paramilitar MAS en el corregimiento de la Sierra. Los asesinos eran dos sicarios que hacían parte del MAS en Puerto Boyacá. Alfonso Miguel había sido víctima de hostigamientos por parte de Carlos Mejía, quien en compañía de un agente de policía de La Sierra había preguntado insistentemente por el sitio de residencia y trabajo de la víctima. Algunos pobladores de La Sierra alertaron a la Policía, señalando a los asesinos y mostrándole a los agentes que estos se encontraban en una pequeña embarcación que. estaba a pocos metros del puesto de Policía, aún así los agentes no hicieron nada para capturarlos.

La residencia de Alfonso Miguel había sido allanada el 21 de marzo por19 agentes de la Policía con el pretexto de que allí ”se expendía bazuco”.En esa ocasión detuvieron a la madre de éste y la condujeron hasta el comando de Policía de La Sierra. Después del allanamiento, cuando Alfonso se dirigía a su casa, fue requerido por agentes de la Policía para una requisa y al encontrarle un ejemplar del periódico VOZ, órgano del Partido Comunista, quisieron detenerlo.

”No hay peor sordo que el que no quiere oír”

Ante la gravedad de lo que estaba sucediendo, los dirigentes sindicales y militantes de la Unión Patriótica le hicieron varios llamados al entonces gobernador de Antioquia, Antonio Yepes Parra, concretamente el 2de abril de 1987 le dirigieron una carta en la que le planteaban: ”…Con fundamento en lo expuesto, con el debido respeto solicitamos a Usted, su valiosa intervención, a fin de que se ponga término a la ola de violencia, y se nos permita la aplicación de medidas conducentes a sanear los hechos de muerte de que hemos sido víctimas. Pedimos muy especialmente a Usted, ordene a las autoridades bajo su jurisdicción, poner en práctica las medidas de protección a la dirigencia sindical, a impartir órdenes para que se den las sanciones a los responsables de los hechos criminales”

A pesar de la gravedad de la situación que se estaba viviendo en el municipio, de las denuncias elevadas contra miembros de la fuerza pública y del llamado a que se garantizara la vida de los dirigentes sindicales y políticos, el gobernador no emprendió ninguna acción en este sentido pese a que era la primera autoridad del departamento y tenía todas las facultades para hacerlo.

Todos estos crímenes, las amenazas y los hostigamientos se presentaron cuando se aproximaba la fecha de presentación del pliego de peticiones por parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento y otros materiales para Construcción.

Las denuncias, los llamados a las autoridades, las movilizaciones no fueron suficientes para que parara la ola de atentados contra los dirigentes sindicales del municipio. Los crímenes siguieron ocurriendo con mayor violencia y cobrando nuevas víctimas:

• El 11 de junio de 1987, Mercedes Nevado, Dirigente de la Unión Patriótica, -UP- y madre del Concejal comunista de Puerto Berrío, Jaime Nevado, asesinado en 1982, fue desaparecida por un grupo de individuos armados que se identificaron como agentes del B-2 pertenecientes al Ejército, estos la obligaron a bajarse de un autobús de servicio público adscrito a la empresa Coonorte con el No. 486, en el que viajaba de la ciudad de Medellín al corregimiento la Sierra, a las 12 del medio día. Cuando sus parientes acudieron ante las autoridades militares, estos negaron conocer el caso; posteriormente se conoció que el MAS reivindicó el hecho. La líder de la UP, anteriormente había denunciado la complicidad de elementos pertenecientes al Ejército adscritos al Batallón Bombona. con sede en Puerto Berrío, en el asesinato de su hijo, por lo cual fue amenazada y hostigada desde ese entonces.

• El 30 de septiembre de 1987, Pablo Emilio Córdoba Madrigal, Concejal de la Unión Patriótica -UP-, miembro de la junta directiva del sindicato de COLCARBUROS y directivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de materiales de la Construcción -SUTIMAC-, fue asesinado por el grupo paramilitar MAS en momentos en que se encontraba en la inspección de policía departamental La Sierra. De tiempo atrás había recibido amenazas contra su vida. Como dirigente sindical había realizado diferentes gestiones ante la empresa Cementos del Nare exigiendo medidas efectivas que permitieran frenar la ola de asesinatos contra los trabajadores. Igualmente, había denunciado ante autoridades departamentales y nacionales la situación por la que venían pasandolos obreros, los pobladores del municipio y los dirigentes sindicales y representantes al Concejo municipal por la Unión Patriótica.

• El 16 de noviembre de 1987, Gustavo de Jesús Callejas y Héctor Alonso Loaiza Londoño, activistas del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción -SUTIMAC-,seccional Caracoli y trabajadores de la Empresa Cementos Nare, fueron asesinados por el grupo paramilitar MAS, a solo 30 metros del cuartel de la Policía del corregimiento La Sierra. La muerte de los dos trabajadores originó un paro de los trabajadores del cemento.

• El 19 de noviembre de 1987, Víctor Manuel Isaza Uribe, de 33 años de edad, miembro del Sindicato de Cementos Nare, y Tres Personas más, fueron desaparecidos por un grupo de aproximadamente 10 hombres armados, algunos de los cuales vestían prendas militares, quienes hacia la una de la madrugada penetraron a la cárcel municipal donde estaba detenido, hicieron que los detenidos se tendieran en el suelo y los fueron llamando por sus nombres, llevándose a cuatro de ellos. Todos fueron sacados en pantaloneta, sin camisa y descalzos; ”lo primero que le preguntaron a Víctor fue si él pertenecía ala Unión Patriótica’. Las autoridades no reaccionaron ante el ataque. Víctor Manuel había sido detenido el 27 de octubre de 1987, a las 8 p.m. en el corregimiento La Sierra y estaba sindicado del asesinato de Humberto García, Jefe de Relaciones Industriales de Cementos del Nare. Se encontraba a órdenes del juez 64 de Instrucción Criminal. Este mismo juez quedó a cargo de la investigación por la posterior desaparición del obrero. A raíz de la detención desaparición de Víctor y a la ola de persecución política desatada en la región, la familia se vio obligada a desplazarse a otro municipio, presentándosele una fuerte crisis psicológica y económica.

En la toma de la cárcel municipal y la desaparición de Víctor estuvieron involucrados el Teniente que comandaba la patrulla guarda costa Nº 123; los agentes de la Policía Toro y Rentería; el guardián Jorge Oviedo, quien recibió $200.000; el conductor del municipio de nombre Orfa, conocido como ”Cortico”; el carnicero Libardo Martínez; el Juez Promiscuo Manuel García y su secretario de nombre Horacio.

El 23 de diciembre de 1987, unos 1200 trabajadores de Cementos Nare y el Cairo, se lanzaron a la huelga al no llegar a un acuerdo con las empresas respecto al pliego de peticiones. Esta duró tres días al cabo de los cuales se logró un acuerdo entre patrones y trabajadores.

• El 19 de enero de 1988, Carlos Arturo Salazar y Darío Gómez, militantes de la Unión Patriótica y sindicalistas de la empresa Cementos Nare, fueron detenidos por personal uniformado cuando navegaban por el río Nus en una chalupa. El 25 de febrero fue hallado el cadáver de Darío Gómez, en tanto que Carlos Arturo permanece desaparecido.

El mismo 19,1500 trabajadores de Cementos Nare y de Colcarburo realizaron un paro indefinido a consecuencia de estas dos desapariciones.

• El 24 de enero de 1988, Jesús Emilio Monsalve Mesa, militante de la UP y sindicalista de la empresa Cementos Nare, fue detenido, torturado, desaparecido y asesinado por personas uniformadas que lo ataron con lazos y lo sacaron de su casa. Se responsabiliza del hecho al grupo paramilitar MAS. Tres días después fue hallado su cadáver flotando en las aguas del río Nare. El cuerpo se encontró con huellas de torturas salvajes, pues le arrancaron el cuero cabelludo, los dedos de las manos estaban destrozados y las palmas de pies y manos quemadas con ácido.

• El 25 de enero de 1988, Juan Bautista Cadavid, obrero sindicalizado, fue asesinado por paramilitares.

• El 3 de febrero de 1988, Juan de Jesús Grisales Urrego, militante de la UP, miembro del sindicato de la empresa Cementos Nare y celador de la misma, fue asesinado por paramilitares cuando se encontraba en el salón cultural del campamento de la empresa.

• El 8 de febrero de 1988, Héctor Julio Mejia, dirigente sindical de SUTIMAC -Seccional Puerto Nare y militante de la UP, fue gravamente herido en atentado contra su vida realizado por paramilitares. Murió el 16 de febrero a consecuencia de las lesiones que le habían ocasionado. Como dirigente sindical, había realizado diferentes gestiones ante la empresa Cementos del Nare exigiendo medidas efectivas que permitieran frenar la ola de asesinatos contra los trabajadores. Igualmente había denunciado ante autoridades departamentales y nacionales la situación por la que venían pasando los obreros, los pobladores del municipio y los dirigentes sindicales y representantes al Concejo municipal por la Unión Patriótica.

El mismo 8 de febrero, la paciencia de los trabajadores se agotó, 900 obreros de Cementos Nare y Colcarburo, apoyados por 120 trabajadores del Proyecto Carare – Opón, se lanzaron a un paro indefinido. El 16 de febrero paran en solidaridad los 400 trabajadores de Cementos El Cairo y 700 de Cementos del Valle. Ante la indiferencia oficial, recurrieron como último recurso de presión a una huelga de hambre en Cementos del Valle. Las repercusiones económicas del paro fueron grandes. En marzo, fue levantado el paro mediante un arreglo en que las empresas afectadas se comprometieron a no tomar represalias contra los trabajadores y estos se comprometieron a no realizar más paros.

A su vez, los directivos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, denunciaron directamente ante el Presidente de la República, Virgilio Barco Vargas. estos crímenes. El 12 de febrero le enviaron una carta donde aparte de denunciar los hechos, le decían: ”Sobre estos crímenes hemos informado ampliamente al Señor Alcalde de la Sierra (sic), al Gobernador del Departamento, a las autoridades militares y policiales, así como a todas las autoridades nacionales, y de la misma manera al asesinado Procurador General de la Nación, Doctor Carlos Mauro Hoyos… No obstante tenerlas autoridades anteriormente mencionadas, pleno conocimiento del derramamiento desangre y estar bien ubicados por el pueblo, los integrantes de un grupo paramilitar de aproximadamente 30 personas, denominado ”autodefensa popular”, estos continúan sembrando el terror y la incertidumbre tanto en la población como entre los trabajadores de Cementos Nare y Colcarburo. Señor Presidente: comedidamente le solicitamos su valiosa intervención para que cese de una vez por todas esta política criminal contra humildes trabajado-res que lo único que hacemos en este país es producir riqueza.”

La única respuesta a esta comunicación de los trabajadores, fue del General Rafael Samudio Molina, entonces Ministro de Defensa, en la que decía que se estaban estudiando los casos y que posteriormente se les enviaría información sobre los resultados. Pasó el tiempo y las informaciones nunca llegaron ni por parte del Ministro ni de ninguna autoridad del gobierno.

La sordera y el desinterés oficial eran más fuertes que el clamor por el respeto a la vida que reiteradamente le hacían los trabajadores. A raíz del paro nacional efectuado por los trabajadores cementeros, se llevó a cabo una reunión el 17 de febrero de 1988, en el despacho del Gobernador de Antioquia, en la que participaron representantes de los sindicatos, el gobernador Fernando Panesso Serna, el secretario de gobierno departamental Guillermo Mejía Mejía, el representante del Plan Nacional de Rehabilitación Luis Fernando Muñera D., el Coronel Wilson Sepúlveda de la XIV Brigada, el Teniente Coronel Plinio Correa de la IV Brigada, el Coronel Francisco Forero comandante de la Policía Nacional departamento Antioquia, el Viceministro de gobierno Fernando Britto, El Director Nacional de Instrucción Criminal Carlos Eduardo Lozano, el Procurador Delegado para los Derechos Humanos Bernardo Echeverri Ossa, el Procurador para las Fuerzas Militares Ornar Henry Velasco, el director del Ministerio del Trabajo Germán Plazas y el Asesor Presidencial para los Derechos Humanos Plinio Arturo Archila. Los representantes de Cementos del Nare y Colcarburos se negaron a asistir.